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INTERLOCUTORIA 33/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

SENTENCIA 98/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 97/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 137/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 96/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 138/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN ACOGE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE ESPECIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PENAL, LA CUAL CORRESPONDE REVOCAR, MANTENIÉNDOSE LA PENA FIJADA EN SEGUNDA INSTANCIA, CON DISCORDIA. En cuanto a la plataforma fáctica, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante un año aproximadamente, caracterizada por incidentes de violencia física, psicológica, económica y sexual, siendo ambos consumidores de sustancias estupefacientes. Como consecuencia de una discusión, el encausado le dio muerte a la víctima estrangulándola, e intentó ocultar el cuerpo enterrándolo en una fosa, en el piso de la habitación, siendo denunciado por sus hermanos. En cuanto a la calificación, en primera instancia se condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP) y se le impuso la pena de 24 años de penitenciaría. En segunda instancia, el Tribunal consideró que correspondía computar la agravante especial del art. 311 num. 1 del Código Penal, además de la agravante muy especial del art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A su vez, elevó la pena impuesta en primer grado y condenó al imputado a cumplir la pena de 28 años de penitenciaría. Con discordia parcial de la Sra. Ministra Merialdo. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Un agravio que interpone se dirige a controvertir la aplicación conjunta de la agravante especial del homicidio prevista en el art. 311 num. 1 del Código Penal con la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A juicio de la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, corresponde acoger el agravio ensayado por la Defensa. La Corte ha estudiado el punto en debate en sentencia Nº 187/2022, en la que consideró que no corresponde computar la agravante especial del homicidio dispuesta en el numeral 1 del artículo 311 del Código Penal cuando se computa alguna de las agravantes muy especiales previstas en el art. 312 del mismo Código. En conclusión, la calificación jurídica correcta, en el presente caso, es la autoría por parte del encausado de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP). Asimismo, la Defensa solicitó que se abata la pena impuesta, que fuera fijada por la Sala en 28 años de penitenciaría, no construyendo un agravio en forma. Tomando en cuenta las circunstancias alteratorias computadas, la personalidad y peligrosidad del agente, la pena fijada por el Tribunal en 28 años de penitenciaría resulta no sólo legal, sino también razonablemente adecuada a la entidad del delito y las demás circunstancias previstas en el art. 86 del Código Penal. (D) SRA. MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU DE LAS CARRERAS: Por cuanto desestima el recurso de casación interpuesto y adhiere a la posición en mayoría del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno integrado y entiende que es admisible el cómputo conjunto de las dos circunstancias agravantes referidas.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 129/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por unanimidad desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta por el demandado. En autos la actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas, reclamando la indemnización de los perjuicios ocasionados por el accionar del demandado, al impedir a la actora ejercer el cargo de Subcoordinador de la División Sector Público de la Auditoría Interna de la Nación. Conferido el traslado de la demanda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opuso excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 51 de la Ley Nº 20.333 por vía de excepción. En primer lugar, el Poder Ejecutivo- MEF tiene legitimación activa para promover la declaración de inconstitucionalidad de una ley, por vía de acción o excepción. En segundo lugar, el demandado impugna la norma que establece que, en los casos en que se haya optado por promover la acción de nulidad, no se podrá plantear la acción reparatoria hasta tanto el proceso anulatorio concluya por el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso sin decidir sobre su objeto principal (norma contenida en el art. 51, inc. 3, lit. c) de la Ley Nº 20.333). Respecto de esta norma, la Corporación considera que el MEF carece de interés directo afectado por la misma, no contando con legitimación activa para impugnarla. En autos el demandado solicita la declaración de inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad en el caso concreto de la norma prevista en el art. 51 inc. 3 lit. c) de la Ley Nº 20.333, pero, al mismo tiempo, asevera que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso, lo que resulta contradictorio. En el caso, no solo el demandado no ha explicado suficientemente el punto, sino que ha argumentado que la norma atacada no resulta de aplicación al caso. Se analizan los argumentos del demandado respecto a la norma contenida en el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 20.333, esto es, aquella que declara, en vía de interpretación de la Constitución que, salvo para la acción de nulidad, el agotamiento de la vía administrativa previsto en el artículo 319 de la Carta no es presupuesto previo de ninguna acción referida a un acto administrativo o sus efectos. De los argumentos presentados, el único fundado es el que sostiene que la norma implica una modificación del texto constitucional, aunque se la califique como interpretativa. Para la Corte, no le asiste razón en el planteo. En el presente caso, la ley interpretativa impugnada no vulnera lo dispuesto en la normativa constitucional por ella interpretada. En conclusión, corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad deducida.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 135/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores promovieron juicio por cobro de haberes salariales impagos contra UTE. Alegaron que son todos funcionarios presupuestados de la demandada y hasta el 30 de agosto de 2014 pertenecían al cargo presupuestal de Encargado Técnico Comercial, pero a partir del 1º de setiembre de 2014 pasaron a ocupar el cargo Encargado de Instalaciones, cambio que se produjo en el marco de una reestructura llevada adelante por UTE, que fuera aprobada por resolución Nº 13-1711 del Directorio de UTE, que fuera anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia dictada en el expediente Nº 630/2015 de dicho Tribunal. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda, ante lo cual la parte actora interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que lo resuelto por el TCA en la sentencia Nº 763/2019 no tiene como consecuencia directa y necesaria la obligación de UTE de pagar a los actores las diferencias salariales reclamadas. El hecho de que se haya anulado la resolución de UTE que aprobó la mencionada reestructura no implica que deba colocarse a los Encargados Instalaciones en el grado 8 y/o abonarles las remuneraciones correspondientes a ese grado. No se advierte que el Tribunal de Apelaciones haya soslayado o contradicho lo resuelto por el TCA; simplemente ocurrió que la Sala desestimó la presente demanda por considerar que de lo fallado por el TCA no se derivaba automáticamente el amparo de la pretensión incoada, cuyo éxito dependía de acreditar el derecho a percibir las diferencias salariales reclamadas. Con relación al agravio sobre la valoracion de la prueba, señala la Corte que en el presente caso para la unanimidad de los Sres. Ministros, la recurrente no ha denunciado ni mucho menos fundado la existencia de una valoración probatoria por parte del Tribunal de alzada que pueda ser tachada de manifiestamente absurda y arbitraria, o vulneratoria del límite de la razonabilidad. Con relación al agravio por errónea aplicación de los arts. 53 a 57 de la Constitución, señala la Corte que el planteo debe ser desestimado de plano, en cuanto no ataca un argumento que sea determinante del fallo.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 27/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de febrero de 2026

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, salvo en cuanto condenó a ambas demandadas al pago de indemnización por despido, en lo que se revoca, y en su lugar, desestimase dicho rubro, absolviendo a ambas demandadas de la condena por el mismo. El Tribunal tiene por acreditada la calidad del actor como socio de la Cooperativa demandada, a partir de mayo de 2023. Como consecuencia, le resulta de aplicación el artículo 102 de la ley 18.407, que expresamente excluye del derecho a percibir indemnización por despido a los socios cooperativos.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 134/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores hermanos entre sí, impugnaron tres negocios, por considerarlos simulados, celebrados por sus padres, con los tres nietos de éstos. La sentencia de segunda instancia amparó parcialmente la demanda, declarando la nulidad por simulación de los negocios de compraventa de autos y la consecuente validez de las donaciones que encubren, haciendo lugar a la pretensión de reducción de donaciones, condenando en costas y costos. La parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio sobre la infracción a las reglas legales de valoración de la prueba, para la Corte, no surge probada una hipótesis de valoración absurda o arbitraria por parte de la Sala (en criterio de la mayoría de los Sres. Ministros), o que vulnere el límite de la razonabilidad (en criterio del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre), lo que conduce a la desestimación del agravio. Con relación al agravio sobre la reducción de las donaciones inoficiosas, para la Corte, lo que la Sala dispone con su fallo es que las donaciones practicadas deben ser analizadas para determinar si existió o no una vulneración de la legitima rigorosa de las accionantes. Pero esto no significa que el acogimiento de la pretensión en forma condicional asegure un crédito en favor de las mismas, extremo que deberá probarse en el marco del proceso correspondiente. (D) DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE - MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE EN PARTE: En cuanto entiende que corresponde hacer lugar al agravio relativo a las condenas causídicas impuestas en ambas instancias a las accionadas y, en su lugar, anular tal condenación.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 136/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN, INTEGRADA Y POR UNANIMIDAD DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. Los hechos de autos que se tienen como plenamente probados son que el encausado mantuvo una relación afectiva durante varios años con la víctima, período durante el cual ejerció sobre ella violencia psicológica, verbal y física. Ya separados, en una madrugada, el encausado agredió a la víctima físicamente y se llevó con él al hijo menor de ambos. Posteriormente esa misma noche, en dos oportunidades, el imputado concurrió donde se domiciliaba la mujer agrediéndola nuevamente, ante lo cual ésta logró huir hacia una Seccional policial poniendo en conocimiento a las funcionarias de lo sucedido. En primera instancia se le condena al imputado como “… AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADOS A LA PENA DE DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, CON DESCUENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PADECIDA Y, SIENDO DE SU CARGO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR AL ESTADO LOS GASTOS PREVISTOS POR EL ART. 105 DEL CÓDIGO PENAL.” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal competente confirma la sentencia. La Defensa actuante interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “ Ad Quem” . La Corte considera que la redacción del escrito recursivo hace complejo entender los planteos que concretamente efectúa el recurrente. Esas razones formales por sí conllevan necesariamente a la desestimatoria del recurso presentado. En conclusión, el recurrente no dio cabal cumplimiento con la carga de la debida argumentación prevista en el artículo 273 del CGP aplicable por la expresa remisión consagrada en el artículo 369 del CPP

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 128/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 132/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Por sentencia definitiva de primera instancia se falló a favor de la actora, declarando la existencia y disolución de la unión concubinaria. Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones, utilizando como argumentos el incumplimiento de la carga de la debida sustanciación del acto de proposición inicial y la falta de prueba. Contra dicha sentencia se alzó la parte actora, interponiendo recurso de casación. Conferido el traslado, el mismo fue evacuado por la contraparte; quien abogó por el rechazo del recurso. La Corporación por su parte resolvió desestimar el recurso de casación interpuesto; por cuanto la actora omite atacar todos los argumentos determinantes del fallo del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 26/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de febrero de 2026

Se desestima falta de legitimación pasiva en segunda instancia.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 95/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 42/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

Se confirma la recurrida que amparó las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa interpuestas por la demandada y desestimó la demanda, en todos sus términos. A entender de la Sala, no hay elementos que acrediten la existencia de una relación laboral. En efecto, el actor realizaba la tarea solo con algún acompañante (hijo o esposa) y cobraba lo mismo por su tarea, siendo por tanto que el vínculo no era intuito personae, en tanto podía ser ejecutado por otra persona. Tampoco se acreditó la existencia de subordinación, el hecho que le indicaran que cortara el pasto o podara la enredadera no lo constituyen, se trata de señalamiento de la tarea, pero no de cómo ejecutarla. Además, no había un salario sino el precio por un servicio prestado fijado por el actor, tampoco exclusividad porque ejecutaba la tarea para otras personas. Los anuncios expresan que ofrecía servicios, lo que excluye la existencia de una relación laboral con todos aquellos que lo contrataban.

Proceso laboral · Derecho laboral

SENTENCIA 94/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 59/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se desestimó la demanda respecto del FNR atento a su falta de legitimación pasiva y se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de EICH CRÓNICA) el fármaco RUXOLITINIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 61/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

Por sentencia de primera instancia se desestimó la acción de acceso a la información pública promovida relativa a las tesis de doctorado devueltas para corrección sin pasar a la instancia de defensa y a los casos donde un tribunal de doctorado se haya reunido, sin la presencia del director de tesis, para elaborar un juicio común en forma previa a la instancia de defensa. Contra dicha sentencia se alzó la parte actora interponiendo recurso de apelación agraviándose, en por considerar errónea la valoración de la prueba e interpretación del derecho vigente efectuada por el A Quo. El traslado fue evacuado por la parte demandada, quien abogó por su rechazo. La Sala por su parte habrá de confirmar la decisión apelada, por considerar que no se ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública que postula la accionante, no siendo de recibo los agravios deducidos, en mérito a que como bien lo sostuvo el decisor de primer grado “la pretensión de la actora, en definitiva, supone exigir a la Administración una tarea de recopilación, reconstrucción y sistematización de información no existente, lo que excede el alcance del derecho de acceso a la información pública y desnaturaliza su finalidad, conforme a la normativa legal.”

Proceso de amparo · Derecho constitucional

DEFINITIVA 131/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA ASÍ COMO LA ADHESIÓN FORMULADA POR LA ACTORA. La demandada se agravia en lo sustancial por la condena al pago de horas extra por superar el límite de 26 horas de trabajo en policlínica y por la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 ante el pago con atraso de los salarios. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia sobre la interpretación del límite de horas de trabajo en policlínica de acuerdo al convenio de 1965, que se revalida en esta oportunidad. (SENTENCIA Nº 666/2018) La Corporación concluye que está fuera de controversia que se sobrepasó el límite de trabajo previsto convencionalmente incluido dicho margen, lo que implica la realización de trabajo extraordinario en policlínica.

Recurso de casación · Derecho laboral