Ley N° 19.889

Aprobacion de la ley de urgente consideracion. luc. ley de urgencia

Promulgación:: 9 de julio de 2020
Publicación:: 14 de julio de 2020
Artículos:: 476 (306 con modificaciones); Documento Actualizado

Texto en IMPO ↗Diario Oficial ↗

CAPÍTULO I - NORMAS PENALES

Artículo 1Modificado

(Legítima Defensa).- (*)

Da nueva redacción a:: Código Penal, art. 26

Notas de IMPO

Este artículo dio nueva redacción a: Código Penal de 04/12/1933 artículo 26.

Artículo 2Modificado

(Circunstancias agravantes muy especiales del delito de homicidio).- (*)

Da nueva redacción a:: Código Penal, art. 312

Notas de IMPO

Este artículo dio nueva redacción a: Código Penal de 04/12/1933 artículo 312.

Artículo 3Modificado

(Figura del cómplice en varios tipos penales).- (*)

Agrega a:: Código Penal, art. 89

Notas de IMPO

Este artículo agregó a: Código Penal de 04/12/1933 artículo 89 inciso 2º).

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Ley N° 19.889 · Legalsite UY

(Competencias).- Al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria compete: A) Asesorar a los órganos representados en el Consejo y, por intermedio del Comisionado Parlamentario Penitenciario, asesorar al Poder Legislativo, sobre las medidas a adoptar para prevenir el delito y cumplir con los objetivos constitucionales en materia de penas privativas de libertad (inciso segundo artículo 26 de la Constitución de la República). B) Recomendar a los mencionados órganos la elaboración de estudios o consultorías para establecer las causas y dinámicas de la criminalidad, el nivel de cumplimiento de los objetivos constitucionales de la pena, la eficacia de las medidas adoptadas por los jueces y, en general, todos los aspectos vinculados con la política criminal y penitenciaria del Estado. C) Recopilar y evaluar anualmente las estadísticas en materia de criminalidad y asuntos penitenciarios. D) Dar su opinión, previa y no vinculante, sobre los proyectos de ley que incidan en la política criminal, y en el funcionamiento del sistema penitenciario o sistema penal juvenil. E) Elaborar anteproyectos de ley para adecuar la legislación penal y penitenciaria. F) Formular recomendaciones sobre la estructura de la justicia penal, con el objeto de dotarla de la mayor eficiencia en la lucha contra el delito. G) Proponer lineamientos para la coordinación con los demás órganos del Estado, para la elaboración y aplicación de políticas públicas, y la unificación de las acciones en la lucha contra el delito, y para lograr el cabal cumplimiento de los fines constitucionales de la pena. H) Realizar y promover el intercambio de información, diagnósticos y análisis con los demás órganos del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otros centros de estudio del país o del exterior, dedicados al análisis y estudio de la política criminal y penitenciaria. I) Emitir opinión, con destino a la Fiscalía General de la Nación, sobre los lineamientos generales de la política criminal, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de aplicar el principio de oportunidad previsto en el artículo 100 del Código del Proceso Penal. J) Proponer y revisar, en coordinación con el Comisionado Parlamentario Penitenciario y el Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, los programas de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos en los centros de reclusión y en el sistema penal juvenil, tanto para las personas privadas de libertad como para sus familias, y el personal de custodia y de intervención técnica. K) Diseñar y proponer para la aprobación del Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Política Criminal. L) Dictar su propio reglamento de funcionamiento.

Artículo 104Modificado

(Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales).- Créase un Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, el cual estará a cargo del Ministerio del Interior. Serán incluidos en el Registro los condenados con sentencia firme por los delitos de violación (artículo 272), abuso sexual (artículo 272 BIS), abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER), atentado violento al pudor (artículo 273), abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273 BIS), y corrupción (artículo 274) del Código Penal, y por los delitos previstos en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004 (sobre violencia sexual, comercial o no comercial, cometida contra niños, adolescentes o incapaces), con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables. El Registro almacenará y sistematizará la información de toda persona condenada por los delitos enunciados en el inciso precedente. Asimismo, respecto de toda persona condenada se consignará: A) Nombres y apellidos, en caso de poseerlos se consignarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres. B) Fotografía actualizada. C) Fecha y lugar del nacimiento. D) Nacionalidad. E) Número de documento de identidad. F) Trabajo o actividad especificando la dirección del mismo. G) Domicilio actual. H) Delito por el cual fue condenado. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado para su inclusión en el Registro Nacional de Huellas Genéticas y remitirán al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, mediante oficio, los datos filiatorios de los condenados por los delitos individualizados en el inciso segundo y datos sobre la sentencia de condena. Los condenados, una vez en libertad y por un plazo de diez años, tendrán la obligación de mantener informada a la Sede Judicial debiendo comunicar cualquier modificación operada en los datos referidos en esta norma. El juez competente comunicará la información pertinente a la autoridad registral. La inobservancia por parte del condenado a lo preceptuado en el presente artículo, será considerada delito de desacato, siendo de aplicación la pena prevista en el artículo 173 del Código Penal. Será obligación del Ministerio del Interior mantener la información contenida en el Registro debidamente actualizada. El juez, al momento de dictar sentencia de condena, impondrá conjuntamente con la pena que corresponda, la inhabilitación por un plazo mínimo de diez años para el ejercicio de actividades vinculadas a la atención de salud, sanitarias, docentes o académicas o cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las mismas, que impliquen contacto con menores de edad, tanto a nivel público como privado. En caso de que el condenado cuente con una anotación en el Registro, el Juez, al momento de dictar sentencia de condena, impondrá conjuntamente con la pena que corresponda, la inhabilitación por un plazo mínimo de quince años para el ejercicio de las actividades anteriormente mencionadas. En caso de que el condenado cuente con dos o más anotaciones en el Registro, el juez impondrá la inhabilitación por veinte años para el ejercicio de las actividades anteriormente mencionadas. Toda institución educativa sea pública o privada, de tipo guardería, preescolar, escolar, secundaria, de oficios o universitaria deberá, como requisito previo a la contratación de un empleado, exigir un certificado de no inscripción en el Registro, el que será emitido sin costo por el Ministerio del Interior. La reglamentación establecerá las sanciones correspondientes para el caso de incumplimiento a lo preceptuado en este artículo. El Ministerio del Interior podrá proporcionar información sobre los individuos incluidos en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales a toda persona que lo solicite con razones debidamente fundadas, en las condiciones que establezca la reglamentación. (*)

Reglamentado por:: Decreto 250/2020

Notas de IMPO

Reglamentado por: Decreto Nº 250/020 de 10/09/2020.

Artículo 105

(Cupo de vacantes para víctimas de delitos violentos).- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las personas de derecho público no estatal, están obligados a destinar el 2% (dos por ciento) de las vacantes a ser llenadas en el año, para ser ocupados por víctimas de delitos violentos, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo y que cumplan con los requisitos legales y constitucionales para acceder a ellos, previo llamado público. Tales entidades deberán destinar los porcentajes del crédito asignado para cubrir los puestos de trabajo en cada uno de los llamados específicos que se realicen, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior. Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil la presentación anual de la información que surja de la aplicación del presente artículo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 y por el artículo 29 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017. Encomiéndase al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional la determinación de un cupo no inferior al 1% (uno por ciento) destinado a las víctimas de delitos violentos, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. A los efectos del presente artículo se considerarán hechos generadores y víctimas de delitos violentos, siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito o la tentativa respectiva, a las siguientes: A) El cónyuge (acreditando su vínculo con testimonio de la partida de matrimonio), o concubino (acreditando dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.246, de 27 de diciembre de 2007) de la víctima fallecida en ocasión del delito de homicidio intencional (artículo 310 del Código Penal), acreditando tal circunstancia con el testimonio de la partida de defunción de la víctima y los documentos policiales o judiciales, en su caso, conforme a la reglamentación que se dicte. B) Los hijos de la víctima fallecida en ocasión del delito de homicidio intencional (artículo 310 del Código Penal), acreditando tal circunstancia con testimonio de la partida de defunción de la víctima y los documentos policiales o judiciales, en su caso; siempre y cuando los hijos vivieran con la víctima y dependieran económicamente de la misma o tengan carencia de ingresos suficientes para su congrua y decente sustentación. Los referidos hijos deberán acreditar, conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes y su legitimación activa a través de los testimonios de las partidas que justifiquen el vínculo. A los efectos de esta disposición, la referencia a hijos comprende a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales y adoptivos. C) El o los padres que tuviesen la tenencia, cuando la víctima sea un menor de edad siempre y cuando los hijos vivieran con el o los padres y dependieran económicamente de los mismos. D) Las víctimas de alguno de los siguientes delitos consumados: violación (artículo 272 del Código Penal); secuestro (artículo 346 del Código Penal); lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal); y trata de personas (artículo 78 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008). En todos los casos acreditando su legitimación activa a través de los documentos policiales o judiciales, en su caso, y demás requisitos conforme a la reglamentación que se dicte. El régimen previsto por esta disposición no será compatible ni acumulable con cualquier tipo de empleo público, pensión, jubilación o retiro a cargo del Estado o de alguna de las demás instituciones de seguridad social, públicas o privadas. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, aquellas víctimas de delitos violentos que se hubieran acogido a la prestación de seguridad social denominada "Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos", creada por la Ley N° 19.039, de 28 de diciembre de 2012, quedan facultadas para renunciar a la misma, para optar y acceder a los puestos de trabajo previstos por esta disposición. Las personas podrán acogerse al presente régimen, cuando el hecho generador hubiese ocurrido dentro de los cinco años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo determinará la entrada en vigencia de la presente disposición de conformidad con la reglamentación a dictar.

Reglamentado por:: Decreto 106/2021

Notas de IMPO

Reglamentado por: Decreto Nº 106/021 de 06/04/2021.

Artículo 193

(De los estatutos del personal docente y no docente).- El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establecerá el estatuto de sus funcionarios docentes y no docentes en el marco del artículo 204 de la Constitución de la República, de conformidad con las bases contenidas en los artículos 58 a 61 de la misma y con las siguientes reglas fundamentales, que se declaran de interés general: A) Las normas estatutarias de los funcionarios docentes y no docentes de la ANEP definirán con claridad sus derechos, deberes y garantías funcionales, cuyo conocimiento público será asegurado mediante su publicación en lugar destacado del sitio web institucional u otros recursos tecnológicos pertinentes. B) En caso de modificación de las normas estatutarias o de creación de regímenes especiales, se recabará la voluntad de los funcionarios, que podrán optar por permanecer en el régimen anterior o pasar a regirse por el nuevo. Quienes optaren por el nuevo régimen podrán ejercer el derecho de volver al anterior hasta haber transcurrido un plazo máximo de tres años contados desde formalizada su opción, procediéndose a la recomposición de la carrera funcional, de corresponder. Cumplido dicho plazo, la incorporación al nuevo régimen sujetará al funcionario a las condiciones del mismo que se hallaren vigentes a esa fecha, así como a las que se establecieren en el desarrollo de sus disposiciones, en un marco de estricto respeto a los derechos adquiridos y a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. C) Todo nuevo régimen podrá aplicarse a los centros educativos públicos actuales, a un subconjunto de los mismos o a los que se creen. En cualquier caso, todos los funcionarios docentes y no docentes de un centro educativo quedarán alcanzados sin excepción por el régimen definido para el mismo. D) El Consejo Directivo Central de la ANEP podrá establecer compensaciones o complementos salariales y otros beneficios, atendiendo a circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto socio cultural en el que funciona el establecimiento o el cumplimiento de metas de política pública definidas en cada caso, de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales atribuidas al efecto. E) El Consejo Directivo Central de la ANEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008, fomentará la conformación de planteles estables, con permanencia de funcionarios y concentración de carga horaria en un mismo centro educativo, pudiendo delegar estas atribuciones en las Direcciones Generales de los subsistemas educativos (o, en su caso, en el Consejo de Formación en Educación), las que podrán ser delegadas a su vez en las direcciones de los centros educativos. F) El Consejo Directivo Central de la ANEP podrá disponer condiciones de orden funcional (como el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo) para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico. También podrá delegar esta atribución en las Direcciones Generales, o en las direcciones de los centros educativos, con el fin de mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación impartida. Esta facultad deberá ejercerse en el marco de un estricto respeto al principio de no discriminación. G) El Consejo Directivo Central de la ANEP, en el marco de sus competencias, podrá establecer mecanismos que permitan optimizar el uso de los espacios educativos disponibles con el fin de ampliar el tiempo pedagógico, pudiendo combinar modalidades y niveles educativos de los diferentes subsistemas. H) Sin perjuicio del derecho a la licencia anual reglamentaria, los funcionarios docentes y no docentes de la ANEP podrán ser convocados durante períodos vacacionales para cumplir tareas de evaluación de alumnos de acuerdo con los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado, o para acompañamiento de estudiantes e instancias de desarrollo profesional, entre otras.

Artículo 202ModificadoHistoria (2 redacciones)

Créanse en la órbita de la unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Cultura", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", los siguientes Institutos para la promoción de las artes y difusión de la cultura: 1) Instituto Nacional de la Música, que tendrá como cometidos el fomento, apoyo, preservación, investigación, desarrollo y difusión de la actividad musical, con particular énfasis en los autores, intérpretes y repertorios nacionales. 2) Instituto Nacional de Artes Escénicas, que tendrá como cometidos el desarrollo de las artes escénicas en todas sus manifestaciones, el registro y el fomento de vínculos regionales e internacionales, así como la realización del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE). 3) Instituto Nacional de Letras, que tendrá como cometidos velar por el cumplimiento de la Ley N° 15.913, de 27 de noviembre de 1987, y sus modificativas, junto a otras normas complementarias y concordantes, así como la promoción y difusión de la creación literaria, con especial énfasis en los autores y editores nacionales. 4) Instituto Nacional de Artes Visuales, cuyos cometidos serán la promoción, protección y difusión de las artes visuales en todas sus manifestaciones, la investigación y reflexión académica y su amplia difusión a nivel nacional e internacional. El Poder Ejecutivo dispondrá la inclusión de estos Institutos en la estructura organizativa del Ministerio de Educación y Cultura, establecerá sus competencias y las reasignaciones presupuestarias y administrativas necesarias para su funcionamiento.(*)

Redacción dada por:: Ley N° 20.446, art. 351
Ver vigencia:: Ley N° 20.446, art. 3
Ver además:: Ley N° 19.924, art. 383
Textos originales:: Ley N° 19.889, art. 202 ↗

Notas de IMPO

Redacción dada por: Ley Nº 20.446 de 16/12/2025 artículo 351. Ver vigencia: Ley Nº 20.446 de 16/12/2025 artículo 3. Ver: Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 383 (interpretativo). TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 202.

Artículo 237Modificado

(Reforma del mercado de petróleo crudo y derivados).- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley a presentar a la Asamblea General una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles que contemple, entre otros aspectos, los siguientes: A) Un estudio sobre refinado, exportación e importación de petróleo y sus derivados, tomando en cuenta las condiciones, posibilidades e infraestructura presente en el país. B) Un estudio de la cadena de comercialización interna de combustibles, incluyendo análisis estadísticos y evaluación de afectación por factores no impuestos por el sistema y que podrían o debieran modificarse. C) Un estudio sobre los aspectos regulatorios del mercado de combustibles, incluyendo análisis comparativo con mercados de combustibles externos. D) Un estudio sobre los tributos y subsidios incluidos en los precios de venta al público, incluyendo protección de consecuencias de variantes. E) Un estudio sobre la rentabilidad y el aporte de valor de la Refinería La Teja, incluyendo el análisis de los estados de resultados del negocio de combustibles de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) en los últimos cinco años. F) Un estudio sobre los esquemas de subsidios directos o indirectos entre las distintas actividades y líneas de negocios que desarrolla ANCAP, en cuanto a su incidencia en los precios de venta al público y en la eficiencia de los procesos productivos, en particular en aquellas actividades que se desarrollan en regímenes de competencia. A efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso precedente, el Poder Ejecutivo podrá convocar un comité de expertos en la materia que funcionará y se integrará en la forma que establezca la reglamentación, dotando al mismo de acceso a toda la información pertinente, incluida la metodología de nuevo cálculo de precios de paridad de importación. (*)

Reglamentado por:: Decreto 205/2023; , Decreto 343/2022; , Decreto 137/2021; , Decreto 271/2020

Notas de IMPO

Reglamentado por: Decreto Nº 205/023 de 30/06/2023, Decreto Nº 343/022 de 21/10/2022, Decreto Nº 137/021 de 10/05/2021, Decreto Nº 271/020 de 05/10/2020.

Artículo 293Modificado

(Competencia).- Al Ministerio de Ambiente compete: A) La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente, ordenamiento ambiental y conservación y uso de los recursos naturales, así como la instrumentación de la política nacional en la materia. B) La coordinación con las demás entidades públicas, nacionales, departamentales y municipales, en la ejecución de sus cometidos. C) La celebración de convenios con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de sus cometidos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Relaciones Exteriores. D) La relación con los organismos internacionales de su especialidad. E) Centralizar, organizar, compatibilizar y difundir públicamente, toda la información relacionada con el estado de situación del ambiente del país, a través del Observatorio Ambiental Nacional. F) Ejercer la competencia atribuida por la ley a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y a la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA), y las competencias en materia ambiental, de desarrollo sostenible, cambio climático, preservación, conservación y uso de los recursos naturales y ordenamiento ambiental, que las leyes le hayan atribuido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tendrá competencia en general sobre toda la materia ambiental prevista en el artículo 47 de la Constitución de la República. G) Fomentar la conciencia ambiental de la ciudadanía, a través de procesos participativos de educación ambiental, que estimulen un compromiso inclusivo de los ciudadanos en las acciones y procedimientos destinados a asegurar un desarrollo sostenible. H) Ejecutar las competencias relativas a la protección ambiental, generación, manejo y gestión de residuos, referidas en la Ley N° 19.829, de 18 de setiembre de 2019, y normas concordantes y modificativas. I) Ejecutar las políticas públicas definidas en el Gabinete Nacional Ambiental, conjuntamente con las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental. J) Ejercer toda otra competencia que le asigne el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su facultad de redistribuir atribuciones y competencias dispuesta por el inciso segundo del artículo 174 de la Constitución de la República. (*)

Artículo 308ModificadoHistoria (2 redacciones)

(Competencia).- A la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, le compete: 1) Asesorar y asistir al Poder Ejecutivo y, en especial, a sus unidades ejecutoras, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas fijadas por éste. 2) Asesorar y asistir a solicitud de los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas ejecutadas por estos en el marco de sus respectivas competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 311 de la presente ley, en lo pertinente. 3) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo sobre los avances y resultados obtenidos respecto del monitoreo y evaluación de la ejecución de los programas, proyectos, objetivos y metas asociados a la gestión de gobierno. 4) Asistir a las entidades estatales coordinando los planes de trabajo asociados a la instrumentación de políticas públicas, cuando intervenga más de una unidad ejecutora. 5) Promover la aplicación de instrumentos que favorezcan la modernización de la gestión pública, priorizando la eficiencia en la utilización de los recursos del Estado en una visión estratégica definida. En tal sentido, requerirá a las entidades públicas la remisión de un relevamiento de los bienes del Estado. 6) Promover la participación ciudadana en la evaluación de los servicios a la población y en el control de la trasparencia en el manejo de los fondos públicos relacionados. 7) A solicitud del Ministro de Economía y Finanzas, podrá coordinar con la Auditoría Interna de la Nación, el análisis de los informes técnicos elaborados por esta, a efectos de realizar el correspondiente monitoreo para la efectiva aplicación de las correcciones y recomendaciones contenidas en dichos informes. 8) A solicitud del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá asistir en materia de monitoreo y evaluación de proyectos contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, pudiendo realizar recomendaciones para el correcto desarrollo de los mismos. 9) A solicitud del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá asistir en materia de monitoreo y evaluación de la política de recursos humanos del Estado. 10)Asesorar al Poder Ejecutivo y a sus unidades ejecutoras en el monitoreo y evaluación de los procesos jurisdiccionales, contra todo órgano del Estado o empresas de derecho privado en las que el Estado tenga participación mayoritaria en su capital accionario, asesorando respecto a las políticas preventivas en tal sentido, en cuanto fuere pertinente. 11)Monitorear y evaluar los proyectos de innovación en la gestión pública que sean considerados de interés para la Presidencia de la República. (*)

Redacción dada por:: Ley N° 20.212, art. 70
Ver vigencia:: Ley N° 20.212, art. 2
Textos originales:: Ley N° 19.889, art. 308 ↗

Notas de IMPO

Redacción dada por: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 70. Ver vigencia: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2. TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 308.

Artículo 331ModificadoHistoria (2 redacciones)

(Competencia).- A la Agencia Reguladora de Compras Estatales, le compete: 1) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación y conducción de la política en materia de compras públicas. 2) Asesorar a las entidades estatales dependientes del Poder Ejecutivo en materia de compras y contrataciones y, mediante convenios, a los entes autónomos y servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos. 3) Desarrollar y mantener el Registro Único de Proveedores del Estado al servicio de las entidades estatales y de las empresas proveedoras, proponiendo al Poder Ejecutivo las pautas técnicas y demás aspectos vinculados a la materia que deban ser objeto de la reglamentación. 4) Desarrollar, publicar y coordinar con las diversas entidades estatales, la efectiva aplicación de un catálogo único para la adquisición de bienes por parte del Estado. 5) Instrumentar un registro de normas técnicas y especificaciones de diseño referentes al catálogo único para la adquisición de bienes a que refiere el numeral precedente. 6) Elaborar guías para la contratación de bienes y servicios, con la finalidad de promover la adopción de estándares técnicos que permitan comparar con objetividad niveles de calidad, costos y eficiencia, de forma de procurar un adecuado control de la ejecución y correcto cumplimiento de los contratos. 7) Elaborar y difundir documentación y pautas técnicas en materia de adquisición de bienes y servicios, así como diseñar programas de capacitación, en especial, en aspectos vinculados a la elaboración y aplicación de normativa especializada, a la aplicación de las mejores prácticas a la identificación y a la mitigación de riesgos en los procedimientos administrativos de contratación y de ejecución de contratos. 8) Desarrollar y mantener el sitio web de compras y contrataciones estatales, como canal de comunicación y vínculo interactivo entre los proveedores y las entidades estatales. 9) Asesorar a las entidades estatales en la elaboración y difusión de su plan anual de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 482 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas. 10) Por cuenta y orden de las entidades estatales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos, realizar los procedimientos administrativos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la normativa vigente, así como asistirlos técnicamente en las diversas etapas de contratación. 11)Imponer las sanciones de advertencia, multa, ejecución de garantía de mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato y suspensión ante incumplimiento de proveedores. 12)Promover el uso de las tecnologías de la información, observando los lineamientos y recomendaciones definidos por el Poder Ejecutivo, a fin de simplificar los procedimientos y favorecer el desempeño de compradores y proveedores, como herramientas para la mejora de la gestión y la transparencia del sistema de compras y contrataciones en el sector público. 13)Generar mecanismos que provean información al ciudadano sobre las contrataciones que realicen las entidades estatales, de manera actualizada y de fácil acceso, promoviendo la transparencia del sistema y la generación de confianza en el mismo. 14)Para el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá comunicarse directamente con todas las entidades públicas, estatales o no, así como con las entidades privadas vinculadas a su ámbito de actuación. 15)Desarrollar y mantener la plataforma electrónica que permita el seguimiento y control de la ejecución de las contrataciones que efectúen las administraciones públicas estatales, proponiendo al Poder Ejecutivo los lineamientos técnicos a los efectos de su reglamentación. (*)

Redacción dada por:: Ley N° 20.212, art. 68
Ver vigencia:: Ley N° 20.212, art. 2
Ver en esta norma:: art. 332
Textos originales:: Ley N° 19.889, art. 331 ↗

Notas de IMPO

Redacción dada por: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 68. Ver vigencia: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2. Ver en esta norma, artículo: 332. TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 331.

CAPÍTULO VI - NORMAS SOBRE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

Artículo 346ModificadoHistoria (2 redacciones)

(Designación de personal presupuestado o contratado).- La designación de personal presupuestado o contratado del Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Servicios Descentralizados, en los escalafones A 'Técnico Profesional', B 'Técnico', C 'Administrativo', D 'Especializado', E 'Oficios', F 'Servicios Auxiliares' y R 'Personal no incluido en los escalafones anteriores', o similares grupos ocupacionales de cada entidad estatal, deberá realizarse cualquiera fuere el origen de los fondos empleados para ello, por concurso público y abierto, previo pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de conformidad con el siguiente procedimiento:(*) A) La entidad estatal designante comunicará previamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil las necesidades de personal que motivan la solicitud, así como la descripción y requisitos del cargo o función a ser provisto. B) Dentro de los diez días de recibida dicha solicitud, la Oficina Nacional del Servicio Civil informará si en el registro de personal a redistribuir existen funcionarios que reúnan los requisitos solicitados. En caso afirmativo, propondrá la redistribución de ese personal, la que se realizará de conformidad con las normas que regulan la adecuación presupuestal. A los efectos de dotar de eficiencia y racionalidad al régimen de redistribución, y sobre la base del principio de buena administración, la Oficina Nacional del Servicio Civil determinará el número de funcionarios a redistribuir a la entidad estatal solicitante. Cuando el puesto a proveer pertenezca a los escalafones "A" (Técnico Profesional), "B" (Técnico), "C" (Administrativo), "D" (Especializado), "E" (Oficios), "F" (Servicios Auxiliares) o similares grupos ocupacionales de cada entidad estatal, y la Oficina Nacional del Servicio Civil manifestara no contar en sus registros con personal adecuado al perfil solicitado o no se expidiera dentro de los diez días de recibida la solicitud de personal, la entidad estatal gestionante quedará facultada para designar, para ese caso, a personas que no sean funcionarios públicos, salvo las excepciones que establezca el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los cometidos esenciales y sociales del Estado. C) Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá previamente realizar estudios para pronunciarse sobre el fundamento de necesidad que motiva la solicitud, informando su parecer al organismo solicitante y al Poder Ejecutivo. En este caso, lo comunicará a la entidad estatal interesada y el plazo para expedirse se extenderá a treinta días. D) En las designaciones se dará cumplimiento a lo estipulado por las leyes que establecen cuotas en beneficio de colectivos protegidos. Los procedimientos de Reclutamiento y Selección del Poder Ejecutivo y Servicios Descentralizados se harán a través del sistema de reclutamiento y selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil. E) No podrán realizarse designaciones de nuevos funcionarios dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno, ni iniciarse procesos para la provisión de vacantes, sin perjuicio de aquellas que puedan ser provistas con personal redistribuido y las excepciones previstas por ley. F) La Contaduría General de la Nación, las Contadurías Centrales de los Ministerios y demás entidades estatales comprendidas en la presente ley, no podrán incluir en las planillas presupuestales las erogaciones resultantes de las designaciones efectuadas, sin haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la misma. G) La Oficina Nacional del Servicio Civil publicará en forma semestral, en el Portal Uruguay Concursa, el número de designaciones y ceses de funcionarios realizados en el período, así como el número total de los mismos. A tales efectos, podrá requerir directamente a todas las entidades estatales comprendidas en la presente ley, la información que estime pertinente, la que deberá serle proporcionada en tiempo y forma.

Redacción dada por:: Ley N° 19.996, art. 9
Ver vigencia:: Ley N° 19.996, art. 2
Textos originales:: Ley N° 19.889, art. 346 ↗

Notas de IMPO

Acápite redacción dada por: Ley Nº 19.996 de 03/11/2021 artículo 9. Acápite ver vigencia: Ley Nº 19.996 de 03/11/2021 artículo 2. TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 346.

Artículo 415ModificadoHistoria (3 redacciones)

Los bienes inmuebles de propiedad de las entidades estatales comprendidas en los Incisos del Presupuesto Nacional y de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, identificados como sin uso por el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, serán transferidos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien podrá afectarlos al desarrollo de soluciones habitacionales comprendidas por el Sistema Público de Vivienda, o bien serán enajenados, según lo disponga el referido programa. En el caso de transferencias al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de los inmuebles pertenecientes a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, se requerirá el previo consentimiento del organismo titular y una contraprestación equivalente a su valor venal según tasación catastral. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tendrá un plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de la existencia de un bien inmueble sin uso, para aceptar su transferencia. Si dicho Ministerio no se pronunciare dentro del referido término, se tendrá como rechazada la transferencia del bien inmueble de que se trate. (*) La reglamentación establecerá la forma de acreditación de que los bienes inmuebles estén sin uso, la forma de transferencia de los mismos y los medios para efectuar las notificaciones previstas en este artículo. (*)

Redacción dada por:: Ley N° 20.075, art. 328; , Ley N° 20.212, art. 378
Ver vigencia:: Ley N° 20.075, art. 5; , Ley N° 19.924, art. 3; , Ley N° 20.212, art. 2
Redacción dada anteriormente por:: Ley N° 19.924, art. 71
Textos originales:: Ley N° 19.924, art. 71 ↗; , Ley N° 19.889, art. 415 ↗

Notas de IMPO

Redacción dada por: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 328. Inciso 3º) redacción dada por: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 378. Ver vigencia: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 5, Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 3. Inciso 3º) ver vigencia: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2. Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 71. TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 71, Ley Nº 19.889 de 09/07/2020 artículo 415.

CAPÍTULO I - NORMAS PENALES

Artículo 1☆Modificado

Artículo 2☆Modificado

Artículo 3☆Modificado

CAPÍTULO I - NORMAS PENALES

Artículo 1☆Modificado

Artículo 2☆Modificado

Artículo 3☆Modificado

Artículo 5☆Modificado

Artículo 6☆Modificado

Artículo 7☆Modificado

Artículo 8☆Modificado

Artículo 9☆Modificado

Artículo 10☆Modificado

Artículo 11☆Modificado

Artículo 12☆

Artículo 13☆Modificado

Artículo 14☆Modificado

Artículo 15☆Modificado

Artículo 16☆Modificado

CAPÍTULO II - NORMAS SOBRE PROCESO PENAL

Artículo 17☆Modificado

Artículo 18☆Modificado

Artículo 19☆

Artículo 20☆Modificado

Artículo 21☆Modificado

Artículo 22☆Modificado

Artículo 23☆Modificado

Artículo 24☆Modificado

Artículo 25☆Modificado

Artículo 26☆Modificado

Artículo 27☆Modificado

Artículo 28☆Modificado

Artículo 29☆Modificado

Artículo 30☆Modificado

Artículo 31☆Modificado

Artículo 32☆

Artículo 33☆

Artículo 34☆Modificado

Artículo 35☆Modificado

Artículo 36☆Modificado

Artículo 37☆Modificado

Artículo 38☆Modificado

Artículo 39☆Modificado

Artículo 40☆Modificado

Artículo 41☆Modificado

Artículo 42☆Modificado

CAPÍTULO III - LEGISLACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

Artículo 43☆Modificado

Artículo 44☆Modificado

Artículo 45☆Modificado

Artículo 46☆Modificado

Artículo 47☆Modificado

Artículo 48☆Modificado

Artículo 49☆Modificado

Artículo 50☆Modificado

Artículo 51☆Modificado

Artículo 52☆Modificado

Artículo 53☆Modificado

Artículo 54☆

Artículo 55☆Modificado

Artículo 56☆Modificado

Artículo 57☆Modificado

Artículo 58☆Modificado

Artículo 59☆Modificado

Artículo 60☆Modificado

Artículo 61☆Modificado

Artículo 62☆

Artículo 63☆Modificado

Artículo 64☆Modificado

Artículo 65☆Modificado

Artículo 66☆Modificado

Artículo 67☆Modificado

CAPÍTULO IV - NORMAS SOBRE ESTUPEFACIENTES

Artículo 68☆Modificado

Artículo 69☆Modificado

Artículo 70☆Modificado

Artículo 71☆Modificado

Artículo 72☆Modificado

Artículo 73☆Modificado

Artículo 1Modificado

Artículo 2Modificado

Artículo 3Modificado

Artículo 1Modificado

Artículo 2Modificado

Artículo 3Modificado

Artículo 5Modificado

Artículo 6Modificado

Artículo 7Modificado

Artículo 8Modificado

Artículo 9Modificado

Artículo 10Modificado

Artículo 11Modificado

Artículo 12

Artículo 13Modificado

Artículo 14Modificado

Artículo 15Modificado

Artículo 16Modificado

Artículo 17Modificado

Artículo 18Modificado

Artículo 19

Artículo 20Modificado

Artículo 21Modificado

Artículo 22Modificado

Artículo 23Modificado

Artículo 24Modificado

Artículo 25Modificado

Artículo 26Modificado

Artículo 27Modificado

Artículo 28Modificado

Artículo 29Modificado

Artículo 30Modificado

Artículo 31Modificado

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34Modificado

Artículo 35Modificado

Artículo 36Modificado

Artículo 37Modificado

Artículo 38Modificado

Artículo 39Modificado

Artículo 40Modificado

Artículo 41Modificado

Artículo 42Modificado

Artículo 43Modificado

Artículo 44Modificado

Artículo 45Modificado

Artículo 46Modificado

Artículo 47Modificado

Artículo 48Modificado

Artículo 49Modificado

Artículo 50Modificado

Artículo 51Modificado

Artículo 52Modificado

Artículo 53Modificado

Artículo 54

Artículo 55Modificado

Artículo 56Modificado

Artículo 57Modificado

Artículo 58Modificado

Artículo 59Modificado

Artículo 60Modificado

Artículo 61Modificado

Artículo 62

Artículo 63Modificado

Artículo 64Modificado

Artículo 65Modificado

Artículo 66Modificado

Artículo 67Modificado

Artículo 68Modificado

Artículo 69Modificado

Artículo 70Modificado

Artículo 71Modificado

Artículo 72Modificado

Artículo 73Modificado

Artículo 74Modificado

Artículo 75Modificado

Artículo 76Modificado

Artículo 77Modificado

Artículo 78Modificado