INTERLOCUTORIA 74/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026

La Suprema Corte de Justicia, hará lugar a la citación de tercero AGESIC, conforme lo solicitado por el Poder Legislativo. Los Sres. Ministros Dres. Doris Morales y Tabaré Sosa Aguirre extienden discordia. En autos el Intendente de Río Negro promueve acción por lesión de autonomía departamental contra el Estado, Poder Legislativo, considerando que el artículo 17 de la Ley Nº 18.381, que establece la gratuidad de la solicitud de acceso a la información pública, lesiona la autonomía departamental de fijar tasas por la utilización de servicios prestados por el Gobierno Departamental. Al darse traslado de la demanda, el Poder Legislativo, solicita la noticia a la AGESIC. (D) SRES. MINISTROS DRES. DORIS MORALES Y TABARÉ SOSA : A juicio de los Sres. Ministros Dres. Doris Morales Martínez y Tabaré Sosa Aguirre corresponde desestimar la convocatoria a juicio de la AGESIC, estimándola improcedente en la presente acción. El acto identificado como lesivo de autonomía departamental fue la ley Nº 18.381, sancionada por el Poder Legislativo, órgano que fue identificado como demandado. Consideran que la UAIP-AGESIC carece de legitimación pasiva para ser convocado al presente proceso en calidad de tercero.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 24/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, la parte actora presentó demanda de cumplimiento forzado de contrato y, subsidiariamente, de resolución contractual más daños y perjuicios. Argumentaron estar vinculados con la demandada mediante un contrato de asistencia médica para grupos, suscrito el 4 de octubre de 1996. Relataron que el 23 de enero de 2020, la demandada les notificó su decisión de rescindir unilateralmente el contrato de seguro, dando por finalizada la cobertura a partir del 31 de enero de ese año. La razón aducida para la rescisión fue la no residencia de los actores en Uruguay. En primera instancia desestimó la demanda y en segunda instancia, revocó dicha decisión, amparando la pretensión de ejecución forzada, condenando a la demandada a abonar las facturas por los servicios médicos que los actores recibieron en Estados Unidos. Finalmente la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales, hizo lugar al recurso de casación interpuesto y anuló la sentencia de segunda instancia impugnada, manteniendo firme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda en todos sus términos. Para la Corte resulta evidente que, si se contrata un seguro diseñado para los costos de Uruguay y luego se pretende utilizarlo en un sistema asistencial diferente, con otros costos, se desnaturaliza la operación económica considerada al pactar el contrato. Así, si los beneficiarios residen permanentemente en Estados Unidos, utilizarán servicios de salud allí de forma habitual, no en Uruguay. Estas consideraciones sobre la operación económica subyacente, instrumentada a través del contrato, sumadas a los elementos textuales previamente referidos, llevan a la Corte a concluir que la cobertura se mantiene siempre que los beneficiarios del seguro continúen residiendo en nuestro país, lo que habilita la rescisión del contrato si estos pasan a residir en el extranjero. En cuanto a la residencia habitual de los actores, para la Suprema Corte de Justicia, si en el expediente no se reunió prueba suficiente para acreditar dónde residen los actores (si en Uruguay o en el extranjero), la consecuencia debe ser tener por no probada la proposición fáctica planteada por la actora en su demanda. Es decir, tener por no acreditado que tienen su residencia habitual en Uruguay. Sin perjuicio de la aplicación de la regla sobre la carga de la prueba, considera la Corte que la prueba obrante en el expediente acredita justamente lo contrario a lo afirmado por los actores.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 7/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026

La Corporación dará ingreso al recurso de revisión interpuesto y hará lugar a la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada. En autos, conocidos los hechos delictivos y practicada la correspondiente detención, al ser interrogado por su identidad, el encausado proporcionó un dato falso, una falsa identidad, expresando que se llamaba AA. La sentencia definitiva dictada en el Proceso Abreviado, que mal condenó a AA, fue consentida por las partes y el imputado, adquiriendo autoridad de cosa juzgada. Posteriormente, al hacerle el fichaje al imputado por Policía Científica, surgió que había proporcionado una identidad falsa, siendo su verdadera identidad BB. La Fiscalía, al haberse falseado la identidad por parte del imputado, pidió la revisión de la sentencia impugnada, al verificarse la hipótesis establecida en el art. 371 lit. b) y c) del C.P.P., pidiendo asimismo la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada. La Suprema Corte de Justicia, dio ingreso al recurso de revisión y hará lugar a la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada, ante la posibilidad que la demora del trámite pudiere causar perjuicios graves a AA.

Proceso cautelar · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 2/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 8/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 14/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 15/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 93/2026 · Suprema Corte de Justicia · 2 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. La mayoria de la Corporación integrada conlcuye que en el caso se trata de un uso (pago de un premio o gratificación) que la empresa pagó durante décadas Un beneficio que se convirtió en un uso patronal que creó legítimas expectativas en los trabajadores a los efectos de percibir dicho monto al momento de su egreso. CONAPROLE decidió suprimir el beneficio y sin embargo de todas maneras desde el año 2004 y hasta el año 2020 (dictado de la resolución Nº 89.319) siguió pagando el mismo y lo hizo para todos los casos, pues la demandada no logró identificar ni acreditar un caso concreto en donde durante esos diecisiete años en que no se haya abonado. Discordias de los Dres. Minvielle y Jhon Perez, par quienes el pago de la emncionada gratificación no constituye un uso o costumbre por no reunir los requisitos de periodicidad, previsibilidad, continuidad e invariabilida. Afirman que los actores no pueden invocar la existencia de un derecho adquirido que haya sido vulnerado por la resolución del año 2020, que determinó la eliminación del beneficio. Los empleados de la cooperativa contaban, a lo sumo, con una simple expectativa de que, en el momento en que ellos se retiraran, estuviera vigente alguna gratificación por retiro, como la que se otorgó durante cierto tiempo. Pero no eran titulares de un derecho subjetivo a la percepción (futura) del referido beneficio.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 1465/2025 · Suprema Corte de Justicia · 19 de diciembre de 2025Importancia alta

LA CORPORACIÓN AMPARA EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO Y ANULA LA SENTENCIA DEFINITIVA Nº 25/2023 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR EL JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL DE CIUDAD DE LA COSTA DE 2° TURNO. El actor promueve recurso de revisión contra la sentencia definitiva Nº 25/2023, de fecha 19 de agosto de 2023, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de Ciudad de la Costa de 2º Turno, demandando a la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Invocó como causal de revisión la prevista en el numeral 7º del artículo 283 del CGP, esto es, la nulidad por indefensión que no se pudo hacer valer por la vía del art. 115 del CGP. Expresó que en ningún momento fue notificado de la citación a conciliación previa, ni tampoco del traslado de la demanda de reivindicación promovida por la AIN. Al tomar conocimiento de las actuaciones, comprobó que las notificaciones se realizaron en el padrón que se pretendía reivindicar, cuando jamás fue el domicilio real del recurrente. La Suprema Corte de Justicia ampara el recurso de revisión, los requisitos de forma se cumplen. A juicio de la Corporación, el recurrente demostró sus afirmaciones respecto al momento y la forma en la que tomó conocimiento del proceso. No resulta compartible la defensa del demandado relativa a que el recurrente pudo y debió acudir a la vía del proceso incidental de nulidad al tomar conocimiento del proceso, en lugar del recurso de revisión. Por el contrario, la sentencia cuya revisión se pretende pasó en autoridad de cosa juzgada, por lo que la vía procesal pertinente para impugnarla es el recurso de revisión. En cuanto al fondo del asunto, la prueba diligenciada en el expediente acredita que en el proceso principal se emplazó a Jorge Sienra en un domicilio equivocado, provocándole indefensión, ya que no pudo defenderse ni comparecer a estar a derecho.

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 1598/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025Importancia alta

La Corporación, por la mayoría legalmente requerida, considera que corresponde amparar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, anular la sentencia de segunda instancia en cuanto entendió que en el contrato de cesión de derechos hereditarios también se incluyó la cesión de derechos de ex gananciales. Los Sres. Ministros discordes entienden que corresponde desestimar el recurso interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1620/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1643/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1591/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025Importancia alta

En autos, la fiscalía actuante interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por la cual se confirmó la recurrida, salvo en cuanto a la pena,en lo que se revoca y se fija en 24 meses de prisión con descuento de lo cumplido. Los agravios esgrimidos refieren a que no debió tramitarse el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de la condenada por cuanto su contenido se limitó a reiterar los argumentos expresados en el alegato, a la rebaja de la pena (en 8 meses) y la modalidad de cumplimiento (de prisión efectiva a libertad a prueba); así como también a que no debió modificarse la modalidad de cumplimiento de pena por cuanto la solicitud fue extemporánea. La Defensa de la imputada, evacuó el traslado y bregó por su rechazo; mientras que por su parte el Sr. Fiscal de Corte concluyó que corresponde amparar en parte el recurso movilizado. La Corporación debidamente integrada y por mayoría, procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto, ya que respecto al primer agravio corresponde señalar que si bien el recurso de apelación se fundó básicamente en atacar la teoría del caso de la Fiscalía, también se relevaron agravios concretos a la sentencia de primera instancia, cumpliéndose con los requisitos mínimos de admisibilidad. En cuanto al agravio relativo a la cuantificación de la pena, la Suprema Corte entiende que en el caso no se verifican supuestos de arbitrariedad o vulneración del límite de la razonabilidad. Por último, los Ministros que conforman la mayoría entienden que no existe una norma que obligue a la Defensa a peticionar la forma de cumplimiento de pena en un momento oportuno. La Sra. Ministra Dra. Doris Morales , extendió discordia en parte, por cuanto a su juicio, corresponde acoger el agravio que guarda relación con la forma de cumplimiento de la pena bajo el régimen de libertad a prueba, y en su lugar, dispondrá que la misma sea de prisión efectiva, en virtud de que el planteo resulta extemporáneo ya que, la oportunidad para solicitar el cumplimiento de la pena bajo el régimen de libertad a prueba (art. 295 inc. 7 BIS del CPP) debe ser antes del dictado de la sentencia definitiva de primera instancia

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1930/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025

La Corporación desestima el recurso de queja por denegación de casación presentado. En primer lugar no estimó el monto del asunto el recurrente. Sin embargo, aún cuando se hubiera realizado dicha estimación, no habría superado las 4.000 UR, lo que sella la suerte del recurso.

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 1588/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados y reiterados delitos de violencia doméstica agravados, en régimen de reiteración real a la pena de 12 años de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena dispuesta, la que fijó en 9 años de penitenciaría. La Defensa del imputado interpone recurso de casación, agraviándose en lo medular por la errónea valoración de la prueba realizada por el Tribunal, así como por la pena dispuesta. Fiscalía adhirió a la casación formulada por la Defensa agraviándose únicamente por la disminución de la pena recaída en primera instancia, en tanto entendió arbitraria la decisión de la Sala de disminuir el monto de la condena. La Corporación, debidamente integrada y con discordia parcial en cuanto a la adhesión al recurso, desestima el recurso de casación interpuesto por la defensa en su totalidad, así como la adhesión al recurso de casación planteada por la fiscalía. Los Señores Ministros discordes entienden que le asiste razón a la Fiscalía recurrente en tanto se asiste a un supuesto de motivación insuficiente en lo que respecta a la reducción de la pena impuesta en primer grado e individualización de la misma en 9 años de penitenciaría, lo que torna arbitraria la pena fijada en alzada.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1917/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025

La Suprema Corte de Justicia, con el quorum legalmente requerido, declara competente para seguir conociendo en la presente causa, a la Sra. Jueza Dra. Rossana Re Fraschini Benítez. Caso de autos : contienda negativa de competencia planteada entre la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de la Capital, Claudia Muguiro, y el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital, Dr. Sebastián Amor. La parte final del artículo 209 del CGP dispone que se relevará necesariamente al titular de una Sede de su deber de dictar sentencia cuando se den las siguientes circunstancias en forma acumulativa: 1) que el Juez suplente o subrogante se encuentre a cargo de la Sede por un período mayor a 30 días; y 2) que dicho Magistrado haya intervenido en la audiencia preliminar o, en su caso, en la complementaria de la causa que se trate. A juicio de la Corporación, corresponde que la Sra. Jueza Dra. Rossana Re Fraschini dicte la sentencia definitiva en la presente causa, ya que la misma permaneció a cargo de la Sede por un período mayor a 30 días y asimismo puso fin a la instrucción probatoria.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 1593/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025Importancia alta

La Corporación por mayoría desestima la excepción de inconstitucionalidad interpuesta, con dos discordias. En un proceso abreviado, por sentencia dictada el 16 de junio de 2023 se condenó al excepcionante de autos : “... COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO CONTINUADO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTS. 31 Y 35 BIS DEL DECRETO LEY 14.294 Y MODIFICATIVAS; UN DELITO DE TENENCIA EN DEPÓSITO DE ARMAS Y MUNICIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 19.247; Y UN DELITO DE RETIRO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (TOBILLERA), TODOS ELLOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL A LA PENA DE CUATRO AÑOS Y DOS MESES DE PENITENCIARIA, CON DESCUENTO DE LA DETENCIÓN CUMPLIDA, SIENDO DE SU CARGO LOS GASTOS ACCESORIOS DE RIGOR. (...)”. Encontrándose las actuaciones en etapa de ejecución ante el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia respectivo, la Defensa del condenado interpone excepción de inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley Nº 17.897, modificado por el artículo 86 de la Ley N.º 19.889, argumentando que el mismo suprime derechos de los penados, apartándose de la concepción rehabilitadora de la pena. La Corporación por mayoría de sus integrantes, contando con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Sosa Aguirre, Míguez y Pérez Brignani desestima la excepción de inconstitucionalidad deducida respecto al artículo 13 de la Ley Nº 17.897, en la redacción dada por el artículo 86 de la Ley Nº 19.889. Por su parte, las Sras. Ministras Dras. Minvielle y Morales extienden la discordia respectiva por entender que a su juicio corresponde acoger la excepción de inconstitucionalidad interpuesta. Se entiende que el excepcionante posee legitimación activa. Sobre el fondo de la cuestión, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse con relación a todos los planteos efectuados en la sentencia nro. 75/2023, revalidándose los conceptos allí pronunciados. Se sostiene que la norma impugnada no prohíbe el trabajo o estudio, lo que no podrá es redimir pena. En cuanto a la violación del principio de igualdad , se da cuando sin un razonable motivo o sin una justificación constitucionalmente relevante, ante situaciones iguales dispone un tratamiento diverso y cuando ante situaciones diversas dispone un tratamiento idéntico. La mayoría de la Corte considera que en el caso actual la distinción es totalmente justificada dada la naturaleza de los delitos excluidos por la norma para gozar del beneficio de la redención de la pena. En consecuencia, el alcance y la limitación de la redención de la pena por trabajo o estudio es de resorte puramente legal. (D) SRA. MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE: Entiende que corresponde hacer lugar a la excepción de inconstitucionalidad planteada en tanto debe considerarse al instituto de redención de pena como un derecho fundamental del penado, vinculado a la resocialización exigida constitucionalmente. (D) SRA. MINISTRA DRA. DORIS MORALES: Vota por acoger la excepción de inconstitucionalidad opuesta por el condenado y, en su mérito, declarar inaplicable para el caso concreto el último inciso del art. 13 de la Ley Nº 17.897, en la redacción dada por la Ley Nº 19.889. Considera que le asiste razón al recurrente y la norma impugnada no supera el control de constitucionalidad por vulnerar el principio de igualdad.

DEFINITIVA 1590/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025Importancia alta

Por sentencia definitiva de primera instancia se acogió parcialmente la demanda de visitas; la cual fue revocada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, quien procedió a desestimar la demanda. Contra la decisión adoptada por el Ad Quem, la parte actora interpuso recurso de casación; manifestando como agravios una errónea valoración probatoria así como también una errónea aplicación del derecho. El traslado fue evacuado en tiempo y forma tanto por la demandada, como por la defensa del menor. La Corporación debidamente integrada procedió a desestimar el recurso interpuesto, por cuanto la Sala hace una valoración conjunta de todos los medios de prueba; no evidenciándose apartamiento alguno de las reglas de la lógica. Respecto al agravio relativo a la aplicación del derecho, el Sr. Ministro Dr. Sosa entiende que habiéndose determinado que no existió yerro en el razonamiento probatorio de la Sala, el gravio carece de asidero. Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales, Pérez Brignani y Tonarelli, entienden que para que sea de aplicación el Art. 124 literal E del CNA deben darse lo dos presupuestos allí establecidos para la revinculación con el menor: i) que la víctima lo solicite expresamente, y ii) que se cuente con el visto bueno de los técnicos intervinientes; los cuales no resultan de autos.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1596/2025 · Suprema Corte de Justicia · 18 de diciembre de 2025Importancia alta

La a quo desestimó la demanda de responsabilidad médica incoada. El Ad quem revoca la sentencia apelada y en su lugar condena a la Administración de Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E) a abonar a los actores las sumas dispuestas por concepto de daño moral, daño premuerte y lucro cesante, con más los reajustes e intereses que corresponden. La demandada interpuso recurso de casación, solicitando que se anulara la sentencia impugnada y, en su lugar, se declarara la caducidad de parte de los créditos reclamados y desestimara la demanda en todos sus términos. En subsidio, peticionó se redujeran los montos de la condena. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. La Suprema Corte de Justicia entiende que la prueba rendida fue correctamente analizada, sin haberse vulnerado en grado alguno las reglas de la sana crítica.

Proceso civil ordinario · Derecho civil