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LegislaciónJurisprudencia

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18.033 sentencias

INTERLOCUTORIA 871/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, dispuso el levantamiento de la contracautela constituida en autos. Señala la Corporación que en los procesos de revisión, lo que se solicita es una medida provisional de suspensión de ejecución de una sentencia. Y en el artículo 290 del CGP, se remite a la solución prevista en el artículo 375.4 del CGP -en Sede de ejecución provisoria de sentencias- para regular los efectos de la sentencia definitiva del proceso de revisión, con relación a terceros de buena fe. Por lo tanto y teniendo presente las similitudes entre la ejecución provisional de sentencias y la suspensión de su ejecución, corresponde que se aplique en forma análoga la solución prevista en el artículo 375.3 del CGP. Es decir, que de no presentarse en el plazo de noventa días de ejecutoriada la sentencia el reclamo de los daños y perjuicios, corresponde cancelar la contracautela constituida.
Proceso cautelar · Derecho procesal
DEFINITIVA 827/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corporación que la caducidad en cuestión, regulada en la norma contenida en el artículo 39 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953, constituye una excepción que puede ser propuesta por el demandado, pero que, además, es relevable de oficio. Pesa sobre el Tribunal el deber impuesto por el legislador de relevar la excepción en cuestión, con independencia de las alegaciones de las partes (quienes, en cambio “pueden” oponer la excepción), por lo que mal puede entenderse que en el caso de autos exista violación del principio dispositivo. Con relación al agravio sobre la errónea valoración de la prueba efectuada por la Sala, señala la Corporación que la recurrente insiste en que la valoración de la prueba fue incorrecta, absurda, parcial, incompleta, pero no atina a señalar con precisión cuáles habrían sido los concretos medios soslayados, ni cuáles los erróneamente analizados y, en su caso, cuál habría sido, a la luz de la restante prueba, la interpretación ajustada a Derecho.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 825/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La Corporación no hace lugar a la casación incoada. En el caso de autos, el presente proceso ordinario se originó por la demanda promovida por los actores contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Dirección Nacional de Aduanas (DNA), con acumulación inicial objetiva de pretensiones. El objeto del proceso quedó circunscripto a determinar si la parte demandada incumplió o no el convenio colectivo de fecha 21/XII/2015, si corresponde la condena al pago del trabajo nocturno cumplido con la sobretasa del 20% sobre todo el tiempo trabajado desde las 22:00’ hasta las 6:00’ horas, a calcular sobre el sueldo básico que perciba el funcionario coactor, en caso afirmativo, liquidar montos; y si corresponde amparar o no las pretensiones de condena de futuro acumuladas. En primera instancia se hizo lugar a la demanda. En segunda instancia se revocó la sentencia de primer grado y en su lugar se desestimó la demanda. Se interpuso el presente recurso de casación por la parte actora, agraviándose, únicamente, porque considera que la Sala infringió las reglas legales de valoración de la prueba. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales, Pérez y la redactora, esta causal se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada. Este criterio impone dos condiciones necesarias para el progreso de un agravio fundado en un error en la valoración de la prueba: quien recurre en casación debe, en primer término, denunciar, alegar, un error o vicio en el razonamiento probatorio de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente, y asimismo debe probar lo que afirma. En el caso a estudio, la mayoría antedicha considera que la parte recurrente no cumplió con la primera condición referida, ya que no surge la denuncia concreta de un error que implique valoración absurda o arbitraria. Esta carencia formal, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales, Pérez y la redactora, sería razón más que suficiente para desestimar el agravio. Sin perjuicio de ello, los Sres. Ministros precitados consideran que el agravio tampoco podría tener éxito en el plano sustancial, porque la crítica referente a la calidad de sospechosos de los testigos ofrecidos por la demandada no resulta de recibo. El Sr. Ministro Dr. Sosa arriba a la misma solución desestimatoria que la mayoría, aunque por distintos fundamentos. A su juicio, la valoración probatoria realizada por el órgano de alzada no resulta, en principio, excluida del control casatorio. Con relación a la valoración de la prueba como causal de casación, el citado Sr. Ministro postula un parecer gradualmente distinto al sostenido por el resto de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, en tanto considera de recibo una tesis más amplia, en la medida en que se ha invocado como causal de casación la vulneración o errónea aplicación del art. 140 del CGP, es posible ingresar al análisis de la hipotética infracción a las reglas legales de la sana crítica, sin requerirse la concreción de supuesto de absurdo evidente. No obstante, arriba a una solución desestimatoria considerando que la Sala no tuvo solamente en cuenta declaraciones testimoniales, sino también documentos, los que dan cuenta de la cantidad de días francos generados, así como de la cantidad de tales días gozados. Ello sella la suerte del recurso, ya que la actora no controvirtió la prueba documental.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 819/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con un delito de autoevasión en grado de tentativa, a la pena de 30 años de penitenciaría, con descuento del tiempo de prisión preventiva cumplido, siendo de su cargo accesorias legales de rigor. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en la pena, que fija en 28 años de penitenciaría. La Defensa interpuso recurso de casación, agraviándose por la valoración de la prueba, así como el grado de certeza al que se llegó para condenar; solicitó que se case la sentencia, se absuelva al imputado del delito de homicidio y se lo condene por la pena legal por el delito de autoevasión. La Corporación desestima el recurso de casación. En primer lugar, y en lo que refiere a la valoración de la prueba, sostiene que el razonamiento probatorio de la Sala no evidencia apartamiento alguno de las reglas legales de valoración de la prueba, que habilite su revisión en casación. De modo alguno puede sostenerse que el Tribunal haya incurrido en una valoración absurda o arbitraria de la prueba, menos aún en grado manifiesto, ni que se haya vulnerado el límite de la razonabilidad; lo que lleva al rechazo del agravio ensayado. Asimismo se alcanzó el umbral de suficiencia probatoria exigible para condenar al imputado, esto es, la certeza razonable exigida por el artículo 142 del CPP lo que determina el franco rechazo del último punto de agravio esgrimido por la Defensa del imputado.
Recurso de casación · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 863/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, amparó parcialmente el recurso de casación interpuesto por la actora y, en su mérito, anuló la sentencia impugnada exclusivamente en cuanto estimó el monto por daño emergente en la suma de U$S350.000 y, en su lugar, determina el monto del daño emergente en la suma de U$S866.000, con el interés legal y el descuento dispuestos en la sentencia de primera instancia. A juicio de los firmantes, lo que no resulta jurídicamente correcta es la cuantificación realizada por la Sala, por cuanto el monto fijado para indemnizar el daño emergente padecido por la actora es absolutamente insuficiente para cubrir los bienes y prestaciones por ella requeridos. La cifra global fijada por la Sala para indemnizar el daño emergente padecido por BB (USD350.000) resulta manifiestamente absurda, por tratarse de un monto exiguo, claramente insuficiente para atender los bienes y prestaciones requeridos por la víctima. La determinación del monto del daño emergente, en el caso, desatiende el principio de reparación integral del daño, que debe guiar la reparación. En efecto, al haber incurrido la Sala en un vicio de fondo (error in iudicando), corresponde a la Corte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 277.1 del CGP, dictar sentencia sobre la materia de hecho del fallo recurrido y reemplazar los fundamentos jurídicos erróneos por los que estime correctos. En la compleja labor de determinar, mediante una liquidación equitativa o prudencial, el monto indemnizatorio global suficiente para reparar el grave daño emergente padecido por la actora, y sin desconocer el margen de discrecionalidad siempre presente en esta tarea, se fija el mismo en la suma de USD866.000. Se arriba a esta cifra mediante la estimación de una suma de USD 50.000 para los gastos de reformas en el hogar (adaptación de vivienda para discapacitados), más el monto de USD 2.000 mensuales para los restantes rubros indicados en la sentencia dictada en el proceso de conocimiento, por los 34 años (408 meses) de expectativa de vida de BB (USD 2.000 * 408 meses = USD 816.000).
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 823/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
Por sentencia definitiva de primera instancia se declaró el reconocimiento y la disolución de la Unión Concubinaria mantenida entre AA y BB con los caracteres requeridos por la ley 18246 desde el año 1986 hasta el 22/02/2019; reconociendo un crédito a favor de la actora por el equivalente al 30% del valor del bien inmueble padrón CC; desestimándose los restantes créditos solicitados. El Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia apelada, salvo en lo que respecta al crédito reconocido a favor de la actora el cual se revoca; sustentando se decisión en dos argumentos: a) la demanda incumplió con la carga de la debida sustanciación y b) no se cumplió con la carga de la prueba tendiente a acreditar el esfuerzo y caudal común alegado. Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso recurso de casación ; el cual fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia. La decisión adoptada por la Corporación se fundamenta en que si la parte actora pretendía obtener una decisión favorable a sus intereses, debía cuestionar todos y cada uno de los argumentos determinantes del fallo y no solamente uno de ellos como lo hizo; todo lo cual conlleva a desestimar el recurso interpuesto sin necesidad de ingresar al análisis del agravio relativo a la valoración probatoria.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 884/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 822/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus integrantes naturales, amparó el recurso de casación interpuesto por la parte condenada y, en su mérito, anulará la recurrida en cuanto revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, que había absuelto a los acusados de la infracción de defraudación por la importación de los productos bajo determinada posición arancelaria. En opinión de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, la Sala incurrió en un evidente error de Derecho al subsumir la hipótesis o supuesto de hecho en otra subpartida arancelaria, lo que determina un cambio en el régimen de tributación y la tipificación de una infracción aduanera que, en la especie, no se verifica. El Órgano de alzada basó pura y exclusivamente la infracción aduanera en un error de clasificación fundado en que la documentación proporcionada originalmente por el fabricante establece que la capacidad unitaria es de hasta 10 kilogramos. (D) DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE – MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE: Entiende que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto. Señala que la prueba documental anterior y concomitante al ingreso de los bienes al país, da cuenta de la capacidad del artefacto. Que con posterioridad, el fabricante pretendiera declarar algo distinto de lo que aseguró al diseñar, producir y exportar las lavarropas no puede incidir retroactivamente al punto de modificar la categorización fiscal de la mercadería. En este sentido el recurrente nada expresó acerca de este punto central de la argumentación de la Sala (esto es, sobre la oportunidad en que se pretende hacer prevalecer la carga real), por lo que, el razonamiento que funda la condena permanece incólume. D) DRA. DORIS MORALES – MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE: Entiende que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto. Considera que no puede calificarse el razonamiento probatorio del Tribunal de absurdo ni arbitrario, pues es rigurosamente cierto que toda la documentación en el momento previo y concomitante a la declaración aduanera da cuenta de una capacidad de carga de 10 kg. Señala que los test de laboratorios privados posteriores al desaduanamiento por los que se pretende probar que las máquinas toleran una carga superior a 10 kg -incorporados a los efectos de la Defensa en el juicio-, no tienen la virtualidad para modificar la carga de los lavarropas a los efectos aduaneros que, desde el primer momento de la negociación, en todos los documentos y comunicaciones, se fijó en 10 kg de carga.
Recurso de casación · Derecho aduanero
INTERLOCUTORIA 886/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, declaró carente de objeto la presente contienda de competencia. Señala la Corporación que ante la interposición de un recurso de apelación por parte de la demandada, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno, por sentencia interlocutoria Nº 431/2024, resolvió que las actuaciones debían continuar su tramitación ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en Materia Penal con Especialización en Crimen Organizado, lo cual sella la suerte de los contendientes y determina que el presente planteamiento carezca de objeto.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 818/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
El A quo condenó al imputado por la comisión en calidad de autor de un delito de violación en régimen de reiteración real con reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de abuso sexual a la pena de doce años de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida y de su cargo las accesorias de rigor (alojamiento, alimentación y vestido), así como al pago de seis salarios mínimos a la víctima en carácter de indemnización. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del condenado. Los agravios referentes a la valoración de la prueba no son de recibo; asimismo, y en lo que refiere a la tipificación y el principio “non bis in idem”, considera que lo que hizo la “ A Quo ” fue tipificar las figuras delictivas de violación (artículo 272 CP) y atentado violento al pudor (artículo 273 CP) a los hechos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.580 y la figura del abuso sexual (artículo 272 bis) a los hechos posteriores a ese hito, tesitura que resulta jurídicamente correcta.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 817/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
La Corporación desestima el recurso de revisión interpuesto por el demandado en el proceso principal, que resultó condenado en el juicio de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual en ocasión de un accidente de tránsito, entendiendo que el recurrente no acreditó la indefensión alegada. Sostiene el recurrente que no se denunció en forma correcta su domicilio real y ello determinó que no tomara conocimiento del emplazamiento inicial, ni del resto de las notificaciones dispuestas en el proceso.
Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 828/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia por la cual se desestimó la demanda de daños y perjuicios y en su lugar dispuso acoger parcialmente la demanda, condenado a los demandados al pago a los coactores CC y DD, de las sumas respectivas por concepto de daño moral, de conformidad a lo dispuesto en los numerales VII y VIII; desestimándose la demanda en lo restante. Contra dicha sentencia, la parte demandada interpuso recurso de casación; agraviándose respecto a la valoración de la prueba, la configuración del hecho de la víctima y el amparo del daño moral. Los actores evacuaron el traslado y abogaron por el rechazo del recurso. La Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales, procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto en virtud de que los agravios expuestos no pueden prosperar. En lo que respecta a la valoración de la prueba, si bien los integrantes de esta Corte postulan pareceres gradualmente diversos (mientras que la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez consideran que la sana crítica con que deben los Órganos inferiores analizar el material probatorio resulta vulnerada solo en los casos en que la valoración efectuada resulte notoriamente grosera o evidentemente absurda, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, considera que la sana crítica puede resultar infringida aun en supuestos menos graves y no tan extremos), sin embargo todos concluyen en que el recurrente no puntualizó medio de prueba alguno que hubiera sido desconocido o erróneamente analizado, por lo que ningún reproche corresponderia efectuar. En cuanto al agravio relativo al grado de incidencia causal atribuida por la Sala al hecho de la víctima, los integrantes de la Corporación en su conjunto entienden que no configura una hipótesis de absurdo o arbitrariedad corregible en casación. Por último, cabe señalar que tampoco puede atenderse el cuestionamiento relativo al daño moral; en virtud de que le correspondía al demandado alegar y demostrar que, en la especie, concurrían circunstancias anormales y excepcionales que pudieran eliminar o contener el sufrimiento que padece cualquier persona ante el deceso de sus familiares próximos.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 864/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 872/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 868/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 878/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
La Corporación declara inadmisible el recurso de revisión interpuesto, dado que el recurrente no acreditó cuándo tomó conocimiento del proceso.
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 849/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
La Corporación resuelve que, dado que el penado está recluido en Rivera (INR Nº 12 Cerro Carancho), el competente para el incidente de unificación de penas es el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de dicha circunscripción territorial.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 826/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la sentencia de primera instancia por la cual se desestimó la demanda de cobro de pesos; y en su lugar dispuso condenar a la parte demandada a abonar a cada actor la indemnización por despido común por los montos respectivos que emergen del Considerando 3 in fine, más la actualización e intereses que se devenguen desde la actualización e intereses fijados en la liquidación, hasta su efectivo pago. Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la parte demandada, agraviándose por la aplicación de forma irrestricta de los principios del Derecho Laboral al ámbito público, cuando existe jurisprudencia conteste en el sentido contrario. Evacuado el traslado, la Suprema Corte de Justicia por mayoría de voluntades, y con discordia de la Sra Ministra Dra. Morales procedió a amparar el recurso de casación interpuesto; anulándose la sentencia de segunda instancia en cuanto condenó al pago de la indemnización por despido. La mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Sosa y Pérez entiende que si bien ninguna de las partes estimó expresamente el monto de la causa como lo mandata el art. 117 num. 6) del CGP, el mismo surge de sumar cada uno de los créditos detalladamente reclamados por los catorce accionantes; de donde la suma reclamada es UR 6.844,88, lo que determina que el recurso interpuesto resulte admisible por razón de cuantía. La desvinculación de los actores no merece reproche alguno, en virtud de que de los propios contratos que suscribieron resulta expresamente que la vigencia de la vinculación quedaba sujeta a la rescisión unilateral de la Administración, salvo que el trabajador incurriera en notoria mala conducta. Además, se consignó que el contratado se sujetaba a las normas jurídicas expresadas, sin derecho a reclamación de especie alguna. La Ministra Dra. Morales expresó discordia por entender que el recurso de casación interpuesto resulta inadmisible por razón de cuantía; ya que de sumar cada uno de los créditos detalladamente reclamados por los accionantes resulta un total de 5.885,93 UR, monto inferior al límite de 6.000 UR de la casación cuando es demandado el Estado. Asimismo, la referida Ministra entiende que el monto total del asunto debe surgir de la demanda conforme el artículo 117 numeral 6) del CGP, no correspondiendole que la Corte corregir eventuales errores o amplíe posibles omisiones de la parte actora.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 815/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales procedió a amparar el Recurso de Revisión interpuesto, disponiendo la anulación de la sentencia definitiva N.º 10/2024 de fecha 15/04/2024 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 4º turno, con costas y costos de cargo de la parte perdidosa. Tal resolución se debe a que la indefensión alegada por los recurrentes ha quedado por demás acreditada, en virtud de que la sentencia que se quiere hacer valer en su contra se dictó en un proceso iniciado contra una persona fallecida, en el que la demanda no fue dirigida contra sus sucesores como correpondía; no contando los accionantes con la posibilidad de defenderse. Por último, conforme a lo dispuesto por el artículo 292 del CGP respecto de la condena en costas y costos, la Corporación entiende que la conducta del actor en el proceso antecedente tuvo influencia determinante para provocar el error que ahora conduce a la anulación de la sentencia recurrida; correpondiendo por ello la máxima sanción causídica.
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 861/2025 · Suprema Corte de Justicia · 7 de agosto de 2025
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal

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