DEFINITIVA 365/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

El A quo acogió parcialmente la demanda, condenando al titular de la empresa organizadora del evento donde falleció un niño en un inflable, a quien se asignó un 45% de participación causal, y a los padres del niño que cumplía años, a quienes se atribuyó un 30% de participación causal en el evento dañoso. El restante 25% de intervención causal se asignó a la omisión de los padres de la víctima, por no haber comunicado la situación de salud de su hijo (paciente epiléptico con reciente cambio de medicación), lo que impidió que se le brindara un tratamiento diferencial en su beneficio. Por su parte, la sentenciante de primera instancia también condenó al Ministerio del Interior, con fundamento en que las irregularidades de la actuación policial que surgen acreditadas incidieron en la investigación de los hechos y, como consecuencia, generaron un agravamiento del daño moral padecido por los actores. El Ad quem confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, revocándola exclusivamente en los siguientes puntos: en cuanto acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado, defensa que la Sala desestimó y, en su lugar, condenó al referido codemandado en forma solidaria con su hermano a abonar a cada uno de los padres de la víctima la suma de U$S22.500 y a su hermana la suma de U$S9.000, por concepto de daño moral propio; y en cuanto dispuso la condena al pago de intereses legales que se devenguen desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago y, en su lugar, la Sala condenó al pago de los intereses legales que se devenguen desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por los hermanos codemandados. En primer lugar, no se advierte que el Tribunal haya considerado hechos no alegados por la parte actora en su demanda, ni que se haya apartado de la pretensión deducida y del objeto del proceso. Tampoco existe un error en la valoración de la prueba. La lectura del planteo recursivo arroja que los demandados ofrecen, a lo sumo, una valoración alternativa de la prueba, sin denunciar, ni fundar, en dónde estaría el absurdo evidente o el apartamiento de la sana crítica en el razonamiento realizado por el Tribunal (según las diferentes posiciones de los Señores Ministros). En el capítulo final de su recurso, los demandados sostuvieron que la sentencia atacada incurrió en errónea aplicación del derecho en la fijación del cómputo de los intereses legales, al haber fijado el inicio en la fecha del evento dañoso. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Pérez, Sosa, Morales y Minvielle, el agravio no resulta de recibo, por cuanto consideran que, en los reclamos de responsabilidad extracontractual, el interés legal corre desde la fecha del hecho ilícito. La Dra. Elena Martínez extiende, en este tema, discordia parcial, por entender que los intereses, en la responsabilidad extracontractual, deben computarse a partir de la demanda.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 363/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

En el caso de autos, el actor promovió demanda de resolución de contrato de la compra de dos piedras (geodas semi preciosas de gran porte). Solicitó la rescisión del contrato, con condena solidaria a los tres demandados a la repristinación del dinero entregado por el accionante (U$S260.000), más intereses desde junio de 2015 (U$S93.600), más daños y perjuicios, que estimó en U$S50.000. En primera instancia, desestimó la falta de legitimación pasiva opuesta y desestimó la demanda incoada, sin perjuicio condenó al demandado a permitir retirar la geoda de la cantera a su cargo al actor en un plazo de 20 días. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por dos de los codemandados, desestimando la demanda a su respecto. Declaró la resolución de los dos contratos celebrados que tuvieron por objeto las respectivas geodas, y, en su mérito, ordenó las restituciones recíprocas correspondientes (el actor debe devolver la parte de la piedra que retiró y la demandada debe devolver el dinero recibido, más interés legal desde la presentación de la demanda) y desestimó la pretensión relativa a los daños y perjuicios reclamados por el actor, por incumplimiento de la carga de la debida alegación. La parte codemandada condenada interpuso recurso de casación agraviándose por: i) una incorrecta aplicación de las reglas de valoración de la prueba y, en especial, una violación al art. 153 del CGP en cuanto regula la confesión, pues el actor reconoció en diversos momentos del proceso que se trató de un solo negocio; ii) una infracción al principio dispositivo, recogido en el art. 1 del CGP, pues el Tribunal soslayó que el propio accionante construyó su demanda sobre la base de la existencia de un solo contrato; iii) una desconsideración por parte de la Sala de la teoría de la sustanciación, violándose de ese modo el art. 117 del CGP; iv) una infracción al art. 1.301 del Código Civil, al desconocerse el valor del comportamiento posterior de los contratantes al momento de interpretar el negocio, que a su juicio da la pauta de que existió una sola compraventa y no dos; v) un desconocimiento de la teoría del acto propio (infracción a los arts. 5 y 63 del CGP), al no haberse valorado como vinculante la conducta del actor en la construcción de la demanda, en cuanto expresó que se trataba de un negocio de dos piedras, de lo que luego pretendió desdecirse; vi) una valoración probatoria evidentemente absurda, tanto por desconocimiento de la confesión del actor respecto a la existencia de una única compraventa de dos piedras, como por la vulneración de las máximas de la experiencia, que interpretadas correctamente sólo pueden conducir a la conclusión contraria a la adoptada por la Sala. vii) una infracción a los arts. 1.291, 1.661, 1.687 y 1.728 del Código Civil, viii) por violación del art. 1.336 del mismo Código. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto a los seis primeros agravios, señala la Corporacion que conforme a la interpretación del art. 268 inc. 2 del CGP postulada por la mayoría de la Corte, se impone su rechazo, ya que todos ellos se dirigen contra un aspecto de la pretensión sobre el cual recayeron en obrados dos pronunciamientos coincidentes sin discordia. Con relación a los dos últimos agravios, la Corporación comparte la conclusión del Tribunal, respecto a la existencia de incumplimiento temporal de la demandada y al amparo de la pretensión de resolución del primer contrato de compraventa. En el caso, el acreedor (comprador) ha promovido demanda de resolución del contrato, alternativa perfectamente procedente pues el deudor (vendedor) estaba ya en situación de incumplimiento temporal de su obligación. Y la notificación de dicha demanda de resolución vedó toda posibilidad de cumplimiento tardío por parte del vendedor (salvo aceptación expresa del comprador, en ejercicio del ius variandi). Con relación al segundo contrato de compraventa, señala la Corporación que la crítica realizada por el recurrente no acierta en señalar dónde estaría el presunto error de derecho en que habría incurrido el Tribunal.

DEFINITIVA 361/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

En el caso de autos, los acotres (hijos legitimos del causante de sus primeras nupcias) promovieron demanda principal en la cual sostuvieron que la viuda de segundas nupcias del causante y la hija de esta última dispusieron ilícitamente de bienes propios del causante (fondos que se encontraban en una caja de ahorro) distrayéndolos de la sucesión, por lo cual deben ser condenadas solidariamente (art. 1331 CC) a restituir las sumas ilícitamente retiradas a los herederos legítimos. En subsidio, y para el caso de entenderse que los fondos son gananciales, solicitaron que se aplicara a las demandadas la norma contenida en el art. 2.002 del Código Civil, que sanciona la distracción u ocultamiento de bienes gananciales con la pérdida de la porción en el objeto distraído y la obligación de restituir el doble de lo desviado. En primera instancia condenó solidariamente a las codemandadas a restituir al acervo sucesorio, dobladas las sumas retiradas más los intereses devengados, decretándose la pérdida de la codemandada viuda del causante de su porción en la cosa y condenando al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. La parte actora interpuso recurso de casación, consideró que se equivoca la Sala al descartar la legitimación pasiva de la codemandada hija de la viuda del causante, señalando que su legitimación pasiva resulta evidente por aplicación de la norma contenida en el art. 680 del Código Civil y denunció una gravemente errónea valoración de la prueba, que constituye un supuesto de absurdo evidente. Finalmente la Suprema Corte de Justicia en mayoría desestimó el recurso de casación interpuesto. Para la Corporación sorprenden los términos en los que se ha planteado el litigio, por cuanto, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la reivindicación de fondos que se encontraban en una caja de ahorro resulta una pretensión manifiestamente improponible. El contrato de depósito bancario genera exclusivamente una relación de carácter personal (derecho subjetivo de crédito del depositante –obligación del banco-), en doctrina se lo ha calificado tanto como un préstamo, un depósito irregular, así como un contrato innominado, entre otras posiciones. Pero todas las opiniones coinciden en que el depositante deja de ser propietario de las sumas que entrega al banco y pasa a ser acreedor de ellas. Contrariamente a todo lo afirmado por el recurrente, la hija de la viuda del causante no es “poseedora” del objeto que se persigue (una suma de dinero depositada en un banco), sino que, a su respecto, es titular de un derecho de crédito. Con relación a la pretensión subsidiaria de los actores, para la Corporación en el caso de autos, debe aplicarse la ley argentina (primer domicilio conyugal). En este sentido ni el Código Civil y Comercial argentino, vigente desde octubre de 2014 ni su versión anterior, contemplan una norma semejante al art. 2.002 de nuestro Código Civil, por el cual se sanciona la conducta de aquel de los cónyuges que oculta o distrae bienes gananciales. Entonces, aunque pudiera asistir razón al recurrente en cuanto al análisis probatorio efectuado por la Sala, la pretensión ventilada (sancionar a la cónyuge supérstite) no puede recibir abrigo, pues la norma que estatuye la sanción no resulta aplicable al matrimonio celebrado en Argentina. (D) Dra. Elena Martínez – Ministra de la Suprema Corte de Justicia - DISCORDE: Considera que corresponde hacer lugar en forma parcial al recurso de casación interpuesto y, en su mérito, condenar a la codemandada viuda del causante a devolver la suma de U$S100.000 doblada (esto es, un total de U$S200.000), más los intereses devengados, así como decretar la pérdida de su derecho sobre la cosa, con expresa condena en costas y costos.

DEFINITIVA 357/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025

La parte actora entabló demanda por responsabilidad contractual contra la demandada, por la que reclamó se declare resuelto el contrato celebrado entre las partes y se ordene repristinar las prestaciones por ellas cumplidas. Por sentencia definitiva de primera instancia se desestimó la demanda, entendiendo la sentencianciante que el bien ofrecido en sustitución del señalado originalmente cumplía con las características pactadas, no existiendo incumplimiento de la demandada. El Tribunal de Apelaciones, procedió a revocar la sentencia de primera instancia y declaró resuelto el contrato por incumplimiento de la accionada, a quien se condenó a restituir el precio recibido con intereses del 6% anual desde el 18 de julio de 2011, momento en que la actora pagó el precio. Contra dicha resolución interpuso recurso de casación la demandada; expresando como agravios el error en la valoración de la prueba así como en la interpretación del contrato, y el cómputo del interés legal. La Corporación procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto; entendiendo que los agravios de la recurrente referidos a la condena dispuesta en segunda instancia, claramente incumplen lo establecido en el art. 273 del CGP. Asimimo, resulta probado que el demandado no entregó el bien que se obligó a entregar, por causas que le son enteramente imputables; existiendo afectación de la superficie, de la vista desde la ubicación del lote y de la privacidad del desarrollo en general. Exitió discrodia de la SRA. MINISTRA DRA. ELENA MARTÍNEZ por cuanto considera que corresponde amparar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, únicamente, en cuanto la recurrida fijó el cómputo de los intereses desde el día 18 de julio de 2011 (o sea cuando “ la promitente compradora se desprendió del dinero ”) y, en su lugar, corresponde que sean dispuestos desde la fecha de presentación de la demanda.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 362/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

La Corporación desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado contra la sentencia de segunda instancia por la cual se elevó la pena (de 7 a 9 años de penitenciaría) y se amplió la recurrida disponiéndose además la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda tenencia de niñas, niños, o adolescentes o personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud, por el plazo de 10 años. Para la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y la redactora Dra. Morales el recurrente debe dar cumplimiento a dos requisitos; el primero es que se alegue un error absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada y, el segundo, que dicha alegación sea demostrada. Sin embargo el agravio relativo a la valoración de la prueba no cumple con las exigencias formales exigibles para su progreso en etapa de casación, lo que determina su rechazo liminar. El Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, entiende que la cuestión no debe interpretarse en forma restrictiva. A pesar de ello el agravio no puede prosperar, pues lo denunciado por la Defensa se encuentra muy lejos de demostrar una vulneración al límite de la razonabilidad en el razonamiento probatorio efectuado por la Sala.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 366/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

La Corporación acoge el recurso incoado por la parte actora parcialmente, anulando la sentencia impugnada en cuanto acogió las excepciones de prescripción y caducidad. Desestima la caducidad y declara prescriptos los créditos anteriores a julio de 2016. Asimismo se desestima el recurso interpuesto en vía adhesiva por la parte demandada. La Corte expresa que el único agravio atendible del recurso interpuesto por la parte actora es el que refiere a las excepciones de prescripción y caducidad, ya que el resto son inadmisibles por su falta de fundamentación. Atento al rechazo de los agravios relativos a la procedencia de los rubros que fueron desestimados en ambas instancias, la cuestión de la prescripción o caducidad atañe únicamente a las tres accionantes a quienes se les reconoció un crédito por el rubro antigüedad, esto es, a Sylvian Monua, María José Munilla y Sandra Tomé. Considera la Corte que la condena en favor de Tomé, Monua y Munilla les reconoce un crédito de naturaleza salarial y, como tal, alcanzado por las normas de prescripción y no de caducidad. Se trata de un crédito sujeto a la prescripción de cuatro años prevista por la norma contenida en el artículo 106 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991. En el caso hay que tener en cuenta la interrupción de la prescripción por la citación a juicio de conciliación. Asimismo, se declaran prescriptos los créditos anteriores a julio de 2016. Recurso de casación en vía adhesiva impetrado por la parte demandada: ASSE cuestionó la condena por entender que la Sala efectuó una errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 15.809, que, según la recurrente debe interpretarse a la luz de lo previsto por el artículo 3 del TOFUP y 272 de la Ley Nº 17.930. La Corporación advierte que los argumentos fundados en los artículos 3 del TOFUP y 272 de la Ley Nº 17.930, no fueron invocados en la contestación de la demanda ni en la apelación. Sin perjuicio de ello, los Sres. Ministros Dres. Sosa y Pérez consideran trasladable a este caso lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno en sentencia nro. 43/2016, fundamentos compartibles por el resto de los integrantes de esta Corte. En base a lo expuesto, corresponde desestimar el recurso interpuesto por vía adhesiva por la demandada.

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 316/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 360/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

AMPÁRASE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ÚNICAMENTE EN CUANTO CORRESPONDE DETRAER A LA CONDENA DISPUESTA EN EL RUBRO LICENCIA, SALARIO VACACIONAL Y AGUINALDO, LAS SUMAS QUE YA FUERON ABONADAS Y QUE SURGEN DE LOS RECIBOS AGREGADOS EN OBRADOS TAL COMO FUE EXPLICITADO EN EL CONSIDERANDO VI DE LA PRESENTE SENTENCIA. En el único punto que sí le asiste razón al recurrente a juicio de la Corporación, es que la Sala no dispuso, al analizar el rubro licencia, salario vacacional y aguinaldo, la detracción de las sumas que sí fueron abonadas por dichos rubros, tal como surge de los recibos de sueldo obrantes. Por lo cual, al momento del cálculo del rubro se deberá efectuar el mismo en la forma dispuesta por la Sala, teniendo presente que se deberá detraer las sumas que se abonaron por dichos rubros conforme recibos de sueldo agregados en autos.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 314/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025

En autos la Corporación considera que las razones que se invocan resultan insuficientes para motivar el apartamiento de las Sras. Ministras del proceso, por lo que no concederá la autorización de inhibición solicitada.

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA 358/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

El A quo amparó en parte la demanda y, en su mérito, condenó a la demandada a indemnizar parte del daño emergente reclamado; la suma de U$S12.200 más intereses desde la fecha de su erogación por los honorarios abonados por la contratación del estudio contable y del estudio jurídico; y la suma de U$S44,44 más intereses desde el 23/10/2013 por privación del dinero ofrecido en garantía. Se desestimó el reclamo de lucro cesante y el de pérdida de chance, este último por incumplimiento de la carga de la debida sustanciación. El Ad quem revocó la sentencia de primera insancia, y condenó a la demandada a indemnizar a la actora: el daño emergente, consistente en los honorarios de los curiales que la asistieron en la tramitación de los recursos administrativos; y la pérdida de chance reclamada en vía subsidiaria, que la Sala estimó en 60%. Difirió la cuantificación de ambos rubros a la vía del art. 378 del CGP, a cuyos efectos fijó las bases pertinentes. Contra el pronunciamiento de segunda instancia, la parte demandada interpuso el recurso de casación. La recurrente se agravia por la condena relativa a sufragar los honorarios profesionales de los abogados de la parte actora, la que tilda de genérica, señalando que no puede abarcar todas las facturas presentadas por la contraria, debiendo circunscribirse a los honorarios devengados por la presentación de los recursos administrativos. Este agravio no es de recibo pues la condena del Tribunal no fue genérica, ni abarca a todas las facturas presentadas, y fijó las bases para su determinación en el posterior proceso de liquidación, atento a las dificultades en la individualización de las facturas correspondientes. El demandado también se agravia por la violación al principio de congruencia, pues el Tribunal condena por el rubro pérdida de chance, cuanto éste no fue solicitado, sino que se solicitó lucro cesante. Los Señores Ministros afirman que “Condenar por pérdida de chance cuando lo que se pidió fue una condena por lucro cesante no supone modificar la plataforma fáctica expuesta en la demanda, ni cambiar la pretensión deducida, sino calificar los hechos alegados en la demanda en aplicación de la regla “ iura novit curia ”, sin modificar la “ causa petendi ”.” La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 367/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

SE AMPARA EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, SE ANULA LA RECURRIDA EN CUANTO CONDENÓ A LA DEMANDADA A PAGAR A LA ACTORA EL RUBRO “DIFERENCIAS DE SALARIO EN BONO CBI” Y, EN SU LUGAR, SE MANTIENE FIRME EN EL PUNTO EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA POR EL CUAL SE DESESTIMÓ EL REFERIDO RECLAMO; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. A criterio de la mayoría de la Corte, conformada por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, John Pérez, Tabaré Sosa y la redactora, le asiste razón a la recurrente respecto a que el reclamo formulado en la demanda, con relación al llamado “bono CBI”, fue claramente insuficiente desde el punto de vista expositivo, incumpliendo con las exigencias del art. 117 del CGP, lo que debió haber determinado la desestimatoria de la pretensión actoral. La mayoría de la Corporacíon conluye que no se constata en el escrito de demanda argumento alguno del cual se pueda inferir cómo concluye la actora que se le abonó un 66% del Bono CBI y que, en consecuencia, restaría un saldo pendiente de pago. El Tribunal de Apelaciones en segunda instancia revocó la decisión de primera instancia condenando a la parte demandada a pagar a la actora el Bono CBI conforme liquidación del considerando III. La corporación entiende que ni la reclamate ni el propio Tribunal de Apelaciones explican porque la actora debía haber cobrado el 100%, ni como llegó a concluir que cobró un 66% y por ende porquè entiende que se le adeuda un 34%. Discordia de la Dra. Doris Morales quien entiende que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto, pues la actora cumplió a cabalidad con la teoría de la sustanciación y la prueba testimonial presentada por la demandada contiene relatos contradictorios.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 394/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025

La Corte mantiene la jurisprudencia anterior, está a lo resuelto en sentencia nro. 74/2025 respecto del planteo de inconvencionalidad del artículo único de la Ley nº 17.347: y a lo dispuesto en sentencia nro. 77/2025, relativo al planteo de falta de jurisdicción.

Inconvencionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 379/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

Con relación al recurso de queja por denegación de falta de jurisdicción, por sentencia N° 76/2025 la Corte, con el concurso de voluntades de los Dres. Martínez, Morales y Sosa, desestimó el recurso de queja por denegación por falta de jurisdicción del Juzgado “ A Quo”. Con relación a la excepción de inconvencionalidad deducida en autos, la Corporación la desesti mó por los fundamentos expuestos en sentencia Nº 74/2025. Sin perjuicio de ello, las Dras. Martínez y Morales, estiman oportuno efectuar una precisión más: estiman oportuno señalar que en el caso, no surge que los comparecientes hayan promovido excepción de inconstitucionalidad en esta causa con anterioridad, ergo no resulta de aplicación a los mencionados la inadmisibilidad por planteo sucesivo prevista en el artículo 512 del C.G.P. D e todas maneras, a su juicio, el planteo no puede prosperar. (D) DR. JOHN PÉREZ BRIGNANI – Presidente de la Suprema Corte de Justicia - C abe remitirse a discordia estampada en la sentencia Nº 76/2025. (D) DRA. BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ – MInistra de la S uprema C orte de J usticia: C abe remitirse a discordia estampada en la sentencia Nº 78/2025.

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 359/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

En el caso de autos, en el marco de una causa penal bajo las normas del CPP 1980, dos de los imputados fueron condenados por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno, como coautores de dos delitos de homicidio muy especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de lesiones personales especialmente agravado en régimen de reiteración real a la pena de 23 años de penitenciaría, ante lo cual interpusieron recurso de casación. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó ambos recursos interpuestos. Con relación a los agravios sobre la valoración de la prueba, a juicio de la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Pérez y Morales, entendió que corresponde desestimar el agravio interpuesto dado que resulta imposible revalorizar el material fáctico. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle entendió que carece de utilidad práctica que se examine si existió o no absurdo evidente en el razonamiento de la Sala. Y ello, habida cuenta de que con la postura asumida por la mayoría antes mencionada queda sellada la suerte del agravio. Sin perjuicio de anotarse que, a su juicio, el recurrente ni siquiera denunció la existencia de un supuesto de absurdo evidente. A juicio del Sr. Ministro Sosa Aguirre, también entiende que corresponde desestimar el agravio, señala que el recurrente se limita en su escrito a concluir que no comparte la forma en la que el Tribunal valoró la prueba y afirmar que no se alcanzó la plena prueba, no existe desarrollo argumental que de cuenta de cuáles fueron los medios erróneamente valorados y cómo se llegaría a una solución diversa –léase absolución- a partir de un nuevo análisis de los mismos. En cuanto al agravio relacionado con la calificación jurídica practicada por el Tribunal, señala la Corte que no puede prosperar por dos motivos: en primer lugar, parte de una plataforma fáctica diversa a la que se tuvo por acreditada y justamente el agravio sobre errónea valoración de la prueba ya fue desestimado en el punto anterior, ademas es ostensible señalar el incumplimiento del artículo 272 del CPP (insuficiencia en la argumentación). Con relación al agravio de que la Sala haya computado la agravante prevista en el artículo 312 numeral 4º del CP, tampoco puede prosperar, pues busca cuestionar la plataforma fáctica tenida por acreditada en segunda instancia, cuando dicho agravio ya se desestimó, asimismo, incumple ostensiblemente con lo dispuesto en el artículo 272 del CPP. Por ultimo, con relación al segundo recurso de casación interpuesto, sobre el agravio relacionado con que el Tribunal infringió los artículos 50, 53, 80 y 86 del CP, señala la Corte que el mismo carece de fundamento útil que permita su análisis en casación. Estima la Corte que no corresponde considerar el cómputo de la circunstancia alteratoria de responsabilidad prevista en el artículo 46 numeral 12 del CP (“colaboración con las autoridades judiciales”). Tampoco corresponde que la Corte tenga en cuenta la conducta carcelaria del condenado para la individualización de la pena, siendo un agravio improcedente en esta instancia. En cuanto a que la Sala “tampoco tuvo en cuenta la nula peligrosidad del dicente” el planteo tampoco puede prosperar por cuanto no tiene fundamento en las resultancias del expediente. La Corte tampoco hace lugar a los agravios sobre la calificación jurídica, por los mismas razones ya expresadas en ocasión de analizar el recurso anterior.

DEFINITIVA 356/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados, reiterados delitos de violación, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados todos en reiteración real y en calidad de autor, a la pena de 12 años de penitenciaría, con suspensión de los derechos políticos y de cargo u oficio público (art. 81 y 82 del Código Penal) y accesorias legales de rigor previstas en el art. 105 literal E) del Código Penal. Asimismo se lo condenó a las penas accesorias de a reparación patrimonial a las víctimas, con la suma equivalente a doce salarios mínimos nacionales; y a la pérdida de la patria potestad y la inhabilitación para la tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos público o privados en la educación o la salud. En el caso de las inhabilitaciones, éstas se disponen por el plazo de diez años que se computarán desde la fecha de su formalización. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, contra lo cual la Defensa del condenado interpuso recurso de casación. Cuestiona la valoración de la prueba realizada por la Sala, agravio rechazado por la Corporación, pues las expresiones de la defensa se encuentran muy lejos de acreditar un razonamiento absurdo por parte de la Sala –en palabras de la mayoría- o vulneratorio del límite de la razonabilidad en palabras del redactor, Dr. Tabaré Sosa. El otro agravio, no resulta de recibo, pues no satisface los requisitos de fundamentación mínimamente exigibles, incumpliendo de esta manera con el artículo 273 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión del artículo 369 del Código del Proceso Penal, que exige “ la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa”.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 319/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para dictar la sentencia definitiva de autos al Sr. Juez actual titular del Juzgado de Paz Departamental de Chuy. En el subexamine no se verifica ninguno de los supuestos de excepción previstos en el art. 209 del CGP por lo que, en consecuencia, el competente a los efectos del dictado de la sentencia definitiva es el actual titular de la Sede.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 320/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de marzo de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para dictar la sentencia definitiva de autos a la Dra. Silvina Alfredo, actual titular del Juzgado Letrado de 2º Turno de la Ciudad de Treinta y Tres. Señala la Corte que en el caso de auto, siendo la titular de la Sede al momento de finalizar la instrucción probatoria la Dra. Silvina Alfredo corresponde declararla competente para continuar entendiendo en el presente proceso y dictar la sentencia definitiva correspondiente.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 320/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025Importancia alta

La parte actora interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 21º Turno, por la cual se dispuso la pérdida de la patria potestad del accionante respecto de su menor hija. Afirmó que la misma es nula por indefensión, ya que fue emplazado de erróneamente; habiendo tomado conocimiento del proceso al solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales ante la eventual solicitud de un préstamo bancario. Al interponerse el recurso de revisión, el impugnante debe demostrar, acumulativamente, dos extremos. Por un lado, debe indicar con total precisión el momento en el cual tomó conocimiento de los hechos que configuran la hipótesis de la causal invocada (dado que, esa ocasión, si el plazo es superior a los seis meses el recurso se torna inadmisible). Y por otro lado, al invocar la causal prevista en el numeral 7º del Art 283 del CGP, debe explicitar los motivos concretos por los cuales tomó conocimiento de la existencia del proceso luego de que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Cabe señalar que para la mayoría de la Corte, conformada por los Dres. Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa, John Pérez y la redactora Martínez, el recurrente no explica, ni acredita, por qué solicitó la información en esa fecha (y no antes), y en cuanto al motivo de solicitud de la información en cuestión, simplemente señala que lo hizo por “razones de carácter económico ”, sin precisar ni acreditar nada al respecto; no habiendo cumplido con requisitos antes referidos. Sin embargo, para la Dra. Morales corresponde tener por suficientemente acreditados los dichos del recurrente; no habiendo logrado en cambio acreditar la causal de revisión invocada, esto es, la nulidad por indefensión. En virtud de lo expuesto, la Corporación procedió a desestimar el recurso de revisión interpuesto; con costas y costos de cargo del recurrente.

Recurso de revision

INTERLOCUTORIA 292/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 288/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

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