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18.033 sentencias

DEFINITIVA 378/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 415/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 425/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
DEFINITIVA 345/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. Compareció la parte actora a los efectos de promover demanda por daños y perjuicios derivados de la imposición de servidumbre de línea de alta tensión contra UTE. Interpuso recurso de casación basándose en que la Sala valoró erroneamente, hasta llegar al absurdo, la prueba pericial rendida , pues resulta ser parcial y no refiere a la totalidad del objeto a tasar. La Corte afirma que por cuestionable que pueda parecer al recurrente el método adoptado por el perito, ello no soslaya que la adopción de una solución diversa requería, inexorablemente, que el mismo recurrente aportara, tempestivamente, la prueba necesaria para acreditar el daño reclamado. Sin embargo, en lugar de solicitar el diligenciamiento de prueba pericial, hizo caudal del informe de su asesor, cuya ausencia de eficacia convictiva fue correctamente relevada por la Sala. En consecuencia, la estimación propuesta por los actores queda huérfana de toda demostración. Lo que lesiona el interés del recurrente no es el análisis que la Sala realizó de la pericia diligenciada, sino la correcta aplicación de la norma contenida en el art. 139 del CGP. A la actora correspondía acreditar el monto del daño reclamado; no habiéndolo efectuado, la solución adoptada es ajustada a Derecho.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 416/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 380/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
En autos en el marco de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal se plantearon observaciones al inventario. De los distintos bienes, deudas, recompensas, etc., que formaron parte de las múltiples reclamaciones realizadas entre los ex cónyuges, se discute en etapa de casación la inclusión o no, en el referido inventario, de dos recompensas a favor de la sociedad conyugal, las que, según afirma la aquí recurrente, deberían ser abonadas por el actor: a) la recompensa correspondiente al “aumento del valor del 100% de las acciones de la sociedad anónima de autos” ; b) la recompensa correspondiente a “deuda abonada durante la sociedad conyugal a la ex cónyuge del conyuge actor”, por la suma de U$S100.000. La sentencia de primera instancia incluyó ambas recompensas en el inventario, mientras que, por el contrario, el Tribunal de Apelaciones revocó la inclusión de las referidas recompensas, en tanto entendió que ellas no se considerarán como parte del inventario. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto a la no inclusión en el inventario de la recompensa a favor de la sociedad conyugal por el aumento de valor de la empresa de autos, la Corporación señala que la sociedad anónima de autos es una sociedad comercial (persona jurídica), con un patrimonio propio y distinto al del actor, y tomando en cuenta que en el caso no se promovió acción de inoponibilidad de la persona jurídica, estima la Corte que no es procedente reclamar a al actor el aumento de valor de “la empresa”, esto es, de la sociedad anónima de autos. En cuanto a la no inclusión en el inventario de la recompensa en favor de la sociedad conyugal por la deuda abonada a la ex cónyuge del actor durante la vigencia de la sociedad conyugal, entiende la Corporación que los agravios no cumplen con los requisitos formales exigidos por los arts. 270 y 273 del CGP.
Recurso de casación · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 421/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Contienda de competencia
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 338/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
La a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados a cumplir la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, la que aumentó a cuatro años de penitenciaría. El imputado interpuso recurso de casación contra la última planteando como agravios la falta de motivación de la sentencia, imposibilidad de que la Defensa pueda producir su propia teoría del caso, error en la valoración de la prueba; y como planteo subsidiario solicita una reducción de la pena impuesta. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En primer lugar considera que no puede afirmarse que la sentencia de segunda instancia carezca de motivación, si bien la Sala no realizó un desarrollo extenso, sí explicitó en forma suficiente las razones que condujeron al rechazo del recurso de apelación. El segundo agravio no puede prosperar debido a que el planteo no cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 269 del CPP. En cuanto a la valoración de la prueba, para la posición mayoritaria el recurrente no alegó en la forma debida un error o vicio de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 347/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
El caso de autos, el ahora demandado presentó demanda de prescripción adquisitiva treintenaria del bien inmueble de autos. En el transcurso del proceso a pesar de que el “A Quo” ordenara que se notifique a los linderos en los domicilios denunciadosa, esto nunca se practicó. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar al recurso de revisión interpuesto dado que el emplazamiento no se efectuó en legal forma. En consecuencia, revocó la sentencia nº 19/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de Florida. Costas y costos por su orden. Señala la Corporación que el artículo 127.4 del CGP es claro respecto de la forma de notificación en los procesos de usucapión. La ley no plantea dudas: al emplazamiento genérico y por edictos a todos quienes pudieran tener interés en el proceso, hay que sumarle el emplazamiento (a domicilio o por edictos según se conozca o no su domicilio) al último propietario del inmueble objeto del juicio, así como a los linderos del padrón. En cuanto a las condenas procesales, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Pérez, Morales y el Sosa, no corresponde imponer la condena preceptiva al vencido en costas y costos en el presente caso, por cuanto el demandado en el antecedente obró de buena fe. (D) DRA. ELENA MARTÍNEZ – PRESIDENTE S.C.J - DISCORDE PARCIAL: por cuanto estimo que corresponde la imposición a la perdidosa de las costas y costos dado que tuvo evidente participación en los hechos determinantes de la revisión interpuesta. En otras palabras, si pudo evitar la nulidad y no lo hizo, entonces tuvo participación en su causación.
Recurso de revision · Derecho civil
DEFINITIVA 343/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
Se desestima el recurso de casación interpuesto por UTE. La actora DIREGOLD SA promovió acción por daños y perjuicios contra UTE y Vientos de Pastorale SA, mediante la cual reclamó la indemnización del valor de la servidumbre de tendido eléctrico impuesta en los predios de los que es propietaria en el Departamento de Flores, así como otros daños que identificó como “afectación a la producti-vidad”, “daños agronómicos” y “daños emergentes de la modificación del lugar donde construir la manga”. Ute se agravia en primer lugar porque no se le confirió traslado del recurso de apelación deducido por Vientos de Pastorale S.A, por lo cual denuncia la existencia de un vicio de nulidad absoluta. Al respecto la Corporación en mayoría sostiene que al haber UTE dejado transcurrir las oportunidades para hacer valer la nulidad reclamada, debe aplicarsele la cosecuancia legal y tomar tal decisión por consentimiento tácito del acto que agravia al litigante omiso. En segundo lugar se agravia por la valoración de la prueba pericial. Respecto a este punto, la Corporación pone énfasis en que no se log?o demosrtar absurdo en la ponderación de la prueba, ni se advierte que la Sala se haya apartado de las reglas de la sana crítica, por lo que correspodne rechazar el agravio. En tercer lugar se agravia porque la sentencia de segunda instancia resolvió que Vientos de Pastorale S.A no cuenta con legitimación causal pasiva para ser demandada en el presente juicio. En este putno, el “ad quem” estimó que el acuerdo celebrado entre UTE y la generadora, por la cual la segunda asumía la obligación de reintegrar a UTE todo lo que debiera afrontar por concepto de indemnización de daños, resulta inoponible al tercero (principio de relatividad de los contratos), máxime cuando, como en el caso de obrados, UTE no citó en garantía ni ejerció acción de regreso contra la co-demandada Vientos de Pastorale SA. Por otra parte, y tal como lo hizo en el antecedente citado, la Sala asegura que, conforme lo dispuesto por el art. 2 del Decreto-Ley Nº 10.383, es el Estado el obligado a indemnizar el gravamen de la servidumbre legal, obligación que no puede trasladar al generador. La Corte concluye que no surge que UTE haya cuestionado todos los extremos fundantes del fallo, con lo cual, a juicio de la mayoría de la Corte, este sector de los agravios no puede prosperar por razones estrictamente formales. Discordia del Dr. John Perez, para quien corresponde conferir legitimación causal pasiva a Vientos de Pastorale S.A y condenar a ambas codemandadas "in solidum"
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 332/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
El a quo declaró el reconocimiento de la unión concubinaria que existió entre el gestionante y su concubino desde 1986 hasta el 03 de enero de 2020 (fecha de fallecimiento del concubino). Asimismo declara la existencia de bienes que fueron adquiridos por el esfuerzo o caudal común de la pareja, en partes iguales. El Ad quem revoca la sentencia definitiva de primera instancia y desestima la demanda. Contra la misma el gestionante interpone recurso de casación, sostuvo la existencia de absurdo evidente en la valoración de la prueba testimonial, en la valoración de la prueba documental, y en la no aplicación del artículo 149.4 del CGP por parte del Tribunal. La Corporación, por mayoría, desestima el recurso, si bien lo considera admisible, contrariamente a lo que afirma la parte demandada. En cuanto al agravio referente a la valoración de la prueba, los Ministros coincidentes entienden que la recurrente no logra fundar -ni mucho menos demostrar-, la existencia de un razonamiento notoriamente ilógico o apartado de las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal. Y además, falta la crítica concreta a los fundamentos de la sentencia atacada. El Sr. Ministro discorde, Dr. Tabaré Sosa, entiende que debe ampararse la casación, anular la sentencia de segunda instancia. Considera que “...en casos como el presente, en el cual se asiste –en principio- a versiones contradictorias entre lo declarado por los testigos ofrecidos por la parte actora y lo consignado por los de la demandada, el esfuerzo de la Sala, a la hora de resolver el caso y evitar generar una injusticia, debe ser mayor, pues no alcanza, sin más (como se hizo en el presente caso), que ante versiones contradictorias, automáticamente se deba concluir que la parte actora no logró desembarazarse de la carga de la prueba.”
Recurso de casación · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 597/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Recurso de aclaracion y ampliacion
Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 424/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Contienda de competencia
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 331/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
En Primera instancia condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de posesión y otro de porte y tenencia de arma en lugares públicos, ambos en régimen de reiteración real, a la pena de tres años y dos meses de penitenciaria con descuento de la cautelar sufrida El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia. Contra la referida sentencia, la defensa del encausado interpuso recurso de casación Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corporación que en el presente caso existen razones formales que determinan el rechazo del recurso interpuesto ya que los agravios articulados por la Defensa contra la sentencia del Tribunal, resultan ser una copia íntegra de los agravios deducidos en el recurso de apelación oportunamente interpuesto.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 334/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
DESESTÍMASE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VÍA DE ACCIÓN, CON COSTAS DE PRECEPTO A CARGO DEL VENCIDO (ART. 523 DEL CGP). Respecto a la legitimación activa, la Corte entiende que en el caso, los actores, funcionarios presupuestados de la Intendencia Departamental de Montevideo, que se desempeñan como profesionales de Derecho en el Servicio de Gestión de Contribuyentes (ver constancias a fs. 97/104), se encuentran alcanzados por la norma impugnada. En efecto, los actores son funcionarios presupuestados a quienes, por un lado, se les aplica el tope previsto en el art. 52 del Decreto Departamental Nº 38.156, en tanto no podrán tener ingresos superiores al 90% del sueldo base de la/el Intendenta/e. El hecho de que aducen cobrar una partida salarial no excluida del tope impacta sobre sus ingresos, por lo tanto, teniendo la norma vocación aplicativa no cabe duda alguna que se encuentran emplazados en la situación legitimante calificada que les permite accionar. La redactora en cambio entiende que los actores postulan una suerte de control semiprocedimental de la legilsación, por el cual se tilda de deficitaria la calidad de la deliberación para aprivar una norma pèrjudicial a los intereses del colectivo de funcionarios. Respecto al agravio sobre una inadmisible delegación de competencias legislativas, a juicio de la redactora, no estamos ante un supuesto de inconstitucionalidad por omisión. No es un “no hacer”, un silencio legislativo, lo que agravia a los comparecientes. Muy por el contrario, el agravio sobre la delegación legislativa refiere al inciso 2º del art. 52 del Decreto Departamental impugnado, en cuanto a que a partir de la entrada en vigencia de la norma, dejarán de cobrarse los demás rubros salariales y no salariales no mencionados precedentemente, salvo autorización expresa del Departamento de Gestión Humana previa conformidad del Departamento de Recursos Financieros el cual evaluará la disponibilidad económica. Los actores buscan que, por efecto de la declaración de inconstitucionalidad, permanezca indemne la regulación legal y reglamentaria anterior y que lo que percibían por lo cobrado por la Comuna por condenas causídicas que superaba el tope mensual lo reciban en mensualidades posteriores. Finalmente, como tercer argumento, los actores postulan que la norma en cuestión, vulnera el principio de igualdad, por cuanto quita del marco de restricción a la denominada Compensación Informática. No les asiste razón en su planteo. En primer lugar, puesto que se pretende justificar la violación al principio de igualdad, sin hacer una comparativa clara y expresa de tales partidas y de cómo se estructuró la clase o categoría por parte del legislador.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 402/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
DEFINITIVA 336/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
El caso de autos, el actor promovió demanda por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual contra el demandado, por accidente de transito. Reclamó la indemnización del daño emergente, del daño moral, del lucro cesante y de la pérdida de chance. La sentencia de primer grado atribuyó al demandado la responsabilidad exclusiva del siniestro, conclusión que no fue objeto de apelación, y lo condenó a indemnizar el daño moral, el daño emergente (costos de reparación de la motocicleta, gastos indocumentados y costos de la asistencia odontológica –estos últimos a cuantificarse en la vía incidental del artículo 378 del CGP-) y el lucro cesante pasado y futuro. Adicionó a tales rubros interés legal y reajuste desde la fecha del evento dañoso y según corresponda en cada caso, previo descuento de lo percibido por SOA, reajustado y con intereses. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó en parte la sentencia de primer grado, excepto en cuanto: a) había fijado el monto del daño moral en moneda extranjera, lo que revocó, disponiendo que se estimara en moneda nacional; b) había condenado a indemnizar al actor el lucro cesante futuro, condena que dejó sin efecto; c) las bases de cálculo del lucro cesante pasado, que la Sala modificó y d) los ilíquidos, que dispuso corrieran conforme lo expuesto en el Considerando V. Contra esta decisión, ambas partes interpusieron los recursos de casación. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por el actor. Amparó el recurso de casación interpuesto por la demandada y, en su mérito, anuló la sentencia impugnada exclusivamente en cuanto modificó el lapso y la base de cálculo del lucro cesante pasado y, en su lugar, se revalida en el punto el pronunciamiento dictado en primer grado. Señala la Corporación que surge de la sentencia de primer grado que el a quo diferenció el lucro cesante pasado del lucro cesante futuro y estableció sus correspondientes períodos y bases de cálculo. Sin que hubiera mediado apelación de la parte actora, la Sala modificó, en beneficio de ésta y en perjuicio del demandado, único apelante, el lapso y la base de cálculo del lucro cesante pasado, vulnerando de ese modo la prohibición de non reformatio in peius consagrada en la norma contenida en el artículo 257.1 del CGP, lo que determina que la Corte anule en el punto la impugnada y deje firme a tal respecto la decisión de primer grado.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 439/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 407/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
En autos se plantea una contienda negativa de competencia, en el marco del juicio ejecutivo promovido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra TECNOS INGENIERIAS SRL , en el cual se pretende el cobro ejecituvo de una multa impuesta por el organismo actor al demandado. La Corporación declara competente para seguir conociendo en la presente causa al Jdo. Ldo. de Primera Instancia en lo Civil de 2do Turno. Se trasladan al caso las consideraciones efectuadas por la Suprema Corte de Justicia en sentencia nro. 598/2023, siendo que en casos como el de autos, tienen fueros los Juzgados Letrados con competencia civil. En cuanto al territorio, tratándose de una acción personal, corresponde la aplicación del art. 21 de la Ley nro. 15.750, resultando competente el tribunal del lugar en el que deba cumplirse la obligación, y si no hay designación expresa, el del domicilio del demandado o el del lugar donde nació la obligación, a elección del demandante. En el presente caso, resultan competentes los Tribunales de Montevideo. Asimismo, en cuanto al turno, ya que fue asignado en forma aleatoria por el Side el 2do. Turno, es allí donde corresponde la remisión de estas actuaciones.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 333/2024 · Suprema Corte de Justicia · 18 de abril de 2024Importancia alta
El a quo ampara parcialmente la demanda, condenando al demandado por hecho propio (Art. 1319 del C.C.) al pago de daño moral; y desestima en todo lo demás. El Ad quem revocó parcialmente la Sentencia Definitiva impugnada únicamente en la desestimatoria del rubro Daño Moral Premuerte sufrido por el fallecido y reclamado vía Iure Hereditatis el que ampara parcialmente, condenando al demandado al pago de la suma de U$S 12.000 (dólares doce mil) a los reclamantes más intereses desde el momento del hecho ilícito; el monto del rubro Daño Moral, el que es aumentado. El demandado interpuso recurso de casación contra la última. La Corporación, por mayoría, desestima el recurso de casación interpuesto. La Sra. Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dra. Elena Martínez plantea discordia en cuanto considera que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado, en cuanto la hostilizada lo condenó a abonar el daño moral premuerte padecido por la víctima, sector del fallo que anulo, dejando sin efecto la mencionada condena. Sostiene que para que exista el daño moral premuerte, y este pueda trasmitirse a los herederos, debe existir conciencia de la situación y su padecimiento.
Recurso de casación · Derecho civil

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