DEFINITIVA 514/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

En primera instancia el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 5to. Turno, amparó parcialmente la demanda y en su mérito condenando al demandado por responsabilidad extracontractual a abonar a la parte actora la cantidad total de U$S 47.500 (dólares americanos cuarenta y siete mil quinientos) por concepto de daño moral, más reajustes e intereses legales desde el hecho ilícito. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, excepto en cuanto al monto del daño moral, el que se eleva a la suma de U$S 35.000 para la madre, U$S 35.000 para el padre y U$S 20.000 para el hermano de la víctima, con más los intereses legales desde el hecho ilícito. Contra esta última sentencia el demandado interpuso recurso de casación agraviándose en síntesis por una errónea valoración de la prueba y por el aumento del monto de condena por concepto de daño moral. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa, Pérez y Morales, destacan que, atento a lo establecido en el artículo 268 inciso segundo del CGP, y tratándose de un proceso en el cual no se demandó a una entidad pública de las previstas en la disposición mencionada, rige plenamente la regla que establece la improcedencia del recurso de casación respecto de aquellas cuestiones que han sido objeto de doble confirmatoria. El único punto sobre el cual puede esgrimirse agravio atendible en casación en el presente caso es respecto a la cuantificación del daño moral, aspecto sobre el cual el Tribunal modificó la sentencia de primera instancia. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle comparte lo expresado por la mayoría de los integrantes de la Corporación, en cuanto a que el recurso ha sido interpuesto respecto de cuestiones que han sido objeto de doble confirmatoria. Ahora bien, la Sra Ministra coincide con la posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación. En cuanto al agravio referente al monto de condena por concepto de daño moral. A juicio de la Corporación, corresponde declarar inadmisible el agravio, pues su planteo no cumple, siquiera en forma mínima, con las exigencias dispuestas por los arts. 271 y 273 del CGP. De su simple lectura se puede apreciar que el cuestionamiento carece de fundamentación.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 525/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de Casación interpuesto por la Intendencia de Montevideo. En primer lugar, en cuanto al agravio referente a la valoración de la prueba no es de recibo, resulta claro que no se alegó por la Intendencia un error de valoración de la prueba con la entidad para ser atendible en casación. El segundo agravio, acerca de la falta de congruencia de la sentencia, tampoco es de recibo en cuanto se encuentra encadenado a la valoración de la prueba. El tercer agravio refiere a la cuantía establecida del daño moral. La Intendencia alega que es excesiva. La Corporación considera que el monto no es absurdo ni irracional, por lo que este agravio también se rechaza. El último agravio presentado por la codemandada refiere a los intereses, la Corporación entiende que este agravio no es de recibo pues existe una falta de fundamentación del mismo en cuanto no se individualizan las normas a aplicarse. La Corporación también desestima el recurso de Casación interpuesto por una de las coautoras de autos. En primer lugar, entiende que los cálculos y el razonamiento para realizarlos, que efectúa la Sala son correctos. Asimismo considera que la sentencia recurrida explicita de manera clara, coherente y suficiente los motivos que fundan su decisión.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 512/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 709/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

Se trata de una contienda de competencias. La Corporación estima que el fuero competente es el de Familia, puesto que están involucradas relaciones personales y patrimoniales entre sujetos pertenencientes a una familia legítima, en su calidad de tales. Asimismo se trata de cuestiones patrimoniales "a que de lugar el concubinato" (literal k del Artículo 69 de la Ley 15.750). Por lo tanto es competente el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 7º Turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 691/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 529/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación por unanimidad de sus integrantes naturales desestima la excepción de inconstitucionalidad promovida. En el caso de autos, la Sra. Garese presentó demanda laboral contra la UNESCO, por diferencias salariales, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, despido abusivo, incidencias, multa, daños y perjuicios preceptivos y por no afiliación al BPS. La Ley No. 14.715, de 14 de octubre de 1977, establece que será de aplicación para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de la ONU de 21 de noviembre de 1947,artículo III (“Bienes, fondos y haberes”). La accionante promueve por vía de excepción la declaración de la inconstitucionalidad de la citada norma. La Corporación desestima los agravios esgrimidos por la accionante, invocando el interés general, el debido proceso así como el principio de igualdad. Tanto la inmunidad de jurisdicción, como la inmunidad de ejecución, son prerrogativas básicas del sistema internacional, cuyos fundamentos yacen en asentados principios del Derecho Internacional Público, a través de las cuales se le adjudica a los Estados y organismos internacionales facultades para que actúen en territorio extranjero, sin encontrarse sometidos a la jurisdicción o medidas de coerción del Estado receptor. Estas soluciones de inmunidad y privilegios, son aplicadas y respetadas por todos los Estados de Derecho moderno insertos en la comunidad internacional, y las razones de su existencia radican en los principios de soberanía, independencia, e igualdad entre los Estados, no existe otra solución en el Derecho Internacional Público. Por lo tanto, la inmunidad de ejecución aquí cuestionada cumple con los requisitos de ser idónea para el fin que persigue y también el de ser necesaria, puesto que no existe una alternativa menos lesiva, por ello para la Corte corresponde desestimar el planteo.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho internacional público

DEFINITIVA 523/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación acoge la demanda de inconstitucionalidad promovida y declara inconstitucional el art. 80 del Decreto Departamental de Montevideo nro. 13.490, ratificado por decreto departamental de Montevideo nro. 13.501 . La parte accionante señala que la norma de referencia crea una tasa de contralor de la seguridad y circulación de vehículos que transportan productos inflamable es un verdadero impuesto. La Corte declara inconstitucional la norma pretendida en virtud de los siguientes fundamentos. La norma creadora del tributo, a diferencia de lo que sostiene la actora, vincula el pago de una prestación pecuniaria con el servicio de fiscalización mensual a realizar por la Comuna. El presupuesto de hecho previsto en la norma refiere a la inspección mensual y al contralor de los medios preventivos de seguridad de incendio y estrago que el transporte de inflamables pueda producir. Para que estemos frente a la especie tributaria tasa, es necesario que el Estado brinde un servicio de contralor efectivamente. No alcanza con que dicho servicio contingentemente esté disponible al usuario o que potencialmente pueda desarrollarse para que nazca la obligación tributaria. En el presente caso, dicho servicio no funciona efectivamente. Este fundamento a juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Martínez, Sosa y el redactor alcanza para la estimatoria de la inconstitucionalidad pretendida. En el presente caso, la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Sosa, Minvielle y el redactor, Dr. John Pérez entienden que la sentencia que acoge la pretensión de declaración de inconstitucionalidad es de naturaleza declarativa y, como tal, tiene efectos “ex tunc”; pero se retrotrae solamente al momento en que el gestionante resulta afectado al configurarse contienda de intereses. (D) Por su parte, las Sras. Ministras Dras. Morales y Martínez extienden discordia parcial por entender que los efectos de la declaración de la inconstitucionalidad corren desde la presentación de la demanda de inconstitucionalidad.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho tributario

INTERLOCUTORIA 704/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación hace lugar a la Casación, anulando la sentencia de segunda instancia recurrida, que revocaba la del tribunal "a quo" y disponía la entrega de los niños a su abuela materna. De esta forma se mantiene la solución dispuesta en primera instancia de incorporar a los niños de autos a una familia seleccionada del RUA. La Corporación entiende que es de recibo el agravio peresentado por el INAU en su recurso de que hubo una incorrecta valoración de la prueba por parte del Tribunal de Apelaciones correspondiente, pues la solución adoptada vulnera el interés superior de los niños en cuanto dispone la reinserción en su familia de origen a cargo de su abuela cuando ella no se encuentra en condiciones de ejercer una tenencia responsable.

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 744/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 674/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 478/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023Importancia alta

Defensa de imputado interpone casación respecto a sentencia de segunda instancia que confirma la pena impuesta por el A quo en juicio por atentado violento al pudor y abuso sexual de menores. La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, rechazará la recurrencia en base a que la Defensa no alegó, en ningún sentido posible, un error en la valoración de la prueba que amerite la calificación de absurda. El escrito recursivo no puede limitarse a una mera expresión de deseo, además de que el mismo no funda adecuadamente ninguno de sus agravios, como ser, por ejemplo, la vulneración de principios. De esta manera, y remitiéndose a su acordonado, se desestima la recurrida y se ordena la detención del imputado, quien solicitó medida cautelar de arresto domiciliario, la cual ya cesó y no surge que se hayan prorrogado.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 610/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023

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Contienda de competencia · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 486/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023

La Corporación desestima el recurso de casación. En primer lugar resulta los agravios son idénticos a los esgrimidos en el escrito de apelación, no existiendo una critica concreta y específica que señale los desaciertos de la Sala. En segundo lugar, el recurrente no logra demostrar la existencia de un error en la valoración de la prueba que tenga la entidad de absurdo o arbitrario. Tampoco hay arbitrariedad o ilegalidad en la fijación de la pena.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 479/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023Importancia alta

El caso de autos trata de diversas escrituras publicas que eran autorizadas por el escribano imputado y en las cuales se cedieron derechos posesorios sobre padrones inmuebles en el Departamento de Maldonado, en los cuales el cedente jamás ejerció posesión sobre dichos inmuebles. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 10º Turno, condenó, entre otros co-encausados, “...A AA, como autor penalmente responsable de siete delitos de falsificación ideológica de documento público, por un funcionario en régimen de reiteración real, uno de ellos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa en calidad de coautor, a sufrir la pena de 5 (CINCO) años de penitenciaría.” El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, confirmo la sentencia de primer instancia. La defensa del escribano imputado interpuso recurso de casación agraviándose, en forma exclusiva, de la valoración de la prueba efectuada. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Pérez y Martinez, la valoración de la prueba constituye materia excluida del recurso de casación en las causas tramitadas bajo el Código del Proceso Penal de 1980, Decreto-Ley Nº 15.032, por lo tanto, la función de la Corte en sede de casación penal es, únicamente, tomar el hecho narrado por el Tribunal y reexaminar si la calificación jurídica es o no apropiada a los hechos tenidos por probados. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle sostiene que, bajo la vigencia del viejo Código, es posible reexaminar en casación las conclusiones probatorias, cuando se verifica un supuesto de valoración irracional o absurda. A su vez, en relación al recurso en examen, a juicio de la referida Sra. Ministra, no surge la denuncia de un proceder arbitrario o absurdo al reflejar el juicio de los hechos, por lo cual no puede calificarse como absurda o arbitraria. Por último, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre también irá a desestimar el recurso de casación, pero en virtud de que, una vez compulsado el cúmulo obrante en la causa y lo decidido en la instancia, entiende que no se observa vulneración alguna al límite de la razonabilidad en la valoración de la prueba, ni surgen dudas insuperables que ameriten arribar a una solución diversa. Por otro lado, de la prueba obrante surge que la operación realizada determina que el escribano imputado sabía a ciencia cierta que el cedente no era poseedor, pues, primero se elegía el padrón y luego este último firmaría, más allá de cual fuera el padrón concreto a ceder. La valoración de la prueba que construye en su escrito de casación resulta totalmente fragmentaria, dado que selecciona determinados pasajes de diversas declaraciones con el único fin de buscar un mejor escenario para sus intereses, pero olvida por completo que la prueba, además de ser valorada por separado, debe apreciarse en su conjunto, conforme el principio de unidad, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica.

DEFINITIVA 482/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación, considerando que los agravios esgrimidos por el recurrente no son de recibo. En primer lugar, el agravio relativo a la perspectiva de género y el estándar de prueba para condenar, no conmueve la sentencia dado que la Corporación estima que el acervo probatorio reunido constituye plena pruebade la autoría de los dos delitos de abuso sexual que se le imputan al recurrente, más allá de la condición de mujer (menor de edad) de la victima. El segundo agravio refiere al razonamiento probatorio. No se logra probar la calidad de "absurda" de la valoración de la prueba realizada por el "a quem". Tampoco se entiende que exista una "duda razonable".

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 485/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023Importancia alta

El recurrente es condenado por reiterados delitos de violación en reiteración real con un delito de violación muy especialmente agravado a su hija de un año de edad. La Corporación desestima el recurso de Casación porque entiende, en primer lugar, que el accionante, en su expresión de agravios no describe un error en la valoración de la prueba que resulte absurdo o arbitrario. En segundo lugar, y respecto del agravio en relación a la cuantificación de la pena, la Corporación entiende que la determinación de la prueba realizada se encuentre fuera de los guarismos punitivos previstos, ni que resulte arbitraria ni vulneratoria del principio de razonabilidad.-

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 484/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia amparó en parte la demanda promovida de regulación de honorarios fijando el monto de los honorarios reclamados en la suma de $ 80.000 mas los intereses legales desde la fecha de la demanda. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia establecer el precio de costumbre por la labor desarrollada por el accionante (art. 1834 Código Civil). En relación con la aplicación del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, conforme la jurisprudencia dominante, las previsiones arancelarias no son obligatorias, y tampoco se adecuan al mercado de trabajo que pauta el precio de costumbre, el que es actualmente sensiblemente menor. Teniendo presente algunas guías de racionalidad complementarias, tales como la novedad, dificultad del tema, horas de trabajo presumiblemente insumidas y sobre todo, la escasa labor realizada por el actor, se estima razonable un moderado abatimiento fijando, en definitiva, el honorario en $ 80.000.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 661/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023

La Corporación declara inadmisible el recurso de Casación por no cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 273 del C.G.P.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 664/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia rechazó recurso de casación interpuesto por la parte demandada, considera que corresponde declarar inadmisible el recurso de autos, por cuanto no satisface, a cabalidad, las exigencias formales para su admisión en casación. Al leer el escrito recursivo se advierte que la impugnación no es más que una reiteración textual de lo ya expresado en el recurso de casación interpuesto en otro expediente. Básicamente, es un “corte y pegue” de su escrito anterior. A juicio de la Corte, existe mérito para calificar la conducta procesal de la impugnante como “culpable ligereza” (arts. 688 del CC y 56.1 y 279 del CGP), por la falta de cautela y diligencia en el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas adjetivas, que exige un mínimo de argumentación de parte del interesado en orden a fundamentar el recurso.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 666/2023 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2023

Se declara inadmisible el recurso de Casación por el monto.

Recurso de casación · Derecho procesal