INTERLOCUTORIA 886/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró carente de objeto la presente contienda de competencia. Señala la Corporación que ante la interposición de un recurso de apelación por parte de la demandada, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno, por sentencia interlocutoria Nº 431/2024, resolvió que las actuaciones debían continuar su tramitación ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en Materia Penal con Especialización en Crimen Organizado, lo cual sella la suerte de los contendientes y determina que el presente planteamiento carezca de objeto.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 849/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025

La Corporación resuelve que, dado que el penado está recluido en Rivera (INR Nº 12 Cerro Carancho), el competente para el incidente de unificación de penas es el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de dicha circunscripción territorial.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 868/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 878/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025

La Corporación declara inadmisible el recurso de revisión interpuesto, dado que el recurrente no acreditó cuándo tomó conocimiento del proceso.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 815/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales procedió a amparar el Recurso de Revisión interpuesto, disponiendo la anulación de la sentencia definitiva N.º 10/2024 de fecha 15/04/2024 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 4º turno, con costas y costos de cargo de la parte perdidosa. Tal resolución se debe a que la indefensión alegada por los recurrentes ha quedado por demás acreditada, en virtud de que la sentencia que se quiere hacer valer en su contra se dictó en un proceso iniciado contra una persona fallecida, en el que la demanda no fue dirigida contra sus sucesores como correpondía; no contando los accionantes con la posibilidad de defenderse. Por último, conforme a lo dispuesto por el artículo 292 del CGP respecto de la condena en costas y costos, la Corporación entiende que la conducta del actor en el proceso antecedente tuvo influencia determinante para provocar el error que ahora conduce a la anulación de la sentencia recurrida; correpondiendo por ello la máxima sanción causídica.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 778/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso por accidente de transito, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, amparó en parte el recurso de casación interpuesto y anuló la condena dispuesta en segunda instancia por daño moral iure hereditatis. Las Sras. Ministras Dras. Martínez Rosso, Minvielle Sánchez y Morales Martínez, estiman que el daño moral premuerte es indemnizable en los supuestos en que la víctima fue consciente del padecimiento sufrido previo a su deceso, En consecuencia, no habiéndose demostrado que la víctima a la postre fallecida hubiera experimentado sufrimiento por las lesiones padecidas, aunque más no fuera por lapso mínimo, la Corte en mayoría tiene por no acreditado el daño moral de la víctima directa y anula la condena dispuesta en tal sentido. (D) Señores Ministros Dres. JOHN PÉREZ Y TABARÉ SOSA: Estiman que debe desestimarse íntegramente el recurso de casación interpuesto. Consideran los Sres. Ministros que el daño moral no se restringe al sufrimiento, a la autoconciencia del padecer. En definitiva, entienden que resulta irrelevante determinar si la víctima estuvo o no consciente durante el lapso de internación que precedió a su deceso. En todo caso, la consideración respecto al estado de conciencia de la víctima podrá influir en la magnitud del perjuicio y, consecuentemente, en el monto de la indemnización, pero no en su configuración.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 798/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 697/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 771/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, desestima el recurso de casación interpuesto. De los hechos de autos surge que la madre de la víctima se presentó ante la autoridad policial radicando denuncia contra el imputado, ya que éste mantenía conductas inapropiadas prolongadas en el tiempo con la sobrina de su pareja, provocándole a la víctima cambios de conducta y trastornos alimenticios entre otros. La Defensa esgrimió agravios relativos a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Apelaciones, cuyas conclusiones calificó como absurdas en forma evidente. Asimismo refirió infracción en la aplicación del derecho, que impacta en la determinación de la pena, cuestionando en forma subsidiaria la individualización de la pena por parte del Tribunal competente. A juicio de la Corte, el recurso de casación interpuesto por la Defensa es de franco rechazo. El recurrente alega que la Sala infringió las reglas legales de valoración de la prueba, cuestionando el peso convictivo otorgado a la declaración de la víctima. Respecto de la causal que refiere a la errónea valoración de la prueba, de manera resumida, para la mayoría representada por los Sres. Ministros Dres. Morales, Minvielle, Pérez y la redactora, existen límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los Tribunales de mérito en la etapa de casación, excepto en casos de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta en el razonamiento probatorio. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa defiende una interpretación menos restrictiva de la causal de error en la apreciación de la prueba como motivo de casación, considerando que la infracción a las reglas legales de la sana crítica previstas en la norma procesal constituye causal de casación, sin que sea necesario tener que llegar al extremo del absurdo evidente o la arbitrariedad manifiesta. En el caso, las alegaciones de la Defensa no logran identificar errores que impliquen que la Sala vulneró el límite de la razonabilidad al valorar la prueba, de modo que para cualquiera de las dos posturas, el agravio no puede prosperar. Respecto de los cuestionamientos a los tipos penales imputados y su impacto en la determinación de la pena. Expresó que debió aplicarse el delito de atentado violento al pudor previsto en el artículo 273 del Código Penal y no los delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado (arts. 272 BIS y TER respectivamente). Concluye que la pena no podría superar los tres años y cuatro meses. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Sosa, Pérez y la redactora, este sector del recurso no cumple con las exigencias de fundamentación mínimas para su progreso en etapa de casación. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle también desestima el agravio, aunque por distintos fundamentos. Tratándose de un agravio de pleno derecho, el recurrente cumple estrictamente con el requisito formal, con interponerlo y expresar sus fundamentos. Considera que su pretensión también es clara, que se resuelva dando prioridad a la norma más benigna. Sin embargo concluye que los hechos dados por probados resultan perfectamente subsumibles al tipo penal aplicado, entendiendo que también corresponde desestimar el agravio, aunque por razón de mérito.

INTERLOCUTORIA 700/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 779/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación desestimó las casaciones incoadas. En el caso de autos surge del auto de apertura a juicio oral que la Fiscalía Letrada Departamental de Mercedes de 2º Turno sostuvo en su acusación que uno de los imputados, con colaboración del co-encausado, suministraron estupefacientes a la víctima sin su consentimiento, privándola de su discernimiento en forma transitoria, para que luego el imputado la penetrara vaginalmente con su órgano sexual. La Defensa de uno de los encausados interpuso recurso de casación argumentando errónea valoración de la prueba y pidiendo la absolución de su defendido. Asimismo la Defensa del co-encausado interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia, señalando que el Tribunal incurrió en infracción a las reglas de valoración de la prueba y en una errónea aplicación de la norma de derecho. Expresó cuestionamientos respecto a la imputación de los delitos de abuso sexual y de suministro de estupefacientes, afirmando que se lo condena por dos delitos que no ocurrieron. Concluyó que no hay pruebas suficientes y que la acusación se basa en suposiciones y en una interpretación sesgada de los hechos, peticionando que se absuelva a su defendido y, en subsidio, que se abata la pena impuesta. Respecto de la valoración de la prueba, existen dos posturas en la Corporación. La mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y el redactor, estima que la causal se reduce a las hipótesis en las que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada, o como en el caso, cuando corresponda aplicar el sistema de la sana crítica y se incurra en absurdo evidente, y que dicha alegación sea demostrada. En una posición diversa, se encuentra el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, quien considera que la cuestión no debe interpretarse en forma restrictiva, pues las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la normativa procesal y, por ende, su infracción puede alegarse en el recurso de casación Las Defensas, en sus respectivos recursos, no denuncian la existencia concreta de una hipótesis de arbitrariedad o irracionalidad del respectivo Tribunal de Apelaciones en la apreciación del material probatorio. En conclusión, a criterio de los mencionados Ministros, los agravios de la Defensa no pueden prosperar, en tanto no han logrado demostrar la existencia de una valoración manifiestamente absurda por parte del Tribunal (en palabras de las Sras. Ministras Dras. Martínez y Minvielle) o vulneratoria del límite de la razonabilidad (en palabras del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre). Tampoco resultan de recibo los agravios respecto a la tipificación delictual,ni respecto del abatimiento de la pena, al carecer de la debida fundamentación, lo que sella la suerte del recurso.

