Buscar · Legalsite UY

Legislación Jurisprudencia Tribunales Parlamento Calculadoras Modelos Abogado Virtual

Buscando…

Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

La información de este sitio no constituye asesoramiento jurídico.

Instalar la app y usar sin internet

LegislaciónJurisprudencia

Desde Hasta

Ingresá para recibir avisos de novedades sobre esta búsqueda.

18.033 sentencias

INTERLOCUTORIA 673/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho civil
DEFINITIVA 561/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta
En el caso de autos la actora promovió demanda laboral contra las sucesoras de la supuesta empleadora fallecida. Reclamó diferentes rubros salariales, IPD, incidencias, multa y daños y perjuicios. Los demandados controvirtieron la relación laboral, la procedencia y/o cuantía de cada uno de los rubros reclamados y en definitiva, solicitaron que se desestimara la demanda. En primera instancia amparó parcialmente la demanda promovida y condenó a la parte demandada, a abonar a la parte actora, la suma de $ 215.540, más reajustes e intereses hasta su efectivo pago. El Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º Turno revocó la sentencia de primera instancia declarándose la inexistencia de relación laboral tipificante y en su mérito absolvió a la parte demandada de la condena dispuesta en la anterior instancia. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el ad quem. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad desestimó el recurso de casación interpuesto y por mayoría conformada con la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, María del Carmen Corujo y John Pérez, falló distribuir las costas y costos del grado por su orden. En cuanto a los aspectos sobre los que han recaído dos pronunciamientos coincidentes sin discordias. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre, María del Carmen Corujo y John Pérez, el recurso de casación resulta inadmisible respecto a todos los rubros que fueron rechazados en primera instancia, así como con relación a aquella porción de los rubros amparados en primer grado que excede de lo que fue otorgado en tal oportunidad. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, discrepa con la posición sustentada por la mayoría de la Corporación, en tanto considera que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación. En cuanto a lo sustancial la Corte señala que el Tribunal, reprochó a la actora el incumplimiento de la carga de la debida afirmación o sustanciación, detallando una serie de omisiones y carencias de la demanda, que la accionante no ha logrado rebatir útilmente en su recurso de casación. En cuanto a la distribución de las costas y costas de esta etapa procesal, la Corte, en mayoría considera que no corresponde imponer especial condena procesal a la parte recurrente. (D) Dra. Elena Martínez - Dr. Tabaré Sosa Aguirre Ministros SCJ: consideran que corresponde imponer a la actora las condenas causídicas de la instancia.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 569/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta
En primera instancia condenó al imputado como autor responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados por su condición de ascendente y ser la víctima menor de 18 años a la pena de 6 años de penitenciaría con descuento de la preventiva padecida y siendo de su cargo los gastos de alimentación, vestido y alojamiento durante el proceso y la condena (art. 105 del C. Penal). Aplícase como pena accesoria las suspensiones e inhabilitaciones dispuestas en el art. 67 del Código Penal en la redacción dada en el art. 84 de la Ley 19.580 por el plazo de diez años y condénase al pago de doce ingresos mensuales en los términos del art. 80 de la Ley 19.580. En segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia salvo en cuanto: a) dispuso el cómputo de las agravantes genéricas del abuso de las relaciones domésticas y de la cohabitación, en lo que se revoca; b) dispuso la suspensión e inhabilitación de los derechos previstos por el art. 79 de la ley 19.850, en lo que se revoca; en su lugar se dispone la pérdida e inhabilitación de los derechos previstos en el art. 83 de la ley 19.580 por el lapso de diez años; c) mandó comunicar la sentencia al registro nacional de violadores y abusadores sexuales, que se revoca. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Ad-Quem. Finalmente la Suprema Corte de Justicia en forma unánime, desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de la Corporación corresponde relevar que, de la lectura del escrito recursivo, se observa que el mismo es una copia exacta de su escrito de recurso de apelación. En consecuencia, todo el repaso de indicios y su análisis, que reitera textualmente lo ya expresado en el recurso de apelación, no será tenido en cuenta por el incumplimiento de los requisitos formales a los que remite el artículo 369 del CPP, es decir los incluidos en los artículos 270 y 273 del CGP. Por otro lado, con relación a la valoración de la prueba, señala la Corporación que sin perjuicio de las afirmaciones genéricas de la Defensa, las pericias efectuadas concomitantemente con la declaración de la víctima sirven para destruir el principio de inocencia del que goza el imputado y, en consecuencia, corresponde dictar una sentencia de condena en su contra.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 546/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta
Acógese parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en su mérito, revócase parcialmente la sentencia de segunda instancia en cuanto a la condena al pago de la indemnización por despido parcial, manteniéndose firme en lo restante. A juicio de la Corte, asiste plena razón a la impugnante cuando señala que la figura del despido parcial no tiene recepción legal general. En efecto, ha sido normativamente contemplada solo en el ámbito de la enseñanza privada y, más recientemente, en el del servicio doméstico. Razón por la cual, fuera de esos ámbitos normativamente contemplados, no es posible la admisión genérica de la figura. Discordia de la SRA. MINISTRA DRA. ELENA MARTÍNEZ para quien se debería declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, ya que en ninguno de los expedientes acumulados se cumple, en forma individual, con el requisito de monto previsto en el art. 269 num. 3 CGP. Respecto a la cuantía como condición de admisibilidad del recurso de casación, postula la necesidad de que cada una de las demandas individualmente consideradas, en cada uno de los procesos luego acumulados, cumpla con la exigencia mínima legal. Sobre este punto, a jucio de la mayoría integrada por los Sres. Ministros, Dres. Tabaré SOSA, John PÉREZ, Doris MORALES y la redactora, en caso de acumulación de pretensiones, el monto del asunto surge de la suma de la cuantía de todas ellas.
Recurso de casación · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 710/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta
DECLÁRASE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. El recurso en vista no cumple con los requerimientos establecidos por el art. 273 del C.G.P., en virtud de la remisión que efectúa el art. 369 del C.P.P. El art. 273 del C.G.P. establece que “El escrito introductorio, que deberá presentarse ante el tribunal que dictó el fallo cuya casación se pretende, deberá contener necesariamente: 1) La mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas; y 2) La expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa”.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 564/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta
En el caso de autos los accionantes promovieron la inconstitucionalidad por vía de acción contra la Ley Nº 20.125, que derogó la Ley nº 20.096 y que dio redacción al art. 14 de la Ley Nº 19.043. Fundaron la legitimación activa por su condición de docentes y estudiantes de la UTEC, considerando tener un interés legítimo, personal y directo a ser dirigidos en la actividad docente, académica y de aprendizaje por un Consejo Directivo Autónomo respecto del Poder Ejecutivo. La demanda fue entablada contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Universidad Tecnológica. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, declaró la falta de legitimación activa de los promotores y desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida, por otra parte, en forma unánime, declaró la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. En el caso de autos, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa, John Pérez y Doris Morales, los accionantes carecen de legitimación en la causa, el interés al que hacen referencia los accionantes no reviste las notas exigidas para su consideración en este tipo de procesos. No se trata de un interés personal ni directo, los accionantes no indican haber sido integrantes del órgano de gobierno, ni ser tampoco elegibles para ello. Su planteo, es una especie de acción popular en representación de todos los docentes y estudiantes para mantener la misma estructura de gobierno previa a la promulgación de la ley. Tampoco es directo, ya que, al no ser actuales integrantes del órgano de gobierno de la UTEC, podrían llegar a tener un interés eventual o futuro, pero esa situación los excluye de tener legitimación activa en la presente causa. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez - Ministra de la Suprema Corte de Justicia - DISCORDE PARCIALMENTE: por cuanto, a mi juicio, corresponde reconocerles a los actores la titularidad de un interés directo, personal y legítimo para contender en vía de acción en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 664/2024 · Suprema Corte de Justicia · 29 de mayo de 2024
La Corte declara competente para seguir conociendo en este proceso al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 4to. Turno. Ante la inhibición de oficio de la titular de la Sede competente para celebrar el juicio oral, y el planteo posterior de contienda negativa de competencia por su homólogo, la Corporación entiende que la titular no ha logrado articular una causal contundente, ni menos aún debidamente justificada, pasible de afectar su imparcialidad. Por ello, la considera competente para entender en el caso de autos.
Contienda de competencia · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 662/2024 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2024
La Suprema Corte de Justicia declara inadmisible el recurso de revisión interpuesto. El recurrente pretende una revisión sobre el fondo de lo resuelto en las sentencias impugnadas, cuestión que excede el objeto de la presente impugnación. Asimismo, en el caso de autos, el recurrente omite tener presente que las causales del recurso de revisión son taxativas y se debe ser sumamente preciso con señalar y probar en debida forma, en cuál de los siete numerales del artículo 283 se funda el planteo y por qué.
Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 527/2024 · Suprema Corte de Justicia · 22 de mayo de 2024Importancia alta
La Corporación integrada y por mayoría de sus integrantes, casa la sentencia definitiva y en su lugar ampara parcialmente la demanda, excepto en cuanto a los adicionales al FONASA, la pretensión de los accionantes que ingresaron al Poder Judicial con posterioridad al 1ro. de enero de 2008 y la condena de futuro, lo que se desestima. En autos los accionantes, funcionarios del Poder Judicial, sostienen el reclamo es de naturaleza remuneratoria, que la rebaja salarial se produjo porque se detrajo del sueldo el importe del FONASA, cuando no debió ser afectado por la creación del tributo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa que lo regula. Los daños y perjuicios peticionados se originan en una rebaja salarial y el monto es equivalente al total del importe retenido por FONASA. De acuerdo a los términos en los que se formuló la pretensión y la fundamentación jurídica, a criterio de la mayoría del Colegiado, no estamos ante un reclamo de devolución de tributos indebidamente retenidos, sino ante un planteamiento de pago de diferencias salariales generadas por el descuento equivalente a lo pagado por el FONASA, con los créditos habilitados por el artículo 10 de l la Ley Nº 18.131, a esos efectos. (D) El Ministro Dr. França, considera que no se está ante un planteo de cobro de pesos por diferencias salariales, sino ante un reclamo por incorrecta retención de un tributo y no pago de una compensación por la retención del aporte al FONASA, en tanto contribución especial de seguridad social.Por lo expuesto, desestima el recurso de casación interpuesto contra las sentencias de autos. (D)La Sra. Ministra Dra. María Cecilia Schroeder desestima el recusro de casación interpuesto. Considera que en este caso se trata de un créidto que tuvo previsión presupuestal y luego fue expresamente quitado por otra ley de presupuesto, por lo tanto el legislador, a partir de enero de 2011 manifestó su voluntad de no otorgar a los funcionarios judiciales una compensación salarial sustitutiva de los aportes personales al FONASA. NOTA : Por sentencia nro. 641 del 12 de junio de 2024 se " RESUELVE : Hacer lugar a los recursos de aclaración y ampliación interpuestos a fs. 178-178 v.,aclarando y ampliando la sentencia Nº 527 de 22.5.2024 (fs. 1.146-1.173) en cuanto se condena al pago de los rubros devengados hasta la presentación de la demanda...."
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 605/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de mayo de 2024Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, con el quorum legalmente requerido, desestima la solicitud de la Defensa del encausado, que solicita prisión domiciliaria, encontrándose en arresto preventivo con fines de extradición, fundando dicha solicitud en que se están incumpliendo protocolos en el Establecimiento Carcelario. Después de solicitar informes al Establecimiento Carcelario y ampliación del mismo, se le dio traslado a la Fiscalía competente, así como al Estado requirente. Para la Corte, no fueron acreditados los pretendidos incumplimientos a los protocolos aplicables al estatuto de la persona extraditable, ni el grave riesgo a su salud alegado.
Otros · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 495/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de mayo de 2024Importancia alta
DECLÁRASE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LILA FERREIRA. DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FLAVIA Y MATÍAS ABELLA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y Morales, la errónea valoración de la prueba como causal de casación presenta ciertas particularidades en nuestro ordena-miento jurídico: no cualquier error en la valoración puede ser invocado como error de derecho revisable en casación, sino solo aquellos errores groseros, que configuren un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta. En el presente caso, concluyen que no se advierte, en absoluto, la existencia de absurdo evidente en el razonamiento de la Sala, lo que conduce a su juicio al rechazo del agravio planteado. Por su parte, para el redactor, los recurrentes cumplieron con señalar los motivos por los cuales estiman que el razonamiento de la Sala vulnera las reglas legales de valoración de las probanzas. no obstante, ello no implica en lo más mínimo que el mismo sea acogido. En tal sentido, todas las apreciaciones formuladas por la Sala tienen sustento en el cúmulo probatorio obrante en autos. Así, quedó en evidencia que TAYJOR LTDA es una empresa familiar y que tanto Jorge, como Flavia y Matías Abella obtienen los beneficios de dicho emprendimiento y que en en el día a día ambos recurrentes oficiaban como verdaderos empleadores. En ese orden, es un indicador más que concluyente el relevado por la Sala con relación a los salarios que percibían dado que las sumas allí consignadas distaban enormemente de las responsabilidades que surgen debidamente acreditadas.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 494/2024 · Suprema Corte de Justicia · 15 de mayo de 2024Importancia alta
El caso de autos, la parte actora promovió juicio ordinario contra el Poder Judicial-Suprema Corte de Justicia con la acumulación inicial objetiva de las siguientes pretensiones: (a) pretensiones de condena a pagar la suma de dinero equivalente a todas las retenciones realizadas en el salario de los co-actores por el Poder Judicial por concepto de aportes personales al FONASA; y (b) pretensiones de condena de futuro a pagar suma de dinero por concepto de compensaciones a ser incorporadas a sus retribuciones, por las retenciones por concepto de aportes personales al FONASA. En primera instancia, desestimó la demanda. El Tribunal de segunda instancia, revocó la sentencia de primera instancia y, en su mérito, se condenó al Poder Judicial - Suprema Corte de Justicia a pagar a los integrantes de la parte actora que ingresaron antes del mes de enero de 2008: (a) las sumas de dinero equivalentes a las retenciones practicadas a sus haberes por aportes al FONASA a partir de los cuatro años anteriores al emplazamiento de la parte demandada, más reajuste mes a mes, a partir del momento que se fueron realizando cada una de las retenciones e intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda; y (b) las sumas de dinero que se continúen generando hacia el futuro por el mismo concepto. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, casó la sentencia definitiva de segunda instancia y en su mérito confirmó la sentencia definitiva de primera instancia. Señala la Corporación que la La ley no creó ninguna compensación en beneficio de los funcionarios judiciales como contrapartida por su aporte personal al FONASA, como los agonistas así lo pretenden. En consecuencia entiende la Corte que en la hostigada se incurrió en errónea aplicación del artículo 8 de la Constitución, de los artículos 3, 4, 9, 14 de la Ley Nº 18.131; y del artículo 68 de la Ley Nº 18.211. (D) SRAS MINISTRAS DRAS. BEATRIZ VENTURINI Y ANA RIVAS: Consideran que debe desestimarse el recurso de casación y confirmar la sentencia de segunda instancia.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 468/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta
El a quo condenó al demandado al cumplimiento del convenio peticionado en lo pendiente, rechazando la condena al pago de la multa. El Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda. La actora interpuso recurso de casación. La Corporación desestima el recurso interpuesto. En primer lugar, coincide con el Ad quem, los demandados no tienen legitimación pasiva respecto a la “promesa de permuta”. Los demás agravios tampoco resultan de recibo, en especial, el agravio relativo al contrato de constitución de servidumbre no prospera por la falta de fundamentación del mismo.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 552/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024
DECLÁRASE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA POR RAZON DE CUANTIA. La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación interpuesto por razón de cuantía (artículo 268 del C.G.P.). En el caso, se tramita un juicio seguido contra una entidad estatal, la Administración Nacional de Educación Pública codemandada, lo que hace aplicable la norma mencionada. En la especie, la cuantía del asunto, estimada por la propia actora en su libelo introductorio no alcanza las 6.000 U.R. –monto mínimo habilitante de la casación que debe acreditarse, siempre que la pretensión esté dirigida “contra el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en general”-; lo que determina la suerte del planteo.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 474/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta
El caso de autos, se centra en la impugnación del testamento realizado por el causante de autos, que falleció el día 24 de marzo de 2013. La parte actora argumentó en su demanda, que el testamento realizado por el causante designando al demandado como heredero, es nulo por falsedad material e ideológica y, a la vez, interpuso pretensiones subsidiarias. En primera instancia, el titular del Juzgado Letrado de Familia de 18º Turno, no hizo lugar a la demanda impetrada en autos. El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, revocó la recurrida declarando la nulidad del testamento de autos. No hizo lugar por ahora y sin perjuicio a la declaración de herederos en los términos solicitados. Declaró sin objeto la pretensión de declarar al demandado indigno de suceder al causante de autos. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviandose que la Sala incurrió en errores in procedendo e in iudicando, fundamentalmente, en cuanto a la valoración de la prueba. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación. Sobre el alcance de la causal de “infracción a las reglas legales de valoración de la prueba” como motivo de casación, la Corte en mayoría considera que únicamente corresponde revisar la plataforma fáctica cuando se denuncie (y además se demuestre) un error con una entidad superlativa, que constituya arbitrariedad manifiesta o evidencien un razonamiento absurdo en grado evidente por parte del Tribunal de Apelaciones. Para las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez y Doris Morales, consideran que es notorio que la impugnación no acierta en describir o denunciar un error con la magnitud para resultar atendible en casación. En otras palabras, sostienen las Sras. Ministras, la recurrente no cumplio con la primera condicion, no alegó un error con la nota de absurdo o que suponga arbitrariedad en el razonamiento probatorio, en modo evidente o manifiesto, por lo que el agravio no resulta de recibo. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. John Pérez y Dra. Bernadette Minvielle consideran que se dio cumplimiento a la primera condición antedicha, pero una vez que se ingresa al análisis del agravio, se advierte que la recurrente no logró demostrar la existencia de absurdo o arbitrariedad en la valoración efectuada por el Tribunal de Apelaciones.
Recurso de casación · Derecho de familia
DEFINITIVA 448/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. Los recurrentes aseveraron que la Sala valoró erróneamente la prueba rendida en cuanto a la realización de horas extras. Agregaron que el Tribunal valoró erróneamente la prueba en la medida en que se apartó de los criterios de razonabilidad que rigen tal tarea. Así, puntualizaron que, el Tribunal condenó a pagar la exorbitante suma de cinco horas extra diarias, cuando de la prueba surge que el actor no estuvo ni próximo a realizar esa cantidad de trabajo diario en promedio; ni siquiera lo hizo en los lapsos de máximo trabajo. En lo relativo al vínculo desarrollado en Paraguay, el actor reconoció expresamente que trabajó solamente durante dos años. Los rubros cuestionados, recibieron pronunciamientos coincidentes, lo que los hace, a juicio de la mayoría de la Corporación, inadmisibles de revisión en casación. Sin perjuicio de que eso solo es suficiente para rechazar el agravio relativo a la valoración de la prueba, la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez entienden que el agravio no cumple con las exigencias formales para su debida postulación. En opinión de la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez, los recurrentes no alegaron un error en la valoración realizada por la Sala que pueda ser calificado de absurdo o arbitrario en grado manifiesto. Es decir, no se dio cumplimiento a la primera condición de postulación del agravio. Finalmente, misma solución merece el agravio relativo a la excepción de prescripción, por tratarse de un pronucniamiento con doble confirmatoria.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 460/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 450/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 564/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta
En el caso de autos, se presentó el accionante interponiendo recurso de revisión en base a la causal prevista en el numeral 7º del artículo 283 del C.G.P. De acuerdo a la propia alegación del recurrente, el plazo de 6 meses establecido en el artículo 285.3 del C.G.P., se encuentra ampliamente vencido. Sin embargo, entiende que el plazo no debe computarse en virtud de que, al haberse promovido el incidente de nulidad, el cual no fue rechazado in limine, sino que, en definitiva, fue desestimado por improcedente se configuraría, a juicio del recurrente una presumible inducción a error por parte del órgano judicial y por tanto, puede desprenderse de su argumentación que no le correría el plazo por tratarse de un impedido por justa causa, conforme a lo establecido en el artículo 98 del C.G.P. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto, con costos y costas de precepto a cargo del recurrente (art. 292 CGP). La Corporación no comparte lo sostenido por el recurrente en cuanto a que el plazo de 6 meses se vio suspendido, extremo que necesariamente conlleva a que el recurso de revisión interpuesto se torne extemporáneo.
Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 456/2024 · Suprema Corte de Justicia · 9 de mayo de 2024Importancia alta
El caso de autos, se tramitan dos procesos que fueron acumulados, en los autos principales la parte actora, promovió demanda declarativa de prescripción adquisitiva del bien inmueble de autos. De los emplazamientos solo uno de los linderos denunciados compareció y formuló oposición, alegando ser poseedor desde 2005 de una parte del padrón de marras. Durante la tramitación de estas actuaciones, los aquí promotores cercaron el padrón objeto de la litis, lo que motivó que el mencionado lindero promoviera una acción tendiente a recobrar la posesión, que resultó acumulada con las presentes. En los autos acumulados el mencionado lindero promovió, ante la misma Sede, acción para recobrar o recuperar la posesión del sector del bien inmueble de autos. En primera instancia, se amparó la demanda de prescripción adquisitiva promovida por los actores del proceso principal y desestimó la acción para recobrar la posesión deducida en el acumulado. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno revocó parcialmente la sentencia definitiva de primera instancia y, en su mérito, desestimó la pretensión declarativa de prescripción adquisitiva interpuesta. La Sala entendió que los actores no demostraron la continuidad en la posesión que invocaron. Sí tuvo por demostrados actos posesorios, aunque, en opinión del ad quem, fueron “esporádicos”. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose como principal causal de casación, la errónea valoración de la prueba por parte del Tribunal de Apelaciones. Finalmente la Suprema Corte de Justicia hizo lugar el recurso de casación interpuesto. En su mérito, anuló la sentencia de segunda instancia, dejando firme la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de prescripción adquisitiva. Señala la Corporación que en el caso a estudio, más allá de las diferentes posturas sobre la causal por infracción a las reglas legales sobre la valoración de la prueba, para la unanimidad de la Suprema Corte de Justicia efectivamente se verificó el error denunciado, en grado de absurdo evidente (para la mayoría) o vulneratorio del límite de la razonabilidad (en palabras del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre). En tal sentido para la Corte, la decisión de la Sala vulnera la norma contenida en el art. 654 del Código Civil, infracción que repercute en la carga de la prueba con que, en consecuencia, se gravó a la accionante. En consecuencia, más allá de que también hay prueba concreta respecto a la existencia de actos posesorios durante distintos momentos del período intermedio, la presunción legal prevista en el inciso tercero de la disposición citada determina que deba presumirse –salvo prueba en contrario- que los actores poseyeron el inmueble durante todo el tiempo intermedio.
Recurso de casación · Derecho civil

← AnteriorPágina 52 de 902Siguiente →