DEFINITIVA 169/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de febrero de 2025Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa. En autos, el imputado, luego de consumir alcohol comenzó a insultar a su hijo, asestándole varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, provocando a la postre su fallecimiento. En primera instancia se condenó al encausado por la comisión de un delito de homicidio especialmente agravado, en calidad de autor, a título de dolo directo, calificación que fue confirmada en segunda instancia. Respecto a las circunstancias alteratorias, el a quo computó la agravante específica prevista en el art. 311.1 del C. Penal y la genérica del abuso de la superioridad de las armas, así como las atenuantes de la confesión y la primariedad absoluta, ambas por vía analógica, las cuales fueron ratificadas en segunda instancia. La pena se fijó en primer instancia en 14 años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. La Fiscalía apeló y en segunda instancia se elevó el monto de la pena a 18 años de penitenciaría. La Defensa, quien no interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, presenta recurso de casación, ensayando los siguientes agravios respecto del monto de la pena: falta de motivación de la sentencia atacada y errónea individualización de la pena en tanto vulneración al principio de proporcionalidad. En cuanto a los agravios, la Corte sostiene que no cumplen con las exigencias formales requeridas por el artículo 273 del C.G.P., aplicable al proceso penal en mérito a la remisión efectuada por el artículo 369 del C.P.P. Asimismo, es jurisprudencia constante de esta Corporación que la determinación del monto de la pena no es materia revisable en casación, siempre que se haya realizado dentro de los parámetros legales y en correcto ejercicio de la potestad discrecional con la que cuentan los órganos de mérito. Sin perjuicio de ello, esta postura admite algún matiz, ya que la Corte señaló recientemente, que no puede afirmarse que todo aquello que implique un juicio discrecional, no resulta revisable en casación (Conforme sentencia de la S.C.J. Nº 260/2020). Sin embargo, en el caso que se estudia, el aumento de la pena de primera instancia por el Tribunal de segundo grado, aparece debidamente justificado, no es arbitrario ni irracional.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 170/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de febrero de 2025Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa, por razones de forma, sin ingresar al análisis sustancial de los agravios. El recurso interpuesto por la Defensa, resulta ser una copia íntegra de los agravios deducidos en el recurso de apelación interpuesto. Este es un extremo que ya ha sido remarcado por la Corte en varias sentencias, expresando que la repetición de agravios es razón suficiente para no hacer lugar al recurso. Las formalidades exigibles determinan que quien interpone un recurso de casación debe realizar un desarrollo mínimo, se necesita autosuficiencia del recurso, y estrategia recursiva.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 199/2025 · Suprema Corte de Justicia · 27 de febrero de 2025

La Corporación, integrada, desestima el recurso de queja por denegación de falta de jurisdicción. Por su parte, el Dr. John Pérez Brignani en dicho punto extenderá discordia, pues a su juicio corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la Defensa, entrar al fondo del asunto y concluir que corresponde desestimar el planteo de falta de jurisdicción de la Sede “ A Quo” y la consecuente solicitud de declaración de nulidad absoluta de todo lo actuado por dicha Sede. Asimismo, por unanimidad de pareceres pero por diversos fundamentos se acoge el recurso de queja que guarda relación con la inconvencionalidad. Sin perjuicio de ello, desestima la inconvencionalidad opuesta respecto al artículo único de la Ley Nº 17.347. Los fundamentos se encuentran en las Sentencias Nro. 74 y 76/2025.

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 131/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de febrero de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 130/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de febrero de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 83/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025

La sentencia definitiva de primera instancia condenó a AA como autora penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido sobre la persona de su concubino, a la pena de quince años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones salvo en cuanto al monto de la pena impuesta, en cuya parte se revoca y en su lugar se establece la misma en once años de penitenciaría y en cuanto relevó la agravante genérica de la nocturnidad, la cual se revoca. Existió en esta instancia discordia de la la Sra. Ministra Dra. Beatriz Larrieu, quien entendió que operó la legítima defensa, debiendo absolverse a la imputada. La Defensa de la imputada interpuso recurso de Casación, expresando como agravio la errónea valoración de la prueba. El Traslado fue evacuado por Fiscalía quien abogó por el rechazo el recurso. Elevados los autos, la Suprema Corte de Justicia confirió vista al Fiscal de Corte; aconsejó rechazar el recurso de casación interpuesto. Finalmente la Corporación procedio a desestimar el recurso interpuesto, en virtud de que la recurrente no desarrolla adecuadamente su planteo impugnativo; o sea, no hay una explicación circunstanciada de los eventuales errores de derecho a corregir en casación.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 80/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

El A quo condenó al acusado como autor penalmente responsable por la comisión de Reiterados Delitos de Abuso Sexual en Reiteración Real con Un Delito de Desacato Agravado, a la pena de Ocho años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo los gastos procesales y carcelarios legales de rigor (arts. 105 Literal E y D y 106 C. Penal). Asimismo suspendió al imputado el ejercicio de la Patria Potestad, Guarda e lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por el plazo de Diez. Y, por último, dispuso una reparación patrimonial para la víctima de autos por un monto de Doce salarios mínimos. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, la que fija en siete años de penitenciaría; y la suspensión de la patria potestad, ordenando su pérdida. La Defensa del imputado interpuso recurso de casación, agraviándose por la alegada falta de motivación de la sentencia, valoración absurda de la prueba, delito de desacato.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 77/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

En el marco de una causa penal, la Defensa presentó escrito judicial en el que alegó falta de jurisdicción de la Sede en cuestiones de Derecho de Gentes e inconvencionalidad contra la Ley Nº 17.347. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, por unanimidad de pareceres, desestimó ambos planteos. En cuanto a la falta de jurisdicción de la Sede, señala la Corporación, para que la Corte resulte competente es menester que los delitos imputados no tengan consagración expresa en la normativa legal (extremo que no ocurre en el caso planteado), sino que deben estar tipificados en tratados o reglas internacionales. Es en esos casos particularísimos donde la Corte tiene la competencia atribuida por el constituyente. En cuanto a la Inconvencionalidad del artículo único de la Ley Nº 17.347, la Corporación por sentencia Nº 74/2025, desestimó el planteo de inconvencionalidad.

Inconvencionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 87/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

El A quo absolvió a la recurrente del delito de abuso sexual. El Ad quem revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la imputada por la comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados y reiterados delitos de abuso sexual, en calidad de cómplice, a la pena de cuatro años de penitenciaría, con descuento de lo cumplido y de su cargo las accesorias legales correspondientes; asimismo se la condena a la pena la suspensión en el ejercicio de la patria potestad y guarda respecto de la víctima y su habilitación para el ejercicio de funciones previstas en el art. 79 de la ley 19.580 por el término de diez años, así como la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la misma ley respecto de cada una de las víctimas. Su Defensa interpuso recurso de casación. La Corporación confirma la sentencia recurrida, desestimando los agravios.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 78/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, con el concurso de voluntades de los Dres. Martínez, Morales y Sosa, desestimó el recurso de queja por denegación de falta de jurisdicción, correspondiendo revalidar los fundamentos expuestos en la sentencia Nº 76/2025. Por su parte, los Dres. Bernadette Minvielle y John Pérez Brignani en dicho punto extendieron discordia, pues a su juicio corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la Defensa, entrar al fondo del asunto y concluir que corresponde desestimar el planteo de falta de jurisdicción de la Sede “ A Quo” y la consecuente solicitud de declaración de nulidad absoluta de todo lo actuado por dicha Sede. Asimismo, por unanimidad de pareceres pero por diversos fundamentos se hizo lugar el recurso de queja que guarda relación con la inconvencionalidad y se desestimó la inconvencionalidad opuesta respecto al artículo único de la Ley Nº 17.347. Estiman del caso revalidar en todos sus términos, en lo que resulta pertinente al presente, lo ya dicho por la Corte en sentencia Nº 74/2025.

Recurso de queja · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 91/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025

DECLÁRASE COMPETENTE PARA CONTINUAR CONOCIENDO EN EL PRESENTE PROCESO A LA DRA. DANIELA VIENNI BAPTISTA REMITIÉNDOLE LOS AUTOS PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE, CON NOTICIA DE SU CONTENDIENTE. No le corresponde el dictado de la sentencia a la anterior titular de la Sede, Dra. Cóccaro, a quien la Dra. Vienni relevó, atento que su participación se limitó únicamente a dar traslado de la demanda (vide fs. 10). Respecto a la actual titular de la Sede Letrada, Dra. Yamel Tabarez, debe decirse que, tampoco le corresponde el dictado de la sentencia, atento que asumió como titular el día 14 de octubre del 2024, cuando ya había culminado la instrucción probatoria y al cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 209 del CGP respecto a la Jueza Letrada Suplente.

Contienda de competencia · Derecho laboral

DEFINITIVA 89/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

La parte actora promovió demanda por incumplimiento de contrato de transporte y reparación de los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento contra la TRANSPORTES SELLANES LTDA; y por sentencia definitiva de primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la accionada al pago de U$S 110.357 (dólares estadounidenses ciento diez mil trescientos cincuenta y siete) más intereses. Así como difiriendo la liquidación del lucro cesante, al que se hace lugar, a la vía pertinente (art. 378 del CGP). En segunda instancia, se revocó la sentencia apelada, desestimándose la demanda. Contra dicha sentencia se alzó la parte actora interponiendo recurso de Casación, y conferido el traslado, la demandada lo evacuó adhiriendo al mismo en modo eventual. Dicha adhesión fue evacuada en tiempo y forma por la accionante. La Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por mayoría legal de los Sres. Ministros Dres. Pérez, Martínez, Benítez y la redactora Morales , procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto. La Corporación entendió que el agravio relativo a la v ulneración del principio de congruencia no es de recibo; en cuanto la Sala no se apartó del objeto del proceso, sino que encuadró su decisión en el marco de lo solicitado por las partes en los actos de constitución del proceso. Respecto a la errónea aplicación de las reglas de valoración de la prueba , el agravio no cumple con la primera condición necesaria para el progreso del agravio, dado que no se ha alegado y fundado, en debida forma, la existencia de absurdo evidente en la valoración de la prueba ensayada por el órgano de segunda instancia. Con relación a la errónea aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba , se observa claramente que el Tribunal puso a cargo de la demandada la carga de la prueba de la eximente y entendió que dicha parte logró acreditar la eximente de responsabilidad. Por último, el agravio referido al error de la aplicación de la norma de derecho al soslayar la aplicación de los arts. 163, 168 y 170 del Código de Comercio tampoco es de recibo, en virtud de que existieron medidas de seguridad adecuadas, acordes al tipo de transporte que fue objeto del contrato de marras, que no lograron evitar la frustración del cumplimiento de la obligación principal del transportista, en mérito a un hecho ajeno a su esfera de responsabilidad (causa extraña no imputable), que no fue precedido de culpa o negligencia de su parte. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre extendió discordia , al entender que corresponde acoger el recurso interpuesto por vía principal y, parcialmente, la casación eventual en vía adhesiva de la parte demandada. Considera el Sr. Ministro que asiste razón al recurrente, cuando cuestiona la distribución de la carga probatoria efectuada por la Sala, en tanto correspondía al demandado la acreditación de haber adoptado medidas preventivas eficaces; y concluye asimismo que medió un análisis de las probanzas rendidas evidentemente absurdo, lo que justifica anular la sentencia despachada.

DEFINITIVA 160/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho penal

DEFINITIVA 75/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

DESESTÍMANSE LOS PLANTEOS FORMULADOS POR LA DEFENSA DE AUTOS EN TODOS SUS TÉRMINOS. La Defensa articuló como planteo que existe falta de jurisdicción por entender que estamos frente a casos de juzgamiento de delitos contra el Derecho de Gentes y por tanto tiene competencia exclusiva la Suprema Corte de Justicia para analizar estos casos, conforme lo estipula el artículo 239 de la Constitución. La postura de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales, Pérez y el redactor parte d ela premisa de que para que la Corte resulte competente es menester que los delitos imputados no tengan consagración expresa en el normativa legal (extremo que no ocurre en el caso planteado), sino que deben estar tipificados en tratados o reglas interna-cionales. Es en esos casos particularísimos donde la Corte tiene la competencia atribuida por el constitu-yente. Los Ministros mencionados concluyen que los planteos que realiza la Defensa resultan ser genéricos, pues no acredita dónde surge del expediente que nos encontremos ante delitos del Derecho de Gentes. Por tanto, no habiéndose acreditado dicha cuestión –que claramente grava a la Defensa- es que corresponde concluir que la jurisdicción ordinaria es la que resulta competente para entender en la causa y por tanto desestimar el planteo efectuado. Para la Ministra Dra. Minvielle, la Corte tiene jurisdicción originaria y exclusiva en el proceso de inconstitucionalidad de la ley, pero únicamente tiene jurisdicción originaria en los casos de derecho de gentes y cuestiones relativas a tratados, pactos, convenciones, etc. El inciso segundo del numeral 1º del artículo 239 refuerza esta interpreta-ción, pues mandata a la ley la reglamentación de la jurisdicción de la Corte en los asuntos enunciados. Con lo cual, la ley podrá establecer que la jurisdicción de la Suprema Corte sea originaria o en instancia definitiva y posterior a una o dos instancias anteriores ante los Juzgados Letrados y/o los Tribunales de Apelaciones. Entonces, en una interpre-tación armónica de toda la normativa, debe concluirse que, cuando corresponde juzgar delitos contra el derecho de gentes, la Suprema Corte intervendrá en ulterior instancia. De todo lo que viene de decirse, concluye que en el tema que nos ocupa, puede darse una etapa de conocimiento ante un Juzgado Letrado, y ser resuelto en ulterior instancia por la Corte. Y en este sentido, en el caso a estudio, nada cabe objetar al actuar del “ A Quo ” y por tal motivo concluye que la excepción de falta de jurisdicción debe ser desestimada. Respecto a la inconvencionalidad del artículo único de la ley Nº 17.347 se remite a lo expresado en sentencia Nº 74/2025 de la Corporación.

Inconvencionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 77/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

A juicio de la Corte, una vez que la Magistrada Suplente fijó audiencia de lectura de sentencia, tal como lo prevé el artículo 209 del CGP (ya sea por facultad o porque se hayan dado los supuestos que obligan al dictado de dicha sentencia), lo cierto es que será ella quien debe dictar la misma, pues la sentencia a dictarse será definitiva y en estricto apego al art. 209 del CGP convocó a las partes a audiencia a tales efectos.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 74/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

La Corporación hace lugar al recurso de queja interpuesto puesto que cuando lo que se pretende es la declaración de inconvencionalidad de una ley y su inaplicabilidad a un caso concreto, dicha potestad es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia; y resuelve el fondo de la cuestión, desestimando el planteo formulado por la Defensa de autos. Para las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez, Bernadette Minvielle y Doris Morales, resulta claro que la mentada excepción encierra una defensa de inconstitucionalidad, con lo cual, está irremediablemente alcanzada por la prohibición legal, habida cuenta de que no es admisible un planteamiento sucesivo de inconstitucionalidad (artículo 512 inc. 2 del CGP). Sostienen que el quejoso planteó un conflicto entre dos normas, en principio, de igual jerarquía (dos Convenios Internacionales). Si se defiende que uno de los dos Convenios debe tener preferencia o mayor jerarquía sobre otro, se trata claramente de una cuestión de interpretación y de aplicación del derecho, totalmente ajena al control de convencionalidad o de constitucio-nalidad de la ley. Para los Sres. Ministros Dres. Pérez y Sosa, el planteo del recurrente no puede prosperar, pues parte de la base de considerar –sin fundamento alguno en su escrito- que la Convención de Viena prima con respecto a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968. La presunta contrariedad de la norma atacada no estaría dada respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o algún otro instrumento internacional de derechos humanos, sino respecto a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, instrumento que no ingresa dentro de la categoría anteriormente descrita, lo que determina, claramente, que lo pretendido por la Defensa exceda ampliamente el control de convencionalidad de las leyes; es decir, la norma supuestamente vulnerada no forma parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Recurso de queja · Derecho constitucional

DEFINITIVA 82/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025

El A quo dispuso que: “... corresponde que las sumas devueltas sean reajustadas desde la fecha de la resolución administrativa que dispone la devolución y hasta el efectivo pago, conforme el Decreto Ley No. 14.500 e intereses legales; debiendo abonarse en caso de corresponder el I.R.P.F. y demás impuestos retenidos en exceso.” El Ad quem concluyó que “ El daño que se pretende compensar con los reajustes e intereses cesa con el pago de la suma adeudada, por tanto, corresponde que sean calculados hasta la fecha en que fueron abonadas dichas sumas al actor ” El coactor interpuso recurso de casación, en el que denunció errónea aplicación de las normas contenidas en los arts. 1.447, 1.448, 1.458, 1.459 y 1.477 del Código Civil y en los arts. 1 a 4 del Decreto-Ley Nº 14.500, respecto a la extinción de la obligación por salarios retenidos, reajustes e intereses. En opinión del recurrente, corresponde considerar el pago efectuado como un pago a cuenta o pago parcial y concluir que una porción de la deuda continúa vigente. No es correcto que se pretenda el cobro de intereses y reajustes sobre los mismos elementos, sino que se peticiona que la deuda de salario sea considerada en su totalidad al momento de la entrega del dinero realizada por el Ministerio del Interior, que solo pagó una parte de la deuda, por lo que el resto de ella continúa generando intereses y reajustes. No existió voluntad, expresa ni tácita, de aceptar un pago parcial, como lo evidencia el hecho de haber incoado estas actuaciones. La Corporación ampara e n parte el recurso de casación y, en su mérito, dispon e únicamente la corrección del fallo que individualiza el adicional legal anexado a la condena por concepto de daño moral; con lo cual, donde dice “ reajustes sobre las sumas objeto de condena por daño moral ”, debe entenderse que debió decirse “ intereses sobre las sumas objeto de condena por daño moral ”.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 90/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

El caso de autos plantea contienda negativa de competencia entre el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 8º Turno. Finalmente la Suprema Corte de Justicia declaró competente para continuar conociendo en autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno. Señala la Corporación que surge de autos que previamente se tramitó diligencia preparatoria ante la Sede de 5º Turno, la cual fue sustanciada y proveída por ésta, con lo cual quedó irrevocablemente fijada la competencia.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 88/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025

Se promovió demanda por daños y perjuicios derivada de responsabilidad extracontractual, habiendo los demandados (sucesores de su padre) opuesto excepción previa de incompetencia; por cuanto la pretensión se enmarca dentro de un vínculo amoroso en el que existía convivencia, todo lo que justifica que sea abordado por la sede con competencia en materia de familia. Suscitada la contienda negativa de competencia trabada entre la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Maldonado de 6º Turno y la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Maldonado de 8º Turno; la Corporación procedió a declarar competente a la última nombrada. Si bien la contienda trabada no fue correctamente sustanciada, en la medida en que la actora fundamenta su acción en la responsabilidad extracontractual derivada de un episodio de violencia basada en género en el marco de un vínculo sexoafectivo y de cohabitación que mantuvo con el fallecido, este Cuerpo concluye que están involucradas relaciones personales y patrimoniales entre sujetos pertenecientes a una familia, lo que determina la competencia de la Sede de Familia.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 84/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2025Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A criterio de la Corte, el planteo de la recurrente resulta formalmente inadmisible, por incumplimiento de las exigencias formales previstas para el recurso de casación en el art. 273 del CGP. En la especie, la parte insurgente se limita a transcribir la discordia del Sr. Ministro, Dr. Tovagliare y sentencias dictadas por diversos Tribunales respecto a la procedencia de la remuneración del trabajo nocturno de los funcionarios policiales, pero olvida formular una crítica concienzuda y articulada contra los puntuales argumentos enarbolados en la sentencia recurrida. La parte actora transcribe reiteradamente fragmentos de la discordia del Sr. Ministro, Dr. Tovagliare y acopia distintas sentencias de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, sin realizar un “ aterrizaje ” de tales fundamentaciones y su vinculación con el caso en concreto.

Recurso de casación · Derecho civil