INTERLOCUTORIA 699/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 813/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación hará lugar parcialmente a la demanda de la parte actora, en lo que refiere al monto del daño moral, con discordia del Sr. Ministro Dr. Sosa. El caso de autos: En 2017, en horas de la noche, la accionante fue víctima de reiterados delitos de violación y atentado violento al pudor por parte de dos agentes policiales, en cumplimiento de sus funciones. Los accionantes reclamaron al Ministerio del Interior el resarcimiento del daño moral, daño emergente y lucro cesante padecidos como consecuencia de los hechos referidos. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por el Ad Quem , en el que planteó, que el abatimiento del monto de la condena configura un supuesto de absurdo evidente. Asimismo planteó errónea valoración de la prueba ofrecida respecto al lucro cesante y daño emergente. A juicio de la mayoría de la Corte, conformada con la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Doris Morales y John Pérez, el agravio ensayado por la recurrente resulta parcialmente de recibo, lo que determinará la anulación parcial de la sentencia impugnada. En lo medular, la recurrente sostiene que la avaluación del daño moral resultó absurda y no se ajusta al padecimiento de la víctima, lo que es de total recibo a juicio de la mayoría de la Corte, considerando que existió arbitrariedad en su fijación. La Suprema Corte de Justicia ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando ésta resulta arbitraria, irracional o contraria a las reglas de la lógica. Si bien el Tribunal está dotado de un poder discrecional en la valoración, no está de ningún modo eximido de la sujeción a las reglas de la racionalidad, en el caso se verifica un supuesto de irracionalidad o absurdo en la fijación del monto, habilitando su revisión en casación. Se destaca en el caso que el monto es insuficiente para compensar la profunda aflicción sufrida por la víctima. Respecto del agravio respecto al rechazo del lucro cesante y del daño emergente peticionados por la parte actora, a diferencia del daño moral, que es un aspecto de puro derecho, en este caso se pretende modificar la plataforma fáctica. En opinión de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Doris Morales y John Pérez Brignani, la causal de casación relativa a la errónea valoración de la prueba se da en supuestos de hipótesis de prueba tasada, cuando se violan las tasas legales; y en casos en que corresponde aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente, por lo grosera e infundada de la valoración realizada por el Órgano de mérito. La actora realiza algunos cuestionamientos puntuales respecto a la valoración efectuada por la Sala, pero no indica dónde estaría el absurdo evidente en su razonamiento, en el caso no se da la prueba que la valoración realizada por el Tribunal respecto del lucro cesante y daño emergente sea absurda o arbitraria, lo que sella la suerte del recurso. Por su parte, a juicio del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, la valoración probatoria realizada por el Órgano de alzada no resulta, en principio, excluida del control casatorio. En el presente caso, sin embargo, estima el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre que el agravio formulado por la parte recurrente no resulta formalmente admisible. (D) SR. MINISTRO DR.TABARÉ SOSA AGUIRRE DISCORDE EN MODIFICAR EL “ QUANTUM ” INDEMNIZATORIO Explicita que la única cuestión sometida a examen en el presente caso refiere a determinar la cuantificación del resarcimiento por daño extrapatrimonial que corresponde sea indemnizado en la especie. También con un enfoque distinto al adoptado por la mayoría, considera que la indemnización no compensa una reacción subjetiva, sino que ayuda a mitigar los efectos del daño, a superar el daño moral sufrido. Considera que no corresponde casar la recurida por infracción a las reglas de valoración de la prueba por supuesto de irracionalidad o absurdo en la fijación del monto. Expresa que nuestro ordenamiento jurídico no confiere a la Corte de casación el poder de corregir lo dispuesto por el Tribunal de mérito ante el desacierto o la injusticia en un caso particular.

INTERLOCUTORIA 696/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 775/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación por unanimidad de sus integrantes, desestima la acción de inconstitucionalidad deducida respecto al artículo 35 lit. E) de la Ley Nº 20.130. En autos se presenta un conjunto de individuos a peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la norma contenida en el art. 35 lit. E) de la Ley Nº 20.130, del 2 de mayo de 2023, quienes aseguran ser titulares de un interés directo, personal y haber aportado en tiempo y forma por más de 15 años a la CJPPU y de cumplir 70 años después del 31 de diciembre de 2032, de modo que, afirman tener un derecho adquirido a la jubilación por edad avanzada que ahora se les conculca por la norma impugnada. Accionan contra la Caja de Profesionales Universitarios y contra el Banco de Previsión Social. Se agravian por la vulneración de las normas y principios constitucionales contenidos en los arts. 7, 32, 67 y 72 de la Constitución de la República. A juicio de la Corporación, los accionante no tienen un interés directo. En el presente caso, los actores solo invocaron ser aportantes de la Caja de Profesionales Universitarios, sin haber demostrado a qué otra Caja habrían hecho los aportes que la norma en cuestión les impide acumular. Ante tal omisión, solo puede concluirse que la norma atacada no les resulta aplicable y con ello, que carecen de legitimación activa para promover la declaración de inconstitucionalidad que pretenden.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 718/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 812/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación acogió la pretensión haciendo lugar al reconocimiento de la sentencia extranjera y ordenando su remisión al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil competente. Los hechos de autos: El 11 de octubre de 2024 compareció el Dr. Gabriel Valentín en nombre y representación de HARVEY S.A.R.L., solicitando el reconocimiento de la sentencia extranjera Nº TAL-2023-07071, dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Distrito de y en Luxemburgo en lo Comercial de Sexto Turno, del 19 de octubre de 2023, contra la empresa DIROX SA , expresando que celebraron un compromiso mediante el cual su representada se obligó a prestar asistencia jurídica a las restantes sociedades en ciertos procesos arbitrales que se iniciarían en Luxemburgo. Atento a ello, se expidieron las facturas correspondientes, que debían pagarse en un plazo de quince días desde su emisión. Sin embargo, DIROX SA, el 27 de octubre de 2022 solo abonó de forma parcial una de las facturas emitidas, pero no extinguió la deuda. Se entabló una demanda contra los deudores ante el Tribunal competente en Luxemburgo, haciendo el mismo lugar a la demanda, condenando a pagar una suma por concepto de daños materiales por incumplimiento del compromiso suscrito, más los intereses moratorios desde el dictado de la sentencia y otra suma por concepto de indemnización por costos. Atento a que el condenado no dio cumplimiento al pago de la suma objeto de condena y a la circunstancia de que éste se domicilia en Uruguay, promovió el presente proceso de reconocimiento de sentencia extranjera con la finalidad de su posterior ejecución ante nuestros Tribunales. Al respecto, alegó el cumplimiento de los diversos requisitos legales exigidos. En cuanto al derecho aplicable en autos: Nuestro país no tiene Tratado vigente que regule esa cuestión con Luxemburgo. En consecuencia, este proceso está regulado por el sistema de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras de fuente nacional, consagrado en el Código General del Proceso (Libro II, Título X, Capítulo IV, artículos 537-543). El proceso regulado en el CGP es un proceso de conocimiento, contencioso, que finaliza con el dictado de una sentencia declarativa, y es de carácter previo. Habiéndose acreditado en el presente caso el cumplimiento de una serie de requisitos exigidos en la ley, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento de sentencia extranjera formulada por la parte actora para su posterior ejecución en nuestro país.

Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur) · Derecho internacional privado

DEFINITIVA 769/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, desestimó el recurso de casación interpuesto. En autos, se debate si la reinscripción del embargo genérico tiene aptitud para interrumpir el cómputo de la prescripción extintiva, conforme lo dispuesto por la norma contenida en el art. 1.238 del Código Civil. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y Sosa, mantienen en el caso la opinión que sobre la cuestión expusieron con anterioridad en las Salas de Apelaciones que integraron, en las cuales sostuvieron que las sucesivas gestiones de nueva inscripción y reinscripción del embargo realizadas, interrumpen válidamente la prescripción. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez: Entiende que el tenor literal de las normas aplicables no habilita la interrupción del plazo de la prescripción por la gestión judicial de reinscripción de embargo, por lo que no comparte la decisión de la mayoría.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 774/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación desestima la excepción incoada en la presente causa. En autos el accionante compareció ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno y presentó demanda por reparación de daños y perjuicios contra el Estado – Ministerio de Defensa Nacional,como indemnización de los daños padecidos como consecuencia del acto administrativo que rechazó su solicitud de pago de haberes adeudados por ascensos que no le fueron otorgados, así como el pago de compensaciones relacionadas que tampoco le fueron abonadas. Interpuso la presente excepción de inconstitucionalidad, indicando que ingresó en 1993 como Reservista Incorporado a la Armada Nacional como Guardia Marina, luego fue ascendido a Alférez de Fragata, posteriormente a Alférez de Navío y, finalmente, a Teniente de Navío, grado desde el que pasó a situación de retiro en 2014. Expresó, que el artículo 77 de la Ley Nº 16.320 establece una compensación especial al Personal Superior de los Cuerpos de Comando, equivalente al 10% del total de las retribuciones sujetas a montepío. El promotor nunca la percibió, por cuanto el último inciso de la citada disposición excluye de su percepción a los reservistas incorporados, considerando que esta disposición es violatoria del principio de igualdad consagrado constitucionalmente. La Corte considera que el accionante posee legitimación activa para promover estas actuaciones. En cuanto al agravio esgrimido, el precepto constitucional de igualdad es violado cuando la ley, sin un razonable motivo o sin una justificación constitucionalmente relevante, ante situaciones iguales dispone un tratamiento diverso. El legislador puede brindar tratamientos diferenciados a individuos y a grupos de ellos. Lo que debe analizar la Suprema Corte de Justicia, a efectos de controlar la regularidad constitucional de aquella diferenciación, es el criterio que el legislador ha escogido para consagrar la distinción. Ello supone examinar la razonabilidad de la distinción formulada, examen que implica el análisis de los medios empleados y de los fines perseguidos, así como del contenido de los derechos en consideración. En el caso, el actor fundamenta su excepción de inconstitucionalidad en la exclusión de los Reservistas Incorporados de la compensación creada por el art. 77 de la Ley Nº 16.320. Entiende que tales sujetos se encuentran en idéntica situación de hecho con el Personal Superior, en tanto se encuentran sometidos al Estado Militar y poseen dedicación integral. Sin embargo, en su libelo, no alega concretamente los elementos que permitan evaluar la racionalidad y justificación de la igualdad o discriminación en el caso concreto. Es carga de quien impugna una norma por su inconstitucionalidad justificar las razones que fundan el cuestionamiento. En el caso, el referido defecto en la excepción de inconstitucionalidad deducida por el promotor sella la suerte de su planteo, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el art. 512 del CGP, en tanto se omitió desarrollar, con claridad y precisión, las razones que fundan el cuestionamiento de la norma atacada. Sin perjuicio de ello, aun si este defecto formal en el planteo pudiese obviarse, del análisis del marco normativo vigente y de las circunstancias alegadas por las partes, se observa que la distinción efectuada por la ley luce racional, esto es, no arbitraria, lo que también conduce al rechazo de la excepción de inconstitucionalidad opuesta. De esta manera, desde su propia definición se desprende que los objetivos, tareas orgánicas y situación funcional de cada categoría resultan esencialmente distintas, lo que permitiría justificar, razonablemente, que cada una se encuentre bajo una regulación individualizada y no necesariamente equiparada en su totalidad, lo que sella la suerte del recurso.

DEFINITIVA 780/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus integrantes naturales, desestimó la pretensión de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera formulada por la accionante. Señala la Corporación que de la lectura de la sentencia en cuestión se desprende que no contiene un mandato de condena. Ello determina que no ingrese dentro del elenco de sentencias susceptibles del proceso regulado en el art. 541.1 del CGP, para el cual es competente esta Corporación. Incluso, de los términos utilizados por la propia promotora en su petitorio se advierte que no persigue el reconocimiento de la sentencia para su posterior ejecución, por lo que claramente no corresponde a este Cuerpo pronunciarse sobre lo pedido.

Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur) · Derecho internacional privado