INTERLOCUTORIA 934/2023 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2023

En autos, contiende en forma negativa de competencia el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 1er. Turno y el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7mo. Turno. Se trata de un cúmulo por unificación de penas de un penado que se encuentra recluído a disposición de una causa radicada en el Jdo. Ldo. de Ejecución y vigilancia de 7mo. Turno. Corresponde la aplicación de lo previsto en el art. 289.3 del N.C.P.P., la ley es clara en el sentido de atribuir competncia a la Sede del lugar en el que deba cumplirse la pena. La Corporación declara competente al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de 7mo. Turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 935/2023 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2023

En el presente caso la Fiscalía interpone demanda de recusación contra el Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno, Dr. Alberto Reyes. Según su demanda, el Ministro incurrió en prejuzgamiento en cuanto realizó un trabajo académico en donde, a criterio del demandante, se refiere al caso concreto. La Corporación desestima la recusación promovida, afirmando que no le asiste razón a la Fiscalía. Entiende que el Sr. Ministro Dr. Reyes se refirió a cuestiones generales y no a situaciones puntuales, con el propósito de abordar cuestiones de índole procesal penal.

Proceso incidental · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 938/2023 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2023

Se pretende ingresar prueba nueva o superviniente a proceso cuyo objeto es la revisión. La Corporación, por unanimidad, habrá de denegar tal acceso, y desglosará los recaudos adjuntos por entender que no estamos en presentencia del art. 121.2 del CGP, en tanto no se trata de prueba superviniente de segunda instancia. Es un artículo donde no se encuentra previsto el recurso de revisión, por lo tanto es inadmisible. A su vez, dicha prueba es impertinente, cuando lo que se pretende agregar no tiene influencia sobre el derecho invocado por el recurrente. En términos generales, la admisión y pertinencia de la prueba superveniente está atada a la causa y objeto de la pretensión revisiva, lo que no surge de estos autos.

Otros · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 901/2023 · Suprema Corte de Justicia · 27 de julio de 2023

Otros

Otros · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 870/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de julio de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 819/2023 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 818/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de julio de 2023

Otros

Otros · Derecho procesal

DEFINITIVA 561/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

En el caso de autos, en sustancia, se discute acerca de la responsabilidad que le cabe a las demandadas por la venta y entrega a la actora de porcelanatos que, luego de haber sido colocados, se deformaron y desprendieron. La accionante promovió demanda por responsabilidad contractual, invocando el incumplimiento de contrato, mientras que las demandadas, además de haber opuesto excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, negaron la existencia de defecto alguno en el producto vendido, aseguraron, en sustancia, que el desprendimiento obedeció a una defectuosa colocación y, en subsidio, alegaron que se trataría de un vicio oculto, con la consiguiente caducidad de la acción. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7mo. Turno, desestimó la demanda impetrada. La magistrada entendió que la pericia diligenciada para determinar la causa de los desprendimientos no fue concluyente. En consecuencia, no arrojando certeza acerca de la causa única de las irregularidades de los porcelanatos, tuvo por no acreditado el nexo causal y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, revocó la sentencia definitiva impugnada, sin especial condenación en la instancia, y en su lugar, condenó a ambos demandados en forma solidaria, al pago a la actora, de la suma de U$S 401.871,75, más intereses desde la demanda. El Tribunal consideró que el informe pericial resultaba claro y contundente acerca de la causa de la deformación y desprendimiento de los porcelanatos, vinculadas al fenómeno de “curvatura diferida”. Asimismo, según la Sala, la pericia descartó el procedimiento de colocación como causa apta para producir el resultado dañoso. Por otro lado, desestimó la excepción de falta de legitimación activa y también desestimo la falta de legitimación pasiva. En este ultimo caso entendió que la sociedad uruguaya operaba como una filial en Uruguay, que representaba a la sociedad argentina. Concluyó que ambas empresas contrataron con la actora, por lo que ambas deben responder por el incumplimiento, habiéndolas condenado en forma solidaria. Por último, desestimó la excepción de caducidad, por entender que el supuesto de autos no configura un caso de vicios ocultos, sino de falta de calidad, esto es, de incumplimiento contractual. Asimismo, rechazó la excepción de prescripción cuatrienal, porque no se trata de un caso de responsabilidad aquiliana. La Suprema Corte de Justicia amparó los recursos de casación interpuestos por ambos co-demandados y, en su merito, fijó el monto del daño emergente en la suma de U$S 381.647,49, se anula la condena al pago de intereses legales, por no corresponder a derecho y se dispone que la condena impuesta a los demandados es in solidum. Declarando inadmisible el recurso de casación interpuesto por vía adhesiva por la parte actora. En cuanto a la condena en forma solidaria asiste razón a los recurrentes en cuanto a que la solidaridad solo puede originarse en una previsión convencional, testamentaria o legal, supuesto que no se verifica en obrados (art. 1391 CC). En cuanto a la prueba del daño emergente, el Tribunal dispuso que se condenara en función de una planilla de gastos elaborada por la propia actora. La Corte considera que las planillas por sí mismas no acreditan los gastos alegados, que deben encontrar respaldo en la prueba diligenciada. A su vez, la Suprema Corte de Justicia habrá de acoger el agravio relativo a la imposición de intereses legales en tanto la misma no fue pedida por la actora.

DEFINITIVA 570/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

Defensa de imputado de reiterados delitos de índole sexual (violación, atentado violento al pudor, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado) contra menor de edad se agravia por la valoración probatoria realizada por el a quo, además de agraviarse por no aplicarse el principio de congruencia a la hora de imputarlo. El Tribunal confirmará el fallo. No se advierte ilegitimidad alguna en el proceder de la sentenciante, en tanto se hizo una correcta aplicación del principio iura novit curia , sin alterarse la plataforma fáctica, sin vulnerarse el principio de congruencia. Estamos ante delitos cometidos con anterioridad al 2017 y posterior al mismo año, por lo que debe realizarse una correcta subsunción de hechos. En cuanto a la valoración probatoria, la decisora de primer grado realizó una meditada apreciación de los elementos de prueba disponibles en la causa, los que fueron analizados individualmente y en su conjunto, conforme las reglas de la sana crítica, a través de un razonamiento coherente, lógico y armónico.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 573/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de Casación. Sin embargo, la mayoría admite incongruencia omisiva en la sentencia de segunda instancia, un error de fondo o in iudicando; pero este error no significa la nulidad de la sentencia sino que corresponde a la Corporación pronunciarse sobre el punto omitido por el Tribunal. En consecuencia, si bien asiste razón al recurrente en cuanto a la existencia de incongruencia omisiva, ingresando en el mérito de la cuestión, la conclusión a la que arriba el “a quo” es correcta, lo cual determina la desestimatoria del recurso interpuesto. Asimismo entiende que la medida de privación de libertad impuesta por 3 años en el INISA, se encuentra dentro de los márgenes previstos por la normativa.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 568/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023

Se condena a imputado a prisión por el delito de hurto. La Defensa del mismo interpone casación en cuanto no se valoró correctamente la prueba, además del agravio del rechazo de la libertad a prueba solicitada. La Corporacion por unanimidad de sus integrantes rechazará la recurrencia. Si bien logra argumentar de manera correcta que existió un incorrecto estudio de los medios probatorios vertidos, la Defensa tenía la carga de dirigir su argumentación y justificar que fue precedida de una ponderación arbitraria o absurda en forma ostensible, lo cual no logró conmover. Los indicios relevados en autos por la Sala tienen la trascendencia jurídica suficiente para convencer, más allá de toda duda razonable, acerca de la autoría del delito cometido. Respecto al agravio del rechazo de la solicitud de cumplir la pena en régimen de libertad a prueba, el mismo es absurdo. La solicitud de dicho régimen debió realizarse previo al dictado de la sentencia definitiva, lo que nunca ocurrió, debido a que siemore se abogó por la absolución del imputado, motivo suficiente para rechazar el agravio. Es requisito indispensable para su otorgamiento el solicitar dicho instituto de forma previa.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 571/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

En el caso de autos el imputado, no efectuaba la cesión de créditos a GG de las facturas que emitían, luego eran cobrados al Estado y no a GG. (que ya había abonado por ellas). El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 23er. Turno, condeno al imputado como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de diecinueve (19) meses de prisión con descuento de la preventiva cumplida. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto Turno, confirmo la sentencia de primera instancia en relación al imputado recurrente. La Suprema Corte de Justicia desestimó recurso de casación interpuesto por el imputado. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Pérez y Morales, en materia de casación penal (al amparo del CPP 1980) no es posible ingresar a la revalorización de los hechos en ningún supuesto, incluso en aquellas hipótesis en las que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria. La función de la Corte, al entender de dichos Sres. Ministros, consiste en tomar el hecho narrado por el Tribunal y reexaminar si la calificación jurídica es o no apropiada a los hechos que fueron tenidos por probados, nada más. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, en hipótesis de ilogicidad, arbitrariedad o absurdo evidente, este Colegiado puede revalorizar el material probatorio al amparo efectuado por el “Ad Quem”. Estima que en nuestro derecho procesal penal el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del derecho, ya sea en el fondo o en la forma. En cuanto a la plataforma fáctica a la hora de analizar la calificación efectuada, los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez, surge con claridad que el accionar del recurrente fue clave para el funcionamiento de la estructura montada, siendo determinantes las facturas falsas libradas por AA a la hora de que se cumpliera con éxito la estratagema pergeñada. A igual decisión desestimatoria arriba el Sr. Ministro Tabare Sosa Aguirre.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 553/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA, CON COSTAS DE PRECEPTO Y SIN ESPECIAL CONDENA EN COSTOS. Los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Sosa, Pérez y la redactora, coinciden en que corresponde desestimar la excepción de inconstitu-cionalidad ya que el tercero coadyuvante con el actor, en la hipótesis señalada, no es necesario que agote por sí la vía administrativa, precisamente porque lo que está en juego es una demanda de nulidad contra un acto administrativo que afecta a un elenco indeterminado de sujetos (interés difuso). La Sra. Ministra Dra. Minvielle expresa que existe un fundamento lògicamente anterior en el razonamiento para desestimar la exepción de inconstitucionalidad, sin llegar a analizar si el tercero agotó o no la vía administrativa. Advierte que los actores son los mismo que con anterioridad promovieron un proceso de daños y perjuicios irrogados por el acto administrativo en cuestión, por lo que incumplieron con la prejudicialidad del art. 312 de la Constitución de la República. Si se promueve un proceso reparatorio patrimonial no se puede, con posterioridad, ejercitarse la acción de nulidad. Por lo tanto, para la citada Sra. Ministra la cuestión se resuelve, a su modo de ver, por aplicación del art. 312 de la Carta. Si los actores en el proceso contencioso anulatorio no pueden válidamente accionar, por efecto de la prejudicialidad, con mayor razón el tercero coadyuvante con dichos actores no podrá proseguir con su sustanciación como litigante independiente.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho civil

DEFINITIVA 555/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La sentencia de primera instancia amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, condenó a la OSE a abonar a la actora la suma de $9.166.822 por concepto de sobrecos-tos por excavación en roca y $1.451.590 por concepto de monto imponible, desestimándose la demanda en todo lo demás; y amparó la reconvención, condenando a la actora a abonar OSE las sumas solicitadas. Por sentencia definitiva de segunda instancia se confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto al monto de la condena respecto de OSE, que se aumentó considerablemente, y en cuanto hizo lugar a la reconvención, la que se desestimó por la Sala. La Corporación, por mayoría, desestima el recurso de Casación interpuesto por la demandada. El primer agravio reza sobre el rechazo a la excepción de caducidad, el que no es de recibo pues se estableció claramente en la Ley que el cómputo del plazo opera por períodos mensuales. Tampoco es de recibo el agravio referente a la incorrecta interpretación de los contratos. El agravio referente a la incorrecta valoración de la prueba, la Corporación entiende que el planteo realizado por OSE no satisface las exigencias formales requeridas para revisar la valoración de la prueba en recurso de Casación. El Ministro Dr. TABARÉ SOSA AGUIRRE, es Discorde en cuanto considera que corresponde dejar sin efecto la condena por pérdida de chance u oportunidades.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 545/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima la excepción de inconstitucionalidad promovida, de artículo 69 de la Ley 18.308 con la modificación dada por el artículo 235 de la Ley 19.996. Considera que no se viola el derecho al debido proceso, la etapa procedimental para plantear defensas está prevista frente al planteo de la Administración Departamental.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 548/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

Defensa de imputado por delito de copamiento, lesiones graves y violación de domicilio se agravia por la valoración probatoria realizada por los anteriores decisores, solicitando que se tenga por liberado al mismo al haber cumplido el tiempo que le corresponde en prisión preventiva, esto es, por cómplice de rapiña. La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, habrá de confirmar el fallo, en tanto del cúmulo probatorio se desprende con claridad lo tipificado en primera instancia. En efecto, la Defensa no realizó el adecuado distingo entre valoración de la prueba (para denunciar una hipótesis que fuere corregible en casación) y el estándar probatorio requerido para tener por acreditada las proposiciones fácticas. Además, ni siquiera se alegó un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o evidente en grado manifiesto. En otras palabras, no se cumplió con la primera para ingresar en casación. La referencia al estándar de prueba como agravio autónomo incumple con el artículo 273 del CGP en virtud de la remisión expresa prevista en el artículo 369 del CPP. Por otro lado, a juicio del Dr. Sosa, la única hipótesis de que el agravio pueda ser admisible, y por ende analizar el mérito, es si se hubiera denunciado una vulneración al artículo 86 del Código Penal ( individualización de la pena). Como ello no aconteció, concluye el redactor que corresponde desestimar el mismo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 550/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de Casación interpuesto. En primer lugar observa que el escrito de Casación es prácticamente una copia exacta del recurso de apelación. Sostiene que el recurso de autos incumple todas las exigencias formales (arts. 270 y 273 del CGP).

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 735/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación por mayoría, ampara el recurso de casación interpuesto por INAU contra la sentencia de segunda instancia que desestimó el recurso de apelación por falta de legitimación activa; anulando la misma y declarando que el INAU tiene legitimación para interponer recurso de apelación. Se ordena el reenvío al Tribunal de Apelaciones de Familia que entendió en segunda instancia debido a que no hubo prejuzgamiento de éste, al no haber analizado el fondo del recurso, habiéndolo declarado inadmisible. Discordia de la Sra. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dra. DORIS MORALES: Considera que se debe declarar inadmisible el recurso de Casación interpuesto, por falta de legitimación activa del INAU. Entiende que del análisis del artículo 132 del CNA se desprende que la intervención del INAU, resulta ser de carácter de auxiliar de justicia, por lo que no surge la posibilidad de que el INAU pueda impugnar la decisión de primera instancia. Como fundamento coadyuvante, afirma que la Ley 19.889, Artículo 403, deroga expresamente la legitimación del INAU para impugar. Discordia de la Sra. Ministra Dra. ELENA MARTINEZ: Considera que debe rechazarse el recurso de Casación interpuesto por resultar inadmisible, entendiendo que el Tribunal ha confirmado en todo y sin discordia la sentencia de primera instancia.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 566/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023

La Corporación ampara parcialmente la demanda de regulación de los honorarios profesionales de los curiales patrocinantes en el proceso de revisión, interpuesta, condenando a los demandados al pago de la suma de $ 100.000 más IVA, con reajustes e interés legal desde la fecha de la demanda y hasta el pago efectivo. La Corporación entiende que el caso por el cual se reclaman los honorarios no reviste de especial complejidad, en cuanto el recurso de revisión fue desestimado por no haber sido presentado en plazo. Asimismo se entiende que el letrado solo participó en la elaboración del escrito de contestación del recurso, así como en el seguimiento y la procuración por el período de aproximadamente seis meses. La labor del profesional interviniente fue exitosa en tanto el recurso fue desestimado, confirmando la condena a favor de sus patrocinados. Por todo esto se toma, para la fijación de los honorarios correspondientes, como guía estimativa el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, teniendo especial consideración el precio de costumbre.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

DEFINITIVA 560/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal