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18.033 sentencias

DEFINITIVA 1348/2024 · Suprema Corte de Justicia · 24 de octubre de 2024Importancia alta
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN. Consideran quienes conforman la mayoría de este Cuerpo, que no existe el error en la aplicación del derecho denunciado y, que por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento. Discordia de los Sres. Ministros, Dres. Tabaré Sosa y John Pérez quienes de acuerdo a la prueba diligenciada conlcuyen que la actora más allá de la denominación de su cargo (Gerente de Zona), realizaba las tareas propias de una promotora de ventas, todo lo cual redundaba en el cobro de sus comisiones, las que importaban un 60% variable. En definitiva, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Sosa Aguirre y Pérez Brignani, corresponde acoger el recurso de casación y, en su mérito, desestimar la demanda de autos, sin especial condena. La actora promovió demanda laboral contra su anterior empleador COSMÉTICOS AVON DEL URUGUAY SA por horas extra, descanso intermedio y descanso semanal trabajado. La sentenciante de primera instancia entendió que la trabajadora se encontraba excluida de la limitación legal de la jornada, no por tratarse de personal superior, sino por estar incluida en la categoría de promotora de ventas. El artículo 1 del decreto Nº 611/980, establece que no se hallan comprendidos en la limitación de horario de trabajo los promotores de venta. Por el contrario, en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la trabajadora, y condenó al pago de horas extra y descanso semanal trabajado. Para la Sala, sin perjuicio de la dudosa calificación de la trabajadora como promotora de ventas, debe primar en el caso la cláusula expresa que la demandada —no una, sino dos veces— incorporó en el contrato pactando el horario de la jornada de trabajo y el descanso semanal. La recurrente se agravió, en primer lugar, por la decisión de la Sala respecto a la exclusión de la trabajadora del decreto Nº 611/980. Destacó que el Tribunal hizo primar un error involuntario del contrato de trabajo, en contra del resto de la prueba testimonial y documental rendida, y en contra del principio de primacía de la realidad. Reiteró que la fijación de horario en el contrato se debió a que se utilizó un modelo aplicable al personal administrativo.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 1359/2024 · Suprema Corte de Justicia · 24 de octubre de 2024
En primera instancia, se acogió parcialmente la demanda, y se condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de $174.537 más 15% por concepto de daños y perjuicios preceptivos, más 10% de multa legal, más actualización e intereses; lo que fue confirmado parcialmente en segunda instancia por el Tribunal en la sentencia objeto del presente recurso, salvo en cuanto a las horas extra, que condenó a su pago. La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de segunda instancia, expresando como agravios: i) la condena al pago de las horas extras ii) la valoración de la prueba iii) la condena al pago de los daños y perjuicios preceptivos. La Corporación por mayoría de sus miembros naturales –conformada por las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez, Doris Morales y la redactora Bernadette Minvielle- procedió a desestimar el recurso interpuesto porque los agravios articulados por la recurrente como sustento de la casación, no resultan eficientes para resolver en sentido contrario a lo decidido en segunda instancia. Respecto al agravio relativo a al pago de horas extras, surge que de la descripción de tareas que efectuaron los testigos con relación al trabajo de la actora, y de la documentación agregada por la demandada, no surge que se dedicara a la promoción o la venta de productos. Y, dado que sería su labor de promotora de ventas, la que determinaría la aplicación del decreto Nº 611/80 que excluye de la limitación de la jornada a estas trabajadoras, al no acreditarse que la actora efectuaba tareas de promotora de ventas, considera la Sala que no está incluida dentro del referido Decreto. Sobre la valoración de la prueba se considera que la misma fue correctamente realizada, no habiendo la recurrente alegado un error en la valoración que amerite su calificación como absurda o evidente en grado manifiesto. El agravio por la condena al pago de los daños y perjuicios preceptivos desarrollado en el recurso de casación es casi una réplica de lo sostenido en el recurso de apelación; y la repetición de agravios en forma textual y sin un mínimo de adecuación al caso, es razón suficiente para repeler el recurso. Discordia: Los Sres. Ministros Dres. John Pérez y Tabaré Sosa, por su parte, consideran que corresponde amparar el recurso, y en su mérito anular la recurrida manteniendo la sentencia de primera instancia; por lo que extenderán la discordia correspondiente; revalidando los argumentos expuestos en discordia conjunta extendida en la sentencia Nº 1348/24.
Recurso de casación · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 1564/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024
La Corporación declara carente de objeto la contienda de competencia entablada y remitirá los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Flores de 2º Turno, atento a que el Sr. Juez Letrado Dr. Rochón aceptó la recusación promovida por la Defensa del imputado, y tal providencia no fue impugnada por las partes, por lo que quedó firme. No corresponde entonces que otro Magistrado cuestione y desconozca dicha resolución.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1319/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
La Corporación desestima la acción de inconstitucional incoada, la cual promueve la declaración de inconstitucionalidad del art. 198 de la ley nro. 19.889, “Procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias". Para el impugnante, la norma de referencia comete al Poder Ejecutivo, actuando mediante el MEC y tal extremo conlleva a la violación de la carta Magna por cuanto desconoce el principio de especialidad de los Entes de Enseñanza Pública y, concretamente, de la ANEP. Por ello, entraría en colisión con los artículos 202 incisos 1° y 2° , 204 de la Constitución de la República,así como los artículos 203 inc. 2 y 205 de la Constitución Nacional. El impugnante, a los efectos de fundar su legitimación, señaló que es titular de un interés directo, personal y legítimo, por cuanto es miembro titular del Consejo Directivo Central de la ANEP. Se desprende de la demanda que el Sr. Mazzoni no compareció en representación del órgano. Para la Corte, no puede hablarse de que el Sr. Consejero sea titular de un interés personal y directo por no cumplirse con lo dispuesto por los artículos 258 de la Constitución de la República y 509 del CGP. Atento a la falta de legitimación activa del accionante y la no identificación del caso concreto, se desestima el accionamiento.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1325/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024
El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia definitiva dictada por el A Quo por la cual se dispuso condenar a AA, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de 20 años de penitenciaría, con descuento de la prisión preventiva cumplida, y siendo de su cargo las accesorias legales previstas en los literales d) y e) del artículo 105 del Código Penal. Contra la sentencia dictada por el Ad Quem interpuso recurso de casación la Defensa del imputado; expresando que existió error en la valoración de la prueba y cuestionando el guarismo de la condena. El traslado fue evacuado por Fiscalía, quien abogó por su rechazo; no así por la Defensa de la víctima. La Corporación desestimó el recurso de casación interpuesto, considerando que el análisis efectuado tanto por la Sala como por el Juez de Instancia es claro, contundente y encuentra respaldo en la prueba incorporada a la causa, lo que conlleva necesariamente a la desestimatoria del agravio relativo a la valoración de la prueba. Corresponde asimismo la desestimatoria del agravio referido al guarismo de la condena, puesto que la crítica no cumple mínimamente, con las exigencias formales en la materia.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1328/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
En el marco de una detención preventiva efectuada con fines de extradición el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la extradición solicitada por la autoridad argentina del encausado, disponiendo el mantenimiento del arresto oportunamente concedido en los términos señalados hasta la efectiva entrega. En segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación agraviándose por: a) Error de derecho sobre la falta de reconocimiento de la jurisdicción del Estado requerido para juzgar los hechos “a”, “b” y “c” que dan sustento al exhorto recibido de Argentina; b) Error de derecho sobre la prescripción del hecho “d” que da sustento al exhorto recibido de Argentina. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimo el recurso de casación interpuesto. En cuanto al primer agravio, para las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez, Doris Morales, y Bernadette Minvielle, señalan que en la medida en que el punto no fue propuesto como objeto de análisis en segunda instancia, no resulta posible que pueda ingresar como agravio en casación. Por su parte, los Sres. Ministros Dres. John Pérez y Tabaré Sosa consideran que tratándose de un proceso penal (especial) corresponde igualmente ingresar al análisis del planteo, analizado el mismo llegan a la conclusión de que el planteo de la recurrente no resulta de recibo. En cuanto al segundo agravio, no cumple con las exigencias de los arts. 270, 271 y 273 del CGP, aplicables al proceso penal.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1312/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de la Corporación, corresponde desestimar el recurso interpuesto, en tanto el recurrente no cuestionó útilmente los argumentos determinantes del fallo de segunda instancia. Señala la Corte que que la Sala, en un correcto análisis, descartó la posibilidad de que el co-demandado recurrente pueda participar de los honorarios a que tiene derecho la otra codemandada, por cuanto entre ellos no existió acuerdo de especie alguna al respecto.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 1321/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
L a Corporación, integrada, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado por dos delitos de abuso sexual especialmente agravados en régimen de reiteración real a la pena de cinco años de penitenciaría más accesorias; por considerar que la misma no efectúa un desarrollo explicativo suficiente del error notorio de percepción de la Sala en cuanto a los elementos de prueba. Claramente lo que se ofrece es, únicamente, una valoración alternativa de la prueba, lo que resulta insuficiente para hacer atendible el agravio en casación. Asimismo, en la postura del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa, la recurrente se encuentra muy lejos de haber acreditado una hipótesis de vulneración al límite de la razonabilidad en la valoración de la prueba.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1309/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
El a quo condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito atentado violento al pudor a la pena de ocho meses de prisión, más las accesorias. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la calificación jurídica y a la pena; condenando al imputado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual, a la pena de 2 años y un mes de penitenciaría. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación. Sostuvo que los hechos de autos encuadran en el delito de atentado violento al pudor, conforme artículo 273 del Código Penal, y que tal extremo se desprende de la aplicación de los principios de legalidad, in dubio pro reo y especialidad, establecidos en nuestra legislación. Remarcó además, que el Tribunal no tuvo presente a la hora de aplicar la Ley Nº 19.580 que su defendido es una persona pansexual, por lo que no corresponde evaluar los hechos desde la perspectiva de género. La Corporación desestima el recurso interpuesto. Considera que si bien la recurrente menciona los principios de legalidad, in dubio pro reo y especialidad, lo cierto es que no explicita los motivos por los cuales entendió que fueron vulnerados. No desarrolla argumento alguno, más allá de la mera invocación, a los efectos de señalar cómo la Sala vulneró esos principios. Asimismo, no resultan de recibo los demás agravios.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1311/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024
Por sentencia definitiva de primera instancia se dispuso amparar la demanda incoada, otorgándose la tenencia del menor de autos a su padre. El Tribunal de Apelaciones, por sentencia definitiva falló revocando la sentencia de primera instancia; desestimando la demanda en todos sus términos. La parte actora interpuso recurso de Casación contra la sentencia de segunda instancia expresando como agravios la violación del principio de congruencia, así como el error en la valoración de la prueba. La Corporación procedió a desestimar el recurso de Casación interpuesto resultando de franco rechazo el agravio relativo a la violación del principio de congruencia; considerando que para la resolución de la litis el Tribunal no consideró hechos no alegados por las partes, ni se ha apartado de la pretensión deducida. Respecto del segundo agravio, a juicio de la Corte el mismo no puede prosperar, pues la valoración realizada por el Tribunal lejos está de plasmar una hipótesis de irracionalidad o absurdo en el razonamiento probatorio (en palabras de la mayoría de la Corporación) o vulneratorio del límite de la razonabilidad (en palabras del Sr. Ministro Dr. Sosa).
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 1317/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa puesto que no cumple con la fundamentación suficiente de los agravios expuestos, relativos a la valoración de la prueba, calificación jurídica de los delitos, y la prueba para condenar.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1326/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. En el recurso interpuesto se advierte que el libelo de casación es una copia textual de parte del recurso de apelación, repitiéndose incluso los destacados, así como los errores gramaticales y conceptuales. Con relación al monto de la condena, resulta que el escrito de casación es una copia textual de los términos en que se cuestionó el rubro en oportunidad de apelar. En la medida en que el libelo de casación presentado en autos no es más que una copia textual de lo expuesto al apelar, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
Recurso de casación · Derecho administrativo
DEFINITIVA 1322/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
La a quo condenó al imputado c omo autor de cuatro delitos de privación de libertad, cuatro delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y éstos en concurso formal con cuatro delitos de lesiones graves a la pena de siete años de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la calificación y a la pena, en cuyo lugar se lo condena como autor de cuatro delitos de privación de libertad, en reiteración real con cuatro delitos de lesiones graves, a la pena de cinco años de penitenciaría. La Fiscalía de Lesa Humanidad interpuso recurso de casación, planteando como agravios: que l a Sala no hizo lugar a la tipificación del delito de abuso de autoridad contra los detenidos, por entender que el presupuesto de la figura delictiva es que exista un sujeto que haya sido legalmente detenido, es decir, privado de libertad por una orden legal y dada por quien sea competente para ello; por la pena impuesta, la que considera escasa e ilegal. La Defensa del condenado también interpuso recurso de casación, agraviándose porque el Ad quem sostuvo que la prescripción del delito no puede ser debatida y contemplada nuevamente por haber sido resuelta; en la sentencia impugnada se valoraron en forma arbitraria los medios probatorios, otorgándose eficacia probatoria absoluta a las declaraciones de los testigos, quienes, además, serían presuntas víctimas. E n subsidio, aseveró que la pena impuesta es rigurosa, por lo que debe ser abatida, ya que nada justifica el innecesario rigor para los fines del proceso y de la pena (artículo 26 de la Carta). La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa y acoge el recurso movilizado por la Fiscalía interviniente , anulando la recurrida únicamente en cuanto absolvió al imputado por el delito de abuso de autoridad contra los detenidos, en cuyo lugar se imputa en el presente grado y, en lo que respecta a la pena impuesta, la que se individualiza en el presente en siete años de penitenciaría. Considera que la Sala incurrió en un error de Derecho al validar la tipificación delictual y, paralelamente, disminuir la pena sobrepujando el mínimo previsto en la Ley. Si a esto se agrega la adscripción de cuatro delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, la fijación de 7 años de penitenciaría solicitada por Fiscalía se ajusta a las resultancias de autos.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1307/2024 · Suprema Corte de Justicia · 16 de octubre de 2024Importancia alta
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO -POR VÍA PRINCIPAL- POR LA PARTE DEMANDADA Y, ASIMISMO, ACÓGESE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO –POR VÍA ADHESIVA- POR LA PARTE ACTORA HACIENDO LUGAR AL COMPUTO DE LSO INTERESES DESDE LA EXIGIBILIDAD. La demandada (MINISTERIO DE ECONOMIA) contestó la demanda y controvirtió la responsabilidad que se le atribuye. En tal sentido, sostuvo que las resoluciones de la Administración fueron consecuencia de las sentencias dictadas por el Poder Judicial (absolvió al actor de los delitos que se le imputaron y condenó a la DNA a la restitución)y no la causa de los daños que reclama el actor. Cuestionó la procedencia de los rubros y montos reclamados (restitucion de los haberes retenidos, diferencias entre lo que hubiera cobrado de jubilación y lo que efectivamente percibió al tener que jubilarse antes por haebr sido destituido y daño moral). DISCORDIA PARCIAL DE LA SRA. PRESIDENTE DRA. ELENA MARTINEZ , por cuanto también desestima la adhesión a la casación interpuesta por la parte actora y, en su mérito, mantiene firme el fallo de segunda instancia en cuanto fijó el “dies a-quo” del cómputo de los intereses legales desde la fecha de la demanda, conforme a los fundamentos expresados en discordias extendidas en, por ejemplo, sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 418/2018 y 103/2020. La mayoría de la Corporación conlcuye que los intereses se computan desde la demanda cuando lo reclamado es el cumplimiento de una obligación que, desde su origen, lo era de dar suma de dinero. En el caso de autos, en cambio, la obligación incumplida por la Administración, aunque se resuelve en dar una suma de dinero, tenía otro contenido: restituir al actor a sus funciones y recomponer su situación funcional. En consecuencia, el supuesto no queda alcanzado por el art. 1348 del Código Civil y los intereses deben computarse desde que cada pago debió haber sido efectuado.
Recurso de casación · Derecho administrativo
DEFINITIVA 1292/2024 · Suprema Corte de Justicia · 10 de octubre de 2024Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, hizo lugar al recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público, en virtud de haberse configurado la causal prevista en el literal b) del art. 371 del C.P.P., dado que de la información brindada por Interpol Uruguay surge que, quien luce como condenado en la sentencia recurrida no fue el autor de los hechos delictivos que sirvieron de base para despachar la condena, anulando la recurrida exclusivamente en cuanto condeno al encausado mencionado en la sentencia, absolviendo al mismo.
Recurso de revision · Derecho penal
DEFINITIVA 1270/2024 · Suprema Corte de Justicia · 10 de octubre de 2024Importancia alta
El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado a título de dolo eventual, a la pena de cinco años y seis meses de penitenciaria, con descuento de la preventiva cumplida. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. El sentenciado interpuso recurso de casación, se agravia por la infracción a las reglas legales de valoración de la prueba, señalando que se violentaron las disposiciones que rigen la sana crítica como sistema de valoración probatoria y las reglas de la lógica formal que refieren al principio de razonabilidad que debe aplicarse en las decisiones judiciales. La Corporación desestima el recurso de apelación interpuesto. El agravio respectivo a la valoración de la prueba no es de recibo , afirma la Corporación que “E l recurso de casación sólo podrá prosperar en caso de alegarse y poder demostrarse que el juicio fáctico del órgano de mérito es notoriamente absurdo, esto es, manifiesta y evidentemente alejado de las reglas legales que rigen la tarea de valoración de la prueba.”
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1272/2024 · Suprema Corte de Justicia · 10 de octubre de 2024
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1276/2024 · Suprema Corte de Justicia · 10 de octubre de 2024Importancia alta
La Corporación desestima la inconstitucionalidad incoada. Los accionantes expresan que la norma impugnada establece la obligatoriedad de que los transportistas extranjeros designen a un representante legal en el país para poder realizar operaciones de transporte internacional de carga por carretera. Afirman que en el presente caso se está legislando a favor de un grupo reducido de personas, CÁMARA AUTOTRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL DEL URUGUAY (CATIDU) mediante el dictado de una normativa altamente discriminatoria. Se alega en la demanda que la ley impugnada vulnera los arts. 7, 8, 36 y 72 de la Constitución, a lo que considera la Corte que, sin perjuicio de no estar debidamente fundada su argumentación, no les asiste razón. Asimismo, todos los integrantes de este Alto Cuerpo son contestes en señalar que FINDELUZ SA, FERNÁNDEZ LUZARDO SRL Y MARCELO DA ROSA, carecen de legitimación activa para entablar el presente accionamiento (las razones han sido señaladas en la sentencia de la Corporación Nº 1114/2023). Estima la Corte que del lado del Estado uruguayo, está en juego la viabilidad de un sector relevante de la economía nacional, de la industria y del trabajo, por ello la Corte considera que el régimen de pago cumple con la pauta de proporcionalidad y, como tal, es legítimo. En cuanto al argumento relacionado con la violación del prncipio de igualdad, hay que considerar el principio de racionalidad de la ley, el cual prescribe que una diversidad de tratamiento prevista por el legislador debe ser esencialmente racional, justificada y no arbitraria. No se prohíbe al legislador prever reglas diversas para situaciones diversas, lo que se veda es la diferenciación legislativa arbitraria. Así, en cuanto al juicio de razonabilidad, considera la Corte que, en la especie, la causa de la distinción en el trato dado por la ley a tales empresas de flete internacional, resulta razonable. Asimimismo existe una finalidad legítima para ello, superando asimismo el juicio de racionalidad, ya que surge en forma clara la relación positiva entre los medios utilizados
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1484/2024 · Suprema Corte de Justicia · 10 de octubre de 2024Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, declaró competente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno. Señala la Corte que en autos, es la propia parte sustancial la que promueve la recusación del magistrado por prejuzgamiento, la que fue tramitada en forma y, en definitiva, aceptada expresamente por el recusado. Por lo tanto para la Corte, en este caso no resulta posible compeler al magistrado a seguir actuando en el expediente cuando admitió expresamente que prejuzgó.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1263/2024 · Suprema Corte de Justicia · 10 de octubre de 2024Importancia alta
La promotora del presente recurso de revisión alegó haber padecido indefensión por defecto en el emplazamiento, en tanto asegura que no se domiciliaba en ninguno de los dos domicilios que fueran denunciados por la actora en el proceso de regulación de honorarios, en los cuales se le notificó la demanda a la aquí recurrente (demandada en aquel proceso). La Corporación entiende que la revisionista logró acreditar que el emplazamiento efectuado en el proceso de Regulación de Honorarios, fue realizado en dos domicilio incorrectos; por lo que hace lugar al recurso de revisión interpuesto, anulando la sentencia de primera instancia objeto del mismo.
Recurso de revision · Derecho procesal

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