INTERLOCUTORIA 987/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 988/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

Señala la Suprema Corte de Justicia, que no habiendo el impugnante explicado con precisión los errores que reprocha a la Sala ni la valoración que estima era debida, corresponde a derecho desestimar el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1027/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 987/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso penal, en primera instancia condenó a AA como coautora penalmente responsable de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado en reiteración real con un delito continuado de comercialización de sustancias estupefacientes, a la pena de 30 años de penitenciaría, con descuento del tiempo de prisión preventiva cumplido y condenó a BB como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado, a la pena de 30 años de penitenciaría, con descuento del tiempo de prisión preventiva cumplido. El Tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, salvo en cuanto al monto de la pena que se revoca y, en su lugar, se condena a BB a la pena de veinticinco años de penitenciaría y a AA a la pena de veintiséis años de penitenciaría. Las Defensas de los condenados interpusieron recursos de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó los recursos de casación interpuestos. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Doris Morales y John Pérez, los agravios ensayados por las recurrentes respecto a la valoración probatoria realizada por la Sala no cumplen con los requisitos formales exigidos en el grado. En la especie, las Defensas no cumplieron con la carga de denunciar y especialmente de fundar la existencia de absurdo evidente en la valoración practicada por el Tribunal. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, considera que el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y, por ende, su infracción puede alegarse en el recurso de casación. Sin perjuicio, considera que los agravios de las recurrentes no pueden prosperar, pues la valoración realizada por el Tribunal lejos está de plasmar una hipótesis que merezca su corrección en casación. Por el contrario, existe plena prueba que indica a AA como coautora del homicidio en cuestión y a BB como autor del mismo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 990/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por mayoría de sus integrantes, y con discordia del Dr. Tabaré Sosa Aguirre ampar ó el recurso de casación interpuesto, y dispuso anular la sentencia impugnada exclusivamente en cuanto redujo la pena impuesta al encausado; manteniendo el guarismo punitivo fijado en la sentencia de primera instancia (6 años de penitenciaría como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor). Entiende la Corporación que asiste razón a la recurrente en su planteo sobre la absurda o arbitraria determinación de la pena impuesta al encausado por el Tribunal (3 años y 6 meses de penitenciaría); ya que si bien debe valorarse favorablemente la ausencia de antecedentes penales del imputado, no puede soslayarse la corta edad de la víctima (lo hecho comenzaron entre los 7 u 8 años y se extendieron hasta los 12 años) y la reiteración de las conductas típicas (por demás aberrantes) por un extenso lapso de casi 5 años, lo que a juicio de los firmantes demuestra la gravedad del injusto y la peligrosidad del agente; resulta adecuado fijar la pena por la comisión tal como lo estableció la A Quo. Por su parte, el Dr. Tabaré Sosa Aguirre extendió discordia por entender el recurso debe desestimarse, ya que la pena fijada por la Sala no resulta descabellada, es legal, sopesa la reiteración delictual y las atenuantes y agravantes relevadas; no puediendo perderse de vista que se convocó una atenuante de peso como lo es la buena conducta anterior del imputado.

Recurso de casación

DEFINITIVA 1004/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto; ya que quien invoca la errónea valoración de la prueba como causal de casación deba acreditar los motivos por los cuales entiende que la misma es absurda o arbitraria, en posición de la mayoría de la Corporación integrada por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle Sánchez, Doris Morales, Elena Martínez y el redactor Dr. John Pérez, o que se vulneró el límite de la razonabilidad en la valoración de la misma, en posición del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre; extremo que el recurrente no ha dado cumplimiento en debida forma.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 992/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El a quo condenó al imputado como coautor penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de veinticuatro años de penitenciaría. El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, sosteniendo que el Tribunal incurrió en un error absurdo y evidente en la valoración de la prueba; se violó el principio de inocencia; asimismo, se agravia por la pena fijada, considerando que es excesiva. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En cuanto a la valoración de la prueba, para la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Martínez, Minvielle y la redactora, el agravio no puede prosperar, en tanto no cumple con las exigencias formales del grado. Si bien la recurrente menciona en varias oportunidades la presunta existencia de “ absurdo evidente ” o “ arbitrariedad ” en la valoración probatoria efectuada por la Sala, no logra desarrollar su alegación conforme las exigencias previstas en el art. 273 del CGP, (aplicable al proceso penal en función de la remisión dispuesta por el art. 369 del CPP). Los demás agravios planteados por la Defensa del encausado carecen del fundamento suficiente para prosperar.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1006/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1010/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1048/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El a quo atribuyó la causación exclusiva del accidente vial al demandado y lo condenó a resarcir diversos daños y perjuicios reclamados: daño moral premuerte de la fallecida, transmitido a su hija menor de edad; daño extrapatrimonial por rebote a favor de la misma; daño moral por rebote y por sus propias lesiones a sus padres, quiénes participaron del siniestro; daño extrapatrimonial por rebote y por sus propias lesiones a su cónyuge, quien también participó del accidente; daño emergente, consistente en gastos funerarios; daño emergente por gastos médicos y terapéuticos, acompañante en sanatorio, traslados en taxi y remise, gastos del vehículo siniestrado, gastos o incrementos en la explotación agropecuaria y gastos por asistencia a salud mental para los padres de la víctima; daño emergente por gastos médicos y asistencia, por contratación de empleada doméstica y por tratamiento fisioterapéutico a favor del esposo; lucro cesante a favor del padre y del cónyuge, diferido a la vía del art. 378 del CGP; daño emergente, pasado y futuro, del cónyuge por el servicio de niñera y empleada doméstica. El Ad quem confirmó la responsabilidad exclusiva del demandado en la producción del evento y la condena despachada en primer grado, salvo en los siguientes puntos: fijó el monto del daño moral propio del padre en U$S8.000; fijó el monto del daño moral propio del esposo en U$S8.000; se admitió el daño emergente por asistencia psicológica de la hija; se admitió el lucro cesante de la víctima mortal a favor de su hija y esposo; se admitió el daño emergente por concepto de gastos de fisioterapia de los padres y por concepto de gastos de empleada doméstica del esposo. Contra la sentencia de alzada, el demandado interpuso recurso de casación, en el que cuestiona la condena que se le impuso respecto a dos rubros específicos, a saber: los límites de la condena por lucro cesante; y la procedencia y cuantía del rubro consistente en la asistencia psicológica que en un futuro pueda requerir la niña. La Corporación, debidamente integrada, ampara parcialmente el recurso de casación interpuesto, disponiendo los siguientes puntos que fueran omitidos en la sentencia de segunda instancia impugnada: fija el límite del lucro cesante futuro por pérdida del aporte que la víctima servía al hogar familiar en la edad de 65 años de la fallecida; dispone que, cuando la niña alcance la edad de 21 años, cesará de percibir la mitad del lucro cesante futuro que le corresponde, punto en que el Señor Ministro Dr. Tabaré Sosa extiende discordia, sosteniendo que la edad límite debe ser los 24 años; se establece que, del capital debido por el demandado por concepto de lucro cesante futuro, corresponde descontar un 20% por pago adelantado en capital; y fija el precio de las sesiones de terapia dispuestas en favor de la niña en la suma de $1.982, condenando al resarcimiento de este rubro (asistencia psicológica) por fórmula de capital, con detracción del 20% por pago adelantado.

DEFINITIVA 999/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La A quo absolvió al imputado como coautor de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y éstos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, decretando por definitiva su libertad. El Ad quem, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia, condenando al sindicado como coautor responsable de reiterados delitos de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones graves a la pena de siete años de penitenciaría. La Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el ad quem . Manifestó que le causa agravio que el Tribunal no haya hecho lugar a la adscripción del delito de abuso de autoridad contra los detenidos; así como la pena impuesta, la que considera ilegal, siendo inferior a la mínima establecida para los delitos por los que fue condenado, sus agravantes, y la reiteración. La Defensa del condenado también interpone recurso de casación, agraviándose por la valoración de la prueba realizada por el Tribunal; así como una vulneración al principio in dubbio pro reo y a la presunción de inocencia; infracción a los artículos 18 inc. 1, 46 inc. 7, 54, 56, 61, 86, 87, 281, 282 inc. 1 nums. 1 y 4 y 317 del Código Penal; y en último lugar expresó que la condena del encausado por ser médico militar, aun en ausencia de la plena prueba requerida legalmente, configuraría un caso de derecho penal de autor y de derecho penal del enemigo, lo que es incompatible con el Estado de Derecho, por cuanto importa una vulneración del principio de responsabilidad por el hecho, además de proponer tratamientos jurídicos diferenciales para los ciudadanos y para los enemigos. La Corporación, por mayoría, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado y acoge parcialmente el recurso de casación impetrado por la Fiscalía, amparando el agravio relativo a la no imputación de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, con la consecuencia que ello debe tener en el monto de la pena, que se aumenta a 7 años y 6 meses de penitenciaría. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Pérez Brignani y la redactora, corresponde desestimar los agravios interpuestos relativos a la valoración de la prueba, dado que resulta imposible revalorizar el material fáctico. Y a juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, repasado el recurso en examen, no surge la denuncia de un proceder arbitrario o absurdo al reflejar el juicio de los hechos. La exposición de la Defensa en su escrito de casación no resulta ser más que la manifestación de su discordancia o su desacuerdo con la valoración realizada, la que, en ningún sentido, puede calificarse como absurda o arbitraria. El Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa extiende discordia, considerando que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el condenado, absolviendo al mismo de los delitos por los cuales se lo acusó, sosteniendo que existe duda razonable de que el condenado no sea la persona que cometió los delitos.

DEFINITIVA 995/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

DESESTÍMANSE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA Y EL RECURSO DE CASACIÓN EN VÍA ADHESIVA INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA; TODO SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. Discordia del Dr. Ministro Tabaré Sosa Aguirre, por cuanto entiende que corresponde acoger el recurso de casación interpoesto por la demandada unicamente en cuanto corresponde declrar la prescripción parcial de los creditos laborales generados con antelación al 1º de setiemnre de 2017. Siendo que el trabajador cumplió funciones en MUCAM hasta el 1º de setiembre del 2022 - tal como expresamente afirma a fs. 743 -, mal podría reclamar lo eventualmente adeudado desde el mes de diciembre del año 2015 hasta fines de agosto del año 2022, por cuanto la antedicha interrupción de la prescripción por la solicitud de una diligencia preparatoria no habilita la extensión del plazo legal de prescripción quinquenal de los créditos laborales. En consecuencia, se encuentran prescriptos todos aquellos créditos eventualmente generados con antelación al 1º de setiembre del año 2017 y, esto, de acuerdo con lo que surge de la lectura conjunta de los arts. 2 y 3 de la Ley Nº 18.091 en tanto establecen, respectivamente, que los créditos o prestaciones laborales ‘(...) prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles’.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 1079/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 982/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

La Suprema Corte de Justicia declaró competente para seguir conociendo en la presente causa al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Canelones de 1º Turno La Corporación entiende que no existiendo cosa juzgada mientras transcurre el proceso de unificación de penas, resulta competente el Juzgado que haya dictado el auto de procesamiento más antiguo; siendo en este caso el Juzgado Letrado de 1º Instancia de Ciudad de la Costa de 1º Turno. Sin embargo, habiendo asumido competencia a los efectos de la ejecución de la pena impuesta en esta causa el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Canelones de 1º Turno, por aplicación del art. 288 lit. K) del CPP, resulta éste competente para continuar entendiendo en estos autos.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 996/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal

DEFINITIVA 981/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y agravado por el uso de arma de fuego a título de dolo eventual, en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos a la pena de 28 años de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, expresó que, la Sala al fundar su posición respecto de la calificación jurídica, entendió que es correcto que se aplique la agravante del homicidio muy especial por el concurso en los términos del artículo 312 nral. 6 del Código Penal, descartándose que en el caso que nos ocupa, el accionar resulta atrapado en la hipótesis legal que prevé el artículo 311 nral. 4 del Código Penal. La Corporación, por mayoría, hace lugar al recurso de casación, anula la recurrida, recalifica y condena al recurrente como autor penalmente responsable de dos delitos de homicidio en reiteración real agravado por el uso de arma de fuego todo ello en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos a la pena de veintiocho años de penitenciaría. El Señor Ministro discorde, Dr. John Pérez, sostiene que en casos como el de autos, en donde los homicidios se dan en forma simultánea, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 312 numeral 6º del CP, por lo que corresponde desestimar el recurso de casación.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 983/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El caso de autos, trata de una demanda de nulidad por simulación de dos contratos de compraventa de bien inmueble. En primera Instancia declaró la nulidad absoluta por simulación de los contratos de compraventa del bien inmueble de autos, otorgados el día 31 de diciembre de 1997 y el día 13 de octubre de 2009. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y desestimó la pretensión anulatoria. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, mantendrá firme el fallo de primera instancia. Para la Corporación, la conclusión de la Sala resulta equivocada, en tanto implica dejar de lado, en el caso, la ausencia de controversia efectiva entre las partes respecto al carácter simulado de las dos compraventas cuestionadas. En la presente causa, la discrepancia fundamental entre las sentencias radica en que la Sra. Magistrada de primera instancia, en opinión compartida por la Corte, entendió que la simulación de las enajenaciones no requería prueba específica, al haber sido admitida y reconocida por ambas partes. La Sala, en una interpretación que se considera equivocada, ignoró este reconocimiento y exigió una prueba especial de la simulación. Esta exigencia constituye una aplicación errónea de las normas sobre necesidad y carga de la prueba, específicamente el artículo 137 del Código General del Proceso, que establece que no requieren prueba los hechos no controvertidos, salvo en cuestiones indisponibles.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 994/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

En el caso de autos la parte actora promovió demanda de resolución de contrato, pago de multa e indemnización de daños y perjuicios. En ambas instancias, se declaró resuelto el contrato y se condenó a los demandados a pagar la suma de U$S 363.841. La Sra. Magistrada A Quo, además, condenó al pago de los daños reclamados (gastos por alambrado, por contrato de pastoreo con un tercero y por variación del precio), condena que, en cambio, fue revocada en alzada. En primera instancia, el citado en garantía fue condenado en los términos señalados. En segundo grado, en cambio, fue exonerado de responsabilidad. Contra la sentencia de segunda instancia, la parte actora interpuso recurso de casación, agraviándose por la calificación negocial efectuada por el Tribunal, el “error material” al individualizar el bien en la escritura, la exclusión de la condena del citado en garantía y el rechazo de los daños por pastoreo y variación del precio. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 989/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Corporación desestima uno de los recursos de casación interpuestos. Asimismo ampara en parte el recurso de casación interpuesto por la defensa de dos coimputados, anulando la sentencia dictada en segunda instancia únicamente en cuanto computó las agravantes especiales previstas en los numerales 1 a 3 del artículo 259 del Código Rural. En cuanto a los hechos de autos: en horas de la tarde, los tres imputados concurrieron a un campo que no era de su propiedad, de donde se apoderaron sustrayendo siete equinos. Los trasladaron a los animales al departamento de Paysandú, donde los vendieron. Se han franqueado dos recursos de casación independientes, uno por parte de la Defensa de un imputado, y otro por parte de dos coimputados. Respecto del agravio relativo a la motivación de la sentencia, el agravio posee una contradicción en su base, ya que la Defensa primero expresa que no existe motivación, para luego señalar que no comparte los fundamentos brindados por el Tribunal. Por otra parte, no le asiste razón a la Defensa, puesto que el Tribunal narró la plataforma fáctica que tuvo por acreditada, repasó los diversos elementos probatorios y refutó los argumentos de los coimputados. Ambas Defensas se agraviaron por la valoración probatoria. En cuanto al alcance de la causal “ error en la valoración de la prueba ” como motivo de casación en el proceso penal vigente, existen dos posiciones gradualmente diferentes en el seno de la Suprema Corte de Justicia, cuyos fundamentos pueden consultarse extensamente en sentencia Nº 576/2023, entre muchas otras. Sin embargo, considera la Corte que desde cualquiera de las dos perspectivas el recurso en examen no puede prosperar dado que la valoración realizada por el Tribunal lejos está de plasmar una hipótesis de irracionalidad o absurdo en el razonamiento probatorio (en palabras de la mayoría) o vulneratorio del límite de la razonabilidad (en términos del Dr. Sosa). En definitiva, todos los razonamientos probatorios de la Sala resultaron ser ajustados a la prueba allegada a la causa, tanto en lo que respecta a la comisión de los delitos, como a la participación de los coimputados, por lo que los agravios introducidos por ambas Defensas resultan de rechazo. La Defensa de los dos coimputados planteó como agravio subsidiario un cuestionamiento a las alteratorias relevadas por el Tribunal. En este sentido, reprochó la aplicación de la agravante prevista en el artículo 259 numeral 2º del Código Rural, esta es: “S i para cometer el delito se dañaran cercos, cortando alambre, destruyendo o arrancando postes, cadenas o cerrojos de porteras ”. En la medida en que consideró que se rompieron alambres y un poste para la sustracción del ganado, el cómputo de la agravante resulta ajustada a derecho. Sin embargo, le asiste razón a la Defensa en cuanto a la errónea aplicación de las agravantes contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 259 del Código Rural. En lo sustancial, quedó demostrado que tanto la utilización del vehículo, como de las guías, no fue “ para cometer el delito ”, esto es, no fueron utilizadas para lograr el apoderamiento con sustracción, sino que su objetivo fue obtener un provecho económico luego de consumado el delito. Similares conclusiones se extienden a la aplicación de la agravante por la utilización de las guías de propiedad y tránsito, ya que tampoco fueron utilizadas como un medio para cometer el delito. Los animales no fueron sustraídos gracias a la utilización de guías adulteradas, que es lo que castiga la agravante, sino que estas aparecieron en un momento posterior, cuando los imputados pretendieron comercializar los equinos robados y, entonces, a modo de justificar su propiedad, recurrieron a la adulteración de guías. En definitiva, corresponde amparar este agravio y anular la sentencia en cuanto computó las agravantes especiales previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 259 del Código Rural a los dos coimputados. Para seleccionar la pena concreta, el Juez debe tener en cuenta, además, las previsiones de los artículos 53 y 86 del Código Penal. Con tales circunstancias en consideración, y teniendo en cuenta las agravantes y atenuantes que fueron desarrolladas por el Tribunal , considera la Corte que resulta adecuado abatir el monto de la pena para ambos coencausados.

INTERLOCUTORIA 984/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

DECLARAR ADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO CON EL ALCANCE FIJADO EN LOS CONSIDERANDOS V Y VI. La Corporación entiende que la sentencia de segundo grado, en cuanto exonera de responsabilidad a UNIVERSAL SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN SANITARIA, provoca un perjuicio a la codemandada SANATORIO DOCTOR BERNARDO ETCHEPARE SA, lo que habilita a ésta a impugnar tal decisión mediante el recurso de casación. Finalmente, resta indicar que, sobre la cuestión debatida (responsabilidad o no de la coaccionada UNIVERSAL SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN SANITARIA), no han recaído dos pronunciamientos coincidentes (artículo 268 CGP), por lo que, el agravio expresado al respecto resulta admisible desde tal perspectiva. DRA. MINISTRA DORIS MORALES, DISCORDE PARCIALMENTE: por cuanto, entiendo que corresponde declarar inadmisible el agravio que refiere a la: “Falta de atención médica del paciente por parte del prestador de salud, desde su internación en el sanatorio hasta su fallecimiento”, lo cual determina que resulte inadmisible en su totalidad el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil