DEFINITIVA 901/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

La sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad de Limipell SA y, condenó a la codemandada Limipell SA a abonar determinadas sumas de dinero por concepto de daño moral y daño emergente, desestimando el lucro cesante. Intereses y reajuste desde el hecho ilícito El Tribunal ad quem confirmó parcialmente la sentencia definitiva dictada en autos, revocándola solo en cuanto atribuyó la responsabilidad exclusiva en el accidente de autos a la actora Limipell SA, disponiéndose, en su lugar, que se atribuye responsabilidad compartida, 50% a Limipell SA y el restante 50% a la Empresa Diomar G. Núñez Pereira; desestimó la demanda instaurada por Limipell SA, la que se acoge parcialmente, condenando a la Empresa Diomar G. Núñez Pereira a abonar a la actora el 50% de los rubros acogidos en la presente sentencia, todo con más reajustes e intereses legales desde el hecho ilícito y hasta la fecha de su efectivo pago; y condenó a Limipell SA a abonar los rubros daño moral y daño emergente, disponiendo que la condena impuesta al mismo es de 50%. Contra esta última la demandada interpuso recurso de casación, agraviándose en la errónea aplicación del derecho y valoración de la prueba, en la atribución de responsabilidad, y en el dies a quo de los intereses. La Corporación (con una discordia parcial), desestima el recurso de casación interpuesto. Con relación a la crítica dirigida contra el sector del fallo que tuvo por no acreditado que el camión de la actora estuviera detenido en la ruta al momento del accidente, la Suprema Corte de Justicia estima que nada cabe reprochar al análisis de la Sala. En suma, la Suprema Corte de Justicia considera que corresponde rechazar los agravios referentes a la valoración de la prueba, pues el hecho de poder sostenerse una valoración distinta, también razonable y con anclaje en las resultancias de autos, no es suficiente para censurar la efectuada por la Sala. La Sra. Ministra Dra. ELENA MARTÍNEZ es parcialmente discorde en cuanto considera que en materia de responsabilidad extracontractual, los interese legales corren desde la fecha de la demanda.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 949/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo amparó parcialmente la demanda, condenando a la demandada a abonar a cada una de las actoras la suma de U$S 18.000 (dólares dieciocho mil), más intereses legales desde la fecha del accidente de tránsito hasta su efectivo pago por el rubro daño moral propio. Y a abonarle al Sr. actor la suma de U$S 30.000 (Dólares treinta mil), más intereses legales desde la fecha del accidente de tránsito hasta su efectivo pago por el rubro daño moral propio, más la suma que resulte del procedimiento incidental del art. 378 del C.G.P. conforme las bases expuestas en el considerando respectivo, por el rubro lucro cesante (pasado y futuro). Desestimó la demanda en todo lo demás. El Tribunal a quem confirma la sentencia apelada salvo en cuanto al monto del daño moral en beneficio de cada una de las hermanas de la víctima, el que se determina en la cantidad de U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una, y revoca la condena por lucro cesante pasado y futuro en favor del cónyuge, desestimando la demanda a su respecto. Contra la misma la parte actora interpone recurso de casación, afirmando que existió una incorrecta valoración de la prueba, que puede calificarse como absurda o arbitraria. La Corporación, por mayoría ampara el recurso de casación interpuesto por la parte actora; condenando a la parte demandada al pago del lucro cesante en los términos detallados en la sentencia. Discordia parcial de la Sra. Ministra Dra. Elena Martínez: solamente en cuanto el dies a quo del cómputo de los intereses del daño moral, entiende que en materia de responsabilidad extracontractual los intereses legales se computan desde la fecha de la demanda. Discordia del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa: entiende que corresponde confirmar la sentencia de segunda instancia.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 918/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El caso de autos, un grupo de funcionarios de ANCAP demandaron a la Administración por diferencias salariales y, en subsidio, daños y perjuicios por la pérdida de la chance al ascenso. En primera instancia amparó parcialmente la demanda y condenó a la parte demandada, a abonar a los actores individualizados en el considerando X, los montos correspondientes al período de julio de 2017 a noviembre de 2018. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia. La parte demandada interpuso recurso de casación, agraviándose por cuanto el Tribunal no recogió lo previsto en la Ley Nº 18.508 de negociación colectiva, interpretó en forma equivocada la resolución (D) 810/9/2018, además valoró erróneamente la prueba rendida y desconoció los artículos 220 y 230 de la Constitución. La parte actora adhirió al recurso de la contraria, denunciando error en la valoración de la prueba respecto a uno de los co-actores. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó los recursos de casación interpuestos por vía principal y adhesiva. En cuanto al agravio: error en la interpretación de la resolución (D) 810/9/2018 y en la valoración de la prueba, a juicio de la Corporación no le asiste razón. En el caso de autos debe convenirse que la omisión de controvertir uno de los argumentos determinantes del fallo (la naturaleza no irresistible del obstáculo alegado) sella la suerte de la recurrencia en examen, por razones de estricto orden adjetivo. A juicio de los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, John PÉREZ, Doris MORALES y Bernadette Minvielle Sanchez, la demandada al estructurar el agravio no cumplió con denunciar un error con la entidad necesaria para ser considerado. En cuanto al agravio en referencia a que el Tribunal no recogió lo previsto en la Ley Nº 18.508 de negociación colectiva, a juicio de la Corporación las previsiones de la Ley Nº 18.508 de negociación colectiva en el sector público, no justifican la demora considerable en la implementación del proceso de carrera horizontal. Por ultimo, la adhesión a la casación, del propio documento referenciado por la actora surge lo contrario a lo que afirma en su recurso de casación, por lo que el rechazo del planteo se impone sin otras consideraciones adicionales.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 953/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo amparó parcialmente la demanda y condenó a la demandada a abonar a los actores los jornales caídos más multa legal, con los reajustes correspondientes e intereses legales desde la exigibilidad de cada rubro hasta su efectivo pago, sin perjuicio de los descuentos legales correspondientes. Asimismo declaró la incompetencia en el reclamo de los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo, desestimando los mismos. El Tribunal a quo revocó la sentencia de primera instancia, y desestimó la demanda. Contra la misma la parte actora interpuso recurso de casación, causada en un error en la valoración de la prueba. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. Entiende que salvo en lo referente a “jornales caídos”, existen dos sentencias coincidentes por lo que no puede ser objeto de casación. En cuanto a la valoración de la prueba, no se demostró error considerado absurdo o arbitrario.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 1227/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 938/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo condenó al ahora recurrente, como autor penalmente responsable de un delito de lesiones gravísimas culpables, a la pena de veinte meses de prisión, la que deberá cumplirse en un régimen de libertad vigilada según lo establecido en los arts. 8 y 9 de la ley 19.446. El Tribunal ad quem confirma la sentencia de primera instancia. El encausado interpone recurso de casación, agraviándose en cuanto a la valoración de la prueba, aplicación del derecho (régimen de la culpa) y violación del principio de inocencia. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. De acuerdo con el criterio postulado por la mayoría de la Corte, la Defensa no cumplió con denunciar un supuesto de absurdo evidente en el razonamiento del Tribunal, ni explicitó en qué consistiría el mismo. En tanto, conforme al criterio sustentado por el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, la impugnante no describió un supuesto de razonamiento acrítico por parte de la Sala, esto es, vulneratorio de las reglas de la sana crítica. En cuanto al régimen de culpas, la Corporación entiende que en el derecho penal no procede la concurrencia de culpas, por lo que el agravio esgrimido no puede prosperar.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 926/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

La Sra. Juez a quo condenó a la demandada CUDAM a la reparación del daño moral causado a cada uno de los actores con intereses desde la demanda y desestimó el resto de los rubros reclamados. El Tribunal a quem confirmó la sentencia de primera instancia, con una discordia. CUDAM interpone recurso de casación, agraviándose en que la Sala no realizó una correcta valoración de los informes periciales. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto pues el recurrente no ha logrado probar el error arbitrario o absurdo en la valoración de la prueba.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1239/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 889/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El accionante promueve acción de inconstitucionalidad contra los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley N.º 17.060 en la redacción dada por la Ley N.º 19.797, alegando que los mismos violan el derecho a la intimidad (arts. 10 y 72 de la Constitución de la República), y el derecho a la seguridad jurídica. La Corporación desestima la acción de inconstitucionalidad promovida. No surge de la prueba alegada que el accionante se encuentre separado de bienes y que, en consecuencia no existan bienes gananciales; por lo que cabe concluir que la obligación impuesta de declarar los bienes gananciales es ajustada a Derecho y no vulnera ningún principio constitucional. En cuanto a la obligación de incluir en la declaración jurada los bienes propios de la cónyuge y la nómina contenida en el literal b); el accionante carece de interés personal legítimo para deducir la presente acción, pues plantea que la norma invocada violenta el derecho a la intimidad de su cónyuge. En lo que refiere a la vulneración de la seguridad jurídica, estima la Corporación que las conductas que son las bases de los hechos infraccionales y sus consecuencias jurídicas están preestablecidas en la Ley, por lo que no existe violación al mencionado principio. Discordia de la Sra. Ministra Dra. ELENA MARTÍNEZ: entiende que corresponde amparar la acción de inconstitucionalidad promovida, únicamente en cuanto se obliga a proporcionar información patrimonial correspondiente a su cónyuge. Expresa que “Poner exclusivamente en cabeza del obligado la exigencia de vulnerar los derechos del cónyuge o concubino, mediante la exposición de su patrimonio, supone entrometerse en su intimidad, vulnerando el derecho humano a la privacidad…” sin reportar utilidad para el fin perseguido. También se vulnera el principio de seguridad jurídica, en cuanto se impone a un sujeto una obligación de hacer cuyo cumplimiento depende enteramente de un tercero. Discordia del Sr. Ministro Dr. JOHN PÉREZ: considera que corresponde hacer lugar a la inconstitucionalidad deducida. La norma vulnera derechos fundamentales al pretender que el actor divulgue datos de un tercero; es, por lo tanto, una obligación de imposible cumplimiento y de naturaleza ilícita.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1237/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 899/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. El Tribunal a quem confirma la sentencia apelada en todos sus términos. La parte actora interpone recurso de casación, agraviándose en la no condena a ASSE por la infección intrahospitalaria contraída por la actora mientras estuvo internada en el INOT, errónea valoración de la prueba y aplicación del derecho. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto, entiende que la accionante incumplió con la carga de la debida sustanciación.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1229/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

La Suprema Corte de Justicia, con el quorum legalmente requerido (art. 56 inc. 2 de la Ley Nº 15.750), declarará competente al Juzgado de Paz Departamental de San José. Tratándose de una acción real, es competente para conocer en la causa el tribunal del lugar donde esté la cosa litigiosa (artículo 15 de la Ley Nº 15.750) y la cuantía del asunto de acuerdo al valor real del inmueble no supera el límite fijado para los Juzgados Letrados (artículo 36 de la Ley Nº 15.750, acordada Nº 8092 de la Suprema Corte de Justicia).

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 907/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

El Juzgado Letrado de Primera Instancia condenó solidariamente a los codemandados por concepto de daños y perjuicios derivados, lucro cesante y daño moral irrogados por el ilícito accionar más intereses. El Tribunal a quem revocó la sentencia apelada, desestimando la demanda. La parte actora interpone recurso de casación, expresando como agravios: error en la aplicación del derecho, y la valoración de la prueba. La Corporación debidamente integrada, desestima el recurso de casación interpuesto. Considera que la recurrente se limitó a expresar su disconformidad con la valoración probatoria de la Sala, más no alegó en ningún momento un vicio del razonamiento probatorio con la entidad exigible para ser considerado en casación.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1238/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 931/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo amparó la excepción de falta de legitimación pasiva de los propietarios del vehículo , amparó parcialmente la demanda y en su mérito, condenó al codemandado, a abonar a los actores: cónyuge supérstite la suma de $ 908.000 (U$S 20.000, valor al día de la fecha, $45.40) y a los hijos legítimos la suma de $ 1.135.000 (U$S 25.000, valor dólar al día de la fecha, $45.40) para cada uno de ellos, por concepto de daño moral, debiendo descontarse del daño extrapatrimonial condenado el importe de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) por concepto de SOA abonado y por lucro cesante futuro la suma de $ 2.922.000 (pesos uruguayos dos millones novecientos veintidós mil), más reajustes de acuerdo al decreto – ley No. 14.500 desde el hecho ilícito e intereses desde la presentación de la demanda. El Tribunal a quem confirma parcialmente la sentencia apelada, revocándola únicamente en cuanto al monto de la condena por concepto de lucro cesante futuro el que se fija en $2.337.600; y que acogió la falta de legitimación pasiva del codemandado (padre del conductor) , condenando al mismo al pago del rubro daño moral por el monto dispuesto en la presente sentencia. El codemandado (dueño del vehículo) y su hijo (conductor) interpusieron recurso de casación. Al primero, le causa agravio que se lo haya responsabilizado en su rol de guardián de la cosa que intervino en la causación de los daños. Controvirtió, asimismo, el monto de la condena. Por su parte, el segundo, cuestionó la procedencia y cuantificación de los daños. La Corporación desestima los recursos de casación interpuestos.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1225/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Recurso de aclaracion y ampliacion

Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho penal

DEFINITIVA 886/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 1er. Turno, condenó al imputado como autor responsable de un delito de abuso sexual, a la pena de tres (3) años de penitenciaría… El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do. Turno, confirmó la sentencia de primera instancia y revocó en cuanto computa la agravante del abuso de cohabitación. La Defensa del encausado interponiendo recurso de casación agraviándose sobre una errónea valoración de la prueba, se infringió el artículo 143 del CPP. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de la Corporación, corresponde desestimar el recurso de casación dado que el mismo, incumple ostensiblemente con la carga de la debida alegación exigida por el artículo 273 del CGP aplicable en virtud de la expresa remisión prevista en el artículo 369 del CPP.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1224/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho de familia

DEFINITIVA 888/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

Se desestiman los recursos de casación interpuestos. En el caso de autos, el recurrente no alegó un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en grado manifiesto. Es decir, no se cumplió con la primera condición antedicha. El cuestionamiento se limitó a una mera disconformidad con la valoración practicada por la Sala. Con relación a los agravios introducidos por el Ministerio del Interior basados en que no corresponde la aplicación de la responsabilidad edictada por el art. 24 de la Constitución, en virtud de que se trató de un hecho personalísimo del victimario, cabe señalar que, en la especie, la omisión que se le atribuye al Ministerio del Interior refiere a no haber dado el trámite correspondiente a las denuncias efectuadas por la víctima, no a la circunstancia de que el victimario fuera funcionario policial. Por lo tanto, los argumentos realizados por la insurgente respecto a que el funcionario se encontraba de licencia, en nada inciden en el supuesto de autos y en la responsabilidad de la Administración. En efecto, los hechos que dan lugar al presente pronunciamiento, en virtud de los cuales se determina la responsabilidad de la demandada, se basan en que la actuación policial infringió las reglas del procedimiento policial, que le imponían dar ingreso y registro a la denuncia formulada, así como dar cuenta a la autoridad judicial competente, en forma inmediata al conocimiento de los hechos constitutivos de violencia doméstica. En cuanto a los cuestio-namientos por una errónea aplicación de lo dispuesto por los arts. 1319 y 1323 del Código Civil, emerge de los agravios introducidos que los mismos tienen su fundamento en la inexistencia del nexo de causalidad necesario entre la muerte de AA y el actuar de los dependientes de la demandada; en especial, respecto a la existencia de omisiones en la prestación del servicio por parte de los dependientes de la demandada que hubieren ocasionado o contribuido a la producción del evento dañoso que motiva el presente pronun-ciamiento. Al respecto, estima la mayoría de la Corte que resulta clara en el caso la existencia de relación de causalidad entre el deficiente funcionamiento del servicio y el trágico desenlace. A juicio de la Corpora-ción, el servicio no funcionó como era debido. Respecto al porcetaje de culpabilidad (70% Ministerio dle interior y 30% victimario) fijado por la Sala de 5º T, a criterio de la Corporación resulta razonable, por lo que debe mantenerse. En efecto, surge de autos que la primera denuncia ni siquiera fue subida al sistema como correspondía. No debemos perder de vista que, conforme al protocolo correspondiente, la Policía no solo debía subir la denuncia sino actuar en forma inmediata. En el caso de la segunda denuncia, formulada a cinco meses de la primera, se la envió a otra comisaría, pero, en definitiva, no surge que se realizaran actuación al respecto. Por otra parte, es dable resaltar que, conforme al protocolo existente, debieron de retirarle el arma de reglamento al victimario, extremo éste que no se produjo, siendo que fue con esa arma con la que en definitiva ultimó a AA. Respecto a los montos por daño moral fiajdos por el Tribunal, a juicio de la mayoría de la Corporación, los montos objetos de condenas son acordes a la realidad jurisprudencial. Discordia del Dr.Tabaré Sosa, quien entiende que, en el caso de autos la falta de servicio constatada (omisión de dar el trámite correspondiente a la denuncia formulada por AA contra quien, un año y dos meses después, le diera injusta y lamentable muerte, DD) y el resultado fatal no guardan la necesaria relación de causa adecuada a efecto, es decir, no existe nexo de causalidad adecuada entre uno y otro.

INTERLOCUTORIA 1240/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

La Corporación entiende que es competente para entender en la ejecución de sentencia, el juez que despachó la sentencia objeto de ejecución.

Contienda de competencia · Derecho procesal