INTERLOCUTORIA 177/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 129/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por unanimidad desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta por el demandado. En autos la actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas, reclamando la indemnización de los perjuicios ocasionados por el accionar del demandado, al impedir a la actora ejercer el cargo de Subcoordinador de la División Sector Público de la Auditoría Interna de la Nación. Conferido el traslado de la demanda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opuso excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 51 de la Ley Nº 20.333 por vía de excepción. En primer lugar, el Poder Ejecutivo- MEF tiene legitimación activa para promover la declaración de inconstitucionalidad de una ley, por vía de acción o excepción. En segundo lugar, el demandado impugna la norma que establece que, en los casos en que se haya optado por promover la acción de nulidad, no se podrá plantear la acción reparatoria hasta tanto el proceso anulatorio concluya por el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso sin decidir sobre su objeto principal (norma contenida en el art. 51, inc. 3, lit. c) de la Ley Nº 20.333). Respecto de esta norma, la Corporación considera que el MEF carece de interés directo afectado por la misma, no contando con legitimación activa para impugnarla. En autos el demandado solicita la declaración de inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad en el caso concreto de la norma prevista en el art. 51 inc. 3 lit. c) de la Ley Nº 20.333, pero, al mismo tiempo, asevera que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso, lo que resulta contradictorio. En el caso, no solo el demandado no ha explicado suficientemente el punto, sino que ha argumentado que la norma atacada no resulta de aplicación al caso. Se analizan los argumentos del demandado respecto a la norma contenida en el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 20.333, esto es, aquella que declara, en vía de interpretación de la Constitución que, salvo para la acción de nulidad, el agotamiento de la vía administrativa previsto en el artículo 319 de la Carta no es presupuesto previo de ninguna acción referida a un acto administrativo o sus efectos. De los argumentos presentados, el único fundado es el que sostiene que la norma implica una modificación del texto constitucional, aunque se la califique como interpretativa. Para la Corte, no le asiste razón en el planteo. En el presente caso, la ley interpretativa impugnada no vulnera lo dispuesto en la normativa constitucional por ella interpretada. En conclusión, corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad deducida.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 137/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 128/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 138/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN ACOGE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE ESPECIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PENAL, LA CUAL CORRESPONDE REVOCAR, MANTENIÉNDOSE LA PENA FIJADA EN SEGUNDA INSTANCIA, CON DISCORDIA. En cuanto a la plataforma fáctica, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante un año aproximadamente, caracterizada por incidentes de violencia física, psicológica, económica y sexual, siendo ambos consumidores de sustancias estupefacientes. Como consecuencia de una discusión, el encausado le dio muerte a la víctima estrangulándola, e intentó ocultar el cuerpo enterrándolo en una fosa, en el piso de la habitación, siendo denunciado por sus hermanos. En cuanto a la calificación, en primera instancia se condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP) y se le impuso la pena de 24 años de penitenciaría. En segunda instancia, el Tribunal consideró que correspondía computar la agravante especial del art. 311 num. 1 del Código Penal, además de la agravante muy especial del art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A su vez, elevó la pena impuesta en primer grado y condenó al imputado a cumplir la pena de 28 años de penitenciaría. Con discordia parcial de la Sra. Ministra Merialdo. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Un agravio que interpone se dirige a controvertir la aplicación conjunta de la agravante especial del homicidio prevista en el art. 311 num. 1 del Código Penal con la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A juicio de la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, corresponde acoger el agravio ensayado por la Defensa. La Corte ha estudiado el punto en debate en sentencia Nº 187/2022, en la que consideró que no corresponde computar la agravante especial del homicidio dispuesta en el numeral 1 del artículo 311 del Código Penal cuando se computa alguna de las agravantes muy especiales previstas en el art. 312 del mismo Código. En conclusión, la calificación jurídica correcta, en el presente caso, es la autoría por parte del encausado de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP). Asimismo, la Defensa solicitó que se abata la pena impuesta, que fuera fijada por la Sala en 28 años de penitenciaría, no construyendo un agravio en forma. Tomando en cuenta las circunstancias alteratorias computadas, la personalidad y peligrosidad del agente, la pena fijada por el Tribunal en 28 años de penitenciaría resulta no sólo legal, sino también razonablemente adecuada a la entidad del delito y las demás circunstancias previstas en el art. 86 del Código Penal. (D) SRA. MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU DE LAS CARRERAS: Por cuanto desestima el recurso de casación interpuesto y adhiere a la posición en mayoría del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno integrado y entiende que es admisible el cómputo conjunto de las dos circunstancias agravantes referidas.

INTERLOCUTORIA 165/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 136/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN, INTEGRADA Y POR UNANIMIDAD DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. Los hechos de autos que se tienen como plenamente probados son que el encausado mantuvo una relación afectiva durante varios años con la víctima, período durante el cual ejerció sobre ella violencia psicológica, verbal y física. Ya separados, en una madrugada, el encausado agredió a la víctima físicamente y se llevó con él al hijo menor de ambos. Posteriormente esa misma noche, en dos oportunidades, el imputado concurrió donde se domiciliaba la mujer agrediéndola nuevamente, ante lo cual ésta logró huir hacia una Seccional policial poniendo en conocimiento a las funcionarias de lo sucedido. En primera instancia se le condena al imputado como “… AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADOS A LA PENA DE DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, CON DESCUENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PADECIDA Y, SIENDO DE SU CARGO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR AL ESTADO LOS GASTOS PREVISTOS POR EL ART. 105 DEL CÓDIGO PENAL.” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal competente confirma la sentencia. La Defensa actuante interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “ Ad Quem” . La Corte considera que la redacción del escrito recursivo hace complejo entender los planteos que concretamente efectúa el recurrente. Esas razones formales por sí conllevan necesariamente a la desestimatoria del recurso presentado. En conclusión, el recurrente no dio cabal cumplimiento con la carga de la debida argumentación prevista en el artículo 273 del CGP aplicable por la expresa remisión consagrada en el artículo 369 del CPP

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 95/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus miembros naturales, amparó el recurso de revisión interpuesto y anuló la sentencia definitiva Nº 343/2024 de fecha 10 de abril de 2024, dictada por el Juzgado de Paz de la 23ª sección judicial de Canelones. Concluye la Corte que atento a que a través de un emplazamiento defectuoso se privó a la parte demandada de su derecho de defensa, deviene necesario acoger el recurso de revisión interpuesto y anular la sentencia dictada.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 122/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes especialmente agravado, un delito de homicidio y un delito de vilipendio de cadáver especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real a la pena de 12 años y 4 meses de penitenciaría. Sin embargo, el Ad quem revocó parcialmente la sentencia impugnada, condenando al imputado como autor responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes agravado, un delito de homicidio muy especialmente agravado – femicidio –, un delito de homicidio y un delito de vilipendio de cadáver agravado todos en reiteración real entre sí a la pena de treinta años de penitenciaría, manteniéndose la sentencia de primera instancia en lo demás. Dispuso, asimismo, la aplicación de medidas de seguridad por el término de 7 años (arts. 92 y 96 CP.). La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del condenado, considerando que el recurso, tal como fue diagramado, incumple ostensiblemente con el artículo 273 del CGP, aplicable por la remisión del artículo 369 del CPP. Sin embargo, acoge la adhesión a la casación opuesta por la fiscalía y, en su mérito, computa la agravante por femicidio (art. 312 num. 8 del C ódigo P enal) respecto del homicidio que había sido tipificado como simple.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 132/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Por sentencia definitiva de primera instancia se falló a favor de la actora, declarando la existencia y disolución de la unión concubinaria. Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones, utilizando como argumentos el incumplimiento de la carga de la debida sustanciación del acto de proposición inicial y la falta de prueba. Contra dicha sentencia se alzó la parte actora, interponiendo recurso de casación. Conferido el traslado, el mismo fue evacuado por la contraparte; quien abogó por el rechazo del recurso. La Corporación por su parte resolvió desestimar el recurso de casación interpuesto; por cuanto la actora omite atacar todos los argumentos determinantes del fallo del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 159/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 96/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un recurso de revisión, en el cual la recurrente invocó las causales reguladas en los numerales 1, 3, 6 y 7 del art. 283 del CGP, la Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus miembros naturales, amparó el recurso de revisión interpuesto y revocó la sentencia Nº 84/2022, de fecha 12 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de Quinto Turno. Señala la Corte que si bien la recurrente en forma genérica invoca las causales reguladas en los numerales 1, 3, 6 y 7 del art. 283 del CGP, entiende la Corte que en virtud de los hechos invocados y de los medios probatorios diligenciados, el caso planteado encuadra en la causal del numeral 6 del artículo 283, en tal sentido, existieron por parte de la demandada maniobras fraudulentas con la finalidad de obtener un provecho, es decir, una sentencia que satisfizo su pretensión de reconocimiento y disolución de la unión concubinaria, evitando el contradictorio al no denunciar la existencia de sucesores.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 125/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

En el presente, la parte actora reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) que manifiesta haber padecido como consecuencia de la omisión en la que incurrió la Intendencia de Colonia en dictar la aprobación definitiva del fraccionamiento realizado en dos padrones. El a quo acogió la demanda, condenando a la Intendencia de Colonia; mientras que el Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar, desestimó la demanda. La actora interpuso recurso de casación, manifestando que la Sala aplicó incorrectamente la norma de Derecho (art. 29 del decreto dictado por la Junta Departamental de Colonia el 19 de diciembre de 1997, sobre ordenamiento territorial). La Corporación desestima el recurso planteado. A su juicio, las críticas no han sido articuladas de acuerdo con las exigencias impuestas por el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 134/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores hermanos entre sí, impugnaron tres negocios, por considerarlos simulados, celebrados por sus padres, con los tres nietos de éstos. La sentencia de segunda instancia amparó parcialmente la demanda, declarando la nulidad por simulación de los negocios de compraventa de autos y la consecuente validez de las donaciones que encubren, haciendo lugar a la pretensión de reducción de donaciones, condenando en costas y costos. La parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio sobre la infracción a las reglas legales de valoración de la prueba, para la Corte, no surge probada una hipótesis de valoración absurda o arbitraria por parte de la Sala (en criterio de la mayoría de los Sres. Ministros), o que vulnere el límite de la razonabilidad (en criterio del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre), lo que conduce a la desestimación del agravio. Con relación al agravio sobre la reducción de las donaciones inoficiosas, para la Corte, lo que la Sala dispone con su fallo es que las donaciones practicadas deben ser analizadas para determinar si existió o no una vulneración de la legitima rigorosa de las accionantes. Pero esto no significa que el acogimiento de la pretensión en forma condicional asegure un crédito en favor de las mismas, extremo que deberá probarse en el marco del proceso correspondiente. (D) DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE - MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE EN PARTE: En cuanto entiende que corresponde hacer lugar al agravio relativo a las condenas causídicas impuestas en ambas instancias a las accionadas y, en su lugar, anular tal condenación.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 171/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 86/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 90/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso, en el cual compareció el Ministerio del Interior, a efectos de promover demanda de regulación y cobro de honorarios contra los recurrentes y su abogado patrocinante, la Suprema Corte de Justicia, declaró la falta de legitimación pasiva al abogado patrocinante de los recurrentes y amparó parcialmente la demanda instaurada y; en su mérito, fijó los honorarios profesionales en la suma de 77 UR, más IVA e interés legal desde la fecha de presentación de la demanda regulatoria hasta su efectivo pago. En cuanto a la falta de legitimación pasiva del abogado patrocinante, a juicio de la Corte, el intento del actor de hacerlo responsable por los costos que pretende cobrar carece de fundamento. El abogado patrocinante, que firmó junto al resto de los demandados en el proceso donde se tramitó el recurso de revisión, compareció en su calidad de asistente técnico de los afectados por las sentencias impugnadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del CGP. Sin su asistencia, los actos procesales de los interesados serían nulos. En este sentido, la falta de legitimación del abogado patrocinante es manifiesta por cuanto no es titular del perjuicio invocado oportunamente por los impugnantes en el recurso de revisión ni tiene interés directo en la causa. El profesional no tenía la calidad de parte, ni tampoco la calidad de apoderado, por cuanto no litigó con poder. Por ende, no fue condenado solidariamente con su representado (único caso de responsabilidad del apoderado). Y la condena tuvo lugar por disposición del artículo 292 del CGP que prevé que las costas y los costos de la revisión desestimada serán de cargo de la parte recurrente.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 100/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 92/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMANSE LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. La Corporación no advierte error jurídico alguno en el razonamiento de la Sala, conforme el cual el efecto interruptivo de la solicitud de conciliación solo alcanza a los rubros por los cuales se efectuó la solicitud y no comprende aquellos que no fueron objeto de solicitud de citación a audiencia de conciliación ante el MTSS. No asiste razón a Manteo SA cuando afirma que la Sala se contradice al aceptar la concatenación de citaciones a conciliación y, a la vez, niega la posibilidad de interrupción sucesiva de la prescripción. Resulta claro que, para la Sala, el acto que interrumpe la prescripción –en el caso de autos, la solicitud de audiencia de conciliación– es uno y procede por única vez. Respecto al agravio por la transaccion, advierte la Suprema Corte de Justicia que de los dos argumentos que sustentan la decisión impugnada, el recurrente cuestionó uno solo de ellos, lo que sella negativamente la suerte del agravio. En efecto, en su libelo de casación, la DGC intenta conmover la valoración de la prueba que llevó a la Sala a concluir que el letrado que asistió a los trabajadores en la celebración de las transacciones no era un abogado independiente de la empresa empleadora, que velara por los intereses exclusivos de sus asistidos.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 88/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación desestima la casación incoada . En autos, la Defensa presenta recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Sostuvo que el Tribunal violó las reglas de valoración de la prueba. Según el criterio de la mayoría de la Corte integrada, conformada por las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales, Míguez y Pérez, hay límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los Tribunales de mérito en la etapa de casación. Solamente puede ser revisado en esta etapa en casos en que se incurra en absurdo evidente. Para que se configure la mentada violación de valoración de la prueba, se debe denunciar y demostrar la misma, lo que no ocurrió en el presente caso. Por su parte, el Ministro Dr. Sosa, considera que la valoración, en causas tramitadas ante el nuevo Código del Proceso Penal, no puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, en el caso en estudio, la Corte, debidamente integrada y por unanimidad, considera que el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Apelaciones no se aparta en absoluto de las normas legales que disciplinan tal tarea judicial. Por otro lado, la Defensa denunció error en la aplicación de los arts. 272 TER y 54 del Código Penal. Al respecto, expresó que estamos frente a una única resolución criminal en el tiempo y que el delito de lesiones quedaría subsumido en el delito principal. Sin embargo, la parte recurrente no satisface la exigencia relativa a plantear en debida forma el agravio, tal como lo requiere el artículo 273 del CGP, aplicable en la materia. A su vez, respecto al delito previsto en la Ley Nº 17.815 en la modalidad de almacenamiento de material pornográfico con menores de edad, se agravió por un error en la valoración de la prueba, por cuanto no se habría respetado la cadena de custodia del celular periciado que contenía dicho material. Sobre este aspecto, en primer lugar cabe destacar que la parte recurrente reitera el agravio esgrimido en el recurso de apelación, sin hacer un análisis concienzudo, lo que es inadmisible. Por último, se agravia por la pena impuesta, la que consideró razonablemente excesiva, evidenciándose una vulneración del límite de razonabilidad por fuera de los parámetros jurisprudenciales. El planteo carece de fundamentación suficiente, lo que determina su rechazo, por incumplimiento de las exigencias previstas en el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho penal