DEFINITIVA 3/2025 · Suprema Corte de Justicia · 3 de febrero de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 2079/2024 · Suprema Corte de Justicia · 19 de diciembre de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 2075/2024 · Suprema Corte de Justicia · 19 de diciembre de 2024

La Corporación declara inadmisible el recurso de casación interpuesto atento al monto del asunto, que es determinado por el valor catastral del bien inmueble dispuesto en el inventario celebrado y aprobado en autos.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 2076/2024 · Suprema Corte de Justicia · 19 de diciembre de 2024

La Suprema Corte de Justicia, por el número de voluntades legalmente requerido (artículo 56 de la Ley Nº 15.750), declara competente para continuar conociendo en las presentes actuaciones al Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 29º Turno. Básicamente la cuestión a dilucidar refiere a, si la circunstancia esgrimida por la titular de la Sede de 29º Turno naturalmente competente para resolver el asunto, constituye una causal de inhibición de oficio para apartarse del proceso o si se trata de razones de delicadeza y decoro que requieren el pronunciamiento y autorización del superior procesal.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 2072/2024 · Suprema Corte de Justicia · 19 de diciembre de 2024

La Corporación declara carente de objeto la presente contienda de competencia negativa, en tanto uno de los litigantes recusó a la titular de la Sede Letrada de Atlántida de 2º Turno y ésta aceptó la recusación mediante providencia que no fue impugnada por las partes, la competencia ha quedado definitivamente desplazada hacia el Juzgado subrogante, esto es, el homólogo de 3º Turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 2019/2024 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2024Importancia alta

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Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1575/2024 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2024Importancia alta

La Corporación, integrada, desestima la inconstitucionalidad incoada. En autos, funcionarios del Poder Judicial, promueven, por vía de acción, la declaración de inconstitucionalidad respecto de los arts. 13 a 29 de la Ley nro. 20.075. La normativa impugnada refiere al tratamiento relativo a la licencia por enfermedad. Los accionantes expresan que variación propuesta en la Ley, reduciendo a nueve días los amparados con el 100% del salario, para luego rebajar a partir del décimo día a un 75% de la remuneración, afecta directamente lo percibido por los actores durante los días de licencia médica, violentando el llamado Bloque de Constitucionalidad, integrado por los arts. 32, 53, 54, 56, 72 y 332 de la Constitución Nacional. Asimismo, los impugnantes consideran que hay una afectación de los principios de separación de poderes, igualdad y seguridad jurídica. En criterio de la Corporación integrada, la mera invocación de la calidad de funcionarios que realizan los demandantes en el libelo introductorio, no resulta suficiente para tener por acreditada la vinculación funcional de los accionantes a dicho Poder del Estado. En conclusión, se desestima la acción promovida por falta de acreditación de legitimación causal activa.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1579/2024 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestima el accionamiento deducido. En el caso de autos, los accionantes demandan la inconstitucionalidad respecto de los incisos 2º, 3º y 10º del artículo 11 de la Ley Nº 18.033 (en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 18.596), señalando que las normas impugnadas resultan violatorias del bloque de constitucionalidad. Pese a estar comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley Nº 18.033 –en especial, de la PER [léase Pensión Especial Reparatoria]-, como consecuencia de encontrarse alcanzados por alguna de las incompatibilidades previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 11 de la Ley Nº 18.033 o por el requisito de opción previsto en el inciso décimo del mismo artículo, atento a las distintas situaciones particulares de los accionantes. La Corte considera que los actores poseen legitimación activa para accionar. Sin embargo, respecto de la Comisión Especial creada por el artículo 13 de la Ley Nº 18.033, y al tratarse de un órgano desconcentrado creado en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con una composición plural, no se trata de un sistema orgánico que actúe con personería propia, por lo tanto carece de legitimación pasiva. El Poder Legislativo como mero órgano emisor del acto normativo no es el legitimado pasivo en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Respecto a varios promotores existe cosa juzgada y como tal, corresponde relevarla en la presente instancia. En el presente caso, y referido a los accionamientos originales, los mentados actores demandaron exclusivamente al Poder Legislativo (accionamientos rechazados por la Suprema Corte de Justicia, por razones de mérito), omitiendo demandar al Poder Ejecutivo y al BPS (cuestión que ahora hacen).Sucede que, en el proceso de inconstitucionalidad, el actor está gravado con una particular carga de alegación, en procura de invocar y justificar la legitimación de las partes para demandar y ser demandado,la carga de agotar su planteo impugnativo en un único tiempo procesal. Para los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Pérez, Morales y Sosa, se debe tener presente que en los pronunciamientos antes mencionados se ingresó al fondo del asunto. Por su parte, para la Sra. Ministra Dra. Martínez, la cosa juzgada está ligada a la prohibición contenida en el artículo 512 inc. 2 del CGP.La regla, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Martínez, es la siguiente: una pretensión introducida de forma inadecuada (cuando se estaba en condiciones prácticas de proponerla en forma adecuada), o no planteada en absoluto (cuando pudo haberse formulado en el mismo acto impugnativo), quedan -por igual- atrapadas por la regla de la preclusión contenida en el artículo 512 inc. 2 del CGP. La Corporación considera que la pensión especial reparatoria, no tratándose de una indemnización, como postulan los actores, toda la argumentación desplegada acerca de la violación del principio de reparación integral del daño no aplica a la situación de autos. En cuanto a la violación al principio de igualdad esgrimida por los accionantes,el Sr. Ministro Dr. Pérez Brignani,en lo atinente al alcance del mismo, se remite a lo ya dicho por este Alto Cuerpo en sentencia Nº 529/2021, no haciendo lugar a este argumento. En definitiva, por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar la acción entablada.

DEFINITIVA 1577/2024 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2024Importancia alta

En el caso de autos la parte actora promovió demanda por rescisión de contrato, cobro de multa y daños y perjuicios contra la parte demandada, respecto del contrato celebrado entre las partes el día 9 de noviembre de 2012. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 11º Turno, condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de U$S 200.000 con más sus intereses desde la demanda, en concepto de multa contractual. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, revocó parcialmente la sentencia impugnada en cuanto: i) condenó a la demandada a pagar la suma de U$S 200.00 por concepto de multa, y en su lugar se deja sin efecto dicha condena; ii) no hizo lugar al reclamo de daños y perjuicios formulados en la demanda, y en su lugar, condenó a la demandada a pagar a la actora la cantidad de $ 120.000 correspondiente a la mensualidad adeudada en el mes de febrero del año 2018, y $ 54.426 correspondiente a la diferencia adeudada en el mes de marzo del año 2018. Las partes actora y demandada interpusieron recurso de casación y adhesion, respectivamente. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte actora. Amparó parcialmente el recurso de casación interpuesto por la demandada, anuló parcialmente la sentencia impugnada, exclusivamente en cuanto condenó a la demandada a abonar a la actora las sumas de $120.000 correspondiente al mes de febrero de 2018 y $54.426 correspondiente al mes de marzo de 2018 y, en su lugar, dispuso condena al pago de la suma de $54.426 correspondiente al mes de febrero de 2018 más reajuste desde la exigibilidad e intereses desde la demanda. A juicio de la Corporación, asiste razón a la demandada recurrente en cuanto a que la condena dispuesta por el Tribunal comprende honorarios por una actividad que la actora no llegó a desempeñar. (D) Dra. Elena Martínez - Presidente Suprema Corte de Justicia - Dra. Doris Morales - Ministra Suprema Corte de Justicia- DISCORDES EN PARTE: consideran que corresponde amparar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora en vía principal y, en su mérito, revocar la sentencia de segunda instancia en cuanto desestimó la pretensión de pago de multa. En su lugar, debe condenarse a la demandada al pago de U$S95.000, más intereses desde la presentación de la demanda, en tal concepto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1578/2024 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2024Importancia alta

La a quo ampara parcialmente la demanda, condenando a los codemandados de forma solidaria, condenando al pago de los rubros, lucro cesante pasado, lucro cesante futuro y daño moral propio de las actoras (cónyuge e hijas del fallecido en el accidente). El Ad quem revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, solo en cuanto a la condena dispuesta al codemandado propietario del vehículo involucrado en el siniestro de tránsito objeto de autos. La parte actora interpuso recurso de casación, agraviándose porque el Tribunal entendió que operó el traspaso no culpable de la guarda y exoneró de responsabilidad al propietario del vehículo. La Corporación, por mayoría, ampara el recurso de casación interpuesto y condena al propietario del vehículo que causó el siniestro de forma solidaria con el conductor del mismo. La mayoría de la Corporación se adhiere a la doctrina y jurisprudencia que entiende que la empresa arrendadora no es garante, sino que es responsable de las cosas de las que se sirve y están bajo su cuidado. Los Señores Ministros discordes entienden que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto, dado que el mero hecho de la no inscripción en el registro reglamentario de la parte arrendadora del vehículo no implica, como lo pretende hacer notar el recurrente, una transferencia culpable de la guarda. A diferencia de ello, la no inscripción en el registro de prestadores de servicios turísticos únicamente tiene virtualidad jurídica en el plano administrativo–tributario, pero no tiene incidencia alguna en la producción del evento dañoso.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1576/2024 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2024Importancia alta

Por sentencia de primera instancia se desestimó la acusación fiscal, absolviéndose al acusado de la imputación de la comisión de un delito de Abuso Sexual Especialmente Agravado, agravado además por ser la víctima un menor de edad. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia definitiva de primera instancia condenando al acusado como autor responsable de un delito de Abuso Sexual Especialmente Agravado, agravado además por la edad de la víctima, a la pena de seis (6) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo las accesorias legales de rigor previstas en el art. 105 literal e) del Código Penal. Contra dicha sentencia se alzó la Defensa del imputado interponiendo recurso de casación; expresando como agravios: una errónea aplicación de las normas de derecho y de valoración de la prueba realizada por la Sala la cual incurrió en el supuesto de absurdo evidente, así como también el monto de la pena impuesta en la atacada. Conferido el traslado, el mismo fue evacuado por Fiscalía manifestando que corresponde rechazar el recurso interpuesto por inadmisible, por no cumplir con lo preceptuado por el art. 273 del CGP, dado que la sentencia resulta congruente y para nada absurda. La Defensa de la víctima procedió a evacuar el traslado abogando por la posición sostenida por la Fiscalía. La Corporación integrada procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto, en virtud de que no se configura en el caso un razonamiento probatorio que pueda calificarse como arbitrario o absurdo evidente. La Defensa califica como arbitrariedad y absurdo evidente lo que no es más que una crítica a la valoración de la prueba, pretendiendo ingresar a su revisión en una tercera instancia que no fue prevista por el legislador.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1573/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1562/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024Importancia alta

El caso de autos, el actor promovió demanda por responsabilidad contra el Ministerio del Interior del cual fue funcionario. Narró que fue sometido a dos sumarios, uno por violencia doméstica y otro, por acoso sexual, motivados por denuncias falsas. Reclamó le fueran indemnizados el daño emergente (los medios sueldos que le fueron retenidos en el marco de los sumarios durante doce meses, presentismo, viáticos, compensación especial, más honorarios del abogado y gastos indocumentados), el lucro cesante (se vio privado de ascender en su carrera policial) y el daño moral. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia. La parte actora e interpuso recurso de casación agraviándose por errónea aplicación de la norma de derecho, así como también, una infracción a las reglas legales de valoración de la prueba; se aplicó en forma errónea el artículo 6 del decreto Nº 40/2013 en tanto no se le dio conocimiento del inicio del procedimiento en su contra, infringiéndose además el artículo 12 de la Constitución que prohíbe las pesquisas secretas; destacó que a la hora de la toma de declaraciones de los testigos, no se le respetó el legítimo derecho de defensa y expresó que la Sala no motiva en debida forma cuando expresa que no se considera irregular la decisión de iniciar el sumario administrativo al recurrente. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 1970/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1959/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 1556/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024Importancia alta

La a quo declaró el reconocimiento de la unión concubinaria promovida en autos, hasta el fallecimiento de uno de sus integrantes. Asimismo dispuso que no existieron bienes adquiridos a expensas del caudal común. El Ad quem revoca la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda en todos sus términos. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. A juicio de la mayoría de sus integrantes, en el caso concreto, la recurrente no alegó un error en la valoración de la prueba que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en grado manifiesto; y más allá del incumplimiento que antecede, el agravio no puede prosperar, pues lo plasmado en el recurso de casación se encuentra muy lejos de acreditar un razonamiento absurdo por parte de la Sala –en palabras de la mayoría- o vulneratorio del límite de la razonabilidad en palabras del Sr. Ministro Dr. Sosa.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 1572/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus integrantes naturales, relevó de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores al diligenciamiento de la prueba de la excepción de cosa juzgada, remitiendo las actuaciones al Juzgado Subrogante Natural de la Sede de Primera Instancia de Maldonado de 6º Turno a efectos de que resuelva la excepción de cosa juzgada en debida forma y fecho, se continúen las actuaciones conforme a derecho. Señala la mayoría de la Corporación que los errores cometidos en el tracto procesal por parte de la Juez de Primera Instancia, son groseros e implican necesariamente que deba relevarse de oficio la existencia de nulidad absoluta en la causa. La Magistrada nunca culminó la audiencia preliminar, ya que únicamente cumplió con las etapas de ratificación, conciliación, prueba de las excepciones y acto seguido dictó una sentencia definitiva resolviendo el litigio, en clara contravención al orden y formalidades de los juicios. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez - Ministra de la Suprema Corte de Justicia: considera que corresponde acoger el recurso de casación y anular la recurrida únicamente en cuanto hizo lugar a la acción subrogatoria y, en su lugar, se disponga el reenvío al Juez de Primera Instancia Subrogante para que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Considero que las nulidades absolutas –en determinadas hipótesis- pueden ser subsanables.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1557/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1555/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de violación especialmente agravado en reiteración real con un delito de abuso sexual agravado, a la pena de 8 años de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida y siendo de su cargo las prestaciones accesorias previstas en el art. 105 literal E del C.P. Dispuso, asimismo, la suspensión del mismo para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia; e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud; y la condena a abonar a la víctima en concepto de reparación patrimonial, el monto equivalente a 12 salarios mínimos. Y el Ad quem confirma la sentencia de primera instancia. El imputado interpone recurso de casación, y la Corporación lo desestima. Entienden los Sres. Ministros que: “ Tras el análisis detenido del escrito de casación, se advierte fácilmente que la mayoría de agravios o motivos de impugnación alegados incumplen el artículo 273 del CGP. En efecto, la referencia a la obligación de motivar las sentencias, el cumplimiento de normas de procedimiento, las garantías del imputado, el derecho a ser asistido, la confesión y principio de inocencia, no son más que titulares de alcance general, sin constituir una crítica seria, fundada y con anclaje en las resultancias procesales y probatorias en juicio.” Asimismo, el agravio referente a la valoración de la prueba no es de recibo.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1969/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de diciembre de 2024Importancia alta

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, hizo lugar parcialmente la demanda condenando al Estado-MTOP a pagarle a los actores la suma de U$S 724.640 con el interés legal desde la presentación de la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó parcialmente la sentencia impugnada, salvo en cuanto al dies a quo de los intereses, los que se computarán desde el mes de noviembre de 2015.. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviándose por la errónea aplicación del art. 398 del CGP, por errónea aplicación de los arts. 1348, 2213 y 2214 del Código Civil y por errónea valoración de la prueba por parte de la Sala. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus integrantes, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. (D) Dra. Elena Martínez - Presidente de la Suprema Corte de Justicia: por cuanto hago lugar, parcialmente, al recurso de casación interpuesto por el MTOP, en cuanto la recurrida fijó el “dies a-quo” del cómputo de los intereses desde la exigibilidad, sector del fallo que anulo y, en su lugar, lo fijo desde la fecha de la demanda de liquidación.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal