DEFINITIVA 706/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, en forma unánime, desestima el recurso de casación interpuesto. En autos, la sociedad accionante promovió demanda por daños y perjuicios derivados de la rescisión unilateral del contrato de obra pública suscrito el día 5 de diciembre de 2019 con la Intendencia de Salto. La actora alegó que es una empresa que se dedica a la realización de obras y servicios de construcción vial a nivel nacional y resultó adjudicataria en licitación realizada por la accionada para la ejecución del Proyecto “ Reconstrucción del Camino de acceso a Termas del Arapey – Salto ”. Señala que en virtud de los cateos realizados el 20 y el 30 de enero de 2020, se detectó que el paquete estructural proyectado no concordaba con la realidad del suelo, por lo que comenzaron gestiones para la correcta ejecución del proyecto, comunicándose con la Intendencia de Salto a efectos de definir un nuevo paquete estructural. Luego de infructuosas tratativas, le fue notificado que la referida Intendencia no revisaría el proyecto ejecutivo, quedando definido el paquete original. Sostiene que la demandada incumplió el proyecto constructivo que propuso en el pliego, al no haberlo modificado para adecuarlo a la realidad del suelo, viéndose impedida de ejecutar las obras acordadas. La parte demandada, Intendencia de Salto, controvierte la demanda en todos sus términos, sosteniendo que el paquete estructural propuesto por la actora al solicitar la modificación del proyecto no era estructuralmente equivalente al proyecto originalmente licitado y no cumplía con los requisitos de tránsito y carga, por lo que no representaba una solución. Manifiesta que la empresa no actuó con la buena fe esperada en la etapa de ejecución del contrato. La sentencia de primera instancia desestima la demanda en todos sus términos. Por sentencia definitiva de segunda instancia el Tribunal competente confirma la sentencia apelada. Compareció la parte actora e interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “ Ad Quem”, manifiesta que se vulneró el artículo 140 del C.G.P. Calificó como absurda la sentencia dictada por el Tribunal. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y la redactora, entienden que resulta pertinente agregar que, asiste razón a la demandada cuando al evacuar el traslado del recurso entiende que no se alega un error en la valoración de la prueba que amerite su calificación como absurdo o arbitrario, sino que se trata de una mera disconformidad sobre la valoración de los medios de prueba. Tampoco puede prosperar el agravio fundado en que la sentencia impugnada carece de motivación expresa, legítima y lógica (artículo 198 del CGP), ya que la Sala enunció, suficientemente, las razones que la condujeron a mantener firme el fallo de primera instancia. Por último, a juicio de la Corte, tampoco puede progresar el argumento tendiente a convencer que el Tribunal infringió la ley civil (artículo 1.291 del Código Civil). En conclusión, lo antes expuesto determina el rechazo del recurso de casación interpuesto por la parte actora.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 702/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación resuelve no hacer lugar al recurso de revisión incoado. El impugnante considera que existieron una serie de irregularidades que afectaron el derecho de defensa de los imputados, así como la aparición de pruebas que no figuraban en el expediente original, todo lo cual amerita la nulidad absoluta de lo actuado. Expresó que se configura la causal del artículo 371 literal b) del CPP y los artículos 380.1 y 379 literal c) del mismo cuerpo normativo. la Suprema Corte de Justicia estima que no se dan en la especie los requisitos objetivos del recurso sub examine . Asimismo, observa la Corte que, en lo formal, los requisitos de admisibilidad que debe controlar este Alto Cuerpo, se cumplen. El impugnante expone pasajes del escrito recursivo que se centran en nulidades de diversos actos procesales, pero no se realizó una adaptación que refiera exclusivamente a la causal invocada del artículo 371 literal b) del CPP. La Corte sostiene que el recurso de revisión es excepcionalísimo y debe alegarse y acreditarse a cabalidad alguna de las causales taxativamente enumeradas por el legislador, no resultando posible transpolar otros actos procesales que no se interpusieron por la vía procesal correspondiente. Es decir, lo que pretende el recurrente es trasladar y aplicar todo lo expresado en el escrito incidental en la presente vía recursiva, lo cual no es correcto. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y el redactor, estiman oportuno señalar que, en lo que respecta a las nulidades invocadas por el recurrente (artículos 380.1 y 379 literal c) del CPP), cabe destacar que, la Defensa pretende asimilar el recurso de revisión a una acción de nulidad, lo que se encuentra vedado por la taxatividad de las causales previstas en el artículo 371 CPP. Lo expuesto determina que deba desestimarse por inadmisible el planteo de la Defensa.

Recurso de revision · Derecho penal

DEFINITIVA 705/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada y amparó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el actor y, en su mérito, anuló la sentencia impugnada en cuanto dispuso que la detracción del Irpf del rubro lucro cesante debe efectuarse sobre la partida única global a percibir por el accionante. y en su lugar, mantiene firme en el punto el pronunciamiento de primera instancia, en cuanto indicó que el descuento del Irpf debe aplicarse sobre la diferencia salarial generada mes a mes, aclarándose en el presente fallo que, luego de aplicarse el Irpf sobre la diferencia salarial de cada mes, deberá determinarse la incidencia que ello tiene en el total del ejercicio de cada año. Señala la Corporación que en lo que atañe a la detracción del IRPF, el descuento debe realizarse de la misma manera en que se habría efectuado en caso de que el actor hubiera ejercido efectivamente el cargo y se le hubiera abonado la retribución correspondiente en tiempo y forma. Ello implica la realización de los anticipos mes a mes y la liquidación al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre de cada año. Corresponde entonces aplicar el IRPF sobre la diferencia salarial de cada mes y luego ver la incidencia que ello tiene en el total del ejercicio anual, determinándose de esa manera cuánto más debería haber tributado el actor por IRPF en caso de haber ejercido el cargo para el que se había postulado. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez – Ministra de la Suprema Corte de Justicia: Entiende que el daño moral de autos no tiene su causa en la responsabilidad civil, sino que se generó en el marco de la relación laboral que vincula al actor con la demandada, en consecuencia considera que corresponde hacer lugar al agravio relativo a la detracción del IRPF del rubro daño moral.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 704/2025 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, ampara parcialmente la demanda entablada, condenando a la demandada a pagar al accionante, en concepto de honorarios profesionales, la suma de 75 Unidades Reajustables más IVA e interés legal desde la fecha de la demanda regulatoria, hasta su efectivo pago. El accionante compareció en autos promoviendo demanda de regulación y cobro de honorarios contra su patrocinada. Expresó que patrocinó a la parte emplazada en el recurso de revisión interpuesto por los aquí demandados, proceso que resultó beneficioso para su patrocinada y donde aquéllos fueron condenados en costas y costos. Los demandados controvirtieron la demanda y se opusieron a la base de cálculo propuesta por el actor, a la liquidación, la procedencia del IVA y la aplicación del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay. Adujeron que la aplicación del arancel no es obligatoria, que se trató de un proceso rápido, que demandó una sola audiencia y sin mayor complejidad, por lo que la suma que arroja el arancel debe ser morigerada por resultar excesiva. Debe tenerse en cuenta que, a los efectos de la determinación de honorarios profesionales devengados en actividad judicial, el legislador enumeró las pautas que podrán ser tenidas en cuenta por el Juez en el artículo 144 inciso 2º de la Ley Nº 15.750: importancia económica del asunto de acuerdo a los valores a la fecha de la demanda de regulación, su complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios profesionales y, en cuanto corresponda, el arancel de la asociación profesional vigente en el momento de presentarse la demanda regulatoria. Pues bien, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, la estimación del monto del asunto realizada por el accionante no resulta de recibo. El recurso de revisión en que el accionante intervino como abogado de la emplazada, había sido promovido por la patrocinada. En esa demanda la parte actora estimó el monto del asunto en la suma de U$S44.160. Dicho monto representa la suma de los daños y perjuicios (U$S33.660) y de la multa (U$S10.500) reclamados en ese juicio. La Corte estima que no corresponde tomar en cuenta el valor del inmueble para hallar el monto del asunto, puesto que, como efecto de la resolución del contrato, la parte actora se vio liberada del pago del precio. También deben contabilizarse los intereses hasta la fecha de la demanda de regulación de honorarios. La Corte considera que este asunto no revistió especial dificultad. Respecto de la eficacia de la gestión, debe ser valorada en función del beneficio obtenido por la intervención del letrado. Para la determinación del monto, se tiene presente , como guía estimativa, con un carácter no vinculante, el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, debiendo adecuarlo al caso concreto, teniendo especial consideración del precio de costumbre (art. 1.834 C.Civil). Corresponde adicionar el IVA, de acuerdo con lo peticionado por el actor en su demanda y a la jurisprudencia reciente de la Corte (ver sentencias Nos. 250/2023 y 566/2023 de este Cuerpo) y de la mayoría de los Tribunales. Finalmente, deberá adicionarse el interés legal desde la fecha de la demanda regulatoria hasta el efectivo pago, tal como lo preceptúa el inciso 8 del art. 144 de la Ley Nº 15.750. Asimismo, al optarse por una condena expresada en una unidad que tiene su propio mecanismo de actualización (UR), no corresponde aplicar el reajuste previsto en el Decreto-Ley Nº 14.500.

INTERLOCUTORIA 608/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, amparó en parte el recurso de casación interpuesto por la actora, únicamente en cuanto al monto de la condena recaída sobre tres de los demandados, la que se fija en los montos dispuestos en la sentencia liquidatoria de primera instancia. La Corporacion considera que asiste razón al recurrente, por cuanto se advierte que el argumento de la recurrida no se ajusta a lo resuelto en el juicio principal.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 654/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

En el caso de autos, la parte recurrente promovió recurso de revisión contra la sentencia Nº 5/2024, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5º Turno, fundado en la causal prevista en el art. 283 núm. 7º del CGP. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de revisión interpuesto. A juicio de la Suprema Corte de Justicia, el domicilio fijado en audiencia de conciliación no excluye, modifica, ni sustituye el domicilio contractual, por lo que la causal invocada no puede prosperar. En este sentido, en el caso de autos surge que la notificación se efectuó en el domicilio contractual, la cual fue realizada el 20 de octubre de 2022 por el notificador que se constituyó en el lugar y que, no habiendo encontrado a nadie, dejó la cédula en forma. En consecuencia, a juicio de la Corporación, el domicilio contractual resulta perfectamente válido a los efectos de realizar el emplazamiento, ya que en ningún momento fue modificado por la parte hoy recurrente, ni comunicado a su contraparte. Lo cierto es que toda controversia que surja a raíz del contrato de construcción celebrado deberá ser notificada la demanda en el domicilio allí constituido.

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 665/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso en el cual un conjunto de Subagentes y Corredores de quinielas y demás juegos de apuestas demandó por responsabilidad contractual a la Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas de Fray Bentos, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, la cual había desestimado la demanda, e hizo lugar a la pretensión del pago de las diferencias de 3% de comisión sobre las ventas de apuestas no abonadas y devengadas entre el 1º/1/2018 y el 16/5/2018. El ad quem se fundó en que el vínculo entre la Agencia y los Subagentes o Corredores es un contrato innominado de derecho privado, consensual, bilateral, oneroso, entre sujetos de derecho sin relación de subordinación, con notas específicas derivadas de cierta injerencia normativa de la Administración debido al monopolio del Estado vinculado al juego de quinielas. En consecuencia, la decisión de reducir la comisión del 15% al 12% fue adoptada en forma unilateral por la demandada e implicó una modificación de los contratos con cada uno de los actores, por la sola voluntad de una de las partes, lo que vulnera la fuerza vinculante de los contratos (art. 1.291 del Código Civil). Contra la referida sentencia, la parte demandada interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de los Sres. Ministros Dres. John Pérez y Tabaré Sosa, en el caso de marras, el único aspecto que debe analizarse en la presente instancia refiere a la reducción de la comisión de agentes y corredores por decisión unilateral de la Banca de Cubierta de Quinielas de Fray Bentos durante el período 1º de enero de 2018 al 16 de abril de 2018, en tanto el resto de los rubros reclamados tuvieron dos fallos coincidentes. En este sentido, si bien le asiste razón al recurrente en cuanto a que no se trataba de una comisión “intangible” , la rebaja operada debió realizarse en el marco de una renegociación que no realizó y que, en definitiva, torna ilegítima la deducción operada. Por su parte, las Sras. Ministras Dras. Morales, Minvielle y Martínez, analizan los restantes agravios y desestiman el recurso por los fundamentos expuestos en la presente sentencia.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 657/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación, con el voto unánime de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación interpuesto. Por sentencia definitiva de primera instancia se condenó al imputado “ como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor a la pena de cinco (5) años y tres (3) meses de penitenciaría con descuento de la medida cautelar efectivamente cumplida y de sus cargo los gastos procesales que se hubieran generado previstos en el artículo 105 lit. E del Código Penal. (...)” Por sentencia definitiva de segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Penal competente confirmó la sentencia de primera instancia. La defensa del encausado interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem, expresando que la única prueba presentada por la Defensa no fue diligenciada íntegramente, privándosele de tener la posibilidad efectiva de ejercer su Defensa. Alegó también errores en la valoración probatoria, y también se agravió respecto al quantum de la pena por considerarla excesiva. De la plataforma fáctica surge que el imputado perpetró durante varias oportunidades tocamientos obscenos a la hija de su pareja desde los nueve a los doce años de edad. El recurso no cumple con el mínimo de fundamentación legalmente requerido. (arts. 270 y 273 del CGP) A juicio del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, lo expuesto es suficiente para desestimar el recurso de casación interpuesto, sin necesidad de realizar consideraciones adicionales. Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Doris Morales y el redactor, más allá de destacar las carencias formales de la recurrencia, analizan los agravios puntuales expresados por la Defensa. Respecto del agravio relativo a la prueba pericial semiótica, en ningún momento la Defensa recurrente justifica jurídicamente su agravio, ni la alegada responsabilidad del Juez de instancia en la incorporación de la prueba. Por lo expresado, debe desestimarse el agravio. En segundo lugar, la Defensa se agravia por la errónea valoración de la prueba por parte del Tribunal, pero sin señalar ninguna norma incumplida en la valoración que realiza el Tribunal, razón por la cual el agravio no puede prosperar. Finalmente, la Defensa realiza un breve planteo respecto al quantum de la pena, no cumpliendo con las exigencias formales mínimas, careciendo de fundamentación. Asimismo, en el presente caso, no se advierte arbitrariedad en la individualización de la pena, cuya determinación fue adecuadamente fundada por la Sala, no resultando desproporcionada. Lo expresado sella la suerte del recurso, que se desestima.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 656/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO En el caso concreto de autos, estima la mayoría referida, que la parte recurrente cumplió con la primera condición exigida, sin embargo, no logra demostrar que la valoración practicada por la Sala revista las características de absurda o arbitraria. Y el Sr. Ministro Dr. SOSA AGUIRRE, por su parte, considera que la Sala efectuó un correcto encuadre del caso, y no vulneró el límite de la razonabilidad en la valoración de la prueba. El análisis del recurrente parte de considerar que la conclusión a la cual arriba la Sala es desajustada en tanto lo que sucedió no fue una sucesión de empresa empleadora como lo asevera. La Corporación considera-al igual que la Sala- que en autos no existió un despido, sino que lisa y llanamente lo que ocurrió es un cambio de empleador con reconocimiento de antigüedad y condiciones laborales en virtud de la venta de negocios de CITI ASESORES a INSIGNEO FINANCIAL GROUP. A juicio de la unanimidad de los miembros de este Cuerpo, la decisión a la cual arriba la Sala de 3º Turno es correcta y ajustada a la prueba diligenciada en autos.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 659/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de revisión interpuesto. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre, Doris Morales y John Pérez Brignani, el planteo de la Defensa resulta inadmisible, por cuanto las circunstancias alegadas no encartan dentro de la hipótesis invocada, ni en ninguna otra de las taxativamente establecidas en el art. 371 del CPP, sino que, lo que la recurrente pretende, es asimilar el recurso de revisión a una acción de nulidad por vicio del consentimiento. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle no comparte la postura mayoritaria de la Corte respecto a la inadmisibilidad, en Sede del recurso de revisión, de un planteo de estas características. Sin perjuicio de lo anterior, la Sra. Ministra Dra. Minvielle entiende que corresponde la desestimatoria del presente recurso. Señala que de la pericia realizada, determina fehacientemente que el consentimiento del demandado para la tramitación del proceso abreviado no se vio afectado por alteración alguna.

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 662/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

El accionante interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia definitiva recaída en el marco de un proceso de posesión notoria de estado civil, por la que se declaró a BB y CC hijas naturales de DD. La Corporación procedió a desestimar el recurso interpuesto, con costas y costos de precepto; ya que el recurrente no ha logrado acreditar la maniobra fraudulenta denunciada tal cual lo señala el numeral 6) del artículo 283 del CGP. En virtud de lo expresado corresponde además concluir que el denunciante de la herencia yacente (recurrente en estos autos) no posee legitimación alguna para peticionar la revisión por la causal establecida en el numeral 7) del artículo 283 del CGP.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 660/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación por unanimidad de sus integrantes naturales declara la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo y desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta. Compareció NEXZUR SA ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y promovió acción de nulidad contra la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) con relación a la resolución Nº 16/2022 de fecha 1º de febrero de 2022, por la que se determinó el precio máximo intermedio transitorio (PMIT) de venta de combustibles de las empresas distribuidoras mayoristas a los puestos de venta o estaciones de su red. Durante el proceso contencioso ante el TCA, la accionante promovió declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción respecto al artículo 15 literal C) numeral 4) de la Ley Nº 17.598, en la redacción dada por el artículo 172 de la Ley Nº 19.996. Sostuvo la actora que la reforma del mercado de combustibles llevada adelante en los últimos años, a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración Nº 19.989, modificó el art. 2 de la Ley Nº 17.598 (Ley de Creación de la URSEA), incluyendo en el literal K) la competencia de: “ Evaluar en forma permanente y determinar técnicamente las tarifas y precios... ”. Sobre la base de esa nueva competencia asignada, la URSEA dictó un abanico de actos administrativos de fijación de precios, los que a juicio de la actora resultan ilegítimos. Narra la violación de normas internacionales, así como sus derivaciones o aristas, tales como los derechos a la libertad de trabajo, industria, empresa o comercio y competencia, reconocidos en el art. 36 de la Carta; el derecho de propiedad, reconocido como derecho fundamental por nuestra Constitución; el derecho a la seguridad, entendida ésta en general y en particular como seguridad jurídica; contrariando el principio y derecho de igualdad. En definitiva, solicitó que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a su respecto de la norma legal impugnada. El TCA ordenó suspender el proceso y remitir las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia. La actora cumple con los requisitos relativos a poseer un interés directo, personal y legítimo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma atacada, en tanto es titular de un interés que resulta inmediatamente afectado por la aplicación de la normativa que impugna. El acto administrativo de fijación de los precios máximos intermedios, impugnado de nulidad ante el TCA por la parte actora, tiene su fundamento normativo en la norma atacada de inconstitucionalidad, la cual no ha sido definitivamente aplicada. Para la Corte, tanto la URSEA como el Estado – Poder Ejecutivo tienen legitimación pasiva en la causa, pero no ocurre lo mismo con el Estado – Poder Legislativo. la actividad de comercialización de combustibles que desarrolla la actora no se trata de un servicio público, sino de una actividad privada de interés público. Para la Corte la vulneración del principio y derecho de libertad que argumenta la actora es legítima, ya que es razonable y conforme al interés general que se faculte al Estado a fijar precios máximos intermedios. Respecto de la vulneración al derecho de propiedad que argumenta la parte excepcionante, sostiene la Corte que el planteo, escasamente fundado, no es de recibo. Respecto de la vulneración al derecho de seguridad, entendida como tal el cambio en las condiciones de regulación de la actividad de la actora, la Corporación considera de rechazo el planteo, ya que no puede hablarse de vulneración al principio de seguridad jurídica en tanto hay una predeterminación normativa detallada y comprensible. El planteo relativo a la violación al principio de igualdad incumple con las exigencias del art. 512 del CGP. Impidiendo un pronunciamiento de la Corte sobre este agravio. Respecto de la vulneración al principio de intangibilidad de la ecuación económica, A criterio de la Corte, no le asiste razón. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia reciente que existe un principio general de mantenimiento de la ecuación económico-financiera de los contratos públicos, y que dicho principio tiene respaldo constitucional, sin embargo la situación planteada en autos nada tiene que ver con la afectación a dicha ecuación, ya que la actora no invoca la alteración anormal de la ecuación económico-financiera de un contrato administrativo en que sea parte, sino una supuesta afectación al desarrollo de su actividad empresarial en general y sus márgenes de utilidad. No prosperando ninguno de los planteos esgrimidos por la actora, se impone el rechazo de la solicitud incoada.

INTERLOCUTORIA 605/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025

La Corporación declara inadmisible la tacha de falsedad ideológica formulada por la parte actora, en aplicación del principio de preclusión.

Recurso de reposicion · Derecho procesal

DEFINITIVA 690/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 617/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declararó competente para seguir conociendo en la presente causa, al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno. A criterio de la Corporación ha operado prevención en el caso por parte del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno, dado que fue quien intervino en la diligencia preparatoria de intimación de pago y reconocimiento de firmas oportunamente practicada, lo que determina que fuera el competente para actuar en el presente proceso. Dicha disposición, así como el art. 7 de la Ley No. 15.750, no fue alcanzada por la previsión derogatoria del art. 544.1 del C.G.P. por no tratarse de normas de procedimiento sino de disposiciones asignadoras de competencia.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 616/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025

La Cordporación declara competente para entender en el asunto al Juzgado Letrado de primera Instancia de 2º Turno de Durazno, por entender que existe fuero de atracción de la sucesión.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 670/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corporación que la impugnación susceptible de ser atendida en casación, concentrada en unos breves renglones carece de aptitud para desarticular el fundamento del fallo de segunda instancia. La crítica propuesta por el recurrente no satisface las exigencias formales propias de la instancia, y que ello solo justifica su rechazo, corresponde, además, precisar que, el análisis del reprochado incumplimiento resulta constreñido en mérito a la acumulación por inserción de pretensiones verificada en autos. No es posible resolver, por un lado, que la demandada no incumplió el contrato (así se decidió al zanjarse el juicio seguido “por el Estado” contra el consorcio demandado) y, por el otro, concluir lo contrario (lo que sucedería de acogerse el agravio propuesto por el recurrente que busca revertir la condena dispuesta en vía reconvencional –a favor del consorcio “contra el Estado”-).

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 661/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

En autos comparece MULTILÁCTEOS 33 SAS, a los efectos de promover acción de inconstitucionalidad contra los arts. 110 a 114 del decreto Nº 58/2021 de la Junta Departamental de Rocha (Presupuesto Quinquenal 2021–2025 del Gobierno Departamental de Rocha). Señala que es una sociedad que se dedica a la distribución y comercialización de productos lácteos, embutidos en general, bebidas, etc., destinados al consumo humano, por cuya actividad resulta sujeto pasivo de la tasa bromatológica referida, por lo que se ve gravada y obligada a abonar la tasa bromatológica mencionada. Afirmó que, aunque la actora cumplió con los pagos correspondientes desde que inició su actividad en 2022, la realidad es que sólo hubo un control el 7 de junio de 2023, por lo que las inspecciones o exámenes han sido inexistentes a su respecto, considerando que faltarían elementos de la tasa, por lo que estaría cobrando por un servicio que no presta efectivamente. Considera la actora que es un impuesto encubierto. A juicio de la Corte, la accionante es titular de un interés directo, personal y legítimo. Asimismo considera que el Gobierno Departamental de Rocha es sujeto activo del tributo referido, contando con legitimación pasiva en la causa. Pues bien, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, no le asiste razón a la accionante en sus planteos. En cuanto a la naturaleza de la tasa, es un servicio que no se concibe a cargo de los particulares y debe ser prestado por el Estado, en forma gratuita, salvo en casos como éste, en el cual un acto legislativo de la Junta Departamental ha creado una tasa que el usuario debe pagar por ese servicio. En la especie, surge largamente probado que la Intendencia demandada efectivamente cumple tareas de control bromatológico, en concreto, controles, inspecciones y exámenes de los productos alimenticios. En segundo lugar, corresponde indagar respecto a la característica esencial de la tasa conocida como “ relación de inherencia ” entre el hecho generador y la base de cálculo. Como ha señalado la Corte en sentencia Nº 203/2013, la base de cálculo de la tasa debe estar necesariamente relacionada con las características de la prestación estatal y no con la capacidad contributiva del obligado. En tercer lugar, la doctrina exige que el monto de la tasa debe guardar una razonable equivalencia con las necesidades o costo total del servicio. Finalmente, parte de la doctrina y la actual integración de la Corte (en mayoría) exige que la normativa que regula una tasa establezca que el destino de lo recaudado se dirija a solventar el propio servicio prestado (fue la posición asumida por la Corte en sentencia Nº 861/2023, con discordia parcial de la Sra. Ministra Dra. Minvielle). En el caso, se cumplen las características señaladas, por lo que se desestima la acción incoada por la parte actora.

DEFINITIVA 669/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación acoge parcialmente el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anula la recurrida exclusivamente en cuanto desestimó el reclamo por indemnización de daño moral promovido por la coactora (paciente) y, en su lugar, ampara tal reclamo y fija la condena en la suma de U$S 5.000, más interés legal desde la fecha del hecho ilícito. Estima la Corte que el órgano de alzada realizó una interpretación parcial y descontextualizada de la demanda, violatoria de los arts. 62 y 198 del CGP.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 658/2025 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2025Importancia alta

La Corporación procedió a desestimar el recurso de Casación interpuesto por la Defensa del imputado, ya que si bien en algunos aspectos de la plataforma fáctica el Tribunal de Apelaciones no fue preciso y cometió errores al describir cómo ocurrieron los hechos, de todas maneras resultó acertada la decisión de los Tribunales de mérito al desestimar la legítima defensa. El agravio que guarda relación con el cómputo de la agravante muy especial por femicidio; tampoco es de recibo en virtud de la prueba de autos. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia procedió a acoger el recurso de Casación interpuesto por la Defensa de la víctima y la adhesión deducida por la fiscalia actuante y en su mérito, dispuso anular el fallo de segunda instancia únicamente en cuanto revoca de oficio la reparación patrimonial prevista en el Art. 80 de la ley 19580; y en su lugar ordena mantener firme en dicho punto el pronunciamiento de primera instancia.

Recurso de casación · Derecho penal