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18.033 sentencias

INTERLOCUTORIA 422/2025 · Suprema Corte de Justicia · 30 de abril de 2025
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 402/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025Importancia alta
La a quo declaró el cese de la pensión alimenticia congrua que servía el actor a favor de su ex conyuge. El Ad quem, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, desestimó la demanda. El actor interpuso recurso de casación, ensayó básicamente tres agravios: a) agravio relativo a la duración de la pensión alimenticia de marras; b) agravio por la falta de consideración de los criterios previstos en el artículo 183 del Código Civil; c) agravio por la errónea valoración de la prueba (que comprende cuestiones de calificación de los hechos). En cuanto al primer agravio, la Corporación considera que las pensiones fijadas en el anterior régimen no tienen el límite temporal previsto en el artículo 183 inc. 1 del Código Civil. En los procesos de revisión de tales pensiones se deberán evaluar los parámetros previstos en el inciso tercero del artículo 183 CC, pero ello no implica hacer aplicable a tales pensiones el límite temporal dispuesto en el inciso primero. Sin embargo, afirma que el Tribunal incurrió en errónea aplicación del derecho al haber desestimado la pretensión de cese de pensión alimenticia sin tomar en consideración lo dispuesto en la parte final del artículo 194 del Código Civil, o sea, al no haber valorado si se verificaban o no en la especie los criterios previstos en el artículo 183 CC para determinar si correspondía o no mantener el servicio pensionario y su monto. Al tratarse de un vicio de fondo (error in iudicando ), corresponde a la Corte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 277.1 del CGP, dictar sentencia sobre la materia de hecho del fallo recurrido. Por lo tanto la Corporación ampara parcialmente el recurso de casación interpuesto, anulando la sentencia impugnada y manteniendo firme la sentencia definitiva de primera instancia, en cuanto hizo lugar a la demanda de cese de pensión alimenticia congrua promovida por el accionante.
Recurso de casación · Derecho de familia
DEFINITIVA 403/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
El recurso de revisión interpuesto por la accionante, quien aseguró que se verificó la nulidad de todo lo actuado por indefensión (causal prevista en el numeral 7 del artículo 283) fue desestimado por la Corporación; porque como sostuviera la jurisprudencia, en ausencia total de pruebas válidas de impugnación debe estarse a lo que surge de la norma de eficacia probatoria de los instrumentos públicos.
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 358/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que todos los planteos formulados, a excepción de la condena en costas y costos dispuesta por el Tribunal, no pueden prosperar por existir en el punto pronunciamientos coincidentes entre ambas instancias. Por otro lado, si bien se esgrimió agravio contra la condena de segunda instancia en costas y costos, el planteo resulta totalmente inadmisible, pues incumplió con la carga de la debida alegación.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 369/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
La Corporación desestima el recurso de queja por falta de jurisdicción, reproduciendo los fundamentos de la Sentencia Nro. 76/2025.
Recurso de queja · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 361/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 401/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025Importancia alta
El caso de autos la parte actora promovió demanda por cobro de pesos contra el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud. Expresó que, es acreedora de la Sociedad Casa de Galicia, y que por ello celebraron cesiones de créditos donde ésta última le transfirió la suma de $44.000.000 correspondientes a las capitas del FONASA que a Casa de Galicia le correspondieran en enero y febrero de 2022. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, desestimó la pretensión articulada en la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos. La fundamentos sostenidos por la Sala que determinaron el rechazo de la pretensión, fueron los siguientes: a) Casa de Galicia cesó sus actividades el 23 de diciembre de 2021 por decreto del Juez de Concursos y, b) no se cumplió con la condición suspensiva a la que se encontraba sometido el nacimiento del crédito cedido por la mutualista a favor de la actora. Contra dicha resolución la parte actora interpuso recurso de casación. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que la efectiva adquisición de los créditos estaba condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente (literal c) del artículo 28 y artículo 57 de la Ley Nº 18.211) consistentes en la efectiva prestación de asistencia médica por parte del prestador de salud, lo que no ocurrió en el mes de febrero de 2022. En tal sentido, el Juzgado Letrado de Concursos de 1º Turno en sentencia Nº 2881/2021, decretó el concurso de Casa de Galicia. Por ello, ésta no cumplió con sus obligaciones, y en consecuencia, no se generó el crédito.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 398/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025Importancia alta
El caso de autos, el actor funda su demanda argumentando que los Tribunales que dictaron las sentencias referidas en el caso, incurrieron en ilegitimidad y severos errores jurídicos y que las mismas carecen de motivación o fundamentación, verificándose un supuesto de responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno, desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose, por: a) la existencia de absurdo evidente en cuanto a la valoración de la prueba; b) el error jurídico respecto al ámbito de aplicación y al alcance asignado a la noción de falta de servicio (artículo 24 de la Constitución); c) la errónea calificación jurídica en cuanto a la subsunción fáctica y la causa petendi alegadas en la demanda y su conexión con la ilicitud de la resolución Nº 2.131/2015; d) la errónea interpretación de la demanda y contestación en el acordonado, así como la violación al principio de congruencia por indebida alteración de la causa petendi y al principio dispositivo y en lo atinente a la improcedencia del recurso de casación; e) la infracción de derecho en la determinación del nexo causal entre el acto anulado y los daños reclamados; f) la vulneración a los principios de tutela jurisdiccional efectiva y reparación integral del daño; g) la omisión de pronunciamiento respecto de la inconsistencia de las sentencias dictadas en el acordonado al hacer lugar al daño moral y rechazar el lucro cesante; h) no haberse ingresado al análisis de los daños reclamados. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Concluye la Corporación que en el caso de autos no se advierte en las actuaciones cuestionadas, la existencia de una falta de servicio, de un apartamiento del estándar que regula la actuación del funcionario (Juez), que determine que la conducta de los Magistrados intervinientes fuera contraria a la normal ejecución del servicio, padeciéndose error al subsumir los hechos en el concepto de falta de servicio.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 406/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 399/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025Importancia alta
En el marco de un juicio de daños y perjuicios promovido por el actor contra el Poder Judicial, derivado de la prisión indebida sufrida y los daños morales y materiales como su consecuencia, encontrándose en etapa de casación, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso interpuesto por la parte actora, salvo en cuanto a la fijación del monto de la condena por daño extrapatrimonial en moneda extranjera, la cual se fija en moneda nacional ($2.989.200 conforme al valor del dólar a la fecha de la privación de libertad) con más reajustes e intereses legales, y en cuanto al dies a quo de los reajustes e intereses legales, que se fija para el daño moral desde la fecha de la privación de libertad, y para el lucro cesante desde que cada suma debió ingresar al patrimonio del actor, en ambos casos hasta el efectivo pago. Señala la Corporación que independientemente de la moneda extranjera seleccionada para su fijación, no encuadra en un supuesto de absurdo evidente, incluso si se considerara que existen precedentes en que se ha valorado el mismo tipo de daño en valores superiores. Por otro lado, en cuanto al agravio referente a la fijación del monto en moneda extranjera cuando lo solicitado fue en moneda nacional, la Corporación acordó hacer lugar al agravio y establecer el valor del daño moral en pesos uruguayos en suma equivalente a cincuenta dólares diarios (como fue considerado por la sentencia impugnada), por todo el período de reclusión indebida, con más reajustes e intereses legales desde la exigibilidad que coincide con la fecha en que el actor fue privado de su libertad. En cuanto el agravio sobre el lucro cesante, señala la Corporación que por el trabajo dependiente se debe el reajuste e interés, mes a mes, pues fue un detrimento que se fue generando en la medida que no trabajó y no le ingresaron los rubros considerados en la sentencia impugnada, y no desde la privación de libertad.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 404/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
La Corporación procedió a amparar el recurso de casación interpuesto y en su mérito dispuso anular la sentencia impugnada en cuanto condenó al Ministerio de Defensa Nacional (DINACIA), desestimando la demanda en su contra; por no existir a su entender responsabilidad alguna del organismo, quien realizó la inspección del avión importado (propiedad del actor) conforme a los parámetros establecidos por el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR 21)(LAR 21) y a la información proporcionada por el actor, la cual resultó ser deficiente.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 356/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
DEFINITIVA 419/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 405/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025Importancia alta
El Estado – MIEM promueve acción de inconstitucionalidad del Decreto Nº 0006/023, de fecha 6 de junio de 2023, aprobado por Resolución Nº 23/04565, de 23 de junio de 2023, de la Intendencia de Canelones por cuanto, afirma, la norma transgrede disposiciones constitucionales relativas a la distribución de competencia para legislar en materia de minería; manifestando que la Constitución (a través de la ley) asignó dicha competencia al Poder Ejecutivo, y no a los Gobiernos Departamentales. La Corporación entiende que la Junta Departamental de Canelones no está legitimada pasivamente en esta acción de inconstitucionalidad en cuanto no es beneficiaria de la norma presuntamente inconstitucional. Asimismo entiende que no existe en la esfera del promotor un interés jurídicamente tutelable para pedir la declaración de inconstitucionalidad del decreto departamental, basada en la alegada vulneración de la competencia para legislar en materia de minería. Por lo tanto, y por unanimidad, desestima la acción de inconstitucionalidad, por razones formales.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 368/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Se entabla en autos contienda negativa de competencia entre el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 3º Turno (donde se promovió la demanda de pensión alimenticia) y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 1º Turno (nuevo domicilio de la parte actora). La Corporación resolvió declarar competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 3º Turno; ya que como lo establece el 122 num. 1º del CGP “La competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteren las circunstancias que la determinaron” (principio de la perpetuatio jurisdictionis ).
Contienda de competencia · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 363/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
La Corporación declara competente para seguir entendiendo en el presente asunto al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno, atento a que ya actuó en la medida cautelar.
Contienda de competencia · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 364/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 400/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025Importancia alta
La sentencia de primera instancia condena a la imputada como cómplice penalmente responsable por la comisión un delito de abuso sexual especialmente agravado, a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. Asimismo dispone medidas cautelares y las penas accesorias previstas. El Ad quem confirma la sentencia del a quo, salvo en que dispone la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda tenencia de niñas, niños, o adolescentes o personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud, por el plazo de 10 años (art. 83 de la ley 19.580); y deja sin efecto las medidas cautelares dispuestas. La Defensa de la imputada interpone recurso de casación. Concluye que no existe en poder de la Fiscalía plena prueba de los hechos que le imputa, por lo que deberá dictarse una sentencia absolutoria para la imputada por no haber cometido delito alguno. L a Corporación desestima el recurso de casación interpuesto.
Recurso de casación · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 366/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Recurso de revision
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 362/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2025
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal

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