DEFINITIVA 1448/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

La a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de dos delitos de Hurto Especialmente Agravados en régimen de reiteración real, a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría. Mientras que el Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, agraviándose por la valoración de la prueba realizada por el Tribunal; y por la condena puesto que se le imputó una agravante (hurto de bienes en vía pública) que no estaba vigente a la fecha que supuestamente se cometió el delito, contrariando los principios del derecho penal. La Corporación desestima el recurso interpuesto. Para la mayoría de los Ministros, la Defensa no alegó, en la forma debida, un error o vicio en el razonamiento probatorio del órgano de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente. En tanto, para el Sr. Ministro Dr. Sosa, el agravio sobre errónea valoración de la prueba no puede prosperar por estrictas razones formales. En efecto, de la mera lectura del escrito se desprende que incumple con las exigencias previstas en los artículos 270 y 273 del CGP, las cuales resultan aplicables en virtud de la remisión consagrada en el artículo 369 CPP.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1838/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, hizo lugar en parte el recurso de casación interpuesto anulando la impugnada en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de agotamiento previo de la vía administrativa, declarando la caducidad de la pretensión movilizada en autos. Señalan la Corporación que asiste razón al recurrente al afirmar que no resulta exigible el agotamiento previo de la vía administrativa en el caso de autos. Por otro lado, en cuanto a la caducidad, la demanda fue promovida vencidos largamente los cuatro años de caducidad previsto por el art. 39 de la Ley Nº 11.925.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

INTERLOCUTORIA 1834/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

En autos contienden por razón de turno, para continuar conociendo en la presente causa –sucesión- los Juzgados Letrados de Familia de 12º y 13º Turno. El primero de los nombrados fue asignado por la ORDA, dicha Sede entendió que no era competente por cuanto en el segundo de los nombrados se tramitó –entre otras cuestiones- la declaración de incapacidad de la fallecida. Por su parte, el segundo de los contendientes estima que no resulta competente por cuanto, el hecho de que se haya tramitado ante dicho Juzgado la incapacidad de la ahora causante, no implica que la sucesión deba seguirse ante la misma Sede. Finalmente la Suprema Corte de Justicia declaró competente para continuar conociendo en obrados al juzgado letrado de familia de 12º turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 1445/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

Por sentencia definitiva de primera instancia se amparó la pretensión deducida; declarando la DISOLUCIÓN de la Unión Concubinaria habida entre AA y BB, que se inició en abril 2009 hasta noviembre 2019. El Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la sentencia definitiva de primera instancia disponiendo se desestime la demanda en todos sus términos. Contra la sentencia dictada por el Ad Quem, se alzó la parte actora interponiendo recurso de casación; expresando como agravios una supuesta vulneración de los principios de preclusión, concentración y eventualidad; así como también una errónea valoración de la prueba. La Corporación desestimó el recurso de casación interpuesto; ya que respecto al primer agravio, al contrario de lo que pretende señalar el actor, la designación de nueva letrado patrocinante con la consecuente constitución de nuevo domicilio procesal, no implica ni siquiera tácitamente que la recurrente haya convalidado la sentencia de primera instancia. Es en virtud de lo expresado, que la demandada se encontraba dentro del plazo legal establecido para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Respecto al segundo agravio, relativo a la valoración de la prueba; el mismo no puede prosperar, pues lo plasmado en el recurso de casación se encuentra muy lejos de acreditar un razonamiento absurdo por parte de la Sala –en palabras de la mayoría- o vulneratorio del límite de la razonabilidad en palabras del Sr. Ministro Sosa Aguirre.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1850/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1447/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

La Corporación desestima la acción de declaración de inconstitucionalidad promovida, al tiempo que acoge la excepción de falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo y declara de oficio la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo. En autos, con fecha 3 de junio de 2024, comparecieron los promotores a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma contenida en el art. 8.1 de la Ley Nº 20.208, quienes alegaron ser todos jubilados o pensionistas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y, por consiguiente, son sujetos pasivos del paratributo creado por la norma impugnada. Dirigieron su accionamiento contra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En lo sustancial, sostuvieron que la norma cuestionada resulta inconstitucional e inconvencional por violentar el principio de no regresividad, en las interpretaciones más modernas vinculadas a la seguridad social. A juicio de la Corporación, no les asiste razón en su planteo. La Corte ya ha tenido ocasión de pronunciarse respecto a una situación análoga a la planteada por los promotores en sentencia Nº 376/2010, oportunidad en que se vertieron los conceptos, que pueden revalidarse en el caso. Se sostiene que los derechos adquiridos son aquellos que pueden ejercerse actualmente. La Corporación ha sostenido antes de ahora que no puede recepcionarse el planteo de inconstitucionalidad porque la Ley (que sin duda produce una disminución en el haber de retiro) no afecta derechos adquiridos, sino simplemente meras expectativas. Asimismo se reitera que no se juzga el mérito o desacierto legislativo, sino sólo si la ley es o no constitucionalmente válida.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1833/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho civil

DEFINITIVA 1450/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia que condena a la demandada al pago a los actores de los daños y perjuicios (daño moral, daño emergente y lucro cesante) padecidos en ocasión de un siniestro de tránsito, salvo en el dies a quo de los intereses, en la fecha del accidente. La demandada interpuso recurso de casación, manifestando que la impugnada viola los principios “ tantum apellatum quantum devolutum ” (art. 257.2 del CGP) y en definitiva los principios dispositivos (art. 1 del CGP) y de congruencia (art. 198 del CGP) en lo que refiere al cómputo de intereses legales a los rubros reclamados por el actor, puesto que el mismo invoca la responsabilidad contractual y no solicita los intereses desde el hecho ilícito sino desde la interposición de la demanda. La Corporación, por mayoría de sus miembros naturales, desestima el recurso de casación. La Sra. Ministra Dra. Elena Martínez, por su parte, extiende discordia, por cuanto considera que corresponde hacer lugar al recurso, y en su mérito, anular la sentencia dejando firme el fallo de primera instancia, por entender que los intereses deben computarse desde la demanda.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1829/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

L a Corporación declara competente para continuar conociendo en autos a la Dra. Giovana Díaz, actual titular del Juzgado de Paz de la 5ª Sección Judicial de Maldonado , dado que la instrucción probatoria no había finalizado cuando se produjo el traslado de la anterior titular de la Sede.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1842/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

La Suprema Corte de Justicia, no hizo lugar al recurso de aclaración y ampliación interpuesto. Señala la Corporación que corresponde desechar el planteo de plano, por cuanto, lo dicho por el recurrente, no tiene sustento normativo ni probatorio que lo acredite más que su mera disconformidad con lo fallado en ambas instancias, incluso en una de ellas con las máximas sanciones procesales por su obrar.

Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho procesal

DEFINITIVA 1490/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

El a quo condenó a los imputados como coautores penalmente responsables de dos delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de supresión de estado civil, dos delitos de suposición de estado civil y dos delitos de abandono de niños a la pena de diez años de penitenciaría para cada uno de ellos. El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia. La Corporación desestima el recurso de casación planteado. Los agravios esgrimidos no son de recibo.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1825/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1449/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Estima la Corte que, el agravio relativo a la valoración de la prueba que condujo a la Sala a confirmar la desestimatoria del daño reclamado como “lucro cesante – pérdida de chance”, resulta de franco rechazo, en tanto el libelo de casación se limita a reproducir de manera casi textual lo que ya se había expuesto en el libelo de apelación, sin controvertir los puntuales argumentos expresados por la Sala para repeler el rubro. El segundo agravio expuesto por la parte actora atañe a la revocatoria del rubro daño moral, que fuera amparado en primera instancia y revocado en alzada, por entender ésta última que la parte actora no cumplió con su carga probatoria acerca de la existencia y entidad del daño extrapatrimonial reclamado, conforme a lo dispuesto por el art. 139 CGP. La Corporación concluye que no habiéndose explicado cómo es que la Sala habría infringido la norma contenida en el art. 139 del CGP, el agravio carece de fundamentación suficiente, lo que impone su rechazo. Los actores reclamaron la indemnización de los daños y perjuicios que aseguraron haber padecido como consecuencia de una resolución ilegítima dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial – Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante, “DNPI” y “MIEM”)que anuló la patente de invención de que eran titulares los accionantes. La Resolcuión del MIEM fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1480/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1836/2024 · Suprema Corte de Justicia · 21 de noviembre de 2024

La Suprema Corte de Justicia no hace lugar al recurso de queja por denegación de casación interpuesto. Por lo tanto, dado que en el caso, el monto del asunto no supera el mínimo legal habilitante de 4.000 U.R., la Corporación concluye que el recurso interpuesto resulta inadmisible.

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 1375/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

El caso de autos, el actor promovió demanda contra el Ministerio del Interior, en la que reclamó que le fueran indemnizados los daños padecidos como consecuencia del obrar del organismo demandado, que en el año 2008 le instruyó sumario administrativo en su contra y en el año 2013 lo destituyó mediante acto administrativo que posteriormente fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En primera instancia, desestimó la demanda en todos sus términos. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno amparó parcialmente la recurrencia y acogió en parte el reclamo, haciendo lugar a los siguientes rubros: 1) daño emergente por concepto de reajuste e intereses, en la forma establecida en el Considerando IV; 2) pérdida de chance respecto a la recomposición de la carrera funcional (50% de la suma reclamada por el actor); 3) intereses moratorios devengados por los préstamos contraídos en el BROU, según lo especificado en el Considerando VI; 4) honorarios profesionales por la asistencia letrada prestada en el proceso ante el TCA, en la forma establecida en el Considerando VII; 5) daño moral, que fue fijado por la Sala en la suma de U$S4.000. La parte demandada interpuso recurso de casación según los agravios referidos en la sentencia. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, amparó parcialmente el recurso de casación, anulando la sentencia de segunda instancia en los siguientes términos: a) en cuanto condenó a la recurrente a abonar a la parte actora los honorarios profesionales generados por la tramitación de la acción de nulidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo, desestimándose el rubro en cuestión; b) en cuanto omitió disponer que la condena por el rubro “pérdida de chance respecto a la recomposición de la carrera funcional” debe efectuarse sobre sumas líquidas, lo que así corresponde ordenar; todo sin especial condena procesal. En cuanto al agravio sobre el error en la valoración de la prueba, del vicio de motivación y de las deducciones legales que debió disponerse sobre la condena a indemnizar la “pérdida de chance respecto a la recomposición de la carrera funcional”. Para la Corporación le asiste plena razón a la demandada, en virtud de la total orfandad de argumentos de la sentencia para respaldar la decisión a la que se arriba. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa y Pérez, corresponde acoger el agravio dirigido a cuestionar la omisión cometida por el Tribunal, en cuanto no dispuso que la liquidación debe efectuarse sobre sumas líquidas (no nominales), producto de los descuentos legales que corresponde realizar por parte del Ministerio del Interior (Montepío, IRPF, Tutela Policial y Sanidad Policial). En cuanto a los agravios sobre la condena a pagar los honorarios profesionales por la asistencia letrada prestada en el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa, Pérez y Morales sostienen que de la lectura de la demanda, del cotejo de la documentación presentada y de la valoración de las probanzas diligenciadas en la causa, emerge que la parte actora no ofreció absolutamente ninguna prueba tendiente a acreditar la existencia de un gasto realizado o de la asunción de una deuda por concepto de honorarios profesionales por asistencia letrada ante el TCA. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez – Ministra SCJ: Por cuanto, entiende que corresponde desestimar los agravios relativos al pago de honorarios profesionales generados por el proceso ante el TCA y la supuesta omisión de la Sala de condenar a sumas líquidas (con los descuentos legales corres-pondientes). (D) Dra. Doris Morales - Ministra SCJ: Por cuanto, entiende que no corresponde a la sede jurisdiccional emitir pronunciamiento sobre eventuales retenciones y descuentos legales.

DEFINITIVA 1371/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

El a quo condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de homicidio especialmente agravado, a sufrir la pena de 13 años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo los gastos procesales y carcelarios. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, la que fijó en 12 años de penitenciaría para cada uno. Las Defensas de los imputados interpusieron recursos de casación. La Corporación desestima los recursos de casación interpuestos.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1380/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

La Corporación declara la falta de legitimación causal pasiva del Poder Legislativo y, concomitantemente, desestima la acción de inconstitucionalidad promovida contra el Banco de Previsión Social. Los accionantes comparecen a demandar la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 20.226. En el caso de autos, los accionantes solicitaron, por vía de acción, la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 20.226 que establece que: “ A los efectos del pago de la prestación, cada trabajador deberá ceder y transferir al Banco de Previsión Social, en su calidad de administra-dor del Fondo, la totalidad de los créditos laborales post concursales que tiene contra la ex Casa de Galicia, colocando al Banco en la misma posición, grado y prelación respecto de los créditos cedidos. La solicitud de acogerse al Fondo creado por el artículo 1º de esta ley, implica la renuncia del trabajador a la solicitud de amparo al Fondo de Garantía de Créditos Laborales creado por la Ley Nº 19.690, de 29 de octubre de 2018, por los créditos laborales post concursales ”. La Corte expresa que no corresponde relevar que la norma legal impugnada haya sido definitivamente aplicada. Los derechos fundamentales no son absolutos, son normas derrotables y, en determinadas circunstancias, ceden en su protección por otros derechos o intereses de igual rango que merecen su tutela jurídica y material. En el presente caso, la solución impulsada por el Poder Legislativo, para atender a la problemática descripta de la Mutualista ex Casa de Galicia, procuró contemplar la situación jurídica subjetiva de los trabajadores, sus créditos laborales y, por otra parte, ajustar la solución a las posibilidades económicas del país con cargo en rentas generales. El Estado como articulador de demandas sociales debe propender a la sostenibilidad del sistema institucional que garantiza a la sociedad civil organizada. La crítica de los reclamantes se dirige a cuestionar el acierto o desacierto de la solución legislativa, lo que está fuera del estudio de constitucionalidad de la ley.(sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 905/1994, entre muchísimas otras). Sobre el resto de los argumentos esgrimidos, los actores en su demanda simplemente hacen un ejercicio teórico, totalmente abstracto, prescindiendo de las reglas o principios constitucionales, su alcance y cómo la norma legal impugnada contradice o transgrede aquéllos

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1376/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

En primera instancia condenó a BB, CC, DD, EE y AA, por la comisión penalmente responsable, cada uno de ellos, de ‘un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido mediante incendio, en calidad de coautor’, a la pena de 30 (treinta) años de penitenciaría. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia salvo en cuanto al monto de la pena, la que fijó en veintiocho (28) años de penitenciaría. La Defensa del encausado AA interpuso recurso de casación agraviándose por la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal, por la calificación y por no haberse preservado el principio de inocencia. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa. En cuanto al agravio sobre la valoración de la prueba, para los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez Brignani y Morales, la Defensa recurrente no ha denunciado en su escrito, en ningún sentido posible, la existencia de una valoración arbitraria de la prueba por parte del Tribunal. Por su parte, para el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre el agravio no puede prosperar, pues el razonamiento probatorio de la Sala no merece reproche alguno. En cuanto al agravio sobre la calificación, señala la Corporación que el presente planteo de la Defensa se reduce a una reiteración de lo desarrollado en la apelación, por lo cual no se logra dar cumplimiento a los requisitos formales más elementales del recurso en examen. En cuanto al agravio relacionado con el principio de inocencia, señala la Corporación que la recurrente no cumple a cabalidad con los requisitos formales a los que remite el artículo 369 del CPP, es decir, los incluidos en los artículos 270, 271 y 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1378/2024 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2024Importancia alta

La a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de atentado violento al pudor, a cumplir la pena de dos años de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, manifestando que que hubo una errónea valoración de los medios de prueba, lo que lleva a una equivocada tipificación del delito, vulnerando los principios de legalidad e inocencia; no se arriba en el caso a la certeza requerida legalmente para disponer la condena, por lo que corresponde absolver al acusado ; en caso contrario, solicita que se le conceda el beneficio de libertad a prueba. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En primer lugar, el recurrente se limitó a cuestionar la declaración de la víctima y las pericias efectuadas en autos, y a proporcionar una valoración alternativa en relación a estos medios de prueba, pero ello sin fundar adecuadamente dónde estaría, en concreto, el absurdo o la arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal (posición mayoritaria) o que la valoración sea reñida con la sana critica (posición Sr. Ministro Dr. Sosa), lo que resulta insuficiente para hacer atendible el agravio en casación. A juicio de la Corporación, no resultan de aplicación al caso de autos los institutos de libertad a prueba ni de libertad vigilada

Recurso de casación · Derecho penal