INTERLOCUTORIA 1431/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023

Otros

Otros · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1086/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

RESUMEN: El caso de autos versa respecto de tres imputados por el delito de lavado de activos, dos de ellos, en la modalidad de asistencia, luego de que sus nombres aparecieran en el listado del B.C.U. de como requeridos por la justicia de Estados Unidos por su vinculación al narcotráfico, el primero por vínculo directo, y los otros dos por ser directores de las sociedades mediante las cuales operaban. En primera instancia se los condena por el delito antes mencionado, siendo la misma confirmada en segunda instancia. Comparecen interponiendo casación la Defensa de los imputados aduciendo vulneración de la garantía del debido proceso, agravio respecto al rechazo de la prueba ofrecida en segunda instancia, valoración absurda practicada por el Ad Quem, pena fijada de forma irracional, agravio por no haberse otorgado el beneficio de Suspensión Condicional de la Pena, y por ser un delito derogado al haberse establecido así en el art. 79 de la Ley 19.574. La Corporación por unanimidad de sus integrantes habrá de desestimar la recurrida. En lo que refiere a las garantías procesales, las mismas fueron dadas a todos los comparecientes, siendo que al momento de aportar los medios probatorios todos tuvieron su oportunidad procesal. De esta manera, la prueba ofrecida en segunda instancia no revistió el carácter de superviniente o no conocida al momento de su presentación. La misma no contaba con elementos necesarios para demostrar que la misma era un hecho nuevo. Por ser una causa que sigue las normas del CP 1980, existe en la Corporación opinión divida al respecto en lo referente a la admisibilidad de la recursiva, siendo que para la mayoría, la revalorización de los hechos (aún en hipótesis de absurdo) no es materia de estudio por el presente órgano. La única función sería analizar si la calificación jurídica dada por el aquo, y estudiada por la alzada es apropiada de acuerdo a los hechos dados por probados, o no. En lo que supone un agravio por haber sido un delito derogado según interpretación de la Defensa, el mismo no es de recibo, ya que la nueva redacción no supone supresión de delito, sino más bien, una poco feliz sustitución normativa. Respecto a la pena dispuesta es razonable en tanto se encuentra dentro de los parámetros de la ley, considerando la agravante de la pluriparticipación, que quedó probada ampliamente. Por último, en lo atinente a la no concesión del beneficio de Suspensión Condicional de la Pena, la misma es otorgada o no por el Tribunal de mérito, por ser de su competencia, por lo que el no otorgamiento, no implica violación legal alguna. En autos quedó plenamente probada la modalidad delictiva que describe el tipo penal en tanto se procedió a la compra de inmuebles y automotores a través de sociedades comerciales, pero con dinero que no pudo demostrarse su origen. Para tal deducción fueron claves las discordancias encontradas en la prueba testimonial y de los propios imputados sobre la adquisición de dichos bienes, ya que según el imputado no percibía ingresos ni poseía trabajo, y para sus empleados impresionaba como un empresario solvente.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1399/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos la parte actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Estado - Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Manifestó, que la acción tiene por finalidad obtener la reparación de los perjuicios ocasionados al actor desde febrero de 2016 a la fecha (febrero de 2020), como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica del contrato de concesión de explotación del servicio regular de transporte colectivo de pasajeros de líneas suburbanas o metropolitanas. Conferido traslado de la demanda al Estado – MTOP, opuso excepción de cosa juzgada y cuestión previa de falta de agotamiento de la vía administrativa. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, por sentencia interlocutoria Nº 234/2022, declaró la falta de presupuesto procesal respecto a parte de la pretensión (falta de agotamiento de la vía administrativa). Acógese el excepcionamiento, ordenándose el archivo y clausura de las actuaciones. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno, confirmó la interlocutoria impugnada en cuanto entendió que la pretensión individualizada en el petitorio 4 de la demanda, está alcanzada por la cosa juzgada. Revocó la sentencia impugnada en cuanto relevó la falta de agotamiento de la vía administrativa, respecto a la pretensión indemnizatoria por fijaciones del valor operativo del km. Finalmetne la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, anúlase la sentencia impugnada en cuanto entendió que la pretensión individualizada en el petitorio 4 de la demanda está alcanzada por la cosa juzgada y, en su lugar, desestímase la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada en lo que respecta a dicha pretensión. La Corporación discrepa con la argumentación del Tribunal, ya que no se verifican en el caso los presupuestos necesarios para que opere la cosa juzgada, ni la cosa juzgada eventual, ni puede entenderse que la parte actora haya previamente desistido de la pretensión que formula en este proceso. La cuestión litigiosa introducida mediante el petitorio 4 de esta demanda es claramente distinta a la que fuera propuesta en los anteriores procesos (años 2012 y 2013).

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

DEFINITIVA 956/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

Defensa de imputado de delitos de abuso sexual agravado, por haberse cometido sobre la persona de su hija menor de edad, interpone casación agraviándose por el quantum de la pena y por la valoración probatoria realizada por la Sala. La Corporación por unanimidad de sus integrantes habrá de desestimar la recurrencia. Si bien formalmente fue admitida la recursiva por encontrarse correctamente planteado el agravio respecto a la errónea valoración de la prueba, de la misma se desprende la existencia de plena prueba. De los testimonios recabados surge la responsabilidad del imputado sin hesitaciones. Respecto a la pena impuesta, si bien es discrecionalidad de los órganos de mérito, no queda fuera de los límites casatorios en caso de que resulte arbitraria o vulneratoria de los limites de razonabilidad, motivo para que la Corte proceda a la censura. De todas maneras, el ejercicio de la potestad discrecional fue ajustado a derecho y dentro de los límites punitivos.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 994/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 961/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3º Turno, amparó parcialmente la demanda y en su mérito condenó a la Intendencia Departamental de Florida a abonar a la parte actora la suma de $ 1.661.702 más sus reajustes e intereses legales desde la fecha de la exigibilidad de las prestaciones. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos. La parte actora y interpuso recurso de casación agraviándose: (i) la decisión de la Sala de confirmar el rechazo de diferencias en el pago de algunas facturas fundado en el incumplimiento tempestivo de la carga de la debida alegación; (ii) la interpretación del objeto del contrato, específicamente en lo que refiere a la cantidad de horas de servicios que debían abonarse por la Intendencia mes a mes; (iii) la decisión de confirmar la desestimatoria de diferencias por nocturnidad y cargas de la seguridad social y (iv) el rechazo del pretendido ejercicio abusivo del receso unilateral. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviándose: (i) la nula trascendencia que la Sala concedió a la nota presentada por la actora el 28 de octubre de 2016; (ii) no existieron atrasos en los pagos en la medida en que el actor los aceptó; (iii) se equivoca el Tribunal al no distinguir dos períodos distintos contractuales distintos, con condiciones diversas; (iv) la Sala incurre en error al interpretar que, al contestar la demanda, la Intendencia no controvirtió con claridad parte del reclamo. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó los recursos de casación interpuestos por vía principal por la parte actora y la parte demandada. En cuanto al primer agravio de la actora fue propuesto extemporáneamente al apelar, por lo cual, no se hizo lugar al agravio. En cuanto a una errónea interpretación del objeto del contrato, a juicio de la Corte, corresponde desestimar el agravio, por no encontrar en la interpretación de la Sala error de Derecho alguno pasible de corrección en casación. En cuanto al agravio de la parte actora, de que se haya desestimado su pretensión de indemnización fundada en un receso unilateral ejercido por la Intendencia de forma abusiva y contraria a la buena fe. La sentencia de segunda instancia relevó que no existió prueba ni del an debeatur ni del quantum debeatur que el actor reclamó fundado en el pretendido ejercicio abusivo del receso unilateral. Al respecto, nada expresó en casación el actor, lo que determina que deba desestimarse el agravio. En cuanto al recurso de casacion interpuesto por la parte demandada, a juicio de la Corte, ninguno de los agravios resulta de recibo, sosteniendo que las críticas realizadas no se erigen como agravios concretos.

Recurso de casación · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 1383/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos contienden negativamente los Juzgados Letrados de Primera Instancia de San José de 5to. Turno y de Rosario de 1er Turno. Es el domicilio de la víctima el que de acuerdo al criterio territorial determina la competencia (art. 120.2 del C.N.A. en la redacción dada por Ley nro. 19.747, que se remite a la Ley Nro. 19.580 y especialmente al artículo 54). En este caso el domicilio de los menores es en el Dpto. de San José, por lo que la Corporación declara competente para seguir entendiendo de la causa al Jdo. Ldo. de Primera Instancia de San José.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1334/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 959/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos la parte ejecutada opuso excepciones de inhabilidad de título y de inconstitucionalidad del art. 8 del decreto Nº 36.127 de la Junta Departamental de Montevideo de fecha 28 de octubre de 2016, y su modificativa art. 8 del Decreto Departamental Nº 36.852 de fecha 26 de octubre de 2018, señaló que la normativa impugnada crea un adicional del 100% al Impuesto de Contribución Inmobiliaria en Montevideo, que gravará a las fincas en la zona urbana y suburbana del departamento que se hallen deshabitadas en forma permanente durante el lapso de al menos un año civil. Finalmente la Suprema Corte de Justicia por mayoría, con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre, John Pérez Brignani y Doris Morales, desestimó la excepción de inconstitucionalidad promovida. En efecto, no corresponde pronunciarse sobre la regularidad constitucional de un texto legal cuando éste ha sido total e irrevocablemente aplicado, como sucede en el caso de autos. Ello se desprende de lo previsto en el art. 508 del Código General del Proceso, en cuanto dispone que “Siempre que deba aplicarse una Ley o una norma que tenga fuerza de Ley (...)”; de modo que, si la ley ya fue aplicada en el caso, desplegando efectos definitivos, no corresponde, luego, analizar su regularidad constitucional. Por lo tanto, para la mayoria mencionada de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad en mérito a que la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende ha sido definitivamente aplicada a las excepcionantes. Esto determina que carezcan de interés directo en la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la norma. Sin perjuicio de lo anterior, los Sres. Ministros Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani, destacan que no resulta posible revisar la legalidad -en sentido amplio- del acto administrativo tributario (incluida su inconstitucionalidad) en el marco de este proceso ejecutivo. En el marco del proceso ejecutivo tributario, no es posible ingresar al examen de la legalidad o validez del acto administrativo, materia sobre la que existe competencia privativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (D) DRA. BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ – MINISTRA SCJ - DISCORDE: por cuanto entiende que no corresponde declarar la falta de interés directo personal y legítimo de las excepcionantes con fundamento en que la ley fue definitivamente aplicada. La ausencia de interés “directo”, eso que la jurisprudencia de la Corte refiere como “aplicación definitiva” de la norma se verificará, en casos como el aquí planteado, si el acto jurisdiccional de ejecución del acto administrativo pasó en autoridad de cosa juzgada. Es decir, con el dictado de la sentencia definitiva en el proceso monitorio desestimando la excepción de inhabilidad opuesta por los citados.

INTERLOCUTORIA 1349/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1345/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos la sede Letrada de Colonia de 1º Turno declinó competencia por considerar que, atento a que el domicilio de la adolescente actualmente es en la ciudad de Salto, dicha Sede devino competente; mientras que el titular de la sede Letrada de Salto de 3º Turno considera que debe continuar entendiendo el Juzgado de Colonia, en virtud de que fue el Juzgado que dispuso la internación de la menor. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para seguir entendiendo en el caso de autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 3º Turno. El articulo 54 de la Ley Nº 19.580 prevé: “(Competencia). La competencia en razón de lugar se determinará por el domicilio de la víctima...”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 1047/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1338/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1340/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1341/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

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Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 963/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

El codemandado interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones, agraviándose en la inexistencia de sociedad comercial, sino que es una sociedad claramente civil, que se disolvió con la muerte de la otra integrante; así como el contrato con Abitab, que es intuito personae; por lo que es errónea la aplicación de las normas comerciales al caso de autos. También se agravia por la desestimación de la reconvención por él deducida. La Corporación desestima el recurso promovido. En cuanto al primera agravio, entiende que la sociedad es una sociedad de hecho irregular, de carácter comercial, fue formada para la explotación de una Agencia Abitab con un giro comercial amplio. El segundo agravio no puede prosperar, el rechazo del ad quem de la reconvención se fundó en el único argumento, la falla de la carga de la sustanciación. Este argumento no es atacado por el recurrente en su fundamentación del recurso de casación.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 957/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

Defensa de imputado por delito de atentado violento al pudor se agravia por la valoración realizada por la Sala. La Corporación habrá de desestimar la recurrencia desde el plano formal debido a las carencias que padece el escrito. La parte agraviada incumplió con la carga de la debida alegación en casación, presentando una transcripción de su escrito de apelación.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1350/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1066/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 1339/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal