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2.103 sentencias

DEFINITIVA 12/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 15 de marzo de 2018Importancia alta
Se ampara parcialmente la demanda y en su merito se condena al demandado N C, a abonarle al Sr. NS por concepto de daño moral , el importe de u$s 7.000 (siete mil dólares americanos) con el interés legal desde la fecha del evento dañoso (20/11/202) hasta su efectivo pago. En el subexámine, en virtud de la presunción (relativa) de culpa que gravaba al guardián, no alcanzaba con que este, generara dudas en el ánimo del juzgador en punto a si empleó o no toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, o que generara dudas sobre si existió o no culpa de la víctima, sino que era necesario que, excluyendo todo margen de duda u opinabilidad, se demostrara con certeza categórica que se había empleado toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, o bien que existió un hecho de la víctima que fue la causa adecuada del daño. De lo contrario, el sujeto gravado con la presunción de culpa y causalidad previstas por el art. 1324.6 C.C., debe padecer las consecuencias negativas de la referida falta de seguridad o certeza
Proceso civil ordinario
DEFINITIVA 5/2018 · Juzgado Ldo.Civil 5º Tº · 1 de marzo de 2018Importancia alta
Por sentencia definitiva de primera instancia de paz se dispuso condenar a la parte demandada a abonar la cantidad de UI 25.000.- El apelante BSE dijo que hubo una errónea aplicación de las normas de derecho en el caso dado que el accionante al momento del accidente por estar trabajando cuenta con la cobertura de seguros conferida por la Ley de Accidentes de Trabajo y por ende no tiene derecho a la indemnización. Se revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, se desestima la demanda.
Otros · Derecho civil
DEFINITIVA 10/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 27 de febrero de 2018Importancia alta
Se hace lugar a la demanda y se condena solidariamente a los demandados al pago de la suma de us$ 5.995 y euros 10.802 más intereses legales desde la fecha de presentación del a demanda. Corresponde tener presente que la incontestación de la demanda y la incomparecencia a la audiencia preliminar (arts. 130.2 y 340.3 C.G.P.) implican que en el caso, deba tenerse por cierto que las partes celebraron el acuerdo de honorarios y gastos referido en la demanda, por el que los demandados se obligaron al pago de U$S 5.775 a los accionantes por la presentación de la demanda y por honorarios a resultado, un total de 10.802 euros. Asimismo corresponde tener por probado que el actor satisfizo de su propio peculio diferentes gastos relacionados con el proceso, los que ascienden a U$S 220. También corresponde tener por cierto, que el actor prestó efectivamente los servicios profesionales referidos en la demanda, los que por otra parte resultaron corroborados por la documentación obrante en autos.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 7/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 27 de febrero de 2018Importancia alta
P { margin-bottom: 0.21cm; } Se ampara parcialmente la demanda, y en su merito: se declara la rescisión por incumplimiento del contrato de arrendamiento de servicios obrante a fs. 3. y se condena a las codemandadas Brook Avenue Ltd. y Vidaplan S.A a pagarle al accionante Sr. Remo Monzeglio , la cantidad de u$s 232.000 más iva. por concepto de lucro cesante, con más el interés legal desde la demanda hasta su efectivo pago. Aún cuando se entendiera que en el caso no se dan los requisitos necesarios para tener por configurada la existencia de una sociedad de hecho entre Brook y Vidaplan (actividad económica común organizada, tendiente al logro de un fin común; la existencia de aportes transferidos a un patrimonio común; y la existencia de un reparto de beneficios) estima este decisor que resulta de aplicación en el caso la teoría de la apariencia en la medida que si bien el Sr. Monzeglio contrató documentalmente con una sociedad (Brook), desde el comienzo de las negociaciones la vinculación se dio con dos empresas (Brook y Vidaplan) quienes actuaban a los ojos del Sr. Monzeglio como un mismo grupo.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 8/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 27 de febrero de 2018Importancia alta
Se hace lugar a la pretensión y en su mérito se condena al Fondo Nacional de Recursos a cubrir el costo de la intervención de sustitución de implante coclear de la niña AA y todo el material que fuere necesario para su implantación, así como el post operatorio de acuerdo a las indicaciones que formule el equipo médico tratante, en el plazo de 24 hs., bajo apercibimiento legal.- Se observa que según surge del ‘catálogo de prestaciones’ del plan integrado de asistencia en salud (decreto 568/2008) obrante a fs. 136, surge que tanto el dispositivo como su intervención quirúrgica se encuentran a cargo del FNR, en la medida que en el capítulo de ‘operaciones en el oído’, se colocó a cargo del fnr sin ningún tipo de restricción, la ‘implantación o sustitución de prótesis coclear’ (implante coclear), y como observan los accionantes, la circunstancia de que en otras oportunidades los pacientes por algún motivo hubieran asumido el costo de la intervención, no exonera al fnr de la obligación se puso a su cargo. A juicio de este sentenciante también corresponde tener por acreditada la inexistencia de otros medios judiciales y administrativos que permitan obtener el mismo resultado.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 9/2018 · Juzgado Ldo.Civil 19º Tº · 26 de febrero de 2018Importancia alta
Se ampara parcialmente acción de protección de los derechos en la comunicación prevista en el art. 43 de la ley 19.307, consideradose acreditada la vulneración del derecho a la privacidad de la vida de los niños y su derecho a la imagen (art. 31 de la ley 19.307), aplicandosele al medio de comunicación la sanción de apercibimiento prevista en el art. 181 de la misma ley.
Proceso civil extraordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 2/2018 · Juzgado Ldo.Civil 5º Tº · 14 de febrero de 2018Importancia alta
Por sentencia definitiva de primera instancia se hace lugar a la pretensión y en su mérito condenando al FONDO NACIONAL DE RECURSOS a proporcionar al actor AA la cobertura y financiación necesaria para la implantación de implante coclear, incluyendo dispositivo, cirugía, calibraciones necesarias posteriores y todo material que fuere necesario para su implantación, así como su activación y rehabilitación, de acuerdo a las indicaciones del médico tratante, dentro en un plazo no mayor a las 48 horas, bajo apercibimiento legal.- El accionante que tiene 42 años, es socio del CASMU, padeciendo una hipocusia profunda, estando sordo absolutamente del oído derecho y del izquierdo prácticamente ha llegado a la sordera absoluta, manteniendo un audífono casi inútil. Actualmetne ya no tiene beneficios con los audífonos convencionales, indicándose para mejorar su situación auditiva la implantación del dispositivo implante coclear conforme su médico tratante. Suscribió todos los formularios que le fueron indicados indicados por el médico a fin de realizar el pedido ante el Fondo Nacional de Recursos, el que le fuera denegado, con fecha 11 de enero de 2018, dado que corresponde su implantación para los niños hasta los 7 años. Se establece acción de amparo en vista de una evaluación negativa de la solicitud para la colocación de un implante coclear.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 5/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 14 de febrero de 2018Importancia alta
Ampara parcialmente la demanda y en su merito condena indistintamente a los codemandados DD y CC a pagarle a la actora : i.a) por concepto de daño emergente: el 50% de la cantidad de $ 20.000 con el reajuste del d.l 14.500 y los intereses legales desde el 6/2/2016 (ver ‘considerando 6.d’) hasta su efectivo pago. i.b) - por concepto de lucro cesante pasado: el 50% del importe de $ 7.671 correspondientes a febrero del 2015; $ 4.098 correspondientes a marzo del 2015; $ 4.098 correspondientes a abril del 2015, y $ 10.734 correspondientes a mayo del 2015. i.c) - por concepto de daño moral, el 50% del importe de u$s 9.000 ( nueve mil dólares americanos), computándose el interés legal de dicho rubro desde la fecha del evento dañoso (6/2/2015) hasta su efectivo pago. ii) condenando al codemandado BB a pagarle a la actora: ii.a) por concepto de daño emergente: el 50% de la cantidad de $ 20.000, con el reajuste del d.l 14.500 y los intereses legales desde el 6/2/2016 (ver ‘considerando 6.d’) hasta su efectivo pago. ii.b) - por concepto de lucro cesante pasado: el 50% del importe de: $ 7.671 correspondientes a febrero del 2015; $ 4.098 correspondientes a marzo del 2015; $ 4.098 correspondientes a abril del 2015, y $ 10.734 correspondientes a mayo del 2015. ii.c) - por concepto de daño moral, el 50% del importe de u$s 9.000 (nueve mil dólares americanos), computándose el interés legal de dicho rubro desde la fecha del evento dañoso (6/2/2015) hasta su efectivo pago. La sentenciante considera que corresponde asignar incidencia causal a la conducta ilícito culposa del conductor del vehículo matrícula EE, que inició el cruce sin respetar la preferencia que beneficiaba al taxímetro. Sin perjuicio de lo cual, tampoco puede desconocerse la relevante incidencia causal de la transgresión reglamentaria cometida por el conductor del taxímetro cuya espirometría arrojara resultado positivo. Y entiende este sentenciante que ambas conductas antirreglamentarias tuvieron similar incidencia en la causación del evento dañoso, en función de lo cual se estima adecuado asignar un 50% de incidencia causal en la producción del evento a la empresa de taxímetro y a su auxiliar/dependiente, y el otro 50% al conductor del vehículo matrícula EE.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 2/2018 · Juzgado Ldo.Civil 19º Tº · 6 de febrero de 2018Importancia alta
Se acoge demanda de amparo donde se solicita que el Fondo Nacional de Recursos financie el dispositivo de implante coclear, la cirugía para su colocación y las calibraciones posteriores. Como se viene de expresar, ha quedado plenamente acreditado que el implante coclear es la única opción terapéutica capaz de evitar que la actora pierda completamente la audición, no existiendo razones técnicas ni científicas ni motivo alguno que avale la no implantación del dispositivo indicado en el caso de personas mayores de siete años, y surgiendo también de autos la imposibilidad para la Sra. AA de hacerse cargo del costo del dispositivo y de la intervención quirúrgica para su implantación. Lo que está en juego es el derecho a la vida (en sentido amplio) y a la salud de la accionante, derechos fundamentales que de acuerdo a las normas constitucionales e internacionales que regulan la materia, debe prevalecer frente a los argumentos del Fondo Nacional de Recursos de que la financiación del dispositivo y del procedimiento quirúrgico para su implantación “no está comprendida en la resolución de la CHA” y de que la intervención quirúrgica no se encuentra dentro de su cobertura financiera (fojas 155) .
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 4/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 6 de febrero de 2018Importancia alta
Por sentencia definitiva de primera instancia se desestima la demanda y la reconvención en todos sus términos. Compareció la Asociación Civil de Ayuda Mutua América invocando su condición de aseguradora del taxímetro que protagonizó el accidente promovió demanda de daños y perjuicios contra Pablo Gimaraens manifestando en lo medular que: en las circunstancias de lugar y tiempo relatadas en el escrito de demanda, el demandado conducía la moto individualizada en la demanda, y no respetó la preferencia de cruce que beneficiaba al taxi, que circulaba por la derecha del cruce, causando de esa manera el daño patrimonial que la empresa compareciente debió abonar a su asegurado. Solicitó en definitiva, que se le condene al pago del daño emergente y lucro cesante. El demandado formulando asimismo reconvención , manifestando en lo medular que: fue el taxímetro conducido por Fredy Figueroa el que causó de forma culpable el evento dañoso, al no respetar la preferencia de paso que existía para quienes circulaban por la calle León Pérez, y le ocasionó en forma culpable, los daños reclamados.
Proceso civil ordinario
DEFINITIVA 3/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 6 de febrero de 2018Importancia alta
Por sentencia definitiva de primera instancia se falla: Amparando parcialmente la demanda y en su merito condenando a la demandada TAMPA CARGO S.A., a pagarle a la actora, por concepto de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos de transporte de autos. Compareció el Banco de Seguros del Estado debidamente representado y promovió demanda de cobro de pesos contra TAMPA AIRLINES S.A. Los bultos transportados llegaron con observaciones por diferencia de peso y con faltante parcial de carga. Tratándose de dos casos claros de incumplimiento del contrato de transporte aéreo. Se procedió a su verificación constatándose que uno de los bultos transportados venía con deferencia de peso, según el peso manifestado en la lista de empaque. Según conocimiento aéreo N° 1216562446 la empresa CEVA FREIGHT LLC, recibió en dicha ciudad y se comprometió a transportar a Montevideo dos bultos conteniendo 60 cajas en total, 45 cajas con 450 unidades teléfonos celulares Iphone 6 SPACE GRAY de 16 GIGAS y 15 cajas con 150 unidades teléfonos celulares Iphone 6 GOLD de 16 GIGAS, todo con un peso bruto total de 319,30 kgs. Y un valor FCA según facturas de U$S 292.050,00 y 97.350.
Proceso civil ordinario
DEFINITIVA 1/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 1 de febrero de 2018Importancia alta
Se declara la nulidad de la cláusula octava del contrato celebrado entre las partes y se desestima la demanda. Entiende el Sr. Juez que la relación de autos puede ser calificada como una relación de consumo (art. 4 LRC), en la medida que, en el caso, resultó un hecho no controvertido, que la accionante Sra. María Zucca Chiappara prestaba dinero en forma habitual, y contaba con los medios y las organización mínima necesaria a tales efectos, circunstancia éste que habilita a catalogar a la actora como ‘proveedora’ (art. 3 LRC); y los demandados por su parte eran los destinatarios finales del préstamo de dinero (art. 2 LRC) no resultando prueba alguna que demuestre que dicho dinero fue ‘integrado’ en procesos de producción, transformación o comercialización. Se celebraron entre las partes dos contratos, en uno de lso cuales se estableció una clausula en la cual la parte demandada se comprometía a ofrecer en forma preferente la compra de la estación de servicio Ancap a la parte actora prestamista. El decisor entiende que dicha cláusula no le reportaba ningún beneficio a lo pues la misma constituye un elemento más, que corrobora la situación de disparidad generada entre las partes.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 2/2018 · Juzgado Ldo.Civil 14º Tº · 1 de febrero de 2018Importancia alta
Se falla desestimando las excepciones opuestas por Thelma Mendieta, y en su merito manteniendo firme la providencia inicial n° 2/2017 de fs. 36, con costas y costos a cargo de los ejecutados- Se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva parcial, interpuesta por Priscila y Stephani Grimaldi respecto del vale n° 525 (librado luego del fallecimiento de su padre) siendo cargo de cada parte las costas y costos de la referida pretensión desestimada. Se dispone el levantamiento del embargo genérico trabado en relación a las codemandadas Priscila y Stephani Grimaldi por haber aceptado la herencia bajo beneficio de inventario y haber comparecido el actor en dichos autos sucesorios. librándose el oficio correspondiente.
Otros
DEFINITIVA 66/2017 · Juzgado Ldo.Civil 19º Tº · 21 de diciembre de 2017Importancia alta
Se ampara acción indemnizatoria contra el Banco de Seguros del Estado, tras choque de moto con camioneta matrícula brasileña que se encontraba estacionada en la via pública. Por lo tanto, no puede atribuírsele a la expresión “causado” (artículo 1 de la Ley 18.412) el significado que le da el Banco de Seguros del Estado al contestar la demanda, cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 18.412, el SOA opera aún en supuestos de caso fortuito y fuerza mayor donde la relación de causalidad ha sido interrumpida, y también en casos de hecho de terceros (artículo 15 de la Ley 18.412) e incluso de hecho de la propia víctima siempre que el mismo no sea doloso (literal E del artículo 6 de la Ley 18.412). Como lo sostiene el TAC de 4º- turno en Sentencia No. 89/2015, en opinión aplicable al caso y que se comparte plenamente: “Dado que el SOA opera aún en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor donde se interrumpe la relación de causalidad, la expresión ‘causado’ no debe considerarse referida al nexo causal de la responsabilidad civil, pues éste queda enervado, precisamente, por el hecho de actuar un casus eximente
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 71/2017 · Juzgado Ldo.Civil 2º Tº · 20 de diciembre de 2017Importancia alta
Los actores se presentan promoviendo demanda de declaración de rescisión de contrato y pago de multa contra la parte demandada. La demandada no contesta la demanda. DILONY es propietaria del inmueble empadronado con el número 425.592 de la ciudad de Montevideo. Está construyendo un edificio en régimen de propiedad horizontal y según el sistema instaurado por los decretos 404/2010 y 59/2012 referentes a Hoteles condominio. Con cada interesado en la compra de una unidad se firman tres documentos, un compromiso de compraventa de nuda propiedad del propietario al particular, la adhesión a un fideicomiso (la co actora IMPERIALE) que tendrá el usufructo de todas las unidades y un compromiso de compraventa de usufructo del propietario al fideicomiso. De esta forma IMPERIALE será la que explotará el hotel que funcionará en el citado inmueble. GILSON OVERSEAS se incorporó al fideicomiso IMPERIALE como fideicomitente adherente obligándose a pagar determinadas sumas para cubrir el precio que el fideicomiso pagará por el usufructo de las unidades 807,808,1103 y 1203. Se falla desestimando la demanda en cuanto pide se declare que todas las sumas cuyo monto asciende a USD 512.686 quedan a beneficio de DILONY SA.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 65/2017 · Juzgado Ldo.Civil 19º Tº · 13 de diciembre de 2017Importancia alta
Se ampara pretensión, condenandose al Fondo Nacional de Recursos a cubrir los costos de cirugía para colocación de implante coclear en adulto. Se desacrta que haya caducado el plazo para deducir la acciónd e amparo y tambien se descarta que existan otros medios eficaces para satisfacer la pretensión. Se concluye, como se hizo en Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 7º- Turno el 24 de setiembre de 2013 (aunque en un caso de amparo por medicamentos), que no puede esperarse “a los tiempos procesales de los juicios ordinarios o de los recursos o procedimientos administrativos naturales, algo tan evidente conforme a normas de experiencia (Art. 141 Código General del Proceso) que hasta sería ponderable “in re ipsa”. Por último, con el diagnóstico médico del accionante… y teniendo en cuenta el avizorable como elevado costo del medicamento prescripto, no se puede desconocer el peligro en la demora, desde que sin la cobertura reclamada existe la seria posibilidad de que se agrave el delicado estado de salud del paciente, a cuyo cuidado debería dirigirse la acción de la Justicia.”, (en Base de Jurisprudencia Nacional, www.portal.poderjudicial.gub.uy).
Proceso de amparo
DEFINITIVA 65/2017 · Juzgado Ldo.Civil 7º Tº · 27 de noviembre de 2017
Se desestima demanda de cobro de gastos comunes por parte del complejo no conformando Propiedad Horizontal ni existiendo reglamento de copropiedad. Se entiende que en tanto la sociedad actora, no acreditó la existencia de la obligación legal o contractual alegada en relación al pago de gastos comunes por parte de los demandados, ni la configuración en el caso del enriquecimiento sin causa alegado, conforme la carga procesal que le imponen los arts. 130, 139, 140 del Código General del Proceso, corresponde desestimar la demanda La parte actora sostiene que los demandados no adquirieron un padrón cualquiera sino un padrón que integra un complejo, que implica el pago de los servicios y beneficios con los que cuenta el mismo. Deduce en subsidio acción de enriquecimiento sin causa, atento a que los demandados recibieron servicios de vigilancia, mantenimiento y demás en el complejo, por lo que se han visto enriquecidos a costa del empobrecimiento de los restantes propietarios. El monto de lo adeudado asciende a $ 636.191. La parte demandada sostiene que la urbanización Manantiales de Carrasco no existe como propiedad horizontal, por lo que no puede cobrar gastos comunes, ni existió obligación alguna asumida por su parte ni expresa ni tácitamente para con ninguna urbanización, habiéndose adquirido un padrón individual, no existiendo obligación de pago alguna en el contrato de adquisición, ni reglamento de copropiedad, habiéndose abonado por servicios de seguridad, que al considerarse excesivo el precio se dejó de abonar, contratándose el servicio directamente.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 60/2017 · Juzgado Ldo.Civil 19º Tº · 23 de noviembre de 2017Importancia alta
Demanda y reconvención desestimadas tras descartarse incumplimiento de obligaciones asumidas en boleto de reserva.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 56/2017 · Juzgado Ldo.Civil 2º Tº · 13 de noviembre de 2017Importancia alta
Comparece la parte actora promoviendo acción indemnizatoria de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 18.412 de Seguro Obligatorio de Automotores contra el Banco de Seguros del Estado (en adelante, BSE) a raíz de accidente de tránsito ocurrido en el recinto portuario “espacio público de acceso restringido”. Evacuado el traslado por la aseguradora se opone manifestando que "con el art. 3 lit. B quedan excluidos todos los accidentes vehiculares con víctimas que puedan ocurrir en vías o lugares a los que no tenga acceso el público".
Proceso civil extraordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 55/2017 · Juzgado Ldo.Civil 7º Tº · 25 de octubre de 2017
En el caso, se ventila una acción de repetición de lo abonado por el BSE, como aseguradora de Riogas SA, en los procesos promovidos por los familiares de las Sras. Ancheta y Larrosa, fallecidas en el accidente ocurrido el 27 de agosto de 2002, en el que fue hallado responsable del mismo, conforme lo actuado en IUE 38-178/2003 y su acumulado IUE 26-210/2003, el Sr. Mariuca, conductor del camión matrícula STP 1963, propiedad de Torcor Ltda. La Sra. Juez desestimo la demanda en base a que el art. 1326 del CC habilita la acción de repetición contra el causante del daño, en caso de que el mismo resulte dependiente de la empresa, habiendo entendido tanto el Juez de primera instancia, como el Tribunal y la SCJ que existía dependencia entre el causante directo del siniestro (Sr. Mariuca), no solo con Torcor sino también con Riogas, razón por la que ambas sociedades fueron llamadas a responder conforme art. 1324 del CC. Por lo tanto la acción prevista en el art. 1326 del CC solo podrá ejercerla Riogas o el BSE contra el responsable del daño, Sr. Mariuca, ya que Torcor también es responsable indirecto, que respondió al igual que Riogas por imperio de lo dispuesto en el art. 1324 del CC.
Proceso penal ordinario · Derecho civil

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