DEFINITIVA 448/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. Los recurrentes aseveraron que la Sala valoró erróneamente la prueba rendida en cuanto a la realización de horas extras. Agregaron que el Tribunal valoró erróneamente la prueba en la medida en que se apartó de los criterios de razonabilidad que rigen tal tarea. Así, puntualizaron que, el Tribunal condenó a pagar la exorbitante suma de cinco horas extra diarias, cuando de la prueba surge que el actor no estuvo ni próximo a realizar esa cantidad de trabajo diario en promedio; ni siquiera lo hizo en los lapsos de máximo trabajo. En lo relativo al vínculo desarrollado en Paraguay, el actor reconoció expresamente que trabajó solamente durante dos años. Los rubros cuestionados, recibieron pronunciamientos coincidentes, lo que los hace, a juicio de la mayoría de la Corporación, inadmisibles de revisión en casación. Sin perjuicio de que eso solo es suficiente para rechazar el agravio relativo a la valoración de la prueba, la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez entienden que el agravio no cumple con las exigencias formales para su debida postulación. En opinión de la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez, los recurrentes no alegaron un error en la valoración realizada por la Sala que pueda ser calificado de absurdo o arbitrario en grado manifiesto. Es decir, no se dio cumplimiento a la primera condición de postulación del agravio. Finalmente, misma solución merece el agravio relativo a la excepción de prescripción, por tratarse de un pronucniamiento con doble confirmatoria.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 557/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 468/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta

El a quo condenó al demandado al cumplimiento del convenio peticionado en lo pendiente, rechazando la condena al pago de la multa. El Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda. La actora interpuso recurso de casación. La Corporación desestima el recurso interpuesto. En primer lugar, coincide con el Ad quem, los demandados no tienen legitimación pasiva respecto a la “promesa de permuta”. Los demás agravios tampoco resultan de recibo, en especial, el agravio relativo al contrato de constitución de servidumbre no prospera por la falta de fundamentación del mismo.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 552/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024

DECLÁRASE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA POR RAZON DE CUANTIA. La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación interpuesto por razón de cuantía (artículo 268 del C.G.P.). En el caso, se tramita un juicio seguido contra una entidad estatal, la Administración Nacional de Educación Pública codemandada, lo que hace aplicable la norma mencionada. En la especie, la cuantía del asunto, estimada por la propia actora en su libelo introductorio no alcanza las 6.000 U.R. –monto mínimo habilitante de la casación que debe acreditarse, siempre que la pretensión esté dirigida “contra el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en general”-; lo que determina la suerte del planteo.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 550/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 551/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta

En el caso de autos, compareció la Fiscal Letrada Departamental de Rocha de 1º Turno e interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva Nº 17/2023 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 6º Turno, invoca como causal de revisión el literal B del artículo 371 del N.C.P.P. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar al recurso de revisión y anuló la sentencia definitiva Nº 17/2023, exclusivamente en cuanto condenó a AA a quien en su lugar se absuelve. En el caso puesto a consideración la prueba resulta irrefutable y en consecuencia, corresponde acoger el recurso movilizado al configurarse la causal prevista en el numeral B, del artículo 371 del N.C.P.P.

Recurso de revision · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 565/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024

La Corporación declara competente para entender en estos autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, en tanto no operó el instituto de la prevención.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 555/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024

Recurso de aclaracion y ampliacion

Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho procesal

DEFINITIVA 460/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 408/2024 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2024Importancia alta

AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN OPUESTO POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA RECURRIDA EN CUANTO CONDENA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN OPUESTO EN VÍA ADHESIVA POR EL PODER JUDICIAL. Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 42/2022 dictada el 21 de julio de 2022 por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno (fs. 288-311), se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. Se desestimó la demanda respecto de la Fiscalía General de la Nación y se condenó al Estado - Poder Judicial - Suprema Corte de Justicia a abonar al actor AA en concepto de daño moral la suma de $ 477.000 con sus reajustes e intereses desde la presente sentencia. Por sentencia definitiva de segunda instancia Nº 75/2023 dictada el 3 de mayo de 2023 (fs 349-361), se revocó parcialmente la sentencia definitiva nro. 42 del 21/VII/2022 en cuanto desestimó: (a) la pretensión de condena contra la Fiscalía General de la Nación y (b) la pretensión de condena al pago de lucro cesante pasado. En su lugar, se condenó a la Fiscalía General de la Nación en forma solidaria con el Poder Judicial, a pagar a la parte actora la suma de $ 477.000 (pesos cuatrocientos setenta y siete mil) fijados más actualizaciones e intereses legales fijados en la apelada; y se condenó a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial a pagar a la parte actora la suma de dinero a liquidar por la vía incidental del artículo 378 del Código General de Proceso sobre las bases detalladas en Considerando 5.4 por concepto de lucro cesante pasado. La Suprema Corte de Justicia integrada y por mayoría, considera que son parcialmente de recibo los agravios expuestas en instancia de casación, en tanto se configura la falta de legitimación pasiva de la Fiscalía General de la Nación en autos. Se reitera, que en la demanda, no se realiza fundamentación clara por la que considere que la Fiscalía General de la Nación podría ser responsabilizada objetivamente por la normativa citada. Sin perjuicio de ello, urge que el actor se ha sentido agraviado en sus derechos por la decisión judicial que dispuso su prisión preventiva como medida cautelar, por tanto, el acto cuestionado es un acto jurisdiccional. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 384 de la Ley Nº 16.320, ya debería descartarse la legitimación pasiva de la Fiscalía General de la Nación, pero igualmente, en atención a los agravios expuestos, debe señalarse que no se encuentra alcanzada por la responsabilidad objetiva, dispuesta por el art. 4 inc. 1 de la Ley Nº 15.859. Efectivamente, en el caso de autos, no se advierte ese nexo causal entre la actuación de la Fiscalía General de la Nación y los daños reclamados, ya que estos se producen directamente por el acto jurisdiccional, según el mismo actor alega en su demanda. El Ministro Ettlin es dicrode y vota por desestimar la casación impetrada. Conlcuye que cuando un Fiscal pide una prisión, debe hacerlo bajo la perspectiva de que logrará o de que está en condiciones de completar pruebas para una condena. No proceder así comportaría negligencia y ligereza en su actuación funcional. Y si el fiscal hace someter a un ser humano a una prisión y fracasa en el objetivo de una condena, ese fracaso comporta una falla o falta de servicio del Ministerio Público. El Ministerio Público no sólo es responsable por hacer someter con su iniciativa (es claro que un tribunal no formaliza ni aprisiona preventivamente a nadie de oficio, sino cuando se lo reclama un fiscal) a un individuo a un proceso y a una prisión que no tenía bases probatorias suficientes para lograr una posterior condena, sino porque no logró las pruebas suficientes para obtener su condena.

DEFINITIVA 409/2024 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2024Importancia alta

En el caso de autos, comparecen los actores, funcionarios judiciales, promoviendo recurso de inconstitucionalidad del inciso 3° del art. 52 de la Ley Nº 17.930, en la redacción dada por el art. 15 de la Ley Nº 19.535, y de los artículos 650, 651, y 652 de la Ley Nº 19.924, contra el Estado Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida en autos y por lo tanto inaplicable a los accionantes legitimados, respecto del inc. 3° del art. 52 de la Ley Nº 17.930, en la redacción dada por el art. 15 de la Ley Nº 19.535, desestimando en lo demás. En cuanto a la inconstitucionalidad respecto del art. 52 de la Ley Nº 17.930 en la redacción dada por el art. 15 de la Ley Nº 19.535, sostiene la Corporación que se consagra una diferencia clara y notoria, violatoria del principio de igualdad ante la ley, cuando se establece un procedimiento diferente y altamente perjudicial, para quienes pretendan le ejecución de sentencia de condena por reclamos salariales o de similar naturaleza, en arbitraria categorización según el monto del reclamo. La norma es violatoria del art. 8º de la Constitución (Principio de Igualdad), pues queda en claro que esta Ley no legisla para categorías racionalmente demarcadas, sino ya conociendo los ‘mega juicios plurisubjetivos’ que se cernían sobre el Estado para el cobro de los generados haberes, constituyendo dos categorías cuyo propósito racional y razón de interés general no surge de la norma. La norma también resulta violatoria de los arts. 72, 82 y 332 de la Constitución Nacional (Principio de Separación de Poderes), pues, en los juicios mayores de 75.000.000, el Poder Ejecutivo ‘expropia la ejecución’ al Poder Judicial, en la medida que arbitra la disponibilidad del crédito, el tiempo y la forma de pago. Asimismo, la norma es violatoria de los arts. 7º, 72 y 332 de la Constitución Nacional (Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva, y de Acceso a la Justicia); normas también desprendidas del bloque de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que permean el orden nacional, en particular a través de los arts. 72 y 332 de la Carta Magna. En cuanto a la inconstitucionalidad pretendida de los arts. 650, 651 y 652 de la Ley N° 19.924, entiende la Corporación que los promotores carecen de legitimación activa, en tanto los accionantes no cumplen con lo preceptuado en el art. 258 de la Constitución de la República, reiterado en el art. 509 numeral 1° del Código General del Proceso, en cuanto establecen que solo puede promover la acción de inconstitucionalidad, quien sea titular de un interés, personal, directo y legítimo. En el sub examine, surge que tres de las comparecientes suscribieron acuerdos en forma voluntaria para terminar el conflicto, y desistieron de toda acción jurisdiccional y/o administrativa y el resto de los comparecientes, es decir aquellos que no suscribieron ningún acuerdo, no pueden tener interés personal, directo y legítimo, pues las normas no les resultan aplicables, no les perjudican.

