INTERLOCUTORIA 810/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 703/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 647/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

Por sentencia definitiva de primera instancia se acogió parcial mente la demanda y se condeno a la parte demandada a pagarle a la actora, la suma de $ 1.000 y $ 190.000 por concepto de daño emergente, la suma de $ 1.254.755 por lucro cesante, con reajustes hasta el efectivo pago e intereses desde la presentación de la demanda. Por sentencia definitiva de segunda instancia se falló: “ Confírmase parcialmente la recurrida salvo en cuanto amparó la condena por $ 1.000 por concepto del pago del Costo del Pliego licitatorio la cual se revoca y en cuanto fijó la suma de $ 190.000 por concepto de daño emergente (Honorarios profesionales generados en la instancia previa a la instancia anulatoria) la que se deja sin efecto y se aumenta a $ 276.384 en los mismos términos de la sentencia del primer grado que no fueron objeto de agravio. Manteniéndosela en lo demás todo ello sin especial condena en la instancia (...)”. La parte demandada interpuso recurso de casación expresando como agravios: la violación a lo dispuesto en el artículo 219 del CGP. En efecto, el artículo 688 del Código Civil dispone que será el juez del asunto el que imponga la condena en costas y costos. Por otra parte, alegó que la Sala valoró en forma absurda la prueba diligenciada en la causa y finalmente, se agravió por entender que no existe nexo causal acreditado respecto al lucro cesante reclamado. Se confirió el traslado a la parte actora, quien lo evacuó abogando por el rechazo del recurso deducido; y el Tribunal dispuso amparar parcialmente el recurso y anular la sentencia en cuanto condenó a la accionada a abonar a la parte actora el daño emergente por honorarios generados en la vía administrativa, desestimándose el rubro. Existió discordia parcial por parte de la Sra. Ministra BERNADETTE MINVIELLE: Por cuanto desestimo el agravio de la parte demandada respecto de la condena al pago de honorarios profesionales. Es criterio de esta Corporación que tanto los honorarios devengados en vía administrativa como en vía jurisdiccional ante el TCA constituyen un perjuicio indemnizable. La deuda por honorarios existe y constituye un perjuicio para la empresa; en consecuencia, su reparación procede aun cuando no se haya pagado.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 643/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

L a Corporación entiende que corresponde acoger el recurso interpuesto, por cuanto el emplazamiento realizado en el proceso de prescripción adquisitiva no fue realizado acorde a derecho. P or lo tanto ampara el recurso de revisión interpuesto, anulando la sentencia definitiva Nº 6/2019, con costas y costos a cargo de la parte perdidosa (art. 292 del CGP).

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 646/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Corporación, por mayoría legal, acoge el recurso de casación interpuesto por la Defensa y, en su mérito, dispone la absolución del encausado. Asimismo, desestima el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía. En autos, el día 9 de agosto de 2020, un motociclista perdió la vida a consecuencia de un siniestro de tránsito. Los imputados cumplían tareas como policías en la Brigada de Tránsito de la Jefatura de Policía departamental. Los funcionarios policiales en sus motos le ordenaron a un motociclista que detuviera su marcha, y éste decidió acelerar, ya que se asustó en la forma en que fue abordado y según relato de testigos presenciales, frente a agresiones recibidas, aceleró la marcha, hasta que se produce el siniestro. En primera instancia se lo absolvió al recurrente, en segunda instancia el Tribunal revocó la absolución y concluyó que el encausado debía responder como autor penalmente responsable de un delito de homicidio culpable. La Defensa del encausado que presenta el recurso en esta instancia consideró que la Sala violentó los principios rectores del proceso penal contradictorio, acusatorio y de congruencia, con lo cual perjudicó irremediablemente el derecho de defensa. A juicio de la Corte no ocurrió la vulneración al derecho de Defensa ni al principio de congruencia, por cuanto los hechos que se tuvieron por acreditados fueron los propios que se describieron en la acusación. La Sala no podía variar los hechos pero no cabe duda que sí podía subsumir el material fáctico y realizar una imputación subjetiva distinta. Frente al agravio de la Fiscalía por la absolución de los imputados por el delito de abuso innominado de funciones , por unanimidad, el agravio articulado no resulta de recibo. En el caso de autos, para la mayoría de la Corte, la orden de detención al birrodado por parte de los funcionarios policiales co-imputados fue legítima, no existió ni abuso del cargo ni arbitrariedad. En efecto, la orden impartida tuvo por finalidad que el motociclista detuviera la marcha, por cuanto circulaba con un ciclomotor con “caño tronador” en violación de normas reglamentarias de tránsito. En cuanto al régimen de valoración probatoria, a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, John PÉREZ, Doris MORALES y Bernadette MINVIELLE, el NCPP instauró un nuevo sistema procesal penal, que se remite al régimen de la casación civil; no cualquier error en la valoración puede ser invocado como error de derecho revisable en casación, sino solo aquellos errores groseros, que configuren un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta. Por su parte, el Sr. Ministro, Dr. Tabaré SOSA tiene una posición diversa, habiendo desarrollado –in extenso- los argumentos y consideraciones en diversos pronunciamientos (sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 191/2020, 187/2020 y 281/2020), a los que se remite. En lo que respecta a los recursos de la Defensa y la Fiscalía, a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, Doris MORALES y Bernadette MINVIELLE, ambos impugnantes incumplieron con la carga de alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. El Sr. Ministro Dr. PÉREZ entiende que la Defensa del imputado sí cumplió con las condiciones o requisitos de alegación y fundabilidad del recurso. Respecto del agravio relativo a la imputación del delito de homicidio y el tipo subjetivo imputado al recurrente , si se considerara la plataforma fáctica validada por el órgano de mérito, los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, John PÉREZ y Bernadette MINVIELLE, concluyen que el actuar del imputado resultó ajustado a Derecho y no merece reproche penal alguno. (D) SR. MINISTRO DR. TABARÉ SOSA DISCORDE: por cuanto entiende que corresponde desestimar ambos recursos interpuestos. Considera que la Sala acierta en señalar que un policía que inicia la persecución y profiere empujones debe imaginarse o prever el resultado dañoso para el sujeto perseguido, concluye que es evidente que lo ocurrido no encuadra dentro del dolo eventual, pero sí en la culpa con previsión. En efecto, hubo persecución, se trató de interceptar a la moto, desplazándose a la par de la misma y a alta velocidad. Existió desproporción entre una infracción administrativa y no obedecer a la orden de detenerse, y la desmedida persecución. En autos, no se cumplió con la legalmente necesaria forma racional, progresiva y proporcional que exige la Ley Nº 18.315 (artículo 3 literal D) ni con el Código de conducta para los funcionarios encargados de cumplir la ley de ONU que también menciona tales principios (artículo 3). (D) SRA. MINISTRA DRA. DORIS MORALES DISCORDE PARCIAL : Por cuanto entiende que corresponde desestimar el recurso de casación de la Defensa. Entiende que los agravios que apuntan a cuestionar la valoración de la prueba practicada por el Tribunal de Apelaciones no pueden prosperar.La actuación del encausado, en lugar de abstenerse de causar un daño posible y previsiblemente mayor como indica la Ley Nº 18.315 de procedimiento policial, incrementó el riesgo con agresiones durante la persecución. Considera que quedó acreditada la premisa fáctica del Tribunal, que el hostigamiento del acusado a la víctima contribuyó al aumento del riesgo y en consecuencia al resultado fatal. En ningún sentido puede tildarse de absurda ni arbitraria tal conclusión probatoria

DEFINITIVA 721/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

El caso de autos, tramita la pretensión de un grupo de vecinos que reclaman los daños y perjuicios ocasionados por las inundaciones de aguas servidas provenientes de la red cloacal en sus viviendas, contra la Intendencia de Montevideo. En primera instancia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, hizo lugar parcialmente la demanda. En segunda instancia por sentencia definitiva Nº 180/2023, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose por la desestimatoria del daño patrimonial, y agraviándose sobre el daño extrapatrimonial: errónea valoración de la prueba y certeza del daño futuro. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

DEFINITIVA 640/2024 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2024

La Corporación integrada y por unanimidad declara inadmisible el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia interlocutoria, pues han transcurrido más de seis meses a partir del momento en que la recurrente tuvo conocimiento de los motivos fundantes del recurso de revisión .

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 641/2024 · Suprema Corte de Justicia · 12 de junio de 2024

Recurso de aclaracion y ampliacion

Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 751/2024 · Suprema Corte de Justicia · 6 de junio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 627/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2024Importancia alta

Surge de las presentes actuaciones que se entabló demanda de daños y perjuicios por el homicidio de un Marino ocurrido en dependencia de la Armada; por parte de su madre (y esta en representación de su menor hijo, hermano del fallecido), los abuelos maternos, el concubino de la madre (padre de crianza), y la concubina del difunto en representación de su menor hijo. En primera instancia, el sentenciante desestimó el rubro de lucro cesante fundado en el incumplimiento de la teoría de la sustanciación por parte de los accionantes; y en cambio acogió parcialmente el reclamo por concepto de daño moral fijando distintas montos a pagar por la demandada a los accionantes. En segunda instancia, por sentencia definitiva, el Tribunal de Apelaciones confirmó la recurrida. La parte demandada (Ministerio de Defensa) interpuso recurso de casación, el cual fue desestimado por la SCJ, quien además estableció la condena en costas a cargo de la demandada y y los costos por su orden.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 727/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2024Importancia alta

Las actuaciones se originaron en virtud de la demanda entablada por la parte actora contra el MINISTERIO DEL INTERIOR – Jefatura de Policía de Salto, por daños y perjuicios por un accidente de tránsito en ejercicio de sus funciones. La demanda fue presentada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno, lo que no fue objetado por la demandada al contestar la misma, y ante dicha Sede se celebró la audiencia preliminar y la complementaria, las partes alegaron por su orden y se se procedió al dictado de la sentencia definitiva, la que desestimó la demanda en todos sus términos. Contra dicha sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación, el que fue evacuado por la demandada. Se franqueó el recurso para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y resultó asignado en forma aleatoria el de 5º Turno, quien recibió los autos , no asumió competencia y remitió el expediente a conocimiento del Tribunal de Apelaciones del Trabajo que correspondiera, fundando su posición en que “cualquiera sea la normativa sustancial invocada o implicada en una cuestión (laboral, civil, contencioso-administrativa, etcétera), en tanto la misma refiera a lo que pueda ser catalogado como accidente de trabajo, el asunto convoca el conocimiento de la Justicia laboral especializada en el tema”. Recibido el expediente por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, éste no asumió competencia para conocer en el asunto, y planteó la presente contienda negativa de competencia, fundamentando el motivo de su rechazo en que en el presente “... ninguna de las partes y en particular la parte accionante edificó su reclamo a partir de considerar las disposiciones de la ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo. Las actuaciones fueron recibidas por la Suprema Corte de Justicia, quien declararó competente a los efectos de continuar conociendo en esta causa, al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, fundandose en el art. 133.2 del CGP, “la incompetencia, excepto la que afecte la materia penal, solamente podrá ser relevada antes o durante la audiencia preliminar. Celebrada ésta, precluye la posibilidad de plantearla y el órgano jurisdiccional de primera instancia continuará entendiendo en el asunto hasta su finalización, sin que ello cause nulidad”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 624/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2024Importancia alta

La Corporación ampara el recurso de casación interpuesto, anulando la recurrida y en su mérito absolviendo al encausado del delito imputado. Los hechos ocurrieron en el marco de la pandemia de Covid-19 . En agosto de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la reapertura de los Casinos, que habían sido cerrados ante la llegada de la pandemia al país. Allí es cuando el personal concurrió a trabajar, y el representante de la empresa privada contratante que aportaba el local, marketing y los servicios de bar, seguridad y limpieza al Casino, les transmitió a los funcionarios que no podían ingresar, porque el personal de seguridad de dicha empresa, que tenía las llaves, no les iba a abrir. Esto ocurrió durante varios días. Las autoridades del Casino labraron actas de comprobación de lo que estaba ocurriendo. El Casino se mantuvo cerrado al público y recién volvió a funcionar en noviembre de 2021, operado íntegramente por el Estado, a partir de la firma de un contrato con los propietarios del inmueble. Se esgrime como defensa que se vulneró el principio de congruencia y el de “tantum devollutum quantum appellatum”. El Tribunal se extralimitó y falló “ultra petita”. En ese sentido, el TAP concluyó que los reiterados actos concretos, de impedir el ingreso de los funcionarios de la Dirección General de Casinos al local, para desempeñar sus tareas, se inscribe en el concepto de violencia en las personas reclamando en el tipo penal que se adscribió en la acusación. Y, tal extremo, no fue objeto de agravio por parte de la Fiscalía actuante. A juicio de la Corte, no se vulnera el principio de congruencia cuando, sin cambiarlos, se recalifican los hechos. Concluye la Corte que el Tribunal ejercitó en forma correcta su poder-deber de recalificar los hechos, aun cuando no coincida con el posicionamiento del Ministerio Público. El “ Ad-Quem ” no cambió los hechos, no mutó la figura delictiva atribuida por la Fiscalía, tampoco modificó la pena; de modo que no existió transgresión del principio de congruencia que habilite anular el fallo de segunda instancia. Asimismo, el recurrente manifestó que existió una arbitraria valoración de la prueba sobre la existencia de la violencia en las cosas exigida por el tipo penal. La Corte, no comparte la conclusión del Tribunal en mayoría respecto a la configuración del medio típico violencia en las personas, en concreto, la violencia moral. En cuanto a la violencia moral, debe decirse que ninguno de los testigos que declararon en autos afirmaron sentirse intimidados o amenazados por el personal de seguridad que les informó la negativa a ingresar al local. Los funcionarios expresan que ni siquiera vieron a los trabajadores de seguridad en la puerta, sino que no se les abrió cuando tocaron timbre. En definitiva, la conclusión de la Sala en mayoría relativa a la existencia de violencia en las personas de carácter moral, resulta evidentemente arbitraria por estar en frontal oposición a toda la prueba rendida, por lo expuesto, corresponde acoger el agravio en cuestión. Sobre la violencia en las cosas, si bien la impugnada también concluyó en la configuración de este medio típico, lo cierto es que el principal argumento de la Sala fincó en la violencia en las personas, a la que dedicó la mayor parte de los argumentos. El análisis del caso debe partir del bien jurídico tutelado por el delito de justicia por la propia mano, que pacíficamente es entendido como el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Entiende la Corporación que no se verificó un cambio de destino por el hecho que la puerta permanezca cerrada, por lo tanto, le asiste razón a la recurrente en cuanto a que no se configuró la violencia en las cosas y, en definitiva, los hechos no se subsumen en el delito de justicia por la propia mano.

DEFINITIVA 626/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2024Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de dos delitos de Rapiña especialmente agravado, una en grado de tentativa, y un delito de Hurto especialmente agravado, en régimen de reiteración real, a cumplir la pena de seis años y seis meses de penitenciaría, con descuento de la medida cautelar sufrida. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación, manifestando que el mismo es inimputable, por padecer una enfermedad mental. Agrega como hecho nuevo un brote de esa enfermedad con posterioridad a la sentencia. Solicita se dicte sentencia sustitutiva, declarando a su defendido inimputable. La Corporación rechaza el hecho nuevo invocado, atento a que no es admisible en casación. Asimismo sostiene que no es un hecho nuevo en si, puesto que los delitos fueron cometidos dos años antes de la fecha que consta en el certificado médico. En cuanto a la valoración de la prueba, sostienen los Señores Ministros que “... la Defensa fracasa en su esfuerzo impugnativo, puesto que, más allá de los términos utilizados, atribuyendo al Tribunal un supuesto de absurdo o arbitrariedad en la valoración de la prueba, lo cierto es que se consagra como agravio una mera disconformidad con la ponderación efectuada en segunda instancia.” Por lo tanto desestima el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 636/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 625/2024 · Suprema Corte de Justicia · 5 de junio de 2024Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. De los autos surge que dos menores fueron sometidos a violencia física y piscológica por parte del acusado, quien mantenía una relación de afectividad y convivencia con su madre. Asimismo uno de los menores, la niña, fue víctima de un acto de naturaleza sexual por parte del acusado cuando cursaba primer año escolar. Después fue víctima de amenazas por parte del imputado. Todo ello ha provocado que la niña no controle esfínteres. La Corte subraya que en el escrito de casación se cuestiona lo resuelto en la sentencia de primer grado, siendo que los reproches a lo resuelto en primera instancia deben efectuarse al interponer el recurso de apelación, ya que el objeto del recurso de casación debe versar sobre los supuestos yerros que se le atribuyen al Tribunal y no a lo decidido por el “ A Quo”. Por ello, descarta el sector del recurso que cuestiona la sentencia de primer grado. También debe descartarse de plano la solicitud de que la Corte admita el ingreso del medio probatorio en este grado y suspenda la tramitación del recurso, no sólo por cuanto vulneraría la solución pasada en autoridad de cosa juzgada que emana de la sentencia interlocutoria de autos, sino también porque este Cuerpo tiene jurisprudencia consolidada sobre la inadmisibilidad de incorporación de medios probatorios en etapa de casación. Respecto del agravio que refiere a la errónea valoración de la prueba por parte del Tribunal actuante, sobre el punto, existen dos posiciones en la Corporación: A) la posición de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y Morales sobre la valoración del material probatorio en materia de casación penal a la luz del NCPP, quienes estiman que la causal de errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a las hipótesis en las que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, como en el caso, cuando corresponda aplicar el sistema de la sana crítica y se incurre en absurdo evidente por lo grosero e infundado de la valoración realizada. Por tanto, a juicio de la mayoría, en el caso concreto, la Defensa no alegó un error en la valoración de la prueba que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en grado manifiesto, por tanto, resulta inadmisible. B) La posición del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa, sobre la valoración del material probatorio en materia de casación penal, para quien el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en el proceso de casación. En el caso concreto, el razonamiento probatorio realizado por la Sala no merece reproche alguno.

INTERLOCUTORIA 731/2024 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2024

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 709/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho civil

DEFINITIVA 575/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

Se desestima el rcurso de casción interpuesto. La Corporación concluye que el agravio no puede prosperar, en la medida en que, pese a que la Defensa expresó que existió una valoración “absurda” de la prueba, la totalidad del contenido de su agravio es copia íntegra –sin adecuación alguna- del recurso de apelación, lo que, tal como ha dicho este Colegiado en anteriores oportunidades, es totalmente inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico. La Defensa se limitó a variar las referencias hechas al a quo por las del ad quem y, tan solo en ciertas ocasiones, varió algún conector o tiempo verbal utilizado, pero, lo cierto, es que se trata de la transcripción total de las críticas dirigidas a la sentencia dictada en primera instancia y no a la dictada por el Tribunal. Como ya ha señalado este Cuerpo ante casos similares, tal proceder es notoriamente equivocado, desde que la casación, no solo debe ser autosuficiente, sino que, en ella, deben ponerse de manifiesto los errores de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, lo que evidentemente no se logra mediante la transcripción textual de lo manifestado al apelar la sentencia de primera instancia (Cfme. sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 262/2022).

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 569/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

En primera instancia condenó al imputado como autor responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados por su condición de ascendente y ser la víctima menor de 18 años a la pena de 6 años de penitenciaría con descuento de la preventiva padecida y siendo de su cargo los gastos de alimentación, vestido y alojamiento durante el proceso y la condena (art. 105 del C. Penal). Aplícase como pena accesoria las suspensiones e inhabilitaciones dispuestas en el art. 67 del Código Penal en la redacción dada en el art. 84 de la Ley 19.580 por el plazo de diez años y condénase al pago de doce ingresos mensuales en los términos del art. 80 de la Ley 19.580. En segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia salvo en cuanto: a) dispuso el cómputo de las agravantes genéricas del abuso de las relaciones domésticas y de la cohabitación, en lo que se revoca; b) dispuso la suspensión e inhabilitación de los derechos previstos por el art. 79 de la ley 19.850, en lo que se revoca; en su lugar se dispone la pérdida e inhabilitación de los derechos previstos en el art. 83 de la ley 19.580 por el lapso de diez años; c) mandó comunicar la sentencia al registro nacional de violadores y abusadores sexuales, que se revoca. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Ad-Quem. Finalmente la Suprema Corte de Justicia en forma unánime, desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de la Corporación corresponde relevar que, de la lectura del escrito recursivo, se observa que el mismo es una copia exacta de su escrito de recurso de apelación. En consecuencia, todo el repaso de indicios y su análisis, que reitera textualmente lo ya expresado en el recurso de apelación, no será tenido en cuenta por el incumplimiento de los requisitos formales a los que remite el artículo 369 del CPP, es decir los incluidos en los artículos 270 y 273 del CGP. Por otro lado, con relación a la valoración de la prueba, señala la Corporación que sin perjuicio de las afirmaciones genéricas de la Defensa, las pericias efectuadas concomitantemente con la declaración de la víctima sirven para destruir el principio de inocencia del que goza el imputado y, en consecuencia, corresponde dictar una sentencia de condena en su contra.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 564/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

En el caso de autos los accionantes promovieron la inconstitucionalidad por vía de acción contra la Ley Nº 20.125, que derogó la Ley nº 20.096 y que dio redacción al art. 14 de la Ley Nº 19.043. Fundaron la legitimación activa por su condición de docentes y estudiantes de la UTEC, considerando tener un interés legítimo, personal y directo a ser dirigidos en la actividad docente, académica y de aprendizaje por un Consejo Directivo Autónomo respecto del Poder Ejecutivo. La demanda fue entablada contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Universidad Tecnológica. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, declaró la falta de legitimación activa de los promotores y desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida, por otra parte, en forma unánime, declaró la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. En el caso de autos, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa, John Pérez y Doris Morales, los accionantes carecen de legitimación en la causa, el interés al que hacen referencia los accionantes no reviste las notas exigidas para su consideración en este tipo de procesos. No se trata de un interés personal ni directo, los accionantes no indican haber sido integrantes del órgano de gobierno, ni ser tampoco elegibles para ello. Su planteo, es una especie de acción popular en representación de todos los docentes y estudiantes para mantener la misma estructura de gobierno previa a la promulgación de la ley. Tampoco es directo, ya que, al no ser actuales integrantes del órgano de gobierno de la UTEC, podrían llegar a tener un interés eventual o futuro, pero esa situación los excluye de tener legitimación activa en la presente causa. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez - Ministra de la Suprema Corte de Justicia - DISCORDE PARCIALMENTE: por cuanto, a mi juicio, corresponde reconocerles a los actores la titularidad de un interés directo, personal y legítimo para contender en vía de acción en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional