INTERLOCUTORIA 1037/2024 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2024

La Corporación desestima la medida provisional de desaplicación provisional solicitada por el accionante, en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, pues no se fundamentó correctamente la existencia de los requisitos necesarios para dictar una medida provisional (peligro en la demora y apariencia de buen derecho).

Proceso cautelar · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1030/2024 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1041/2024 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2024Importancia alta

El caso de autos, la accionante promovió declaración de inconstitucionalidad por vía de acción respecto del artículo 331 de la Ley Nº 20.212. Identifica como demandado al Poder Ejecutivo – Ministerio de Educación y Cultura. El MEC contestó la demanda y, a la vez, solicitó la denuncia de terceros al amparo del artículo 53 del CGP, al Poder Legislativo y a AGADU. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó la solicitud de denuncia de terceros promovida por el Estado - Ministerio de Educación y Cultura, con costas de precepto (art. 57.1 CGP).

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1042/2024 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2024Importancia alta

La Corporación declara competente para seguir entendiendo en la ejecución y eventual remate del bien inmueble en cuestión, al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 7º Turno. Sostiene que el embargo trabado en el ámbito del proceso penal no obsta su remate en el fuero de trabajo, por lo cual la ejecución deberá seguir en los términos dispuestos por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 7º Turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1036/2024 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2024

La Corporación declara competente para continuar conociendo en autos a la actual titular del Juzgado de Paz de la 5ª Sección Judicial de Maldonado, puesto que la instrucción probatoria no había finalizado cuando se produjo el traslado de la anterior titular de la Sede.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1009/2024 · Suprema Corte de Justicia · 8 de agosto de 2024

La Corporación desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Sentencia que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto, no alcanzando la causa el monto habilitante de tal etapa procesal. Contra la misma CORTESOL SA interpuso recurso de reposición proponiendo un criterio de determinación del monto del asunto con el cual se alcanzaría el mínimo legal habilitante de la casación. La Corporación no comparte tal interpretación. En el escrito introductorio de la tercería es carga del tercerista indicar el monto del asunto, lo que no se cumplió en obrados. El cumplimiento tempestivo de dicha carga no puede entenderse satisfecho por referencia al monto de otra causa, con otras partes y objeto diversos.

Recurso de reposicion · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 968/2024 · Suprema Corte de Justicia · 1 de agosto de 2024Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en régimen de reiteración real por ser las víctimas menores de 18 años y el imputado su ascendiente así como la continuidad a la pena de nueve años y seis meses de penitenciaría efectiva, así como la pena accesoria de suspensiones e inhabilitaciones dispuestas en el art. 67 del Código Penal en la redacción dada en el art. 84 de la ley 19.580 por el plazo de diez años y condéna-se al pago de doce ingresos mensuales a las víctimas en los términos del art. 80 de la ley 19.580. El Ad quem confirmó la sentencia salvo en cuanto a la pena, la que se establece en nueve años de penitenciaría y respecto a la patria potestad, disponiéndose su pérdida. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, señaló que se valoró en forma errónea la prueba y que se aplicó en forma equivocada el artículo 86 del CP, pues el guarismo punitivo no se encuentra ajustado a derecho. La Corporación declara inadmisible el recurso interpuesto, dado que ninguno de los agravios resulta admisible.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 960/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2024

La Corporación dispone que continúa siendo competente el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras que empezó entendiendo, pues si bien inicialmente la competencia por el criterio territorial correspondía a los Juzgados con competencia de Familia de Canelones, esta circunstancia no fue relevada oportunamente, prorrogándose tácitamente la competencia.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1011/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de julio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 897/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de julio de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 888/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de julio de 2024

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 880/2024 · Suprema Corte de Justicia · 27 de junio de 2024

Proceso incidental

Proceso incidental · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 881/2024 · Suprema Corte de Justicia · 27 de junio de 2024

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Proceso incidental · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 879/2024 · Suprema Corte de Justicia · 27 de junio de 2024

Proceso incidental

Proceso incidental · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 868/2024 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declara competente para continuar conociendo en autos al Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 15° Turno. Corresponde a esta Corporación determinar la competencia para entender en el supuesto de acumulación inicial de pretensiones de diversa materia competencial, conexas entre sí por el objeto, que fueron deducidas en estos autos. Atento a que la Corte ya tiene posición tomada, se revalidan las bases interpretativas fijadas en la sentencia nro. 3.503/2018. En autos la parte actora ha optado por promover su demanda ante el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 15to. Turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 842/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 797/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

El caso de autos trata de una contienda negativa de competencia trabada entre el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 6° Turno y el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno. Finalmente la Suprema Corte de Justicia declaró competente para entender en el recurso de apelación interpuesto al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno. Concluye la Corporación que, si bien es cierto que existen vínculos de familia entre los litigantes, la relación patrimonial alegada que da origen al presente proceso no se encuentra fundada en la calidad de familiares entre actora y demandados, sino en un negocio jurídico civil puntual y concreto. La sola circunstancia de que las partes sean familiares no resulta suficiente para que el caso se vea alcanzado por lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 15.750, ya que, en el caso, no se verifica el requisito de que la relación patrimonial debatida lo sea “fundada en su calidad de tales”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 844/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 646/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Corporación, por mayoría legal, acoge el recurso de casación interpuesto por la Defensa y, en su mérito, dispone la absolución del encausado. Asimismo, desestima el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía. En autos, el día 9 de agosto de 2020, un motociclista perdió la vida a consecuencia de un siniestro de tránsito. Los imputados cumplían tareas como policías en la Brigada de Tránsito de la Jefatura de Policía departamental. Los funcionarios policiales en sus motos le ordenaron a un motociclista que detuviera su marcha, y éste decidió acelerar, ya que se asustó en la forma en que fue abordado y según relato de testigos presenciales, frente a agresiones recibidas, aceleró la marcha, hasta que se produce el siniestro. En primera instancia se lo absolvió al recurrente, en segunda instancia el Tribunal revocó la absolución y concluyó que el encausado debía responder como autor penalmente responsable de un delito de homicidio culpable. La Defensa del encausado que presenta el recurso en esta instancia consideró que la Sala violentó los principios rectores del proceso penal contradictorio, acusatorio y de congruencia, con lo cual perjudicó irremediablemente el derecho de defensa. A juicio de la Corte no ocurrió la vulneración al derecho de Defensa ni al principio de congruencia, por cuanto los hechos que se tuvieron por acreditados fueron los propios que se describieron en la acusación. La Sala no podía variar los hechos pero no cabe duda que sí podía subsumir el material fáctico y realizar una imputación subjetiva distinta. Frente al agravio de la Fiscalía por la absolución de los imputados por el delito de abuso innominado de funciones , por unanimidad, el agravio articulado no resulta de recibo. En el caso de autos, para la mayoría de la Corte, la orden de detención al birrodado por parte de los funcionarios policiales co-imputados fue legítima, no existió ni abuso del cargo ni arbitrariedad. En efecto, la orden impartida tuvo por finalidad que el motociclista detuviera la marcha, por cuanto circulaba con un ciclomotor con “caño tronador” en violación de normas reglamentarias de tránsito. En cuanto al régimen de valoración probatoria, a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, John PÉREZ, Doris MORALES y Bernadette MINVIELLE, el NCPP instauró un nuevo sistema procesal penal, que se remite al régimen de la casación civil; no cualquier error en la valoración puede ser invocado como error de derecho revisable en casación, sino solo aquellos errores groseros, que configuren un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta. Por su parte, el Sr. Ministro, Dr. Tabaré SOSA tiene una posición diversa, habiendo desarrollado –in extenso- los argumentos y consideraciones en diversos pronunciamientos (sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 191/2020, 187/2020 y 281/2020), a los que se remite. En lo que respecta a los recursos de la Defensa y la Fiscalía, a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, Doris MORALES y Bernadette MINVIELLE, ambos impugnantes incumplieron con la carga de alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. El Sr. Ministro Dr. PÉREZ entiende que la Defensa del imputado sí cumplió con las condiciones o requisitos de alegación y fundabilidad del recurso. Respecto del agravio relativo a la imputación del delito de homicidio y el tipo subjetivo imputado al recurrente , si se considerara la plataforma fáctica validada por el órgano de mérito, los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, John PÉREZ y Bernadette MINVIELLE, concluyen que el actuar del imputado resultó ajustado a Derecho y no merece reproche penal alguno. (D) SR. MINISTRO DR. TABARÉ SOSA DISCORDE: por cuanto entiende que corresponde desestimar ambos recursos interpuestos. Considera que la Sala acierta en señalar que un policía que inicia la persecución y profiere empujones debe imaginarse o prever el resultado dañoso para el sujeto perseguido, concluye que es evidente que lo ocurrido no encuadra dentro del dolo eventual, pero sí en la culpa con previsión. En efecto, hubo persecución, se trató de interceptar a la moto, desplazándose a la par de la misma y a alta velocidad. Existió desproporción entre una infracción administrativa y no obedecer a la orden de detenerse, y la desmedida persecución. En autos, no se cumplió con la legalmente necesaria forma racional, progresiva y proporcional que exige la Ley Nº 18.315 (artículo 3 literal D) ni con el Código de conducta para los funcionarios encargados de cumplir la ley de ONU que también menciona tales principios (artículo 3). (D) SRA. MINISTRA DRA. DORIS MORALES DISCORDE PARCIAL : Por cuanto entiende que corresponde desestimar el recurso de casación de la Defensa. Entiende que los agravios que apuntan a cuestionar la valoración de la prueba practicada por el Tribunal de Apelaciones no pueden prosperar.La actuación del encausado, en lugar de abstenerse de causar un daño posible y previsiblemente mayor como indica la Ley Nº 18.315 de procedimiento policial, incrementó el riesgo con agresiones durante la persecución. Considera que quedó acreditada la premisa fáctica del Tribunal, que el hostigamiento del acusado a la víctima contribuyó al aumento del riesgo y en consecuencia al resultado fatal. En ningún sentido puede tildarse de absurda ni arbitraria tal conclusión probatoria

DEFINITIVA 725/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado. El caso de autos, el encausado, desempeñandose como entrenador o utilero al fútbol infantil, en distintos momentos y lugares, ejecutó sobre distintas personas menores de edad actos de naturaleza sexual diferentes a la conjunción carnal. Del mismo modo, en distintos momentos, prometió u ofreció dinero o golosinas a cambio de tales actos. La defensa argumenta error en la valoración de la prueba. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, John Pérez y Morales, en los procesos regidos por el nuevo Código del Proceso Penal, la causal de errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente. Por su parte, para el Sr. Ministro Dr. Sosa, el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en el proceso de casación. A juicio de las Sras. Ministras Dras. Martínez, Minvielle y Morales, en el presente caso, la Defensa no alegó un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en grado manifiesto. El cuestionamiento se limitó a una mera disconformidad con la valoración practicada por la Sala. El agravio no prospera, ya que el planteo no satisface las exigencias formales en la materia. Por otra parte, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez (en subsidio, aún de entenderse que se cumplió con la primera condición) y Pérez, si bien resulta dudoso que se haya dado cumplimiento a la primera condición de exigibilidad para el progreso del agravio, esto es, que se haya fundado adecuadamente la existencia de una valoración notoriamente absurda por el Tribunal, con criterio flexible, puede llegar a darse por cumplido tal extremo. Sin embargo consideran que el agravio no es de recibo. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa entiende que la valoración realizada por la Sala lejos está de plasmar una hipótesis vulneratoria del límite de la razonabilidad. El recurrente cuestionó la motivación del quantum punitivo fijado, la inclusión como circunstancia alteratoria de la minoridad de 12 años de edad y la inclusión de la agravante genérica de abuso de confianza y la específica prevista en el artículo 273.3 del Código Penal. A juicio de la Corporación, no le asiste razón al recurrente, por cuanto el monto de la pena sí se encuentra debidamente fundado y es jurisprudencia constante de este Cuerpo que la determinación de su monto no es materia revisable en casación, siempre que se haya realizado dentro de los parámetros legales y en correcto ejercicio de la potestad discrecional con la que cuentan, al efecto, los órganos de mérito. Asimismo, tampoco resulta de recibo el planteo de que correspondería abatir el monto de la pena fijado.