INTERLOCUTORIA 1237/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 889/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El accionante promueve acción de inconstitucionalidad contra los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley N.º 17.060 en la redacción dada por la Ley N.º 19.797, alegando que los mismos violan el derecho a la intimidad (arts. 10 y 72 de la Constitución de la República), y el derecho a la seguridad jurídica. La Corporación desestima la acción de inconstitucionalidad promovida. No surge de la prueba alegada que el accionante se encuentre separado de bienes y que, en consecuencia no existan bienes gananciales; por lo que cabe concluir que la obligación impuesta de declarar los bienes gananciales es ajustada a Derecho y no vulnera ningún principio constitucional. En cuanto a la obligación de incluir en la declaración jurada los bienes propios de la cónyuge y la nómina contenida en el literal b); el accionante carece de interés personal legítimo para deducir la presente acción, pues plantea que la norma invocada violenta el derecho a la intimidad de su cónyuge. En lo que refiere a la vulneración de la seguridad jurídica, estima la Corporación que las conductas que son las bases de los hechos infraccionales y sus consecuencias jurídicas están preestablecidas en la Ley, por lo que no existe violación al mencionado principio. Discordia de la Sra. Ministra Dra. ELENA MARTÍNEZ: entiende que corresponde amparar la acción de inconstitucionalidad promovida, únicamente en cuanto se obliga a proporcionar información patrimonial correspondiente a su cónyuge. Expresa que “Poner exclusivamente en cabeza del obligado la exigencia de vulnerar los derechos del cónyuge o concubino, mediante la exposición de su patrimonio, supone entrometerse en su intimidad, vulnerando el derecho humano a la privacidad…” sin reportar utilidad para el fin perseguido. También se vulnera el principio de seguridad jurídica, en cuanto se impone a un sujeto una obligación de hacer cuyo cumplimiento depende enteramente de un tercero. Discordia del Sr. Ministro Dr. JOHN PÉREZ: considera que corresponde hacer lugar a la inconstitucionalidad deducida. La norma vulnera derechos fundamentales al pretender que el actor divulgue datos de un tercero; es, por lo tanto, una obligación de imposible cumplimiento y de naturaleza ilícita.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 888/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

Se desestiman los recursos de casación interpuestos. En el caso de autos, el recurrente no alegó un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en grado manifiesto. Es decir, no se cumplió con la primera condición antedicha. El cuestionamiento se limitó a una mera disconformidad con la valoración practicada por la Sala. Con relación a los agravios introducidos por el Ministerio del Interior basados en que no corresponde la aplicación de la responsabilidad edictada por el art. 24 de la Constitución, en virtud de que se trató de un hecho personalísimo del victimario, cabe señalar que, en la especie, la omisión que se le atribuye al Ministerio del Interior refiere a no haber dado el trámite correspondiente a las denuncias efectuadas por la víctima, no a la circunstancia de que el victimario fuera funcionario policial. Por lo tanto, los argumentos realizados por la insurgente respecto a que el funcionario se encontraba de licencia, en nada inciden en el supuesto de autos y en la responsabilidad de la Administración. En efecto, los hechos que dan lugar al presente pronunciamiento, en virtud de los cuales se determina la responsabilidad de la demandada, se basan en que la actuación policial infringió las reglas del procedimiento policial, que le imponían dar ingreso y registro a la denuncia formulada, así como dar cuenta a la autoridad judicial competente, en forma inmediata al conocimiento de los hechos constitutivos de violencia doméstica. En cuanto a los cuestio-namientos por una errónea aplicación de lo dispuesto por los arts. 1319 y 1323 del Código Civil, emerge de los agravios introducidos que los mismos tienen su fundamento en la inexistencia del nexo de causalidad necesario entre la muerte de AA y el actuar de los dependientes de la demandada; en especial, respecto a la existencia de omisiones en la prestación del servicio por parte de los dependientes de la demandada que hubieren ocasionado o contribuido a la producción del evento dañoso que motiva el presente pronun-ciamiento. Al respecto, estima la mayoría de la Corte que resulta clara en el caso la existencia de relación de causalidad entre el deficiente funcionamiento del servicio y el trágico desenlace. A juicio de la Corpora-ción, el servicio no funcionó como era debido. Respecto al porcetaje de culpabilidad (70% Ministerio dle interior y 30% victimario) fijado por la Sala de 5º T, a criterio de la Corporación resulta razonable, por lo que debe mantenerse. En efecto, surge de autos que la primera denuncia ni siquiera fue subida al sistema como correspondía. No debemos perder de vista que, conforme al protocolo correspondiente, la Policía no solo debía subir la denuncia sino actuar en forma inmediata. En el caso de la segunda denuncia, formulada a cinco meses de la primera, se la envió a otra comisaría, pero, en definitiva, no surge que se realizaran actuación al respecto. Por otra parte, es dable resaltar que, conforme al protocolo existente, debieron de retirarle el arma de reglamento al victimario, extremo éste que no se produjo, siendo que fue con esa arma con la que en definitiva ultimó a AA. Respecto a los montos por daño moral fiajdos por el Tribunal, a juicio de la mayoría de la Corporación, los montos objetos de condenas son acordes a la realidad jurisprudencial. Discordia del Dr.Tabaré Sosa, quien entiende que, en el caso de autos la falta de servicio constatada (omisión de dar el trámite correspondiente a la denuncia formulada por AA contra quien, un año y dos meses después, le diera injusta y lamentable muerte, DD) y el resultado fatal no guardan la necesaria relación de causa adecuada a efecto, es decir, no existe nexo de causalidad adecuada entre uno y otro.

DEFINITIVA 886/2023 · Suprema Corte de Justicia · 14 de setiembre de 2023Importancia alta

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 1er. Turno, condenó al imputado como autor responsable de un delito de abuso sexual, a la pena de tres (3) años de penitenciaría… El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do. Turno, confirmó la sentencia de primera instancia y revocó en cuanto computa la agravante del abuso de cohabitación. La Defensa del encausado interponiendo recurso de casación agraviándose sobre una errónea valoración de la prueba, se infringió el artículo 143 del CPP. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de la Corporación, corresponde desestimar el recurso de casación dado que el mismo, incumple ostensiblemente con la carga de la debida alegación exigida por el artículo 273 del CGP aplicable en virtud de la expresa remisión prevista en el artículo 369 del CPP.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 885/2023 · Suprema Corte de Justicia · 13 de setiembre de 2023Importancia alta

CÁSASE LA SENTENCIA EN RECURSO ANULÁNDOSE EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN CUANTO A LOS TIEMPOS DE INICIO QUE ESTABLECIÓ PARA EL CÓMPUTO DE LOS NTERESES DEL DAÑO MORAL, Y EN SU MÉRITO DETERMÍNASE QUE LOS INTERESES DEBEN CORRER DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (4 DE AGOSTO DEL 2020, FS. 12). DESESTÍMASE LA CASACIÓN IMPETRADA EN LO DEMÁS. En el caso sometido a estudio se promovió juicio por indemnización de daños y perjuicios contra el Estado - Poder Judicial - Suprema Corte de Justicia derivado de la responsabilidad del Estado por actividad jurisdiccional con fundamento en el artículo 24 de la Constitución. El actor AA, promovió demanda de indemnización contra el Poder Judicial por prisión indebida. En primera instancia se condenó al Poder Judicial a pagar al actor U$S 34068 por concepto de daño moral con sus intereses desde la fecha de la sentencia En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, dictó la sentencia Nº 201/2022 del 28 de setiembre de 2022 por la cual revocó en cuanto al monto, condenando a pagar la suma de U$S 69.360 y en cuanto a los intereses que corren desde el dia de la sentencia de condena, 25 de julio de 2013.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1243/2023 · Suprema Corte de Justicia · 13 de setiembre de 2023

PARA QUE PROCEDA LA ACUMULACIÓN DE AUTOS SE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL ART. 323 CGP, EN EL PRESENTE CASO NO SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS NUMERALES 3 Y 4. POR LO EXPUESTO, SE DESESTIMA LA ACUMULACIÓN DE AUTOS SOLICITADA.

Otros · Derecho procesal

DEFINITIVA 862/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

ACÓGESE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA IMPUGNADA EXCLUSIVAMENTE EN CUANTO DESESTIMÓ LA PRETENSIÓN DE REEMBOLSO PROMOVIDA POR EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE) CONTRA LA CITADA EN GARANTÍA CONSTRUCTORA SANTA MARÍA SA (CSM) Y, EN SU LUGAR, AMPÁRASE DICHA PRETENSIÓN. Entre las partes del contrato de obra no hubo cuestiones relacionadas al avance lento de la obra, ni disputas asociadas a las técnicas de construcción, que hubieran exigido la intervención de “árbitros amigables componedores”, como pide el apartado e de la cláusula 18ª. Lo que hubo, según surge de la plataforma fáctica, inmutable en casación, fue la detención definitiva de la obra, lo que implicó la verificación del incumplimiento definitivo del contrato. Ello tornó operativa la cláusula resolu-toria pactada, por incumplimiento del contrato por la contratista CSM, provocando, en última instancia, la verificación del riesgo previsto en el contrato de seguro cuya ejecución se pretende en autos. Se verificó el riesgo objeto de cobertura y el BSE debió cumplir con el pago del premio, a lo que injustificadamente se opuso, lo que determina la procedencia de la pretensión de la actora. La Corte considera errónea la decisión de la Sala de desestimar la pretensión de regreso entablada por el BSE. Como se indicó, el Tribunal rechazó tal pretensión por entender que la subrogación recién nace al momento del pago del siniestro por parte del BSE. Tal razonamiento resulta equivocado. La Sala confunde el derecho a hacer efectivo el reembolso (que, naturalmente, se activa una vez abonado el siniestro), con el derecho al reembolso (que, vía citación en garantía, nace con el dictado de la sentencia que reconoce dicha situación jurídica). En el caso, existe una causa de conexión entre el citante (BSE) y el citado (CSM), que habilita a condenar al citado en garantía, porque existe una norma sustancial que impone a éste la obligación de reintegrar al demandado lo que hubiere de pagar al actor, en virtud de la relación que los vincula. Esa obligación resulta del contrato de seguro de caución celebrado entre el asegurador BSE y el proponente CSM. Por ello, la condena que solicitó el demandado, en virtud de la citación en garantía realizada, es procedente. Corresponde aclarar, finalmente, que la pretensión del BSE fue la de ejercer la subrogación una vez que se verifiquen sus presu-puestos, esto es, cuando efectivamente pague las sumas condenadas. De ahí que, en su recurso de casación, el BSE insista en que no se trata de una acción de reembolso lisa y llanamente, sino de una sujeta a la condición de haber pagado el demandado la condena dispuesta en autos. Por tanto, se concluye que el agravio esgrimido por el recurrente es de recibo, por lo que corresponde casar en este punto la sentencia impugnada y hacer lugar a la pretensión de reembolso entablada por el BSE.

DEFINITIVA 859/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

En estos autos se presenta recurso de casación contra la sentencia que lo condena a 6 años de penitenciaría como autos penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual. Se agrava en cuanto entiende que no se valoró correctamente la prueba pericial producida en autos; la aplicación de la agravante prevista en el literal I) del artículo 279 del Código Penal; entiende que la pena impuesta es excesiva; y la condena dispuesta por aplicación del artículo 80 de la Ley N.º 19.580. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En cuanto al primer agravio, concluye que la valoración de las resultancias fácticas realizada por el Tribunal de Apelaciones se ajusta a las reglas de la sana crítica, y no es revisable en casación. A criterio de la Suprema Corte de Justicia la aplicación de la agravante prevista en el literal I) del artículo 279 del CP no excluye la forma de concurrencia de los delitos imputados. La pena impuesta resulta legal, ajustada y proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, reiterados delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. El agravio asociado a que no se probó el daño no resulta de recibo, conforme la naturaleza del instituto regulado por la ley.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1136/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023

Se declara carente de objeto la pretensión de inconstitucionalidad en virtud de haber acaecido una ley posterior que deroga la que inspiró el presente procedimiento.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1146/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023

La Corporación hace lugar parcialmente a los recursos de ampliación y reposición interpuestos por la parte demandada contra el decreto 292/2023. Le asiste razón a la accionante, el derecho a la prueba cede ante el principio de preclusión, por lo que no corresponde la agregación en estos autos de la prueba trasladada solicitada por la actora. Asimismo considera la Corporación, que se debe convocar a la audiencia de precepto (Art. 321.2 del CGP). NOTA: POR SENTENCIA NRO. 1462 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023 " SE RESUELVE: I) Corregir el error material cometido en el dictado de la sentencia interlocutoria Nº 1.146, de fecha 31 de agosto de 2023 ...."

Recurso de reposicion · Derecho procesal

DEFINITIVA 856/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo, por sentencia definitiva de primera instancia, declaró que entre las partes existió un concubinato more uxorio desde Diciembre de 1996 hasta Diciembre de 2020. Los bienes adquiridos en ese período por los concubinos integran la sociedad de bienes concubinaria, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Y fijó una pensión alimenticia a favor de la actora, de un 15% de los ingresos líquidos que por todo concepto percibe el demandado. El Tribunal a quem revocó parcialmente la sentencia definitiva recurrida en cuanto a la fecha de la finalización del concubinato, la que se establece en el año 2010, en cuanto al reconocimiento de la existencia de una sociedad de bienes y la fijación de la pensión alimenticia. La parte actora interpone recurso de casación, argumentando que la Sala realizó una incorrecta valoración de la prueba documental y testimonial aportada por las partes. La Corporación desestima el recurso de casación. Los agravios no son de recibo; la recurrente no ha probado en debida forma lo absurdo o arbitrario en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal; tampoco a alegado correctamente la necesidad de la pensión alimenticia solicitada.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 857/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

En el caso de autos se tramita reconocimiento y disolución de Union Concubinaria. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 2do. Turno, amparó parcialmente la demanda impetrada, y en su mérito, declaró judicialmente el reconocimiento y la disolución de la unión concubinaria del caso de autos y declaró la existencia de bienes adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común y un crédito a favor del actor de un 35%. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose por error en la valoración de la prueba. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte actora. En el caso de autos la convivencia no fue permanente. Quedó probado que existieron diversas interrupciones, todas ellas por diversos períodos, algunos más extensos que otros.

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 1152/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1124/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar conociendo en autos a la actual titular del Juzgado de Paz Departamental de Canelones. El Juez trasladado o ascendido conserva competencia para recibir alegatos y dictar sentencia pendiente (así como resolver los recursos de aclaración y ampliación) en los asuntos en los cuales hubiera finalizado la actividad probatoria. En el presente caso, la instrucción probatoria no había finalizado cuando se produjo el traslado de la anterior titular de la Sede siendo la actual titular de la Sede quien finalizó la instrucción de la prueba, por lo que a ella le corresponde el dictado de la sentencia definitiva.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 860/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

El Juzgado Letrado en lo Penal de 37mo. absolvió al denunciado de la comisión de un delito de difamación cometido a través de un medio de comunicación. No haciendo lugar a la acción formulada por un delito de injurias cometido a través de un medio de comunicación. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno confirmó en todos sus términos el fallo del grado anterior. El representante del denunciante interpuso recurso de casación. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. El pronunciamiento de la Sala contiene una argumentación múltiple: por un lado, el Tribunal consideró que el denunciante no podía ser pasible de ofensa criminal y, por otro, descartó la existencia de real malicia. Cuando una sentencia se fundamenta en varios argumentos, la ley procesal impone al recurrente atacar todos los extremos determinantes del fallo (art. 270 CGP). En el caso de autos si el denunciante pretendía interponer con éxito el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, debió efectuar un desarrollo explicativo mínimo que abarque en la crítica a la totalidad de los argumentos sobre los que se asentó el fallo.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1130/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023

Se plantea contienda negativa de competencia en un proceso de reducción de pensión alimenticia. La Corporación entiende que es competente el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 3er Turno. Entiende que el proceso de reducción de pensión alimenticia es un proceso autónomo, por lo que según lo dispuesto en el CNA, resulta competente en este caso, el tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

Contienda de competencia · Derecho de familia

DEFINITIVA 861/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

En el caso de autos comparece el accionante a los efectos de promover acción de inconstitucionalidad contra el art. 35 del Decreto Departamental de la Intendencia de Durazno Nº 55, de fecha 15 de noviembre de 1985. Uno de los argumentos centrales de la acción deducida refiere a que el tributo impugnado no se trata de una tasa, sino que es un impuesto, el cual no integra el elenco de los autorizados a decretar por parte de los Gobiernos departamentales (art. 297 de la Constitución). Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, amparó el accionamiento promovido y declaró la falta de legitimación pasiva de la Junta Departamental de Durazno. La norma objeto de impugnación no reviste las características de una tasa: i) el Gobierno Departamental de Durazno no presta a los sujetos pasivos un servicio efectivo, divisible y medible; ii) a juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Pérez, Sosa y Martinez, la disposición no establece el destino de lo recaudado, por lo que no es el financiamiento del servicio; la Sra. Ministra Dra. Minvielle, en cambio, no comparte este punto y se remite al análisis extendido en discordia a la sentencia Nº 1.980/2017; iii) no hay una relación de inherencia entre la base de cálculo y el supuesto servicio prestado, sino que el tributo se fija en función del giro de cada establecimiento comercial. En cuanto al efecto de la declaración de la inconstitucionalidad, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Sosa, Pérez y Martinez, en el presente caso no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto a la eficacia temporal de la sentencia de declaración de inconstitucionalidad, por cuanto ello no fue objeto de pedido expreso. DRA. BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ - DISCORDE PARCIALMENTE: en cuanto a los efectos temporales del fallo los efectos se proyectan al momento de la lesión efectiva.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 858/2023 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2023Importancia alta

El caso de autos la parte acotra entabló demanda contra el Ing. Agrimensor demandado en mérito a que, por mala praxis, éste mensuró y delimitó mal un bien inmueble, propiedad del actor, provocando que al edificar las construcciones invadieran el predio lindero. Ante el reclamo del vecino, el actor debió derribar parte de las construcciones, todo lo cual le generó daño emergente, lucro cesante y daño moral, cuya indemnización reclama al demandado. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno, amparó parcialmente la demanda incoada, en su mérito condenó al demandado a abonar a la actora la suma de U$S 14.000. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto admite el lucro cesante en lo que se revoca, y en cuanto al monto de daño emergente y daño moral que se fijan en $ 30.000 y U$S 3.000 respectivamente. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose por error en la valoración de la prueba, cuestionando la cuantificación del daño emergente y la desestimatoria del lucro cesante. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte actora. A juicio de los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, Tabaré SOSA y John PÉREZ, corresponde desestimar los motivos de impugnación con relación al rubro daño emergente reclamado, consideran que la Sala no incurrió en valoración absurda o crítica en grado alguno. En cuanto al agravio del lucro cesante el actor no produjo prueba concreta del daño alegado, inactividad que, como en el caso del agravio anterior, no puede suplirse con la invocación de la sana crítica o las máximas de experiencia. Desde otro punto de vista, la Sras. Ministras, Dra. Doris MORALES y Dra. Bernadette Minvielle, consideran que los agravios articulados por el recurrente (todos atinentes a la valoración probatoria) no pueden prosperar, en razón de que el actor ni siquiera denuncia un absurdo que merezca la nota de evidente.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 854/2023 · Suprema Corte de Justicia · 30 de agosto de 2023Importancia alta

La Corpración declara extinta la instancia. Si bien por decreto de 1º de junio de 2016, entre otras cosas, se confirió traslado al Sr. Fiscal de Corte por el término común (junto con los demandados) de veinte días (fs. 426), por las inhibiciones que resultan de autos, ni el Fiscal del Corte del momento, ni los subrogantes sucesivamente correspondientes, evacuaron dicho traslado. El expediente se paralizó por tal causa, aguardando la asignación de Fiscal de Corte subrogante para ello. En este estado entra a regir la Ley Nº 19.788, con la derogación del art. 29 del CGP, siendo de aplicación inmediata y alcanzando incluso a los procesos en trámite, por lo cual desde entonces (octubre 2019), no correspondía la intervención en autos como tercero del Sr. Fiscal de Corte. En nuestro criterio y en tanto aquel traslado dispuesto nunca llegó a cumplirse, porque por las inhibiciones sucesivas nunca fue evacuado, como consecuencia de la derogación del art. 29, ha quedado sin efecto. Siendo así, habiendo desaparecido desde aquel momento (octubre de 2019) el obstáculo que impidió la prosecución de las actuaciones (y que para la parte actora puede verse como causa de fuerza mayor, art. 235 CGP), cabe relevar que trans-currió más de un año desde el día siguiente al de la última notificación de la última providencia dictada (el decreto Nº 781/2019 de 6 de mayo de 2019, fs. 542, por el que se provee de conformidad a persona autorizada por el PE, notificación ficta en la oficina a las partes), o desde el cese de la causa de fuerzo mayor en octubre 2019, no existiendo posteriormente ningún acto que importare reanudación o impulso del proceso. Adviértase que pasaron más de dos años hasta la solicitud de perención en febrero de 2022. Si los actores, tenían interés en la prosecución del proceso, pudieron comparecer observando que la intervención del Fiscal de Corte como tercero fue derogada y ya no era necesaria. Discordia de los Dres Ettlin y Cavalli por entender qu eno ha operado la perención de la instancia. En su opinión, es cierto que entre el 6.5.2019 al 17.2.2022 el expediente estuvo inactivo (fs. 542-543). Sin embargo, a partir de esa última fecha, el expediente volvió a moverse por impulso de oficio de la Suprema Corte de Justicia integrada (fs. 543-549).

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1113/2023 · Suprema Corte de Justicia · 29 de agosto de 2023Importancia alta

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional