DEFINITIVA 222/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

La Corporación desestima la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo único de la ley 16.819. La Corte considera que se corresponde el rechazo de la pretensión de declaración de inconstitucionalidad por falta de legitimación de los excepcionantes, ya que no son titulares de un interés directo. Los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana promovieron una acción de información pública a efectos de que el Poder Ejecutivo les suministrara una copia de la demanda arbitral presentada, de inversores de Zamin Ferrous/Aratirí, ante la Comisión Permanente de Arbitraje de La Haya, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El Poder Ejecutivo a través de una resolución dictada por el Secretario de Presidencia, denegó el acceso a la información que le fuera solicitada, en razón de que la demanda arbitral,documentación y anexos se encuentra clasificada por el Poder Ejecutivo como confidencial. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, amparó la acción de acceso a la información pública entablada. En segunda instancia, por sentencia definitiva dictada el 26 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia apelada y, en su lugar, desestimó la demanda. Contra la sentencia de segunda instancia la parte actora interpuso recurso de casación, comparecencia en la que también opuso la excepción de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley 16.819, mediante la cual se aprobó el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre fomento y protección de inversiones de capital. El interés invocado por los promotores, no presenta la nota de “directo”, dado que la declaración de inaplicabilidad que pretenden de la Corte, no tendría incidencia en la resolución del proceso de acceso a información pública en el cual se ha planteado la excepción de inconstitucionalidad sometida a decisión. El punto en debate en el proceso de acceso a la información pública es si la información solicitada es de acceso irrestricto al público o no. La norma pertinente para resolver el caso concreto será el artículo 9 de la ley 18.381 y no el Convenio sobre Fomento y Protección de Inversiones de Capital entre Uruguay y el Reino unido ratificado por la ley 16.819.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 221/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto por el encausado, ya que los agravios articulados como fundamento de la casación no resultan eficientes para resolver en sentido contrario a lo resuelto en segunda instancia. La imputación de co-autoría debía definirse bajo la previsión del numeral 3ero. del artículo 61 del Código Penal, y no bajo el numeral 4to. de la mentada norma, pero ello bajo ningún concepto vulnera el principio de congruencia.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 833/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 828/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

LA CORPORACIÓN REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO ESTA PROVIDENCIA MEDIANTE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 971/2020 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020.

Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal

DEFINITIVA 218/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 829/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 830/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 220/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En abril de 2019, la República Federativa de Brasil requirió, por vía diplomática, la extradición del ciudadano uruguayo referido en autos. El Juzgado al cual se remitió el oficio, asumió competencia y, en el marco de lo dispuesto en el artículo 329.3 del C.P.P., Ley No. 19.293, tramitó el pedido de extradición aplicando el procedimiento previsto en ese código en el Libro IV, Título I Cumplidos los trámites de rigor, por sentencia definitiva de primera instancia se desestimó la solicitud de extradición. Interpuesto recurso de Apelación por parte de la Fiscalía actuante, El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno revocó la recurrida y, en su lugar, hizo lugar al requerimiento formulado por el estado Brasileño. Planteado el recurso de casación, en cuanto a la alegada errónea aplicación de lo dispuesto en el artículo 11, numerales 2 y 3, del Tratado de Extradición del Mercosur. A juicio de la Corporación, el agravio en ninguna de sus dos líneas argumentales es de recibo. El Acuerdo sobre Extradición del Mercosur no establece que los Estados partes deban denegar un pedido de extradición de uno de sus nacionales cuando provenga de Brasil, habida cuenta que el Estado brasileño no extradita a sus nacionales, sino que pueden denegarlo, estableciendo una facultad, no un deber. En segundo lugar, también corresponde rechazar la segunda línea argumental del agravio, fundada en la violación del principio de igualdad. En cuanto a la violación del Tratado de extradición de Criminales, entre Uruguay y Brasil, aprobado por la Ley No. 5643. A juicio de la Corporación, el agravio no resulta de recibo dado que los pedidos de extradición solicitados por la República Federativa de Brasil se rigen por el Acuerdo sobre extradición del MERCOSUR, ya que el Tratado de extradición de Criminales de 1916 no es aplicable por existir un tratado posterior sobre la misma materia. En cuanto a la violación del principio de reciprocidad del Derecho Internacional Público, el agravio tampoco resulta de recibo, ya que, a juicio de la Corporación, frente a la existencia de reglas jurídicas que regulan el punto, no cabe invocar principios.

Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho internacional público

INTERLOCUTORIA 831/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 214/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de julio de 2020Importancia alta

Se desestima recurso de aclaracion y se ampara parcialmente el de ampliacion.

Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho laboral · Derecho procesal

DEFINITIVA 215/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de julio de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, acoge parcialmente el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anula la sentencia impugnada en cuanto condenó a la demandada a reparar al actor el daño patrimonial sufrido por contravención a la Ley de Derechos de Autor respecto al programa “Hablemos” y en cuanto le impuso el pago de la multa prevista en el art. 51 de la referida ley. En su lugar, mantiene lo dispuesto en el fallo de primera instancia y establece las bases para la liquidación ( art. 378 del C.G.P) de los daños y perjuicios patrimoniales por uso ilícito del derecho de imagen del actor, solamente por la retransmisión del programa “Hablemos”. Reclama el accionante que SAETA autorizó la retransmisión de los programas referidos en autos a Canal 7 y TCC sin consentimiento expreso del accionante y, por tanto, sin ninguna contraprestación por los derechos de imagen y de autor. Sostuvo que la utilización no autorizada implica un uso indebido de la imagen del compareciente, así como una vulneración a sus derechos de autor. Los Sres. Ministros Dra. Elena Martínez, Dr. Eduardo Turell, Dr. Tabaré Sosa Aguirre y el redactor, consideran que no pueden ser revisados en casación los puntos sobre los que existen dos pronunciamientos coincidentes en ambas instancias de mérito, sin discordias (art. 268 inc. 2º del C.G.P.). La Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, en tanto, tiene posición contraria al criterio jurisprudencial apuntado respecto a la interpretación del art. 268 inc. 2º del C.G.P. Sostiene, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad, es pasible de ser revisada en casación. “Hablemos” es una obra audiovisual, que se emite por televisión y es producida por SAETA. Los derechos de autor del accionante por ese programa están regidos por las disposiciones de los arts. 22 y 29 de la Ley de Derechos de Autor No. 9.739. En el caso, en virtud de la presunción legal contenida en el art. 29 inc. 3º de la Ley de Derechos de Autor, la explotación del programa “Hablemos” le corresponde al productor, esto es, a SAETA. A diferencia de lo que sostiene el Tribunal, estima la Corte que no resulta correcto exigir un compromiso de incorporación escrito para que resulte aplicable la presunción prevista en el art. 29 de la Ley No. 9.739. El convenio colectivo del año 2006 vino a regular la situación de forma coincidente con la establecida en la Ley de Derechos de Autor (art. 29), por lo que aquel no puede ser considerado como una regulación perjudicial. Los convenios no contradicen los derechos reconocidos por la Ley No. 9.739, sino que sus soluciones son coincidentes. SAETA, en su calidad de cesionaria de los derechos patrimoniales, queda investida de la titularidad del derecho a modificar o alterar la obra, así como autorizada a decidir acerca de su divulgación (art. 29 inc. 3º de la Ley No. 9.739). Ello determina que resulte plenamente lícita, a juicio de la Corte, la retransmisión del programa “Hablemos” en TCC y Canal 7, autorizada tanto por la norma legal como por el convenio referidos, por lo que no se advierte la existencia de violación a los derechos de autor del accionante. En consecuencia, no corresponde indemnización alguna por tal concepto en favor del actor, ni tampoco procede el pago de la multa prevista en el art. 51 de la Ley No. 9.739. La Corte procederá a fijar las bases para la determinación del daño patrimonial por concepto de uso ilícito de la imagen del actor, en virtud de la retransmisión del programa “Hablemos” en los canales 7 de Maldonado y 20 de TCC. En suma, corresponde avaluar la condena por violación del derecho de imagen del actor, a partir de las siguientes bases, a saber: a) se deberá tomar en cuenta el valor establecido en los convenios colectivos; b) se deberá considerar el promedio del valor correspondiente a un trabajador de categoría similar al actor por el período reclamado; c) se deberá estimar el precio por derecho de imagen en un 30% del valor global previsto en el convenio para esa categoría de trabajador; d) las sumas deberán ser reajustadas desde la fecha en que hubiera correspondido cada uno de los pagos; y e) los intereses se computarán desde la fecha de la demanda.

INTERLOCUTORIA 815/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de julio de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 210/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. Emerge de autos que en junio de 2010, la co-actora de 20 años, fue sometida a una intervención quirúrgica para extirparle las amígdalas. Durante la intervención se produjo una intensa hemorragia que, derivó en una afectación de la irrigación cerebral que provocó el infarto cerebral que sufrió la paciente, con daño neurológico permanente. La parte actora solicitó la indemnización de los rubros daño emergente, pérdida de chance, lucro cesante y daño moral. Consideraron los Ministros que toda la temática referida a la causa del sangrado no puede ser objeto de revisión en casación, puesto que, sobre el punto, recayeron dos fallos coincidentes en ambas instancias, sin discordia. En segundo lugar, en lo que respecta a la alegada responsabilidad de los co-demandados por no haber realizado determinados estudios pre-operatorios que pudieron haber detectado la malformación estimó la Corte que el agravio ensayado al respecto por la recurrente, no puede prosperar, en tanto el razonamiento probatorio del Tribunal, cuenta con respaldo en la prueba pericial obrante en autos.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 209/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada, y por mayoría, declaró inadmisible los recursos de casación interpuestos por los co-demandados; y por mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Tosi, Minvielle, Bórtoli y Turell, desestimó el recurso de casación interpuesto por el actor. En el presente proceso está en disputa la propiedad de determinados bienes inmuebles. El actor alegó ser el titular exclusivo de los mismos. Los demandados controvirtieron lo alegado por el actor y entendieron que éste carece de derechos en relación a los inmuebles de marras , los que a su juicio fueron legítimamente transferidos a una Sociedad Anónima. En definitiva la Corporación en mayoría concluyó que el recurrente no logró demostrar ser el propietario pleno del 100% de los inmuebles. (D) Ministra Dra. Maggi. Por cuanto amparó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el actor y en su mérito, la anuló en cuanto declara que el accionante es propietario del 100% de los inmuebles adquiridos por compraventas.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 211/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. En autos se inició investigación por la presunta comisión de conductas delictivas por parte de funcionarios de la Armada Nacional, al participar de la realización de compras directas por excepción. En cuanto al agravio por infracción de las reglas legales de valoración de la prueba. A juicio de los Sres. Ministros Martínez, Turell ,Tapié y Tosi el agravio debe ser desestimado. Los tres primeros porque consideran que la errónea valoración de la prueba no es una causal de casación admisible bajo ninguna circunstancia. Tosi porque entendió que no se verificó el excepcional supuesto que habilitaría la admisibilidad de tal causal de casación . El Sr. Ministro Dr. Sosa concluyó que el agravio debe ser desestimado porque de la valoración de la prueba realizada por la Sala no violó el estándar legal de la sana critica.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 207/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. Compareció la actora promoviendo demanda de reconocimiento de la unión concubinaria que mantuvo con el demandado. Señaló que durante la relación de concubinato adquirieron el bien donde vivían y también adquirieron con el esfuerzo de ambos un vehículo. La Sentencia impugnada confirmó parcialmente la sentencia de primer grado y, en su mérito, dispuso un crédito a favor de la actora equivalente al 10% del valor del inmueble. La impugnante esgrime como agravio la existencia de error en la valoración de la prueba. La Corporación consideró que el razonamiento efectuado por la Sala fue acorde a las reglas de la sana crítica, o al menos no violatoria de las mismas. El porcentaje del 10% atribuido por la Sala aparece como razonablemente proporcionado a los concretos aportes.

