DEFINITIVA 962/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA A criterio de los Sres. Ministros Dres. Doris MORALES, John PÉREZ y Tabaré SOSA, el Cuerpo de alzada acierta al señalar que fue equivocado el argumento del “a quo” para hacer lugar al despido indirecto, en tanto “ los actores no reclamaron ni basaron su defensa en la vigencia del acuerdo (un mes) así como tampoco en que el mismo no había sido prorrogado ni extendido. Su pretensión se fincó en que aún existían viajes hacia el este del país y que por ende no había razones objetivas para la mudanza (vide Nral 47 y 48 de la demanda), lo que ha quedado desvirtuado ”. El reclamo impetrado por los trabajadores se basó en considerarse indirectamente despedidos, por cuanto, según alegaron, el “jus variandi” fue ejercitado por la empleadora en forma abusiva. Concretamente, expresaron que la empresa les comunicó intempestivamente el cambio de las rutas (desde la zona este, donde trabajaban los actores, al centro del país), lo que implicaba que debían mudarse a Durazno. Afirmaron que no existían razones objetivas que justifiquen el cambio de las rutas. La empresa alegó y acreditó cual era la razón objetiva del cambio, razón que además estaba prevista contractualmente, siendo la posibilidad de traslado una contingencia que los trabajadores conocían. El Tribunal de Apela-ciones, en argumentación plenamente compartible, entendió que el cambio en la ruta se encontraba justificado y previsto en el acuerdo celebrado entre SUCTRA y la empresa

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 963/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

El codemandado interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones, agraviándose en la inexistencia de sociedad comercial, sino que es una sociedad claramente civil, que se disolvió con la muerte de la otra integrante; así como el contrato con Abitab, que es intuito personae; por lo que es errónea la aplicación de las normas comerciales al caso de autos. También se agravia por la desestimación de la reconvención por él deducida. La Corporación desestima el recurso promovido. En cuanto al primera agravio, entiende que la sociedad es una sociedad de hecho irregular, de carácter comercial, fue formada para la explotación de una Agencia Abitab con un giro comercial amplio. El segundo agravio no puede prosperar, el rechazo del ad quem de la reconvención se fundó en el único argumento, la falla de la carga de la sustanciación. Este argumento no es atacado por el recurrente en su fundamentación del recurso de casación.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 961/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3º Turno, amparó parcialmente la demanda y en su mérito condenó a la Intendencia Departamental de Florida a abonar a la parte actora la suma de $ 1.661.702 más sus reajustes e intereses legales desde la fecha de la exigibilidad de las prestaciones. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos. La parte actora y interpuso recurso de casación agraviándose: (i) la decisión de la Sala de confirmar el rechazo de diferencias en el pago de algunas facturas fundado en el incumplimiento tempestivo de la carga de la debida alegación; (ii) la interpretación del objeto del contrato, específicamente en lo que refiere a la cantidad de horas de servicios que debían abonarse por la Intendencia mes a mes; (iii) la decisión de confirmar la desestimatoria de diferencias por nocturnidad y cargas de la seguridad social y (iv) el rechazo del pretendido ejercicio abusivo del receso unilateral. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviándose: (i) la nula trascendencia que la Sala concedió a la nota presentada por la actora el 28 de octubre de 2016; (ii) no existieron atrasos en los pagos en la medida en que el actor los aceptó; (iii) se equivoca el Tribunal al no distinguir dos períodos distintos contractuales distintos, con condiciones diversas; (iv) la Sala incurre en error al interpretar que, al contestar la demanda, la Intendencia no controvirtió con claridad parte del reclamo. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó los recursos de casación interpuestos por vía principal por la parte actora y la parte demandada. En cuanto al primer agravio de la actora fue propuesto extemporáneamente al apelar, por lo cual, no se hizo lugar al agravio. En cuanto a una errónea interpretación del objeto del contrato, a juicio de la Corte, corresponde desestimar el agravio, por no encontrar en la interpretación de la Sala error de Derecho alguno pasible de corrección en casación. En cuanto al agravio de la parte actora, de que se haya desestimado su pretensión de indemnización fundada en un receso unilateral ejercido por la Intendencia de forma abusiva y contraria a la buena fe. La sentencia de segunda instancia relevó que no existió prueba ni del an debeatur ni del quantum debeatur que el actor reclamó fundado en el pretendido ejercicio abusivo del receso unilateral. Al respecto, nada expresó en casación el actor, lo que determina que deba desestimarse el agravio. En cuanto al recurso de casacion interpuesto por la parte demandada, a juicio de la Corte, ninguno de los agravios resulta de recibo, sosteniendo que las críticas realizadas no se erigen como agravios concretos.

Recurso de casación · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 1383/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos contienden negativamente los Juzgados Letrados de Primera Instancia de San José de 5to. Turno y de Rosario de 1er Turno. Es el domicilio de la víctima el que de acuerdo al criterio territorial determina la competencia (art. 120.2 del C.N.A. en la redacción dada por Ley nro. 19.747, que se remite a la Ley Nro. 19.580 y especialmente al artículo 54). En este caso el domicilio de los menores es en el Dpto. de San José, por lo que la Corporación declara competente para seguir entendiendo de la causa al Jdo. Ldo. de Primera Instancia de San José.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 959/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos la parte ejecutada opuso excepciones de inhabilidad de título y de inconstitucionalidad del art. 8 del decreto Nº 36.127 de la Junta Departamental de Montevideo de fecha 28 de octubre de 2016, y su modificativa art. 8 del Decreto Departamental Nº 36.852 de fecha 26 de octubre de 2018, señaló que la normativa impugnada crea un adicional del 100% al Impuesto de Contribución Inmobiliaria en Montevideo, que gravará a las fincas en la zona urbana y suburbana del departamento que se hallen deshabitadas en forma permanente durante el lapso de al menos un año civil. Finalmente la Suprema Corte de Justicia por mayoría, con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre, John Pérez Brignani y Doris Morales, desestimó la excepción de inconstitucionalidad promovida. En efecto, no corresponde pronunciarse sobre la regularidad constitucional de un texto legal cuando éste ha sido total e irrevocablemente aplicado, como sucede en el caso de autos. Ello se desprende de lo previsto en el art. 508 del Código General del Proceso, en cuanto dispone que “Siempre que deba aplicarse una Ley o una norma que tenga fuerza de Ley (...)”; de modo que, si la ley ya fue aplicada en el caso, desplegando efectos definitivos, no corresponde, luego, analizar su regularidad constitucional. Por lo tanto, para la mayoria mencionada de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad en mérito a que la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende ha sido definitivamente aplicada a las excepcionantes. Esto determina que carezcan de interés directo en la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la norma. Sin perjuicio de lo anterior, los Sres. Ministros Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani, destacan que no resulta posible revisar la legalidad -en sentido amplio- del acto administrativo tributario (incluida su inconstitucionalidad) en el marco de este proceso ejecutivo. En el marco del proceso ejecutivo tributario, no es posible ingresar al examen de la legalidad o validez del acto administrativo, materia sobre la que existe competencia privativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (D) DRA. BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ – MINISTRA SCJ - DISCORDE: por cuanto entiende que no corresponde declarar la falta de interés directo personal y legítimo de las excepcionantes con fundamento en que la ley fue definitivamente aplicada. La ausencia de interés “directo”, eso que la jurisprudencia de la Corte refiere como “aplicación definitiva” de la norma se verificará, en casos como el aquí planteado, si el acto jurisdiccional de ejecución del acto administrativo pasó en autoridad de cosa juzgada. Es decir, con el dictado de la sentencia definitiva en el proceso monitorio desestimando la excepción de inhabilidad opuesta por los citados.

INTERLOCUTORIA 1338/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1345/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos la sede Letrada de Colonia de 1º Turno declinó competencia por considerar que, atento a que el domicilio de la adolescente actualmente es en la ciudad de Salto, dicha Sede devino competente; mientras que el titular de la sede Letrada de Salto de 3º Turno considera que debe continuar entendiendo el Juzgado de Colonia, en virtud de que fue el Juzgado que dispuso la internación de la menor. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para seguir entendiendo en el caso de autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 3º Turno. El articulo 54 de la Ley Nº 19.580 prevé: “(Competencia). La competencia en razón de lugar se determinará por el domicilio de la víctima...”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1334/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 956/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

Defensa de imputado de delitos de abuso sexual agravado, por haberse cometido sobre la persona de su hija menor de edad, interpone casación agraviándose por el quantum de la pena y por la valoración probatoria realizada por la Sala. La Corporación por unanimidad de sus integrantes habrá de desestimar la recurrencia. Si bien formalmente fue admitida la recursiva por encontrarse correctamente planteado el agravio respecto a la errónea valoración de la prueba, de la misma se desprende la existencia de plena prueba. De los testimonios recabados surge la responsabilidad del imputado sin hesitaciones. Respecto a la pena impuesta, si bien es discrecionalidad de los órganos de mérito, no queda fuera de los límites casatorios en caso de que resulte arbitraria o vulneratoria de los limites de razonabilidad, motivo para que la Corte proceda a la censura. De todas maneras, el ejercicio de la potestad discrecional fue ajustado a derecho y dentro de los límites punitivos.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 994/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 1047/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 957/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023Importancia alta

Defensa de imputado por delito de atentado violento al pudor se agravia por la valoración realizada por la Sala. La Corporación habrá de desestimar la recurrencia desde el plano formal debido a las carencias que padece el escrito. La parte agraviada incumplió con la carga de la debida alegación en casación, presentando una transcripción de su escrito de apelación.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1066/2023 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 955/2023 · Suprema Corte de Justicia · 26 de setiembre de 2023Importancia alta

Reclamo de funcionarios judiciales contra el Poder Judicial - Suprema Corte de Justicia por FONASA. La Corte integrada, y por mayoría anula la sentencia definitiva de segunda instancia Nº 160/2022 de 7/9/2022, en cuanto desestimó la demanda declarando la caducidad de la pretensión, debiéndose estar a lo decidido en primera instancia por sentencia interlocutoria Nº 372/2020,. No obstante, desestima la demanda en todos sus términos. No se configuró por parte de la Suprema Corte de Justicia, violación de lo establecido en el art. 9 de la Ley Nº 18.131, habiendo procedido conforme lo edictado por los arts. 3, 4 y 9 de la Ley Nº 18.131, realizando a partir de marzo de 2008 la retención del aporte progresivo del 1% acumulativo anual hasta alcanzar el porcentaje del 3%, aporte de carácter obligatorio de acuerdo a lo establecido normativamente (art. 68 Ley Nº 18.211, art. 3 Ley Nº 18.131) para financiar el sistema, sin afectar el salario líquido de los funcionarios, conforme el porcentaje de recuperación salarial aplicado a partir de su ingreso al SNIS, en enero de 2008, y progresivamente hasta el año 2010, procediendo a desestimar el reclamo con base en tal fundamento. En la especie, se trata de un crédito que tuvo previsión presupuestal y por una posterior ley presupuestal, de forma expresa se quitó de la disponibilidad y administración del Poder Judicial. Por lo tanto, a partir de la de ley de presupuesto Nº 18.719 (art. 647) y conforme a lo establecido en los arts. 86 y 214 del Constitución, no se previó por el legislador retribuir a los funcionarios judiciales con una compensación sala-rial sustitutiva de los aportes FONASA; en consecuencia, no existe sustento normativo para acceder a la pretensión de la parte actora; correspondiendo desestimar el recurso de casación planteado por esa parte. Conforme a lo expuesto, al desestimarse el recurso de casación, y por ende confirmarse la desestimatoria de la demanda, no procede analizar los agravios (eventuales) sustentados en vía adhesiva relativos a la condena al pago del equivalente a los adicionales al FONASA así como la condena a futuro, y en cuanto declaró que carecen de derecho de fondo quiénes ingresaron luego del 1º/1/08, o quiénes ingresaron antes del 5 de agosto de 2015 y quiénes no percibieron la cuota mutual. Discordia de la Dra. Mónica Besio para quien procede acoger parcialmente la demanda de autos, por el período no alcanzado por la prescripción extintiva, con más sus reajustes legales mes a mes, desde el momento en que se efectuaron las respectivas retenciones; no haciendo lugar a la condena de futuro, todo en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente. En cuanto al reclamo de los funcionarios que ingresaron al Poder Judicial con posterioridad a Enero de 2008, se entiende que corresponde desestimar la demanda incoada. Discordia del Dr. Fernando Tovagliare para quien corresponde casar la sentencia impugnada, haciendo parcialmente lugar a la demanda condenando al Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia, a pagar a los accionantes que ingresaron antes de enero del año 2008, las sumas equivalentes a las retenciones que se les han practicado en sus haberes por aportes al FONASA por el período no alcanzado por prescripción extintiva, más las sumas que se continúen generando hacia el futuro por el mismo concepto.

INTERLOCUTORIA 1272/2023 · Suprema Corte de Justicia · 26 de setiembre de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho contencioso estatal

DEFINITIVA 907/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

El Juzgado Letrado de Primera Instancia condenó solidariamente a los codemandados por concepto de daños y perjuicios derivados, lucro cesante y daño moral irrogados por el ilícito accionar más intereses. El Tribunal a quem revocó la sentencia apelada, desestimando la demanda. La parte actora interpone recurso de casación, expresando como agravios: error en la aplicación del derecho, y la valoración de la prueba. La Corporación debidamente integrada, desestima el recurso de casación interpuesto. Considera que la recurrente se limitó a expresar su disconformidad con la valoración probatoria de la Sala, más no alegó en ningún momento un vicio del razonamiento probatorio con la entidad exigible para ser considerado en casación.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1240/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

La Corporación entiende que es competente para entender en la ejecución de sentencia, el juez que despachó la sentencia objeto de ejecución.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 915/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

En el caso de autos la actora promovió demanda de rescisión de contrato de compraventa de bien inmueble y daños y perjuicios contra los demandados empresa constructora y Estudio Contable, funda la demanda en la existencia de vicios ocultos. En primera instancia amparó la excepción de falta de legitimación pasiva del Estudio Contable demandado. Declaró rescindido el contrato de compraventa celebrado entre la empresa constructora demandada y la actora respecto del inmueble de autos, debiendo la actora proceder a la restitución del bien y condenando a la empresa constructora a restituir a la actora los gastos causados por el negocio, condenando ademas por concepto de daños y perjuicios y por concepto de gastos comunes, UTE, tributos y los necesarios para la cancelación de la hipoteca. Desestimándose la demanda en lo demás. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, revocó en parte la sentencia de primera instancia, y en su mérito: condenó asimismo al contador del Estudio Contable en forma solidaria con la empresa constructora, a pagar los daños impuestos por la Sentencia recurrida, (precio más gastos), así como también la totalidad de lo erogado por la actora a la Escribana y los tributos municipales. Los demandados interpusieron recurso de casación agraviándose por infracción a las normas contenidas en los arts. 1391, 1392 y 1555 del Código Civil, por errónea aplicación de la norma contenida en el art. 1718 del Código Civil y por una errónea valoración de la prueba sobre el supuesto vicio oculto. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, anulando la sentencia impugnada exclusivamente respecto a la condena solidaria impuesta. En su lugar, amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el contador del Estudio Contable y desestimó la demanda a su respecto. En virtud de la existencia, a su respecto, de dos pronunciamientos coincidentes en las instancias anteriores la Corte declaró la Inadmisibilidad de los agravios relativos a la constatación de los vicios ocultos denunciados por la actora. En cuanto al agravio respecto a la condena solidaria dispuesta a juicio de las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez, Bernadette Minvielle y Doris Morales, corresponde anular la sentencia impugnada en cuanto desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el contador del Estudio Contable demandado, debido a que el Tribunal de Apelaciones fundó tal decisión en hechos y argumentos que no fueron introducidos por la parte actora en su acto de alegación inicial. A su vez a juicio de los Sres. Ministros Dres. Sosa Aguirre, Martínez y Peréz, no existen normas ni principios jurídicos que habiliten a trasvasar la responsabilidad de la empresa constructora al Contador del Estudio Contable demandado, por lo que cabe acoger el agravio de la demandada.

DEFINITIVA 944/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El caso de autos la parte actora promovió proceso ejecutivo contra el demandado, acompañó en su demanda, testimonios de resoluciones por las cuales se le impusieron 1743 multas. La parte demandada, planteó la falta de cumplimiento de presupuesto procesal y opuso las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva. En primera instancia se hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva e inhabilidad de título, revocó la Providencia Nº 1285/2021 y levantó el embargo genérico dispuesto. Desestimando la excepción de falta de cumplimiento de presupuesto procesal. Los costos y costas a cargo de la actora. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, revocó la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, y desestimó las excepciones opuestas por la parte demandada, manteniéndose firme la providencia inicial de condena y embargo Nº 1285/2021 así como la condena en costas de la primera instancia allí dispuesta. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviándose que la Sala se ha apartado de las reglas de la sana crítica, la razonabilidad y la experiencia, añadió que las normas que se han infringido son el art. 91 del Código Tributario (falta de legitimación pasiva e inhabilidad del título), art. 137 (prueba de los hechos controvertidos), art. 139 (carga de la prueba), art. 141 (reglas de la experien-cia) y art. 197 del CGP. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. En primera lugar la Corte advierte que los motivos de impugnación relativos a la transgresión de los arts. 137, 139, 141 y 197 del CGP, no cumplen mínimamente la carga de alegación contenida en el art. 273 del CGP. Sobre las excepciones de inhabilidad de título para la corporación los agravios no resultan de recibo. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva para la corporación los agravios tampoco resultan de recibo, porque la excepción en cuestión es admisible cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la resolución sea distinta del demandado en juicio, lo que no sucede en el caso.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 931/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo amparó la excepción de falta de legitimación pasiva de los propietarios del vehículo , amparó parcialmente la demanda y en su mérito, condenó al codemandado, a abonar a los actores: cónyuge supérstite la suma de $ 908.000 (U$S 20.000, valor al día de la fecha, $45.40) y a los hijos legítimos la suma de $ 1.135.000 (U$S 25.000, valor dólar al día de la fecha, $45.40) para cada uno de ellos, por concepto de daño moral, debiendo descontarse del daño extrapatrimonial condenado el importe de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) por concepto de SOA abonado y por lucro cesante futuro la suma de $ 2.922.000 (pesos uruguayos dos millones novecientos veintidós mil), más reajustes de acuerdo al decreto – ley No. 14.500 desde el hecho ilícito e intereses desde la presentación de la demanda. El Tribunal a quem confirma parcialmente la sentencia apelada, revocándola únicamente en cuanto al monto de la condena por concepto de lucro cesante futuro el que se fija en $2.337.600; y que acogió la falta de legitimación pasiva del codemandado (padre del conductor) , condenando al mismo al pago del rubro daño moral por el monto dispuesto en la presente sentencia. El codemandado (dueño del vehículo) y su hijo (conductor) interpusieron recurso de casación. Al primero, le causa agravio que se lo haya responsabilizado en su rol de guardián de la cosa que intervino en la causación de los daños. Controvirtió, asimismo, el monto de la condena. Por su parte, el segundo, cuestionó la procedencia y cuantificación de los daños. La Corporación desestima los recursos de casación interpuestos.

Recurso de casación · Derecho civil