INTERLOCUTORIA 533/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 478/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 420/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad hizo lugar al recurso de revisión interpuesto, anulando la recurrida y absolviendo a la condenada. Se invocó como causal de revisión por parte del Ministerio Público el literal B del artículo 371 del NCPP. De la compulsa con la causa se observa que la persona condenada no cometió los hechos por los cuales fue condenada. Tal conclusión se desprende por la identificación errónea brindada por la detenida posteriormente formalizada y condenada al momento de celebrarse la audiencia ante la Sede competente. La maniobra antes mencionada fue puesta al descubierto a la hora de efectuarse el prontuario.

Recurso de revision · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 535/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 537/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 437/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 407/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024Importancia alta

En el caso de autos, el imputado se apoderó mediante sustracción de varios vacunos, luego les colocó caravanas con dispositivos electrónicos de su empresa y de la firma XX con el objeto de ser comercializados en feria ganadera y, finalmente, los envió en un camión a la Feria Ganadera para ser vendidos. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Chuy de 1º Turno, condenó al imputado, como autor penalmente responsable de un delito de Abigeato, en concurrencia formal con un delito de Expedición de Guía Falsa, y de un delito de Abigeato Especialmente Agravado, en un régimen de reiteración real a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida, siendo de su cargo las accesorias legales de rigor. Impuso como condena accesoria la prohibición negociar ganado y/o frutos del país durante un tiempo igual al doble de duración efectiva de la pena a contar a partir de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación en el cual expreso los siguientes agravios: 1) sostuvo que existió unidad de resolución en la comisión de los eventos que se imputan, por lo que la Sala debió haber aplicado el artículo 58 del Código Penal, que prevé el régimen de continuidad; 2) respecto a la aplicación de la agravante especial por uso de vehículos adecuados; 3) reclamó el cómputo de la confesión como circunstancia atenuante; 4) por una errónea aplicación de las pautas previstas en el artículo 86 del Código Penal para cuantificar la pena. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto al primer agravio sostiene la Corporación que en el presente caso no existió una resolución criminal única por parte del encausado. Y, en virtud de tal conclusión, es claro que no corresponde aplicar la figura del delito continuado. En cuanto al segundo agravio señala la Corte que resulta ajustado a derecho el cómputo de la agravante especial consagrada en el numeral 1 del artículo 259 del Código Rural, dado que el encausado empleó, para cometer (consumar) el delito, vehículos de carga aptos para el transporte de los objetos robados. Entrando al tercer agravio, a juicio de los Sres. Ministros Martínez, Morales, Pérez y Minvielle consideran que no se ha configurado en la especie un supuesto de confesión. Y que, consecuentemente, es correcta la decisión de la Sala de no computar tal circunstancia atenuante. Por su parte el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre considera que corresponde desestimar el planteo, dado que la confesión no es prueba tasada, se aprecia según las reglas de la sana crítica y aquí el defensor plantea una confesión que carece de varios requisitos esenciales. Por último y con relaicon al cuarto agravio, la Corporación concluye que la pena impuesta en primer grado y ratificada por el Tribunal de Apelaciones es legal y no configura, en absoluto, un supuesto de arbitrariedad o irracionalidad.

INTERLOCUTORIA 534/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 479/2024 · Suprema Corte de Justicia · 2 de mayo de 2024

La Corporación declara competente para continuar entendiendo en la presente causa a Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 3º Turno. A juicio de los Sres. Ministros que concurren con su voluntad al dictado del presente pronunciamiento, lo manifestado por INAU no implica un nuevo asunto, pues el informe se presenta como respuesta a un oficio librado por el propio Juzgado Letrado de 3º Turno, en seguimiento a una situación de vulneración que ya se encontraba a estudio por esa Sede.

Contienda de competencia · Derecho de familia