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DEFINITIVA 1488/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026

La Corporación en forma unánime procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, por la cual se decidió revocar parcialmente la decisión de primer grado, únicamente en cuanto la Sala dejó sin efecto la inclusión de intereses; confirmando la sentencia en todo lo demás. En cuanto al primero de los agravios expuestos por el recurrente relativo a la falta de motivación de la sentencia; el mismo no puede prosperar ya que a juicio de los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Posada Xavier, França y la redactora Dra. Morales, aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control en sede de casación, determinando la imposibilidad del reexamen de la controversia sobre esos puntos. La Sra. Ministra Dra. Minvielle Sánchez por su parte discrepa en cuanto a que tales cuestiones queden exiliadas de ser revisadas en casación, coincidiendo con la posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación. A pesar de lo expuesto, siendo su posición sobre la admisibilidad del recurso minoritaria, resulta estéril ingresar a examinar esos puntos sobre los que, a juicio de quienes conforman la mayoría del Cuerpo, está vedado el control en esta instancia casatoria. En lo que refiere al segundo agravio (errónea aplicación del mecanismo de la colación de donaciones) la Corte entiende que el mismo resulta inadmisible, desde que el punto relativo a la doble inclusión de las donaciones está excluido de la casación, pues respecto al punto recayeron dos pronunciamientos coincidentes sin discordia (art. 268 inc. 2 del CGP). Por último, en relación al agravio por la no aplicación de los intereses legales a la suma reajustada; el mismo no puede prosperar en virtud de que tal argumento es planteado por primera vez en casación, no habiendo sido introducido por la parte en la estación procesal oportuna, esto es, en su acto de alegación inicial en este proceso.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 277/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 3 de setiembre de 2026

La Sala confirmó parcialmente la sentencia impugnada, revocándose únicamente la condena impuesta al FNR a suministrar al actor (portador de Mesotelioma Epiteloide) el medicamento BEVACIZUMAB , y en su lugar condenase al MSP a suministrar el referido fármaco al actor (al igual que el medicamento PEMETREXED ) en el plazo y condiciones establecidos en la impugnada. A juicio de este Colegiado, con su accionar el MSP ha vulnerado respecto del actor los derechos constitucionales a la vida y a la salud, los cuales son protegidos por la Carta Magna en sus Art. 7 y 44, siendo asimismo derechos inherentes a la personalidad humana recogidos por el Art. 72 de la misma. Respecto del FNR, este Tribunal ha reiterado en varias ocasiones que si el medicamento no está incluido en el FTM para el tipo de patología que presente el paciente, el organismo no tiene obligación alguna de suministrárselo; careciendo en tanto de legitimación pasiva en la causa.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 137/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 138/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 1483/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta

El A quo condenó al imputado como coautor penalmente responsable de un delito de rapiña agravado, a la pena de 5 años y 10 meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia en su totalidad. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa en tanto el recurso no describe un error en el razonamiento probatorio del Tribunal que revista una entidad mayúscula, que pueda ser calificado como absurdo o arbitrario en forma evidente. Asimismo sostienen que el recurso examinado no contiene una crítica en casación propiamente dicha: contiene, antes bien, una reproducción del recurso de apelación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 136/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 3 de setiembre de 2026

Sentencia

Derecho administrativo

DEFINITIVA 146/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 123/2026 · Juzgado Ldo.Civil 5º Tº · 3 de setiembre de 2026Importancia alta

Por la presente se condena a la parte co-demandada conductora del vehículo y responsable del accidente de tránsito que resultó en la muerte del causante; a abonar en concepto de indemnización por daño moral a su concubina la suma de $ 1.600.000 más interés legal y actualización desde el hecho ilícito y por lucro cesante la cantidad de $ 1.860.000 con intereses y actualización desde la presentación de la demanda. Asimismo, la condena a abonar a sus hijos en concepto de daño moral propio la suma de $ 1.200.000 para cada uno de ellos, menos el descuento del SOA debidamente actualizado y con intereses, más la cantidad de $ 100.000 a favor de cada uno ellos por daño moral iure hereditatis, más el interés legal desde el hecho ilícito y actualización.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 234/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 278/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 3 de setiembre de 2026

El fundamento jurídico de la responsabilidad invocada estribó en la falla de servicio en que incurrió A.S.S.E. tanto por hecho propio como por hecho de su dependiente y en la responsabilidad civil derivada de tal circunstancia (art. 24 de la Constitución y art. 1324 del C. Civil). La sentencia de primera instancia amparó parcialmente la demanda, estableciendo que la conducta previa asumida por la víctima en relación al cuidado de su salud tuvo una incidencia causal del 50% en la producción de su propia muerte, asignó el restante 50% a la conducta culposa de A.S.S.E. y condenó a ésta a abonar a la parte actora las sumas señaladas por el rubro daño moral propio, y a abonar a su hijo la suma de USD 10.000 por concepto de daño premuerte. El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, considerando que los agravios presentados por ambas partes en la apelación, y la adhesión a la misma, no resultan de recibo.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 232/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 233/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 279/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 3 de setiembre de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual relevó la falta de legitimación pasiva de una de las codemandadas respecto de la pretensión por daños y perjuicios promovida en forma subsidiaria y, en consecuencia, desestimó la demanda. Señala la Sala que emergente de la prueba testimonial, que la parte actora no logró probar que los animales que habrían provocado los alegados daños se encontraran bajo la guarda de la co demandada, así como tampoco que los mismos fueran de su propiedad (habilitando por esa vía que al propietario se lo presuma guardián). Por el contrario, aprecia la Sala que en la demanda la propiedad de aquellos animales se atribuye en forma genérica “a los demandados”, designación ambigua que sugiere una suerte de propiedad en régimen de sociedad de hecho (lo que hubiera merecido que todos los codemandados permanecieran en el proceso integrando un litisconsorcio pasivo necesario).

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 976/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 3 de setiembre de 2026

El Tribunal procedió a revocar parcialmente la sentencia interlocutoria apelada en cuanto dispuso como medida cautelar la internación del adolescente en dependencias de INISA y en su lugar se establece el arresto domiciliario nocturno entre la hora 22.00 y la hora 08.00 a cumplirse en el domicilio familiar que se ofrezca concretamente (madre, padre, hermana); debiendo el A Quo convocar a audiencia para comunicar la resolución adoptada. Asimismo se mantiene el plazo dispuesto de la medida cautelar, la que vencerá el 28 de octubre de 2026. Ello por cuanto la Sala entiende que en el caso concreto, en el que los hechos imputados carecen de gravedad extrema y/o violencia, que nos encontramos ante un adolescente sin anotaciones previas, que cuenta con una familia continente, domicilio fijo y estudia; la medida cautelar de privación de libertad resulta desproporcionada, innecesaria y excesiva.

Proceso cautelar · Derecho de familia

DEFINITIVA 275/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 3 de setiembre de 2026

El caso de autos trata de una pretensión de cobro de pesos ensayada por dos funcionarias de la Corte Electoral (que ocuparon sucesivamente el cargo de Secretaria Letrada) y dirigida contra el Ministerio de Economía de Economía y Finanzas con fundamento en diferencias de remuneración derivadas de lo establecido por los arts. 64 y 68 de la ley 18.719, cuyo pago se reclama añadiendo la solicitud de condena de futuro. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. Señala la Sala que cualquier reclamo que las accionantes entendieran procedente realizar con fundamento en cualquier eventual diferencia salarial adeudada debe, necesariamente, encontrarse dirigido contra la Corte Electoral, la que en opinión de la Sala posee legitimación causal exclusiva ante la pretensión respectiva, no pudiendo extenderse la misma -toda vez que se esté ante un reclamo de diferencias salariales- a otros organismos del Estado con los cuales la promotoras carecen de todo vínculo funcional.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 1489/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta

En el marco de una acción reparatoria, la parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia N.º 228/2025, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, que confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC y condenó al Poder Ejecutivo al pago a la actora del daño emergente dispuesto por la presente, a la suma de U$S 21.204,35 con sus intereses desde cada facturación. En su recurso de casación, la actora se agravia en lo sustancial por dos razones: a) la errónea aplicación de la cosa juzgada respecto de los daños que fueron desestimados, y b) el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC. A su vez, el Poder Ejecutivo deduce adhesión a la casación de la contraria agraviándose por la condena al pago del daño emergente; por la falta de legitimación pasiva de la URSEC y como agravio eventual de la excepción de caducidad cuatrienal. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar parcialmente el recurso de casación y la adhesión respectiva, únicamente en cuanto al amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC. Desestimando los agravios en todo lo demás. Con relación al agravio por la falta de legitimación pasiva de la URSEC, señala la Corte que los cambios normativos que a lo largo del tiempo modificaron la posición institucional de la URSEC dentro del Estado o modificaron sus competencias y atribuciones, en concreto el artículo 94 bis de la Ley Nº 17.296 citado por la impugnada, no implica que el codemandado carezca de legitimación pasiva para ser demandado en este proceso. Más allá de que la URSEC ni siquiera opuso excepción de falta de legitimación pasiva en el trámite de nulidad ante el TCA, lo que implica que aceptó su posición como demandado en el proceso anulatorio, si en este expediente se reclaman los daños y perjuicios derivados de la anulación de dos actos administrativos, uno de ellos el acto ficto de la propia URSEC que desestimó la petición calificada de los reclamantes (lo que incluye la omisión de elevar el expediente al MIEM para su resolución), es claro que cuenta con legitimación pasiva en esta causa. Con relación a los agravios relativos al amparo de la excepción de cosa juzgada, señala la Corte que no se advierte que los Órganos de mérito hayan vulnerado el alcance de la cosa juzgada de la que está revestida la sentencia anulatoria del TCA Nº 656/2019. Los Tribunales de mérito no desconocieron el alcance del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto es, la nulidad de los actos procesados ante dicho Tribunal.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

INTERLOCUTORIA 1667/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta

En el marco de una contienda negativa de competencia, en la cual contienden de forma negativa el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Paysandú de 8º Turno y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7º Turno, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7º Turno. Señala la Corte que la respuesta a ¿cuál Juzgado resulta competente para continuar entendiendo en el presente?, no es otra que el de Montevideo, porque es el del lugar donde se encontraba cumpliendo la pena, hasta su extinción. El hecho de que el penado haya cambiado su domicilio, no modifica la competencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia competente conforme con el artículo 289.3 del CPP, que establece como criterio de distribución el lugar donde deba cumplirse la pena o medida de seguridad, y no el domicilio de quién deba cumplirla.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 145/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 3 de setiembre de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 276/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 3 de setiembre de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia por la cual se desestimó la demanda promovida contra el FNR y se condenó al MSP a financiar a la parte actora portadora de un trastorno arrítmico denominado Taquicardia Supraventricular (TPSV) el PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA – ABLACIÓN SIMPLE , incluyendo el acto en sí, materiales y cualquier otro gasto asociado, en la forma indicada por su médico tratante, en el plazo de 24 horas a partir de que se presente la receta médica correspondiente. A juicio de la Sede se han vulnerado respecto de la parte actora los derechos constitucionales a la vida y a la salud, los cuales son protegidos por la Carta Magna en sus Art. 7 y 44, siendo asimismo derechos inherentes a la personalidad humana recogidos por el Art. 72 de la misma.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1674/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026

La Corporación declara carente de objeto la contienda de competencia, ya que no puede contenderse sobre un proceso inexistente. No existe proceso en tanto no existe una pretensión insatisfecha. A saber, no existe un adulto mayor al que proteger, y aún si lo fuera, no existe proceso de protección determinado por ley que otorgue competencia en el caso. Tampoco resulta procedente la tramitación de un proceso de hospitalización involuntaria o por orden judicial atento a los hechos del caso.

Contienda de competencia · Derecho procesal