Recurso de casación · Derecho de familia · Derecho procesal

DEFINITIVA 208/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 206/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

La Corporación, con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Sosa Aguirre y Tosi, acoge el recurso de casación interpuesto por la parte actora y desestima el de la parte demandada. Se anula la recurrida únicamente en cuanto dispuso la fecha a partir de la cual se devengan los intereses y, en su lugar, se condena a la parte demandada al pago de los intereses legales desde la fecha de cada cobro indebido por parte de la Dirección General Impositiva. La cuestión a resolver en este caso consiste en dilucidar desde cuándo corresponde que se computen los intereses legales sobre las sumas que la DGI fue condenada a devolver, por haber cobrado indebidamente tributos. La Corte considera que en tanto el instituto de la repetición de tributos es una categoría jurídica propia del derecho público, más precisamente del derecho tributario y tiene como fuente el principio de legalidad en esta última materia, no cabe recurrir sin más a la aplicación del Código Civil. Frente a la ausencia de una regulación explícita relativa al cómputo de intereses en el Derecho Tributario, no cabe colmar tal laguna por analogía recurriendo al régimen de la responsabilidad contractual. En este último sentido, la Dra. Bernadette Minvielle y el redactor modifican el criterio que sostuvieran en la sentencia Nº 1191/2019. Consideran que, atento a las particularidades de la relación jurídica tributaria, la solución a ser aplicada no puede ser la del sistema de la responsabilidad civil contractual, supuesto ajeno al aquí planteado. No existen razones que justifique limitar los intereses de mora a la fecha de la demanda. Antes bien, recobra toda su vigencia el principio de indemnidad, por lo que la retroversión al estado anterior al acto anulado debe propender a la restituto in integrum . La analogía no debería buscarse en el incumplimiento contractual, sino en el régimen de las restituciones que siguen a actos anulados (artículo 1565 del Código Civil). En definitiva, la Corte considera que la solución a la que arriba es adecuada y coherente con el principio de responsabilidad del Estado consagrado en el artículo 24 de la Constitución, el principio de reparación integral del daño, así como con el efecto retroactivo del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló el indebido mandato administrativo de pago en el caso. Asimismo se desestima el recurso del Estado-Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General Impositiva. (D) Sra. Ministra Dra. Martínez discorde en cuanto entiende que corresponde desestimar el recurso de casación deducido. En el caso, la parte solicitó la aplicación de intereses legales desde la producción de cada uno de los pagos realizados, por lo cual se puede determinar el dies a quo de los intereses desde la fecha de la petición administrativa sin transgredir el principio dispositivo. Como lo sostiene la DGI, la devolución de tributos indebidamente pagados no procede de forma automática como lo sostiene la actora, sino que, por el contrario, requiere de una actividad del administrado. La Administración no se ve compelida a devolver el monto del tributo como consecuencia de la sentencia anulatoria, ya que, por ejemplo, podría proceder la compensación. Es luego de peticionada la devolución que la DGI debe intereses desde esa fecha, tal como lo dispuso la sentencia de segunda instancia. (D) Sr. Ministro Dr. Turell, por cuanto considera que corresponde amparar el recurso de casación interpuesto por la demandada, anulando la recurrida y fijando el dies a quo del cómputo de intereses desde la fecha de presentación de la demanda.

INTERLOCUTORIA 789/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por el “quórum” legalmente requerido, declaró competente para seguir entendiendo en la causa, a efectos del dictado de la sentencia definitiva a la actual titular del Juzgado de Paz Departamental de Treinta y Tres. La controversia de autos se resuelve por aplicación del art. 209 del CGP. En la especie la instrucción probatoria no había finalizado al momento en que la actual titular del Juzgado de Paz Departamental de Treinta y Tres asumió la titularidad de la Sede. Fue dicha Magistrada la que, a solicitud de partes, resolvió prescindir del medio de prueba cuyo diligenciamiento aún estaba pendiente (declaración de parte), decisión que la emplaza en el ámbito competencial de la norma para el dictado de la sentencia definitiva.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 796/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal