DEFINITIVA 773/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación declara la falta de legitimación pasiva del Estado - Poder Legislativo y del Estado – Poder Ejecutivo. En autos se presentaron más de cincuenta funcionarios públicos promoviendo acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 13 a 29 de la Ley Nº 20.075 contra el Estado - Poder Legislativo en tanto sancionó dicha ley y el Estado - Poder Ejecutivo en tanto tuvo la iniciativa legislativa de la ley referida y la promulgó. Los impugnantes consideran que se violan diversos principios y normas constitucionales, tales como: el principio de igualdad; el derecho a la justa remuneración; el derecho a la salud; y la inhibición del enriquecimiento injusto o sin causa y la seguridad jurídica. La Corte considera que los accionantes cuentan con legitimación activa. Asimismo la Corporación señala que la legitimación pasiva no constituye una custión de hecho, sino de derecho, relevable de oficio, y en autos releva la falta de legitimación pasiva del Estado - Poder Legislativo y del Estado – Poder Ejecutivo.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 729/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 775/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación por unanimidad de sus integrantes, desestima la acción de inconstitucionalidad deducida respecto al artículo 35 lit. E) de la Ley Nº 20.130. En autos se presenta un conjunto de individuos a peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la norma contenida en el art. 35 lit. E) de la Ley Nº 20.130, del 2 de mayo de 2023, quienes aseguran ser titulares de un interés directo, personal y haber aportado en tiempo y forma por más de 15 años a la CJPPU y de cumplir 70 años después del 31 de diciembre de 2032, de modo que, afirman tener un derecho adquirido a la jubilación por edad avanzada que ahora se les conculca por la norma impugnada. Accionan contra la Caja de Profesionales Universitarios y contra el Banco de Previsión Social. Se agravian por la vulneración de las normas y principios constitucionales contenidos en los arts. 7, 32, 67 y 72 de la Constitución de la República. A juicio de la Corporación, los accionante no tienen un interés directo. En el presente caso, los actores solo invocaron ser aportantes de la Caja de Profesionales Universitarios, sin haber demostrado a qué otra Caja habrían hecho los aportes que la norma en cuestión les impide acumular. Ante tal omisión, solo puede concluirse que la norma atacada no les resulta aplicable y con ello, que carecen de legitimación activa para promover la declaración de inconstitucionalidad que pretenden.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 692/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 798/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 771/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, desestima el recurso de casación interpuesto. De los hechos de autos surge que la madre de la víctima se presentó ante la autoridad policial radicando denuncia contra el imputado, ya que éste mantenía conductas inapropiadas prolongadas en el tiempo con la sobrina de su pareja, provocándole a la víctima cambios de conducta y trastornos alimenticios entre otros. La Defensa esgrimió agravios relativos a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Apelaciones, cuyas conclusiones calificó como absurdas en forma evidente. Asimismo refirió infracción en la aplicación del derecho, que impacta en la determinación de la pena, cuestionando en forma subsidiaria la individualización de la pena por parte del Tribunal competente. A juicio de la Corte, el recurso de casación interpuesto por la Defensa es de franco rechazo. El recurrente alega que la Sala infringió las reglas legales de valoración de la prueba, cuestionando el peso convictivo otorgado a la declaración de la víctima. Respecto de la causal que refiere a la errónea valoración de la prueba, de manera resumida, para la mayoría representada por los Sres. Ministros Dres. Morales, Minvielle, Pérez y la redactora, existen límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los Tribunales de mérito en la etapa de casación, excepto en casos de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta en el razonamiento probatorio. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa defiende una interpretación menos restrictiva de la causal de error en la apreciación de la prueba como motivo de casación, considerando que la infracción a las reglas legales de la sana crítica previstas en la norma procesal constituye causal de casación, sin que sea necesario tener que llegar al extremo del absurdo evidente o la arbitrariedad manifiesta. En el caso, las alegaciones de la Defensa no logran identificar errores que impliquen que la Sala vulneró el límite de la razonabilidad al valorar la prueba, de modo que para cualquiera de las dos posturas, el agravio no puede prosperar. Respecto de los cuestionamientos a los tipos penales imputados y su impacto en la determinación de la pena. Expresó que debió aplicarse el delito de atentado violento al pudor previsto en el artículo 273 del Código Penal y no los delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado (arts. 272 BIS y TER respectivamente). Concluye que la pena no podría superar los tres años y cuatro meses. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Sosa, Pérez y la redactora, este sector del recurso no cumple con las exigencias de fundamentación mínimas para su progreso en etapa de casación. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle también desestima el agravio, aunque por distintos fundamentos. Tratándose de un agravio de pleno derecho, el recurrente cumple estrictamente con el requisito formal, con interponerlo y expresar sus fundamentos. Considera que su pretensión también es clara, que se resuelva dando prioridad a la norma más benigna. Sin embargo concluye que los hechos dados por probados resultan perfectamente subsumibles al tipo penal aplicado, entendiendo que también corresponde desestimar el agravio, aunque por razón de mérito.

DEFINITIVA 776/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y Sosa, declara inconstitucional e inaplicable al actor los artículos 1 y 2 del Decreto Departamental de Salto Nº 6.650/2013, exclusivamente en cuanto a la exigencia del previo pago de la multa para la devolución del vehículo incautado. Por su parte, la Sra. Ministra, Dra. Bernadette Minvielle, desestima el accionamiento, en discordia extendida. En autos se presentó el accionante, promoviendo inconstitucionalidad respecto a los artículos 1 y 2 del Decreto Departamental con fuerza de Ley Nº 6.650/2013 dictado por el Gobierno Departamental de Salto. Narró que su sobrino circulaba en una motocicleta de su propiedad cuando fue detenido para un control de rutina por Inspectores Municipales. Entregó la libreta de propiedad del vehículo y, dado que no contaba con licencia de conducir, se procedió al secuestro del birrodado. Posteriormente concurrió a la División Tránsito para realizar los trámites de la devolución del vehículo y, luego del pago de un timbre completo administrativo, se formó el expediente administrativo. La funcionaria de la Intendencia le comunicó que para retirar la moto debía pagar la multa previamente. También le incautaron (y no le devolvieron) la libreta de propiedad. Se cargaron una serie de sanciones. Señaló que la Intendencia no dictó resolución alguna y se limitó a aplicar sanciones y mantener el vehículo secuestrado hasta la verificación del pago. Señaló que la Intendencia de Salto se aparta de la ley, amparándose en el Decreto Departamental cuya inconstitucionalidad pretende. En forma sistemática incauta los vehículos sin analizar si constituyen o no un riesgo para el tránsito. Se aclara que la norma no fue definitivamente aplicada. Para la mayoría de la Corte el accionante tiene legitimación activa, en cuanto propietario del vehículo incautado. Así, en su demanda, el actor alega que es contrario a la Constitución el Decreto Departamental que permite al Cuerpo Inspectivo de la Intendencia el retiro de circulación del vehículo (de su propiedad) y que su devolución se encuentre ligada al previo pago de la multa. La retención del vehículo es con total independencia de si el conductor es o no el propietario del mismo, por estricta aplicación de los artículos 1 y 2. El artículo 3 establece que no se aplicará la retención si el propietario del mismo, promitente comprador, usuario por leasing o empresas arrendadoras de vehículos sin chofer legalmente habilitadas, “ acrediten su exoneración de responsabilidad”. En autos el accionante se presentó ante la Intendencia a solicitar la devolución del vehículo, pagó la tributación correspondiente y se formó expediente por la devolución solicitada. Sin embargo, la demandada mantuvo el secuestro y depósito del birrodado, descartando la hipótesis del artículo 3 de la misma. El accionante alegó que las normas impugnadas exceden la materia departamental y, en consecuencia, las competencias de los Gobiernos Departamentales delimitada en la Constitución. Expresó, que el único supuesto de incautación del vehículo previsto en la Ley de Tránsito Nº 18.191 se encuentra en el artículo 56, esto es, vehículos que no ofrezcan la debida seguridad para circular. La Corte sostiene que le asiste razón al recurrente en cuanto a que el artículo 56 de la Ley Nº 18.191 establece que el retiro de circulación procede en caso de “ vehículos que no cumplan lo dispuesto en la presente ley y no ofrezcan la debida seguridad en el tránsito” , norma que también reconoce como alternativa, la autorización para realizar el desplazamiento precario del vehículo. En el caso concreto, el conflicto planteado por el accionante apunta a cuestionar y denunciar el apartamiento del Gobierno Departamental de Salto en conferir vista previa y oportunidad para articular su Defensa y descargos en el caso concreto, cuestión que eventualmente podrá resistir mediante los recursos que el ordenamiento jurídico le ofrece; cuestión que resulta ajena al control de constitucionalidad de la ley. De las normas cuya inconstitucionalidad se pretende, no se verifica la incompatibilidad con los artículos 12 y 66 de la Constitución de la República sobre las garantías del debido proceso y el derecho de defensa., ya que no surge de las normas impugnadas que se exima a la Administración de notificar en forma el acto administrativo que impone la multa ni de conferir vista previa antes de su dictado. Respecto de la supuesta vulneración del principio de legalidad, para la Corte, el escueto planteo del recurrente no satisface la carga de fundamentación que exige el artículo 512 del CGP. Para la mayoría de la Corte, le asiste razón al accionante en parte de sus argumentos. En efecto, las normas impugnadas no superan el examen de constitucionalidad, ya que ninguna de las normas legales que convoca la Intendencia de Salto habilitan tal proceder. El artículo 56 de la Ley Nº 18.191 que convoca el demandado, no habilita a los Gobiernos Departamentales a retener los vehículos hasta el efectivo pago de la multa. La restricción legislativa del derecho de propiedad resulta irracional y desproporcionada, es evidente que la no devolución del vehículo hasta el efectivo pago de la multa por una infracción personal, funciona por la vía de los hechos como una seria limitación en el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. El administrado que decide recurrir el acto administrativo o buscar su anulación, deberá soportar el proceso con el vehículo incautado o resignarse a pagar la multa. En conclusión, considera la Corte con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Pérez, Morales y Sosa, que las normas impugnadas, artículos 1 y 2 del Decreto Departamental Nº 6.650/2013 de la Junta Departamental de Salto, no superan el control de constitucionalidad exclusivamente en cuanto condicionan la devolución del vehículo retenido al previo pago de las multas. La exigencia del pago de la multa para la devolución del vehículo, es incompatible y se extralimita con los contornos de las potestades de Policía de Tránsito y Vialidad como “ materia departamental ” establecidas por ley a los Gobiernos Departamentales. Como prerrogativa para la percepción de las multas como fuente de ingresos de los Gobiernos Departamentales, esta potestad vulnera el derecho de propiedad. Finalmente, instaura una hipótesis de “ solve et repete” indirecto. (D) SRA. MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE DISCORDE: No comparte la decisión de la mayoría, en tanto entiende que el compareciente carece de legitimación activa.

INTERLOCUTORIA 700/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 697/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 772/2025 · Suprema Corte de Justicia · 26 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación desestima la casación incoada. Del caso de autos surge que, en horas de la noche, la víctima caminaba sobre el margen de una Ruta Nacional hacia una parada del ómnibus, encontrándose el imputado en dicho lugar ingiriendo alcohol, momento en que comienza a gritarle cosas a la misma, para acercarse a ella, tomándola de un brazo, dirigiéndose hacia la víctima. Acto seguido, contra su voluntad la víctima es trasladada por la fuerza hacia unos arbustos, donde la penetró vaginalmente. Cuando pudo huir de la escena, la víctima solicitó auxilio a un camionero, quien avisó a los empleados de una estación de servicio para que ellos avisaran a la autoridad policial. La Defensa expresa que el Tribunal no valoró adecuadamente la prueba, pide la absolución de su defendido, y en subsidio, el abatimiento de la pena impuesta Respecto de la errónea valoración de la prueba, para la mayoría representada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez Brignani y la redactora, existen límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los Tribunales de mérito en la etapa de casación, excepto en casos de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta en el razonamiento probatorio. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre defiende una interpretación menos restrictiva de la causal de error en la apreciación de la prueba como motivo de casación, considerando la infracción a las reglas legales de la sana crítica previstas en la norma procesal como causal. Sin perjuicio de lo señalado, tanto para la mayoría referida, como para el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, en lo sustancial, el agravio de la Defensa no puede prosperar, pues se encuentra muy lejos de plasmar una hipótesis de irracionalidad o absurdo en el razonamiento probatorio (en palabras de la mayoría) o vulneratorio del límite de la razonabilidad (en palabras del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre). La recurrente se limitó a fraccionar la prueba, refiriendo a determinados medios puntuales y obviando pronunciarse sobre el cúmulo en su conjunto. En suma, el agravio relativo a la errónea valoración de la prueba no puede prosperar. Asimismo se señala que la recurrente no desarrolló agravio en forma respecto a la cuantía de la pena, ni en cuanto a la aplicación de la perspectiva de género por el Tribunal. Con relación al abatimiento del guarismo punitivo, simplemente se peticionó en la parte final del libelo recursivo, pero no se efectuó desarrollo alguno tendiente a fundamentar tal pedido.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 654/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de junio de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 649/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de junio de 2025Importancia alta

En el marco de una contienda negativa de competencia entablada entre el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Pando de 5º Turno y el Juzgado de Paz Departamental de la misma ciudad, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en el expediente al Juzgado de Paz Departamental de Pando. Señala la Corporación que en lo sustancial, le asiste razón al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Pando de 5º Turno contendiente en cuanto la cuantía del asunto corresponde al límite de la competencia del Juzgado de Paz Departamental.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 754/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación desestima la solicitud de inconstitucionalidad promovida en autos. El artículo 39 de la Ley Nº 11.925 que fuera impugnado por los actores ha sido definitivamente aplicado al caso concreto, con lo cual necesariamente debe desestimarse el presente planteo de inconstitucionalidad. Para la Sra. Ministra, Dra. Bernadette Minvielle, el hecho de que la norma haya o no haya sido aplicada resulta irrelevante, por tratarse de un requisito no previsto en la Constitución. A su juicio lo que se verifica es un supuesto de ausencia de interés directo, dado que lo que afecta la situación jurídica planteada no es la disposición impugnada, sino la inmutabilidad de la cosa juzgada

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 758/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de junio de 2025Importancia alta

En autos la Corporación desestima el recurso de casación incoado. El Instituto Nacional de Colonización promovió juicio de entrega de la cosa contra el arrendatario, en virtud de la rescisión del contrato de arrendamiento que los vinculaba desde el 31 de agosto de 1984, cuyo objeto fue la fracción 4 del padrón Nº 994, que forma parte de la Colonia Dr. Luis Citrano. El INC constató que el colono incumplió las obligaciones de “ trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia ”, que le imponían el art. 61 lit. b) de la Ley Nº 11.029 y el contrato. En virtud de ello, el INC rescindió el contrato de arrendamiento y promovió el presente proceso para recuperar la posesión del inmueble. El demandado opuso excepciones, invocando la falta de requisitos necesarios para la promoción del juicio de entrega de la cosa y negó haber incumplido las obligaciones referidas, por lo que, en su opinión, la rescisión dispuesta por el INC es ilegítima. La parte demandada interpuso recurso de casación, cuestionando que el Tribunal hubiera amparado el recurso de apelación interpuesto por la actora, asegurando que no se encontraba debidamente fundado, sosteniendo que se vulnera el principio de congruencia. Asimismo considera que el Tribunal realizó una errónea valoración de la prueba. La Corporación entiende que no le asiste razón en ninguno de los cuestionamientos. En cuanto a la inspección ocular como medio de prueba, realizarla en el 2021 no es apta para probar que en el 2018 el actor vivía y trabajaba efectivamente en la finca. El agravio interpuesto por el recurrente que fue decidido en igual sentido en ambas instancias, resulta inadmisible por razones formales, de acuerdo con la interpretación que postula la mayoría de este Cuerpo (integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y el redactor). Sin perjuicio de lo expuesto,como estima admisible la Sra. Ministra Dra. Minvielle en función de la interpretación que postula acerca del art. 268 del CGP, por fundamentos que pueden consultarse en sentencia Nº 652/2017, entre otras, tampoco asiste razón al recurrente en sus cuestionamientos. El recurrente cuestiona la valoración probatoria efectuada por el Tribunal. Según los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez, quien recurre debe, en primer término, denunciar, invocar, alegar un error o vicio en el razonamiento probatorio de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente y asimismo debe demostrarlo. Por su parte el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, la valoración probatoria realizada por el Órgano de alzada no resulta, en principio, excluida del control casatorio, estima que, en la medida en que se ha invocado como causal de casación la vulneración o errónea aplicación del art. 140 del CGP, es posible ingresar al análisis de la hipotética infracción a las reglas legales de la sana crítica, sin requerirse la concreción de supuesto de absurdo evidente. En conclusión, todos los integrantes de la Corporación consideran que las críticas probatorias del recurrente no son de recibo.

DEFINITIVA 753/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, por mayoría de sus miembros naturales conformada por la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Doris Morales, John Pérez, Tabaré Sosa y la redactora, ampara el recurso de casación interpuesto. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Elena Martínez, extiende la respectiva discordia. En autos la actora entabló demanda por daños y perjuicios contra el Banco de Seguros del Estado, al que atribuye responsabilidad por dos sucesos distintos: por haber sido excluida del llamado convocado por el demandado el 3 de abril de 2017, y por el cese ilegítimo de su calidad de proveedora de servicios de taller mecánico dispuesto por resolución del directorio del BSE Nº 0427/2020, del 8 de julio de 2020. La Sede de Primera Instancia falló amparando parcialmente la demanda. En Segunda Instancia el Tribunal competente desestimó la demanda en todos sus términos. Contra dicha sentencia de Segunda Instancia la parte actora interpuso recurso de casación. Denunció infracción de la norma contenida en el art. 197 del CGP que impone el deber de motivar las decisiones judiciales; manifestó que la sentencia vulnera el principio dispositivo y consideró que la sentencia cuestionada vulnera el derecho humano esencial a la tutela jurisdiccional. En criterio de la mayoría de este Cuerpo conformada por la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa Aguirre, John Pérez Brignani, Doris Morales Martínez, y la redactora, asiste razón a la parte recurrente, siendo que la Sala soslayó extraer las conclusiones que se derivan de la naturaleza de Ente Público del demandado en el conflicto de autos. El Magistrado de primera instancia encuentra la ilicitud en el abuso de poder de la Administración que, además, configura un supuesto de abuso de posición dominante. La Sala, en cambio, solo analizó el abuso de posición dominante y, tras concluir que no existió un supuesto de tal figura en autos, revocó la condena. La decisión revocatoria que se cuestiona se funda exclusivamente en el análisis del invocado abuso de posición dominante, como si ese hubiera sido el único reproche dirigido contra el BSE. Se comparte con la parte recurrente que la Sala infringió el art. 197 del CGP al revocar una condena que se fundaba en una doble argumentación, de la cual solo una fracción se consideró improcedente. En virtud de la naturaleza de Ente Público demandado, es necesario en primer lugar analizar si el dictado de las bases del llamado estuvo o no inficionado de desviación, abuso o exceso de poder, la mayoría de este Cuerpo coincide con el claro análisis del Juez de primera instancia. Ciertamente, el BSE gozaba de legítima discrecionalidad en cuanto a la necesidad y oportunidad del llamado y a los requisitos a exigir a eventuales interesados. La Administración en el caso de autos pretendió zanjar sus diferendos judiciales y relacionales con la actora, por la vía oblicua de excluirla de futuros contratos. En consecuencia, corresponde amparar el agravio y, consecuentemente, anular la sentencia de segunda instancia en cuanto revocó la condena impuesta en primer grado acerca de la ilicitud atinente al llamado de abril de 2017. Respecto del daño moral de las persónas jurídicas, para la Corte no surge prueba del daño moral reclamado. También en cuanto al lucro cesante por pérdida de clientela, se comparte lo sostenido por el Juez de primera instancia, en cuanto concluyó que se desestima la pretensión por falta de prueba. (D) SRA. MINISTRA DRA. ELENA MARTÍNEZ: considera que corresponde relevar la falta de agotamiento de la vía administrativa y ordenar la clausura del proceso.

INTERLOCUTORIA 655/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de junio de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 704/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, ampara parcialmente la demanda entablada, condenando a la demandada a pagar al accionante, en concepto de honorarios profesionales, la suma de 75 Unidades Reajustables más IVA e interés legal desde la fecha de la demanda regulatoria, hasta su efectivo pago. El accionante compareció en autos promoviendo demanda de regulación y cobro de honorarios contra su patrocinada. Expresó que patrocinó a la parte emplazada en el recurso de revisión interpuesto por los aquí demandados, proceso que resultó beneficioso para su patrocinada y donde aquéllos fueron condenados en costas y costos. Los demandados controvirtieron la demanda y se opusieron a la base de cálculo propuesta por el actor, a la liquidación, la procedencia del IVA y la aplicación del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay. Adujeron que la aplicación del arancel no es obligatoria, que se trató de un proceso rápido, que demandó una sola audiencia y sin mayor complejidad, por lo que la suma que arroja el arancel debe ser morigerada por resultar excesiva. Debe tenerse en cuenta que, a los efectos de la determinación de honorarios profesionales devengados en actividad judicial, el legislador enumeró las pautas que podrán ser tenidas en cuenta por el Juez en el artículo 144 inciso 2º de la Ley Nº 15.750: importancia económica del asunto de acuerdo a los valores a la fecha de la demanda de regulación, su complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios profesionales y, en cuanto corresponda, el arancel de la asociación profesional vigente en el momento de presentarse la demanda regulatoria. Pues bien, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, la estimación del monto del asunto realizada por el accionante no resulta de recibo. El recurso de revisión en que el accionante intervino como abogado de la emplazada, había sido promovido por la patrocinada. En esa demanda la parte actora estimó el monto del asunto en la suma de U$S44.160. Dicho monto representa la suma de los daños y perjuicios (U$S33.660) y de la multa (U$S10.500) reclamados en ese juicio. La Corte estima que no corresponde tomar en cuenta el valor del inmueble para hallar el monto del asunto, puesto que, como efecto de la resolución del contrato, la parte actora se vio liberada del pago del precio. También deben contabilizarse los intereses hasta la fecha de la demanda de regulación de honorarios. La Corte considera que este asunto no revistió especial dificultad. Respecto de la eficacia de la gestión, debe ser valorada en función del beneficio obtenido por la intervención del letrado. Para la determinación del monto, se tiene presente , como guía estimativa, con un carácter no vinculante, el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, debiendo adecuarlo al caso concreto, teniendo especial consideración del precio de costumbre (art. 1.834 C.Civil). Corresponde adicionar el IVA, de acuerdo con lo peticionado por el actor en su demanda y a la jurisprudencia reciente de la Corte (ver sentencias Nos. 250/2023 y 566/2023 de este Cuerpo) y de la mayoría de los Tribunales. Finalmente, deberá adicionarse el interés legal desde la fecha de la demanda regulatoria hasta el efectivo pago, tal como lo preceptúa el inciso 8 del art. 144 de la Ley Nº 15.750. Asimismo, al optarse por una condena expresada en una unidad que tiene su propio mecanismo de actualización (UR), no corresponde aplicar el reajuste previsto en el Decreto-Ley Nº 14.500.

DEFINITIVA 705/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada y amparó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el actor y, en su mérito, anuló la sentencia impugnada en cuanto dispuso que la detracción del Irpf del rubro lucro cesante debe efectuarse sobre la partida única global a percibir por el accionante. y en su lugar, mantiene firme en el punto el pronunciamiento de primera instancia, en cuanto indicó que el descuento del Irpf debe aplicarse sobre la diferencia salarial generada mes a mes, aclarándose en el presente fallo que, luego de aplicarse el Irpf sobre la diferencia salarial de cada mes, deberá determinarse la incidencia que ello tiene en el total del ejercicio de cada año. Señala la Corporación que en lo que atañe a la detracción del IRPF, el descuento debe realizarse de la misma manera en que se habría efectuado en caso de que el actor hubiera ejercido efectivamente el cargo y se le hubiera abonado la retribución correspondiente en tiempo y forma. Ello implica la realización de los anticipos mes a mes y la liquidación al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre de cada año. Corresponde entonces aplicar el IRPF sobre la diferencia salarial de cada mes y luego ver la incidencia que ello tiene en el total del ejercicio anual, determinándose de esa manera cuánto más debería haber tributado el actor por IRPF en caso de haber ejercido el cargo para el que se había postulado. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez – Ministra de la Suprema Corte de Justicia: Entiende que el daño moral de autos no tiene su causa en la responsabilidad civil, sino que se generó en el marco de la relación laboral que vincula al actor con la demandada, en consecuencia considera que corresponde hacer lugar al agravio relativo a la detracción del IRPF del rubro daño moral.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 702/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación resuelve no hacer lugar al recurso de revisión incoado. El impugnante considera que existieron una serie de irregularidades que afectaron el derecho de defensa de los imputados, así como la aparición de pruebas que no figuraban en el expediente original, todo lo cual amerita la nulidad absoluta de lo actuado. Expresó que se configura la causal del artículo 371 literal b) del CPP y los artículos 380.1 y 379 literal c) del mismo cuerpo normativo. la Suprema Corte de Justicia estima que no se dan en la especie los requisitos objetivos del recurso sub examine . Asimismo, observa la Corte que, en lo formal, los requisitos de admisibilidad que debe controlar este Alto Cuerpo, se cumplen. El impugnante expone pasajes del escrito recursivo que se centran en nulidades de diversos actos procesales, pero no se realizó una adaptación que refiera exclusivamente a la causal invocada del artículo 371 literal b) del CPP. La Corte sostiene que el recurso de revisión es excepcionalísimo y debe alegarse y acreditarse a cabalidad alguna de las causales taxativamente enumeradas por el legislador, no resultando posible transpolar otros actos procesales que no se interpusieron por la vía procesal correspondiente. Es decir, lo que pretende el recurrente es trasladar y aplicar todo lo expresado en el escrito incidental en la presente vía recursiva, lo cual no es correcto. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y el redactor, estiman oportuno señalar que, en lo que respecta a las nulidades invocadas por el recurrente (artículos 380.1 y 379 literal c) del CPP), cabe destacar que, la Defensa pretende asimilar el recurso de revisión a una acción de nulidad, lo que se encuentra vedado por la taxatividad de las causales previstas en el artículo 371 CPP. Lo expuesto determina que deba desestimarse por inadmisible el planteo de la Defensa.

Recurso de revision · Derecho penal

DEFINITIVA 703/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa, John Pérez y la redactora, desestiman en su totalidad el recurso de casación interpuesto. Por su parte, las Sras. Ministras Dras. Bernadette Minvielle y Doris Morales extienden discordia parcial, por cuanto consideran que corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 141 de la Ley Nº 17.296 y acoger parcialmente el recurso de casación interpuesto en cuanto a la tipificación del delito de porte de arma de fuego por reincidente. El día en que ocurrieron los hechos en horas de la medianoche concurrieron a un “ Resto Pub ” varias personas entre las cuales se encontraban el imputado y la víctima, se dio una discusión y posterior pelea entre ellos por motivos que se desconocen. Luego de varios incidentes la víctima de autos fue encontrada muerta a balazos. En autos la Sede Letrada de Primera Instancia resolvió condenar al encausado: “... como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de arma de fuego por reincidente a la pena de once (11) años y seis (6) meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo las accesorias del art. 105 Lit. E. del Código Penal. (...)”. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones competente falló: “ Confírmase la sentencia definitiva apelada…”. La Defensa del imputado interpuso recurso de casación contra tal pronunciamiento. Esta causa penal tramita bajo las normas del CPP 1980. Esto tiene gran incidencia en el presente recurso, ya que el debate en su mayoría se dirige contra la errónea valoración de la prueba realizada por el Tribunal, y conforme al criterio sustentado por la mayoría de la Corte, integrada por los Sres. Ministros Dres. Doris Morales, John Pérez y Elena Martínez, en el presente caso, en el marco del proceso penal regido por el CPP 1980 (Decreto-Ley Nº 15.032), la plataforma fáctica no resulta revisable en la etapa de casación. Esto determina que el agravio tal como fue introducido no pueda prosperar. Por su parte, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, el agravio también resulta inadmisible en el presente caso, aunque arriba a tal conclusión por distintas razones, reitera lo expresado por la Corte en sentencia Nº 134/2018, solamente la errónea valoración debe ser considerada en caso de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. Finalmente, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa, sostiene una postura diversa a la mayoría de este Cuerpo y también respecto de la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle (sentencias Nos. 359/2023 y 1.082/2023 de este Colegiado) en consecuencia, analiza el caso y llega a la conclusión que el razonamiento de la Sala es ajustado a Derecho, no resultando vulneratorio del límite de la razonabilidad. La Defensa no realiza el adecuado distingo entre valoración de la prueba y el estándar probatorio requerido para tener por acreditada las proposiciones fácticas, e incumple con el art. 273 del C.G.P. A juicio de la Corte, en mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa, John Pérez y la redactora, no consideran que el artículo 141 inciso 1 de la Ley Nº 17.296 sea inconstitucional. (D) SRES. MINISTROS DRES. BERNADETTE MINVIELLE Y DORIS MORALES DISCORDES PARCIALMENTE: Por cuanto consideran que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 141 de la Ley Nº 17.296, inaplicar la norma al caso concreto y, por efecto reflejo, acoger parcialmente el recurso de casación interpuesto por el acusado, absolviéndolo del referido delito. La disposición vulnera el caro principio del “ non bis in ídem ”, toda vez que no sólo se castiga por el nuevo delito sino también por una suerte de delito “ asociado ” anterior (los del inc. 1º del art. 141), que cumple una suerte de eficacia permanente, que traduce en suma, un doble castigo.