DEFINITIVA 91/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 9 de mayo de 2006Importancia alta

Al encausado se le condenó como autor penalmente responsable de "un delito de hurto en grado de tentativa" a la pena de 12 (doce) meses de prisión, confirmando el Tribunal la sentencia apelada.

Recurso de queja · Derecho penal

DEFINITIVA 188/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 21 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Se confirma sentencia de primera instancia. Computa primariedad absoluta y no modifica pena: 4 años de penitenciaría

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 187/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 21 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Se acumulan dos causas. Por el delito mayor se condenó al encausado a la pena de 6 años de penitenciaría. Se determinó como pena única en el cúmulo: 6 años y 2 meses de penitenciaría

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 190/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 21 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Sentencia de segunda instancia confirma la de grado anterior imponiéndose una pena de 5 años y 9 meses de penitenciaría.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 186/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 21 de julio de 2005Importancia alta

El Sr. Intendente de Paysandú Esc. Alvaro Lamas y el asesor jurídico de la Intendencia, Dr. Martín Etchebarne se consideraron agraviados por el contenido de los artículos periodísticos aparecidos en el semanario local "El Regional" en sus ediciones del 25 de marzo de 2.004 y 1ro. de abril de 2.004 cuyo autor fue el denunciado Carlos Doglioni y en tiempo y forma dedujeron la respectiva instancia por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria por parte del autor de los artículos.- El tenor y lenguaje utilizado en dichos artículos periodísticos fue catalogado de muy fuerte ya que refiere a fraude, estafa a los sanduceros y veladamente deja entrever la posibilidad de pago indebido ("coimas"). En la edición del 25 de marzo de 2.004 bajo el título de "Fraude" se acusa al Intendente de abuso de poder, ignorar a la Junta Departamental, exigir a su Departamento Jurídico violar la ley y manejos fraudulentos de los dineros públicos y se refiere al Dr. Etchebarne como contratado para realizar los trabajos sucios, además de la velada acusación de recibir algo indebido ("coima") . La Sala entendió que los hechos a partir de los cuales el periodista escribió en el semanario los artículos cuestionados son también graves.- Los hechos tuvieron lugar a partir de una "transacción" entre la Intendencia y un importante (por el monto) deudor por contribuciones inmobiliarias en un juicio ejecutivo que seguía la Intendencia.- En dicha "transacción" la deuda calculada en U$S 323.000.=, aproximadamente, quedaba saldada por la suma de U$S 30.000.=.- Se pacto, además, expresamente que la transacción quedaba supeditada a la aprobación de la Junta Departamental y anuencia del Ministerio Público. No obstante ello, sobre la base de un informe del Profesor Eduardo Esteva Gallichio, pasado cierto lapso sin que la Junta Departamental se expidiera, la Intendencia Municipal de Paysandú pidió en los autos ejecutivos pertinentes el levantamiento de los embargos.- Para lograr la aprobación de "transacción" de la Junta Departamental hubo gestiones. Conforme a lo dispuesto en la ley 9.515 de 28 de octubre de 1.935 en su art. 20 en todos los casos en que de acuerdo con esa ley sea necesaria la aprobación o autorización de la Junta para determinados actos o resoluciones, ésta deberá concederla o denegarla dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la respectiva solicitud, sin embargo, como lo señala el Sr. Profesor Dr. Daniel Hugo Martins en su informe de fs. 472/475 ni siquiera es de interés discutir si el pronunciamiento de la Junta es extemporáneo conforme a la ley porque en la propia transacción las partes se obligaron a obtener la aprobación de la transacción y ello no ocurrió.- En el caso ni se requirió el previo dictamen fiscal ni se obtuvo la aprobación de la Junta Departamental y es de señalar, a ésta altura que, como lo pone de relieve el Dr. Martins, que a la época de la transacción el monto real de la deuda era de $ 7.290.665.= y que en definitiva la Junta Departamental denegó la autorización.- La sentencia de segunda instancia revocó la de anterior grado y absolvió al Sr. Dogliani

Proceso penal especial · Derecho penal

DEFINITIVA 182/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 20 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Encausado condenado por un delito de Homicidio a la pena de 8 años de penitenciaría.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 189/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 20 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Unificación de penas. En la causa del delito mayor recayó una condena de 6 años de penitenciaría. Pena única en el cúmulo: 7 años de penitenciaría

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 184/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 20 de julio de 2005Importancia alta

Unificación de penas. Se acumulan dos causas de lasw cuales la mayor alcanzó a la pena de 3 años de penitenciaría. Se determinó como pena única en el cúmulo: 4 años de penitenciaría

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 183/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 20 de julio de 2005Importancia alta

El encausado, con animo de dar muerte, arrojó al piso a su menor hijo de 16 meses, portador de gravísima enfermedad que debía vivir con traqueotomía, empero no logró su propósito por causas ajenas a su voluntad, cual lo fueron las inmediatas atenciones médicas recibidas. Asimismo, sin intención de matar, le infirió lesiones a su concubina provocándole una perturbación mórbida que la inhabilitó por menos de 20 días

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 181/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 20 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Dos encausados condenados por Rapiña agravada a la pena de 5 años y 6 meses de penitenciaría. Segunda instancia confirmó en todos los términos la sentencia del anterior grado

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 185/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 20 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos. Se confirma sentencia definitiva de primera instancia salvo en cuanto a la condena en gastos del proceso

Proceso penal ordinario · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 157/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 164/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Siendo aproximadamente las 23:30 horas del 29 de noviembre de 2002, Hebert Bandera pudo ver desde una ventana de su domicilio de Ambrosio Velazco 1438, que la camioneta de su propiedad marca CHEVROLET C10, matrícula AG 4775, de color rojo antióxido, estacionada frente a su casa, le estaba siendo sustraída, y para ello la vio cómo la estaban desplazando marcha atrás sin encender el motor. Por lo que, de inmediato llamó al 911, y luego se vistió y salió a la calle para encontrarse con que su vehículo automotor ya no se encontraba a su vista. Corrió entonces hasta la intersección con la calle Verdi y vio venir a un patrullero y una camioneta blanca de la Seccional 11ª, a los que interceptó y denunció el hurto padecido, expresándoles que suponía que se dirigían en dirección a Blvr. José Batlle y Ordóñez (ex Propios). La camioneta policial estaba tripulada por los policías Gerardo Ferrer (fs. 24/26) y Luis Lalin (fs. 34/36), quienes salen en busca de la camioneta sustraída, y después de transitar por algunas calles de las inmediaciones logran avistarla circulando por Batlle y Ordóñez hacia "afuera" a gran velocidad, empezando su persecución, y logrando alcanzarle por primera vez en la intersección de Batlle y Ordóñez y Juanicó. Pese a dar a sus dos ocupantes la voz de alto, éstos comienzan una veloz huída continuando los policías la persecución, intercambiando disparos en más de una oportunidad con quienes iban dentro de la camioneta, persecución que se continuó hasta el Cerrito de la Victoria, momento en que interviene otro móvil policial de la Brigada de Asaltos tripulado por el Sub Oficial Danilo Canabe (fs. 18/21) y los Agentes Carlos García (fs. 7/8) y Antonio Ramírez (fs. 22/23), que también intercambiarán disparos de arma de fuego; lográndose finalmente la detención del vehículo hurtado en Av. San Martín casi Batlle y Ordóñez. Pudo constatarse entonces por los funcionarios policiales, que el conductor del vehículo presentaba una herida de bala en la nuca, encontrándose recostado sobre su hombro derecho sobre el asiento, mientras que se logró la detención del "acompañante" ligeramente herido, quien en un primer momento dijo ser: Carlos De Souza, oriental, de 24 años de edad y carente de antecedentes; pero que más tarde pudo determinarse que se trataba de Carlos González Fernández De Souza o Andrés González Fernández, brasilero, de 22 años de edad (fs. 37/39). Persona con dos antecedentes judiciales en nuestro país (fs. 95/97). El chofer resultó ser Alejandro Daniel Pricoli Sogliano, que falleció pocos minutos después a raíz de la herida de bala recibida en región parieto occipital izquierda (fs. 40/41vto.). González Fernández declaró en autos que, sólo había acompañado esa noche a su amigo Pricoli Sogliano hasta un lugar que no sabe determinar, a "buscar" una camioneta respecto de la cual después se pretendía cobrar su seguro, prometiéndole dar unos pesos para el pasaje a su pueblo. Manifestó, que llegaron hasta el lugar en taxi, y allí los estaba esperando otra persona -al que describió como un "veterano" canoso, de estatura mediana, de 50 años-, que se puso a hablar con su amigo por unos 10 a 15 minutos, haciéndolo separados de él; y que después ese hombre les encendió el motor de la camioneta, sacando las llaves luego; procediendo Pricoli Sogliano a llevarla manejando, con él de acompañante, siendo 20 o 30 cuadras después interceptados por la Policía la que les dio el alto; optando Pricoli Sogliano por emprender la huída velozmente pese a su pedido de que se detuviera, diciéndole aquél que lo hacía porque tenía "antecedentes" (fs. 27/29). La Fiscalìa no solicito reproche por el delito de Atentado empero la Sede de primera instancia lo condenó por tal ilícito. El Tribunal de Alzada, revocó la sentencia en este aspecto.

DEFINITIVA 160/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 158/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 159/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 163/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 165/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

La información periodística que de manera específica y directa aludió a Gustavo Calandra no resultó agraviante hacia su persona, en tanto la misma no causó daño a su dignidad, honra e intimidad. Y no lo puede ser, cuando aquella se limitó a establecer que el designado había sido encontrado inocente (absuelto) en un proceso penal, y refirió a él atribuyéndole una calidad o condición de dirigente político que a esa fecha su propio Partido Político le reconocía.

Proceso penal especial · Derecho penal

DEFINITIVA 162/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Sin datos

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 161/2005 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 19 de julio de 2005Importancia alta

Actos obscenos ejecutados respecto a un hijo de dos años

Proceso penal ordinario · Derecho penal