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18.033 sentencias

INTERLOCUTORIA 1959/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 1573/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1570/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024
La Corporación resolvió : "Al recurso de ampliación interpuesto por la parte actora a fs. 4.611-4.612 vto., no ha lugar. Y al recurso de aclaración y ampliación interpuesto por el codemandado Banco de Previsión Social, se aclara que la sentencia Nº 1.373/2024 únicamente alcanza a los actores identificados en el Considerando 2, que a su vez interpusieron recurso de casación (Gabriel SABALSAGARAY, Giampiero MANZI, María ZUNINO y Paul WILKINS). "
Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1895/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 1962/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1886/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024
La Corporación declara competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado Especializado en VBG, VD y Sexual de Salto de 2º Turno, atento a que el artículo 51 de la Ley Nº 19.580, en su literal C), prevé que serán competentes los Juzgados de Familia Especializados en Género, en los procesos relativos a tenencias, si con una antelación de hasta dos años, se adoptó judicialmente alguna medida cautelar como consecuencia de la violencia basada en género, doméstica o sexual, o en los que se constata por cualquier medio dicha violencia aunque no se haya requerido la aplicación de medidas.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1489/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024Importancia alta
El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 1º Turno, condenó a la imputada, como coautora penalmente responsable de un delito de ‘FALSIFICACIÓN MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO, POR FUNCIONARIO PÚBLICO’ en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de ‘ESTAFA’, en reiteración real y en calidad de autora, con un delito continuado de ‘APROPIACIÓN INDEBIDA’ y con reiterados delitos de ‘ESTAFA’, a la pena de TRES AÑOS DE PENITENCIARÍA, con descuento de la preventiva cumplida. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia revocando la condena a la imputada por un delito continuado de apropiación indebida en calidad de autora y un delito de falsificación material de documento público. La defensa de la imputada interpuso recurso de casación agraviándose que existió infracción a lo dispuesto por el art. 347 del Código Penal, en subsidio, entendió que se vulneró el art. 86 del Código Penal, por cuanto la apelada descontó dos figuras delictivas, sin que se viera reflejado en el monto de la pena impuesta y por último, manifestó que la sustancial rebaja de la pena que se debería realizar conduce a la concesión preceptiva dispuesta en el art. 11 inciso 1º de la Ley Nº 17.726 y, en todo caso, también en su inciso 2º. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1487/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024Importancia alta
La Corporación (con discordia parcial del Dr. Tabaré Sosa Aguirre y total del Dr. John Pérez Brignani) procedió a acoger el recurso de casación interpuesto; revocando la sentencia de segunda instancia en cuanto amparó la notoria mala conducta como causal de cese de la relación laboral y en su lugar, se mantendrá firme la sentencia de primera instancia en cuanto al pago de la indemnización por despido común y el pago de una unidad adicional en concepto de despido abusivo. La mayoría legal compuesta por las Sras. MINISTRAS, Dras. Elena MARTÍNEZ, Doris MORALES y la redactora Bernadette MINVIELLE considera que la Sala se basó en proposiciones fácticas que no fueron postuladas por el empleador para justificar la eximente de notoria mala conducta. Respecto al agravio relativo al despido abusivo, estiman ajustado condenar solamente a una unidad de IPD común extra por despido abusivo, en lugar de las dos dispuestas por la sentenciante de primer grado. El SR. MINISTRO DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE DISCORDE EN PARTE: por cuanto entendió que en autos no quedó configurado el despido abusivo; siendo el único despido de los tres reclamados (común, abusivo y por enfermedad) que corresponde amparar es el despido común. A dicha solución arriba el Sr. Ministro ya que si bien no logró probarse la notoria mala conducta, considera que no existió dolo o culpa por parte del empleador a la hora de despedir al actor. Asimismo no corresponde referirse al despido por enfermedad por cuanto en ambas instancias no se amparó el mismo y no existe agravio sobre dicho punto El SR. MINISTRO DR. JOHN PÉREZ BRIGNANI DISCORDE: entendió que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por haberse probado la notoria mala conducta del actor; no correspondiendo en virtud de lo expresado ingresar al análisis del despido abusivo reclamado.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1889/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia admitió la solicitud de denuncia de terceros promovida por la Intendencia de Montevideo y consecuentemente noticiar del pleito a los dieciocho Gobiernos Departamentales y al Sucive (art. 53 CGP). Señala la Corporacion que la norma legal prevista en el art. 26 TER de la Ley Nº 19.824, que según la Intendencia de Montevideo lesionaría su autonomía departamental, no alcanza exclusivamente a dicho Gobierno Departamental, sino a todos ellos, por lo que la eventual afectación de la autonomía departamental sería un asunto concerniente no exclusivamente al Gobierno Departamental de Montevideo, sino a los diecinueve Gobiernos Departamentales. Todo lo cual justifica el llamamiento al proceso de los restantes Gobiernos Departamentales. (D) DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE - MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE: por considerar que corresponde desestimar la convocatoria de terceros al proceso de inconstitucionalidad de autos. Señala que la sentencia a recaer en las presentes actuaciones tendrá efectos únicamente en el caso concreto sometido a examen, lo que determina resulte improcedente convocar a terceros a la causa.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1493/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024Importancia alta
La a quo rechazó la demanda de reparación patrimonial y daños y perjuicios promovida contra el Gobierno Departamental de Colonia El Ad quem revoca la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declara la caducidad de la acción. La Corporación, integrada, ampara el recurso de casación interpuesto por el actor, anulando la sentencia de segunda instancia, y ordenando el reenvío de las actuaciones al Ad quem a efectos de que se expida sobre el fondo del asunto. E n el caso de autos, el plazo de caducidad debe computarse a partir del día 1º de noviembre de 2011, atento a que el plazo se encontraba suspendido por la interposición del recurso administrativo de revocación y posterior resolución, impidiendo de tal forma que el mismo comience a computarse. Por lo cual, computada por meses, la caducidad habría operado el último día del mes de octubre de 2015. Sin embargo, la demanda fue presentada antes de esa fecha.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 1497/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1515/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1488/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024Importancia alta
El caso de autos la actora entabló demanda de daños y perjuicios por enriquecimiento sin causa y daño moral contra el Banco Hipotecario por la que reclamó le fueran devueltas las sumas que durante años abonó al Banco, más impuestos y mejoras que introdujo en el inmueble hasta la fecha del remate. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, desestimó la excepción de caducidad opuesta por el demandado y, por sentencia definitiva de primera instancia Nº 76/2023, amparó la demanda y condenó al demandado a pagar a la actora las cuotas e impuestos abonados durante los años que aquella ocupó el inmueble, sumas cuya determinación difirió a la vía del art. 378 del CGP, las mejoras realizadas por la actora en el inmueble, que estimó en $523.691, con actualización e intereses desde la fecha del lanzamiento posterior al remate y a indemnizar el daño moral, que fijó en U$S8.000, con intereses desde el lanzamiento. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia definitiva impugnada revocando la condena al BHU a pagar a la actora el valor de obras consideradas mejoras de la vivienda, así como la indemnización del daño moral fijados en el grado anterior. La parte demandada, interpuso recurso de casación agraviándose por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 11.925, a su vez, señala que la sentencia infringe lo dispuesto por los artículos 1450 y ss. del Código Civil, relativo al pago de un tercero, y por ultimo se agravia por la aplicación del principio iura novit curia. Finalmente la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales desestimó el recurso de casación interpuesto.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 1534/2024 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1836/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024
La Suprema Corte de Justicia no hace lugar al recurso de queja por denegación de casación interpuesto. Por lo tanto, dado que en el caso, el monto del asunto no supera el mínimo legal habilitante de 4.000 U.R., la Corporación concluye que el recurso interpuesto resulta inadmisible.
Recurso de queja · Derecho procesal
DEFINITIVA 1446/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta
En autos se trata de un recuso de casación interpuesto por la demandada (fundamentado en la no detracción del lucro cesante futuro de sumas a percibir por activación de mecanismos de seguridad social en favor de la víctima), en un proceso civil ordinario por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito. Las sentencias de primera y segunda instancia amparan parcialmente la demanda, condenando a la demandada al pago de los rubros daño moral, daño emergente pasado y futuro y lucro cesante pasado y futuro. La Corporación, por mayoría, acoge parcialmente el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anula la sentencia recurrida en cuanto no ordenó la detracción en el cómputo del lucro cesante futuro de las sumas que se perciba por el BPS. En su lugar, ordena la detracción por las sumas a percibir por la coactora por jubilación por imposibilidad física total a servir por el BPS. El Sr. Ministro Doctor Tabaré Sosa Aguirre extiende discordia, considerando que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 1449/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Estima la Corte que, el agravio relativo a la valoración de la prueba que condujo a la Sala a confirmar la desestimatoria del daño reclamado como “lucro cesante – pérdida de chance”, resulta de franco rechazo, en tanto el libelo de casación se limita a reproducir de manera casi textual lo que ya se había expuesto en el libelo de apelación, sin controvertir los puntuales argumentos expresados por la Sala para repeler el rubro. El segundo agravio expuesto por la parte actora atañe a la revocatoria del rubro daño moral, que fuera amparado en primera instancia y revocado en alzada, por entender ésta última que la parte actora no cumplió con su carga probatoria acerca de la existencia y entidad del daño extrapatrimonial reclamado, conforme a lo dispuesto por el art. 139 CGP. La Corporación concluye que no habiéndose explicado cómo es que la Sala habría infringido la norma contenida en el art. 139 del CGP, el agravio carece de fundamentación suficiente, lo que impone su rechazo. Los actores reclamaron la indemnización de los daños y perjuicios que aseguraron haber padecido como consecuencia de una resolución ilegítima dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial – Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante, “DNPI” y “MIEM”)que anuló la patente de invención de que eran titulares los accionantes. La Resolcuión del MIEM fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 1825/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 1480/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1444/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta
La Corporación desestimó la casación incoada. En autos la imputada se apropió de dinero perteneciente a una cooperativa, el cual le había sido entregado con una específica finalidad y con la obligación de ser devuelto. Asimismo, la imputada a través de Market Place de la red social de Facebook ofrecía en venta contenedores, estafando a varias personas con estratagemas engañosas y quedándose a la postre con su dinero. En primera instancia el Juzgado Letrado de Paysandú de 8º Turno se falló: “ CONDENANDO A AA COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA A LA PENA DE TRES (3) AÑOS DE PENITENCIARÍA CON DESCUENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR CUMPLIDA, Y DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES ACCESORIAS PREVISTAS EN EL ART. 105 LITERAL E DEL CÓDIGO PENAL... ” En segunda instancia, por sentencia definitiva Nº 19/2024, de fecha 27 de mayo de 2024, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno confirmó en todos sus términos la sentencia del grado anterior. La Defensa de la acusada interpuso recurso de casación. Se agravia por considerar que el Tribunal no valoró la declaración de la psicóloga de sus hijos menores, asimismo se criticó la fijación de la pena, así como el hecho que no se le concedió arresto domiciliario sin considerar la edad de sus hijos. En definitiva, solicitó que se revoque la pena impuesta al mínimo legal. Para la Suprema Corte de Justicia, el agravio relacionado con la falta de valoración de la prueba solicitada, el planteo no cumple con las exigencias formales de fundamentación exigibles en casación, por lo que corresponde su rechazo liminar. Sobre el agravio relacionado con la determinación de la pena, se verifica el incumplimiento del artículo 273 del CGP (aplicable por la remisión del artículo 369 del CPP). Sin perjuicio de ello, la Corte refiere a la discrecionalidad de los órganos de mérito en la tarea de determinación de la pena, salvo hipótesis de absurdo o desproporcionalidad. Por las carencias formales, se concluye desestimando el recurso de casación impetrado.
Recurso de casación · Derecho penal

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