DEFINITIVA 1379/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, acogerá el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anulará la sentencia impugnada únicamente en cuanto desestimó in totum la demanda. En su lugar, condenará a pagar el reajuste del precio con el alcance dispuesto en la sentencia de primera instancia. La actora pretende que la Corte analice dos cuestiones: por un lado, si el incumplimiento imputable a la empresa de la Sra. BERETTA era suficiente para que la AFP diera por rescindido el contrato que las vinculó y, por otro lado, si la AFP debe ser condenada al pago del reajuste del precio hasta la rescisión del contrato.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1400/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1395/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1361/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

Por sentencia definitiva de primera instancia se dispuso condenar al imputado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado, a la pena de 06 (seis) años de penitenciaría, con la detracción prevista en el art. 291 del CPP de corresponder. El Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia salvo en cuanto computó la atenuante genérica de la ebriedad plena y voluntaria y la pena, en lo que se revoca. En su lugar y mérito, se releva dicha atenuante en el grado, pero en aplicación analógica del artículo 46 Nº 13 del Código Penal y se fija la pena en ocho (8) años de penitenciaría. Contra dicha sentencia se alzó el imputado, interponiendo a través de su Defensa recurso de casación en virtud de la errónea valoración de la prueba realizada por el Ad Quem. La Corporación procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto. Para los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Perez y la redactora Morales, el agravio no cumple con describir un error en la valoración de la prueba con una entidad superlativa, que amerite su análisis en casación. Por su parte, para el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre el agravio tampoco puede prosperar, pues lo alegado está muy lejos de demostrar una hipótesis de vulneración al límite de la razonabilidad en la valoración de la prueba.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1378/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

La a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de atentado violento al pudor, a cumplir la pena de dos años de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, manifestando que que hubo una errónea valoración de los medios de prueba, lo que lleva a una equivocada tipificación del delito, vulnerando los principios de legalidad e inocencia; no se arriba en el caso a la certeza requerida legalmente para disponer la condena, por lo que corresponde absolver al acusado ; en caso contrario, solicita que se le conceda el beneficio de libertad a prueba. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En primer lugar, el recurrente se limitó a cuestionar la declaración de la víctima y las pericias efectuadas en autos, y a proporcionar una valoración alternativa en relación a estos medios de prueba, pero ello sin fundar adecuadamente dónde estaría, en concreto, el absurdo o la arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal (posición mayoritaria) o que la valoración sea reñida con la sana critica (posición Sr. Ministro Dr. Sosa), lo que resulta insuficiente para hacer atendible el agravio en casación. A juicio de la Corporación, no resultan de aplicación al caso de autos los institutos de libertad a prueba ni de libertad vigilada

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1382/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

El a quo hizo lugar en parte a la demanda, atribuyéndose la responsabilidad plena del accidente al co-demandado conductor del automóvil en que se desplazaba la víctima, disponiendo el pago por concepto de daño moral, a la víctima “ directa ” la suma de U$S50.000, con intereses desde el hecho ilícito, de la que ordenó detraer lo percibido por SOA. Y a la madre y hermano, (víctimas “ por rebote ”) las sumas de U$S20.000 y U$S10.000, respectivamente. Desestimó el daño moral reclamado por la cuñada. Acogió la pretensión de resarcimiento de algunos de los gastos reclamados como daño emergente pasado. Respecto al reclamo de daño emergente futuro, amparó algunos rubros, cuya liquidación difirió a la vía del art. 378 del CGP. Amparó el reclamo por lucro cesante pasado y futuro. El lucro cesante pasado, calculado hasta la presentación de la demanda, lo cuantificó en la suma de $283.203. La estimación del lucro cesante perdido desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, la difirió a la vía incidental. Y también difirió a dicha vía el lucro cesante futuro (posterior al dictado de la sentencia). El Ad quem revocó la condena del conductor del vehículo en el que viajaba la víctima, pues entendió que la responsabilidad del siniestro de autos no es atribuible al conductor del vehículo, sino al chofer del camión con acoplado. Concluyó que el mismo debe responder por hecho propio (art. 1319 CC) y su empleadora por el hecho de su dependiente (art. 1324 CC). A su vez, tuvo por acreditado el hecho de la víctima, consistente en no llevar puesto el cinturón de seguridad, y estimó su contribución causal en el resultado dañoso en un 20%. Asimismo la Sala aumentó los montos de condena por daño moral, a batió la condena por daño emergente anterior a la presentación de la demanda. Con relación al daño emergente futuro desde la sentencia, la Sala modificó la sentencia de primer grado para agregar en el rubro los gastos por adquisición de una cama especial y un colchón ortopédico, así como los gastos de rehabilitación física y los traslados necesarios para ello, todo a ser liquidado por la vía incidental del art. 378 del CGP. Respecto al cálculo del lucro cesante pasado, la Sala revocó el criterio empleado por la a quo y, en su lugar, fijó las bases y difirió la determinación de la cuantía a la vía incidental. Contra dicha sentencia la parte actora interpuso el presente recurso de casación, en el que expuso agravios con relación a las siguientes cuestiones: la participación causal que se le atribuyó a la víctima en el resultado dañoso; el daño emergente pasado; el daño emergente futuro; el lucro cesante futuro; y el daño moral de la cuñada. La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, desestima el recurso interpuesto porque los agravios articulados por la recurrente como sustento de la casación, no resultan eficientes para resolver en sentido contrario a lo decidido en segunda instancia.

DEFINITIVA 1372/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA El grueso de los agravios ensayados por el recurrente se dirige a cuestionar el razonamiento probatorio de la Sala, que lo llevó a tener por acreditados los hechos invocados por la parte demandada, configurativos de la eximente de notoria mala conducta. La Sala entiende que los únicos agravios que tienen un mínimo desarrollo como para ser considerados, son los relativos a aspectos de valoración probatoria y el relativo al ejercicio arbitrario del poder disciplinario por parte de la demandada, planteo que, como será analizado más adelante, tampoco cumple con los requisitos previstos en los arts. 270, 271 y 273 del CGP. La Corporación estima que el recurrente no ha cumplido con denunciar la existencia de una valoración probatoria por parte del Tribunal de alzada que pueda ser tachada de manifiestamente absurda y arbitraria. Finalmente, en la parte final del recurso, el actor sostuvo que la Sala “nada aprecia de la prueba sobre el ejercicio arbitrario del poder disciplinario”, afirmando que el accionante “vio vulnerado su derecho de defensa como trabajador”, al negársele el derecho a la información y a consultar abogado para defenderse, así como el derecho a que asista el encargado de Recursos Humanos y el Gerente General, violándose por parte de la instrucción las normas que provienen del Reglamento interno. Al respecto, cabe señalar, que el recurrente omitió atacar el fundamento determinante del fallo, esto es, el argumento concreto que dio el Tribunal para descartar la vulneración del derecho de defensa que había sido señalada en la sentencia de primera instancia.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 1707/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

La Corporación declara inadmisible el recurso de revisión interpuesto, en cuanto los hechos relatados en la impugnación no configuran la causal prevista en el art. 371 apartado b) del CPP.

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1371/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

El a quo condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de homicidio especialmente agravado, a sufrir la pena de 13 años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo los gastos procesales y carcelarios. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, la que fijó en 12 años de penitenciaría para cada uno. Las Defensas de los imputados interpusieron recursos de casación. La Corporación desestima los recursos de casación interpuestos.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1381/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

En el caso de autos, el individuo fue ingresado detenido a la Seccional, luego de que se presentara una denuncia por un presunto hecho de violencia doméstica y una vez en el celdario se quitó la vida colgándose de una campera deportiva negra al último barrote de la reja, por lo que los funcionarios policiales procedieron a bajar el cuerpo que aún mantenía signos vitales, realizándose los primeros auxilios, siendo trasladado hasta una policlínica cercana donde se constató su fallecimiento. La parte actora (integrada por los padres, hermana, hijos y esposa del fallecido) interpuso recurso de casación expresando como agravios el relativo a la valoración de la prueba y al nexo causal, hecho de la víctima así como la errónea aplicación al caso concreto del deber de vigilancia y custodia a cargo del Estado La Corporación en mayoría conformada por las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez (Presidente), Doris Morales y la Redactora Bernadette Minvielle, desestimó el recurso de casación interpuesto y en su mérito, confirmó la sentencia impugnada, por la cual el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia que amparaba parcialmente la demanda condenando al Ministerio del Interior a abonar a los actores las sumas determinadas en la misma por concepto de daño moral y lucro cesante. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y la redactora, en posición mayoritaria consideran que la causal de errónea aplicación de las normas de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa, sostiene una posición diferente a la de la mayoría, en efecto, considera que el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en el proceso de casación. Como viene de señalarse, en el caso, el agravio no resulta de recibo, para ninguna de ambas posiciones. Respecto a los agravios relativos al nexo causal, hecho de la víctima y errónea aplicación al caso concreto del deber de vigilancia y custodia a cargo del Estado, la mayoría conformada por las Sras Ministras antes referidas no es de recibo; por considerar que no es posible exigir al Ministerio del Interior el cumplimiento de un resultado que no siempre está en condiciones de administrar y cumplir, más allá de las medidas de seguridad y vigilancia que debe instrumentar. Los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani discordes, expresaron que correspondería acoger parcialmente el recurso de casación. Con relación a los agravios relativos a la valoración probatoria, los suscritos consideran que los planteos de la parte actora resultan de rechazo, en tanto comparten el desarrollo realizado al efecto en el Considerando III.I de esta sentencia. Sin embargo, entienden que es de recibo el agravio respecto al nexo causal; considerando que el evento dañoso no fue producido única y exclusivamente por el hecho de la víctima, sino también por el obrar negligente de la demandada.

INTERLOCUTORIA 1693/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1387/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1375/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

El caso de autos, el actor promovió demanda contra el Ministerio del Interior, en la que reclamó que le fueran indemnizados los daños padecidos como consecuencia del obrar del organismo demandado, que en el año 2008 le instruyó sumario administrativo en su contra y en el año 2013 lo destituyó mediante acto administrativo que posteriormente fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En primera instancia, desestimó la demanda en todos sus términos. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno amparó parcialmente la recurrencia y acogió en parte el reclamo, haciendo lugar a los siguientes rubros: 1) daño emergente por concepto de reajuste e intereses, en la forma establecida en el Considerando IV; 2) pérdida de chance respecto a la recomposición de la carrera funcional (50% de la suma reclamada por el actor); 3) intereses moratorios devengados por los préstamos contraídos en el BROU, según lo especificado en el Considerando VI; 4) honorarios profesionales por la asistencia letrada prestada en el proceso ante el TCA, en la forma establecida en el Considerando VII; 5) daño moral, que fue fijado por la Sala en la suma de U$S4.000. La parte demandada interpuso recurso de casación según los agravios referidos en la sentencia. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, amparó parcialmente el recurso de casación, anulando la sentencia de segunda instancia en los siguientes términos: a) en cuanto condenó a la recurrente a abonar a la parte actora los honorarios profesionales generados por la tramitación de la acción de nulidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo, desestimándose el rubro en cuestión; b) en cuanto omitió disponer que la condena por el rubro “pérdida de chance respecto a la recomposición de la carrera funcional” debe efectuarse sobre sumas líquidas, lo que así corresponde ordenar; todo sin especial condena procesal. En cuanto al agravio sobre el error en la valoración de la prueba, del vicio de motivación y de las deducciones legales que debió disponerse sobre la condena a indemnizar la “pérdida de chance respecto a la recomposición de la carrera funcional”. Para la Corporación le asiste plena razón a la demandada, en virtud de la total orfandad de argumentos de la sentencia para respaldar la decisión a la que se arriba. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa y Pérez, corresponde acoger el agravio dirigido a cuestionar la omisión cometida por el Tribunal, en cuanto no dispuso que la liquidación debe efectuarse sobre sumas líquidas (no nominales), producto de los descuentos legales que corresponde realizar por parte del Ministerio del Interior (Montepío, IRPF, Tutela Policial y Sanidad Policial). En cuanto a los agravios sobre la condena a pagar los honorarios profesionales por la asistencia letrada prestada en el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa, Pérez y Morales sostienen que de la lectura de la demanda, del cotejo de la documentación presentada y de la valoración de las probanzas diligenciadas en la causa, emerge que la parte actora no ofreció absolutamente ninguna prueba tendiente a acreditar la existencia de un gasto realizado o de la asunción de una deuda por concepto de honorarios profesionales por asistencia letrada ante el TCA. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez – Ministra SCJ: Por cuanto, entiende que corresponde desestimar los agravios relativos al pago de honorarios profesionales generados por el proceso ante el TCA y la supuesta omisión de la Sala de condenar a sumas líquidas (con los descuentos legales corres-pondientes). (D) Dra. Doris Morales - Ministra SCJ: Por cuanto, entiende que no corresponde a la sede jurisdiccional emitir pronunciamiento sobre eventuales retenciones y descuentos legales.

INTERLOCUTORIA 1684/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1689/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1373/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA RECURRIDA EN CUANTO DESESTIMÓ LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS RECURRENTES INDIVIDUALIZADOS EN EL CONSIDERANDO 2 DE LA PRESENTE SENTENCIA. EN SU LUGAR, CONDÉNASE AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL A LA REVERSIÓN DE LOS APORTES DE AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO DE LOS REFERIDOS ACTORES ADMINISTRADOS POR LA AFAP RESPECTIVA, MÁS LA RENTABILIDAD QUE SE HUBIESE GENERADO DESDE EL RETIRO HASTA SU EFECTIVO REINTEGRO, RENTA QUE HABRÁ DE CALCULARSE SEGÚN LAS TASAS DE RENDIMIENTO DE CADA AFAP, PARA EL PERÍODO CONSIDERADO, DIFIRIÉNDOSE SU LIQUIDACIÓN A LA VÍA DEL ART. 378 DEL CGP. El asunto sometido a estudio es de pleno derecho, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia ya ha emitido opinión que, en esta oportunidad, entiende que corresponde revalidar. Efectivamente, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 1475/2018, en términos trasladables, se consideró: “En este punto, el Tribunal adujo que el B.P.S. (en su carácter de órgano rector del sistema previsional) al proceder a ‘descontar’ de las cuentas jubilatorias de los actores los montos depositados en el curso de los últimos 4 años por parte de los empleadores, no hizo más que obrar de conformidad con las sentencias dictadas por el T.C.A., siendo su accionar legítimo. Por su parte, los recurrentes arguyen que no pueden ser afectados ni obligados por sentencias dictadas en procesos en los que no fueron parte ni terceros citados. Y si no fueron parte, ni terceros citados, entonces no les comprende la cosa juzgada alcanzada en vía anulatoria. A juicio de la Corporación, les asiste plena razón a los impugnantes. NOTA : RECURSO DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN - Sentencia nro. 1570 del 5/12/2024 ".......Al recurso de ampliación interpuesto por la parte actora a fs. 4.611-4.612 vto., no ha lugar. Y al recurso de aclaración y ampliación interpuesto por el codemandado Banco de Previsión Social, se aclara que la sentencia Nº 1.373/2024 únicamente alcanza a los actores identificados en el Considerando 2, que a su vez interpusieron recurso de casación (Gabriel SABALSAGARAY, Giampiero MANZI, María ZUNINO y Paul WILKINS)."

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1682/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; } Se planteó contienda negativa de competencia entre el Dr. Nicolás Rodríguez Álvarez, actual titular del Juzgado de Paz Departamental de Fray Bentos y la Dra. Daniela Vienni, anterior titular de la referida Sede. La Corporación declaró competente para continuar conociendo en esta causa al Dr. Nicolás Rodríguez Álvarez, actual titular del Juzgado de Paz Departamental de Fray Bentos. La Corte ha sostenido con anterioridad que e n materia de cambios en la persona que ejerce la titularidad de un juzgado por razón de traslado o ascenso del que fuera su titular, el legislador con la ley 19.090 optó por establecer como hito temporal a considerar el de la conclusión de la instrucción probatoria, modificando el criterio original del CGP, que tomaba en cuenta el momento de la conclusión de la causa. De este modo, desde la vigencia de la referida ley, el juez trasladado o ascendido será competente para recibir los alegatos y para el dictado de sentencias definitivas toda vez que él haya finalizado la instrucción probatoria. Tampoco se verificó la situación prevista en el inciso segundo del artículo 209 del CGP, esto es, que algún subrogante haya estado más de treinta días ocupando el cargo.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1706/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

En el presente contienden de forma negativa el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Paysandú y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Rivera de 1º Turno; y la Corporación procedió a declarar competente para continuar conociendo en las presentes actuaciones al segundo de los nombrados. Entiene la Corte que el hecho de que el penado haya cambiado su domicilio, no modifica la competencia del Juzgado de Ejecución y Vigilancia competente conforme con el artículo 289.3, que establece como criterio de distribución el lugar donde debía cumplirse la pena o medida de seguridad, y no el domicilio de quien deba cumplirla. A su vez, el 317 del CPP prevé que cuando se configure una causa de extinción de la pena, con citación del Ministerio Público y de la Defensa, se formulará de inmediato la declaración correspondiente, ordenando la clausura de los procedimientos, las comunicaciones pertinentes y el archivo del expediente, lo que aún se encuentra pendiente en autos.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1738/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1686/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto pues entiende que la reclamación presentada fue extemporánea, pues el hecho ilícito por el cual los actores iniciaron la reclamación de daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad administrativa, ocurrió el 30 de agosto de 2018 (conforme su propia alegación en su acto de proposición), y la demanda fue presentada el día 20 de marzo de 2023.

Recurso de casación · Derecho administrativo