DEFINITIVA 1181/2023 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2023Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. Lo que está en debate es si, al momento en que los trabajadores se consideraron despedidos (17 de febrero de 2021), se había configurado un incumplimiento grave del contrato de trabajo, imputable a la empleadora, o, si por el contrario, tal incumplimiento no se verificó, constatán-dose un supuesto de abandono de trabajo, por exclusiva voluntad de PEÑA y FALIÚ. Al respecto, el Tribunal consideró acreditado el despido indirecto, solución que, en este caso, comparte la mayoría de esta Corporación, puesto que los argumentos de la parte demandada, no logran demostrar absurdo o arbitrariedad en la pondera-ción realizada por el órgano de segundo grado. Discordia de la Dra. Doris Morales , pues desde su punto de vista en el momento en que los trabajadores FALIU y PEÑA se consideraron despedidos (12 de febrero de 2021), la circunstancia que alegaron lo motivó no se encontraba operativa. Esto es, el incumplimiento en el pago de comisiones (no fue amparado, y se encuentra fuera de controversia que efectivamente no les adeudaban comisiones) y en cuanto a la continuidad de la empresa y la falta de mercadería, al momento que los trabajadores se consideraron despedidos, no se había efectivizado. En definitiva, el argumento del Tribunal relativo al peso de las comisiones en el salario de FALIU y PEÑA, no fue el incumplimiento que los trabajadores señalaron como motivo para considerarse indirectamente despedidos en su demanda, por lo que concluyo que le asiste razón a la recurrente.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 1117/2023 · Suprema Corte de Justicia · 24 de octubre de 2023Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. De la lectura de ambas sentencias se desprende que los tribunales de mérito coincidieron en que la accionante tenía derecho al cobro de horas extra, además de haber coincidido en que está probada la existencia de trabajo extraor-dinario, pues la única discrepancia radica en la cantidad de horas extra objeto de condena. Lo mismo puede decirse con relación al segundo agravio –incorrecto valor de la hora extra- pues en este punto también existen dos pronun-ciamientos coincidentes. La Sala únicamente aumentó la cantidad de horas extra realizadas por la actora (de tres horas extra semanales a tres horas extra diarias), sin variar el valor de la hora extra que fue considerado por la decisora de primer grado. De esta manera, es claro que existen “dos pronunciamientos coincidentes sin discordia” (artículo 268 inciso 2 CGP) respecto a que el reclamo por trabajo extraordinario era procedente y con relación al valor de la hora extra, lo que determina –a juicio de la mayoría antes nombrada- la inadmisibilidad del agravio planteado a su respecto en casación. En el caso y tal como ya fuera analizado, pese a que la demandada alegó que no existía control de la empresa sobre la permanencia en la tarea del mensajero justamente porque trabajaba a destajo y tenía un régimen de horario ‘flexible’, lo cierto es que a fs. 990 admitió, que la actora firmaba una planilla diaria de asistencia que avalaba que su jornada laboral no superaba las 8 horas, es decir, que claramente se reconoce que en esa planilla se registraba también el horario de entrada y salida de la trabajadora. Al demandar la trabajadora intimó la agregación de dicho registro y pese a reconocer su existencia, el mismo no fue incorporado por la empleadora como hubiera correspondido. dejando de lado los planteos que tienen doble confirmatoria y centrándonos en aquellos que refieren a la errónea valoración de la prueba por aumento de la cantidad de horas extra realizadas (de tres horas semanales a tres diarias) el recurso sucumbe por completo dado que a los meros efectos de señalar que existió error en su aumento expresó que “El tribunal solamente toma en consideración lo declarado por alguno de los testigos, no considerando los testimonios en su conjunto. Por citar un ejemplo, la testigo Débora Riquelme declara: (...) de dicho testimonio, el cual parece no haberse tenido en consideración por el Tribunal de alzada, refleja con claridad que bajo ninguna circunstancia puede determinarse que la actividad en cuestión insume un tiempo de 3 horas diarias” (fs. 1374). Ahora bien, el mero contraste del razonamiento de la Sala con la magra argumentación del recurso de casación determina que el agravio ni siquiera se haya ensayado en debida forma. Véase que con un mero fragmento de una declaración –que si bien invoca el cúmulo lo menos que hace es analizarlo- pretende derribar la sólida sentencia de la Sala. Asimismo, el argumento es parco, inconsistente, pues olvida por completo que la Sala no se basó únicamente en la prueba testimonial para concluir el aumento de la cantidad de horas. El recurrente no cumplió en casación con: a) atacar el razonamiento de la Sala con relación a la carga de la prueba; b) no se refirió a toda la prueba obrante en la causa; c) en especial ni siquiera se percató que el Tribunal haya concluido que el audio ni siquiera fue correctamente ingresado al proceso; d) si bien la Sala se valió de testigos que pueden resultar sospechosos brindó los fundamentos por los cuales entendió que su relato debía ser tenido en cuenta. En otras palabras, el recurrente no dedicó una línea a analizar el tema de la necesariedad del testimonio, coherencia y solidez de los relatos y; e) sobre el reproche a la no agregación de las planillas ni mención se hizo.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 1115/2023 · Suprema Corte de Justicia · 24 de octubre de 2023Importancia alta

El caso de autos se originó a raíz de la demanda presentada por la parte actora en la cual se plantearon tres pretensiones acumuladas: a) el cumplimiento de la obligación de reparar asumida en acuerdo homologado con fecha 1/2/2006; b) el reintegro de costos; y c) la indemnización de daños y perjuicios contra una Copropiedad de Edificio, la que según expresó: “será notificada en la persona de su administrador”. Por otra parte compareció el administrador del edificio oponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva y defecto en el modo de presentar la demanda en cuanto a la notificación, así como también contestando la demanda, y promoviendo la citación en garantía. Los citados en garantía contestaron la demanda, y opusieron la excepción de falta de legitimación activa del citante para promover la impetrada citación. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 6to. Turno, desestimó la demanda en todos sus términos. Asimismo hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co demandada Copropiedad y desestimó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los citados en garantía. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar, desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva. La parte demandada interpuso recurso de casación, en lo medular expresó que no comparte el alcance que el Tribunal le da al artículo 19 literal e) de la Ley Nº 10.751, la disposición, no avala que el Administrador pueda representar al Consorcio en su totalidad, pues para actuar en juicio debe ser una persona física o jurídica. Finalmente la Suprema Corte de Justicia declaró la falta de legitimación activa de la parte actora, en cuanto a la pretensión de cumplimiento de la obligación de hacer y respecto al reclamo por concepto de daño emergente. En cuanto al lucro cesante, amparó el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y en su merito anulase la sentencia de segunda instancia, manteniendo firme la decisión de primera instancia. Falta de legitimación Activa: A juicio de la Corporación integrada, en cuanto a la pretensión de cumplimiento de la obligación de hacer (reparación de bienes comunes), la parte actora, actualmente, carece de legitimación para reclamar, puesto que, como releva el TAC, los actores enajenaron los inmuebles a un tercero. En cuanto a la pretensión indemnizatoria (daño emergente), al igual que en el supuesto anterior, los actores carecen, actualmente, de legitimación para reclamar el metálico equivalente al costo que demandará la reparación de los inmuebles enajenados con posterioridad. Falta de legitimación Pasiva: La Copropiedad carece de personería jurídica, ya que, para serlo, en nuestro Derecho, según el inc. 2 del art. 21 Código Civil no alcanza con ser un centro de imputación de normas jurídicas, sino que debe haber reconocimiento de la autoridad pública. Ello implica que en autos fue emplazada en calidad de demandada una persona jurídica inexistente; los copropietarios como tales no fueron debidamente emplazados ni fueron hábilmente representados por el Administrador porque ello excede las facultades normales o propias de su función natural. Por lo tanto, se configura una falta de legitimación procesal del Administrador para actuar en nombre de los condóminos.

DEFINITIVA 1116/2023 · Suprema Corte de Justicia · 24 de octubre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo hizo lugar a las observaciones al inventario realizadas por la actora. Excluyendo la suma de 1600 UR adeudadas y 272,43 UR adeudadas al demandado; las utilidades y/o dividentos generados en las sociedades estimadas en US$ 30.000 y otros bienes gananciales. El Tribunal ad-quem confirmó parcialmente la sentencia definitiva de primera instancia, revocándola en cuanto impone la condena en costas y costos del grado al demandado, la que deja sin efecto, y la exclusión del inventario los bienes que no fueron debidamente individualizados. Contra la misma la parte actora interpuso recurso de casación expresando como agravios: la existencia de vicios de congruencia, una errónea valoración de la prueba, y que no se valoró la conducta procesal del demandado. La Corporación, por mayoría, entienden que el agravio relativo a la valoración de la prueba es de recibo. Surge de autos que el Tribunal vulneró en forma grave las reglas legales que rigen la valoración de la prueba, en especial, desconoció la conducta endoprocesal del demandado, que en este caso se instituye como un indicio en su contra, y transgredió las reglas que distribuyen la carga de la prueba. A su juicio, la actitud procesal del demandado en etapa de producción probatoria opera como una confirmación de las alegaciones de la actora. Asimismo afirman que tratándose de dinero líquido, no es condición para su admisión en el inventario, individualizar concretamente en qué cuenta o Institución Financiera se encuentra depositado, basta con fijar una suma. También considera la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que corresponde mantener la condena en costas y costos para el demandado. Es así que la Corporación, en mayoría, ampara parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora, anulando la sentencia impugnada en cuanto tuvo por no incorporada la totalidad de la suma mencionada en el inventario y en cuanto revocó la condena en costas y costos impuesta al demandado; manteniendo firme en su lugar, el fallo de primera instancia. El Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa plantea discordia en cuanto entiende que corresponde desestimar el recurso de casación dispuesto. Considera que la recurrente no cumplió con el detalle pormenorizado del inventario sino que, por el contrario, pretendió mediante una alegación genérica incluir bienes cuya existencia desconocía.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 1114/2023 · Suprema Corte de Justicia · 24 de octubre de 2023Importancia alta

En autos comparece CIMALDER SRL solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley nro. 20.078 y su Decreto reglamentario nro. 432/022. La Corporación, desestima la acción de inconstitucionalidad incoada, atento a la falta de legitimación activa de la promotora. Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 y 260 de la Constitución y en el artículo 508 del CGP, las disposiciones de un decreto del Poder Ejecutivo no pueden ser impugnadas por esta vía, resultando por tanto el decreto de referencia excluído del control de la Corporación. Asimismo se señala la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. A juicio de las Sras Ministras Dras. Minvielle y Morales, corresponde pronunciarse respecto a la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. Ambas Ministras consideran que corresponde declarar la falta de legitimaciòn pasiva del Poder Legislativo, remitiéndose a los fundamentos expuestos por la Suprema Corte de Justicia, entre otras, en sentencia nro. 529/2021

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1099/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023Importancia alta

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 37º Turno, absolvió al imputado de la autoría de un delito de violación en reiteración real con un delito de atentado violento al pudor, disponiendo la libertad del mismo. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar, condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de violación, a la pena de cuatro años de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa del condenado, así como la adhesión a la casación interpuesta por la Defensa de la víctima. En relación al agravio del recurso interpuesto por la defensa del condenado, por error en la valoración de la prueba, a juicio de la mayoría de la Corte, la parte recurrente no planteó el agravio de conformidad con la normativa que rige en la materia. Si lo que se pretendió fue denunciar un error en la valoración de la prueba que correspondía corregir en casación, la Defensa debió efectuar un esfuerzo mayor a la hora de analizar todos los diversos medios de prueba que integran el cúmulo y, demostrar cómo, el análisis de cada uno de ellos, tanto en forma singular como en su conjunto, permite concluir que las consideraciones de la Sala son equivocadas, y no lo hizo. Por último, con relación al recurso de casación interpuesto por la defensa de la victima a fin de que la Corte revise la omisión de la Sala, por no condenar a la reparación patrimonial prevista en el artículo 80 de la Ley Nº 19.580, resalta la corporación que dicha norma no estaba prevista en el año 2016, fecha en que ocurrieron los hechos de autos.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1440/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1092/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023Importancia alta

En el marco de un recurso de revisión, en el cual los recurrentes invocaron en su defensa el supuesto contenido en el numeral 4º del art. 283 del CGP, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso interpuesto, con costas y costos a cargo del recurrente. Seña la Corte que la causal alegada por los recurrentes requiere la constatación de dos fallos contradictorios y dictados en dos procesos independientes, cuestión que no se verifica en autos, puesto que los pretendidos fallos opuestos, si bien se dictaron en etapas distintas (juicio principal e incidente de liquidación), recayeron en un mismo proceso. Efectivamente, se trata de dos etapas que gravitan a la hora de la formación progresiva de una única sentencia de condena, que es lo que en definitiva se va luego a ejecutar. En sentencia Nº 712/2003, ha dicho la Corte: ‘(...) la causal de revisión contemplada por el art. 283 numeral 4 del C.G.P. supone la existencia de dos sentencias firmes y contradictorias, dictadas en distintos procesos y no en el mismo juicio, como sucede en el caso concreto.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 1098/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023Importancia alta

DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA, CON COSTAS DE PRECEPTO (ART. 523 DEL CGP), COSTOS POR SU ORDEN. En opinión de los Sres. Ministros Dres. Sosa y la redactora, más allá de que se rotulen “hechos nuevos”, lo que el recurrente menciona son nuevas situaciones que refieren a la misma causa primigenia de la supuesta persecución en su contra. Lo que se pretende bajo el rótulo de “nuevos hechos persecutorios” es eludir los fallos que se dictaron, los cuales, tal como se señaló, fueron analizados en primera y segunda instancia además de la inadmisibilidad del recurso de casación. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Sosa, Pérez y la redactora el argumento central del excepcionante se basa en que la aplicación del artículo 41 de la Ley Nº 18.076 implica que no exista un debido proceso en virtud de que restringe su derecho de proponer pruebas. Entonces, a los efectos de resolver la cuestión, cabe señalar que sin necesidad de emitir opinión sobre si procede o no la promoción de proceso de inconstitucionalidad en virtud de cierta interpretación que se efectúe de la norma, lo real y concreto es que el recurrente plantea que, para determinados intérpretes o aplicadores de la norma, ésta no permite el derecho a probar y tal extremo determina la inconstitucionalidad de la misma. Sin embargo, cualquiera sea la interpretación que se haga, en ningún caso se veda al excepcionante de poder producir prueba. La materia sobre la cual discuten ambas posturas es el momento oportuno para poder producir prueba, pero nadie cuestiona que ésta se pueda producir y en su caso, resistir un fallo en su contra, como se adelantara. A la luz de las considera-ciones precedentes la mayoría de la Corporación concluye, tal como se adelantara, que de manera alguna –por más que se quiera hacer ver algo distinto- se está coartando derecho alguno del requerido Sr. AA, simplemente existen dos interpretaciones sobre la cuestión relativa a cuándo se debe producir prueba. Pero el momento de su producción no implica en lo más mínimo su denegatoria o que vaya a ser extraditado sin que se cumpla con las garantías del debido proceso en lo relativo a la entrega del requerido.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1109/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL EN EL GRADO. Tanto en primera instancia como el Tribuanl de segunda instancia se concluye que existe una relación de naturaleza laboral entre los actores (caddies) y el Cantegril Country Club. A pesar de existir doble confirmatoria se admite la casación debido a que uno d elso codemandados es un gobierno departamental.( art. 268 CGP). En lo atinente a la cosa juzgada, este cuerpo entiende que la misma debe ser desestimada, dado que la sentencia recaída en el marco de un proceso anulatorio de una cto administrativo definitivo tramitante ante el TCA no contó con la intervención de los aquí actores, como partes ni como terceros, en dicho proceso. Tal como concluyó la Sala, luego de valorada la prueba, la parte actora logró acreditar los siguientes indicadores que dan cuenta de la existencia de la relación laboral: “a) para trabajar como caddies en sus instalaciones es el Club el que determina las exigencias o requisitos según indicaron los testigos, tales como carné de salud, buena conducta, etc.; b) previo a su ingreso, el Club se encarga de capacitar y dar cursos a los futuros caddies sobre las reglas del deporte del golf; c) dicha capacitación está a cargo de Club y es impartida por sus funcionarios, entre ellos el caddie master; d) el Club proporcionó un lugar de espera de los caddies, se ocupó de acondicionarlo, lo mantiene a su costo y es el que tiene la potestad de abrirlo y cerrarlo y por tanto, de permitir el acceso a dicho lugar, no teniendo libertad los caddies para ingresar o salir, si no les abre o permite el acceso un funcionario del Club; e) las tareas son prestadas por los accionantes en las instalaciones del Club demandado y su actividad es organizada por empleados del Club (caddie master) de quienes dependen, a través del sistema denominado ‘chapero’; es decir, que el Club lejos de permanecer ajeno a la actividad que cumplen los caddies, distribuye y organiza el trabajo; f) el caddie master dependiente del C.C.C es el funcionario encargado del chapero y quien lo maneja y por tanto, el que asigna los caddies a los clientes o socios del Club; g) dicho sistema funciona como un mecanismo para marcar el inicio de la jornada por parte de los caddies, existiendo un horario para el chapero; h) quedó probado además, que no existe libertad ni discrecionalidad absoluta por parte de los caddies en relación a la asistencia y horarios a cumplir, en vistas de que eran sancionados por faltar varios días consecutivos; i) los caddies reciben una remuneración o precio por su trabajo en la que existe participación del Club estableciendo las tarifas que deben abonar los socios o jugadores a los caddies; j) existe ajenidad en los riesgos; k) el Club sus dirigentes y funcionarios tienen la posibilidad y de hecho han ejercido potestades disciplinarias respecto de los caddies, sancionando a los mismos ante múltiples situaciones que ya fueron descriptas; l) quedó probado asimismo, que los caddies estaban sometidos a órdenes y directivas por parte del Club, el que además establecía normas de higiene personal y de conducta; ll) durante varios años usaron indumentaria o vestimenta con distintivos o logos del Club; m) estaban situados en la organización interna del Club por debajo del caddie master, quien fungía como su jefe directo; todo lo que demuestra de manera indisputable que los caddies estaban sometidos a jerarquía, que su trabajo no se realizaba en forma aislada, sino en forma coordinada con otros caddies (a cargo del caddie master) que era su superior, lo que revela a su vez, que formaban parte y estaban insertos en la organización interna del Club demandado como un eslabón más dentro de un andamiaje empresarial ajeno” (fs. 3924 y 3925). Se advierte entonces del encuadre que antecede, que algunos indicadores ni siquiera fueron cuestionados por la recurrente, y otros, más allá de los reproches formulados, no pudieron demostrar la existencia de un error en la valoración de la prueba que merezca su corrección en casación.

INTERLOCUTORIA 1436/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1441/2023 · Suprema Corte de Justicia · 19 de octubre de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad

DEFINITIVA 1082/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

El Sr. Juez a quo condenó al recurrente como autor penalmente responsable de un delito de conjunción del interés público con el privado especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa especialmente agravada en calidad de cómplice a la pena de dos años de penitenciaría, inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y una multa de 500 U.R. El Tribunal ad-quem confirma la sentencia de primera instancia salvo en la calificación delictual, en su lugar condena al recurrente como cómplice de un delito de estada especialmente agravado, se revoca en cuanto se computó la agravante especial prevista en el artículo 161 inciso segundo del Código Penal; se revoca la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y la multa; y se reduce el monto de la pena en quince meses de prisión. Se le suspende condicionalmente la ejecución de la pena. El imputado interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, agraviándose en cuanto considera que hay una carencia de motivación o motivación insuficiente en la misma; errónea valoración de la prueba La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. El primer agravio es de rechazo. El recurso de casación es una copia textual del de apelación. Asimismo entiende que el razonamiento de la Sala no está total o parcialmente privado de razones fácticas ni normativas. Formuló con precisión y detalle los hechos que estimó probados y realizó la calificación jurídica mediante una correcta subsunción legal. Los demás agravios esgrimidos tampoco son de recibo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1085/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

En primera instancia se condena al imputado por delito de atentado violento al pudor, con las accesorias, a la pena de 3 años de penitenciaría, además de la pérdida de patria potestad de una de sus hijas. El Tribunal confirma dicho fallo. La Defensa del imputado se agravia en tanto no fue tomado en cuenta su alegato de bien probado, viéndose limitada su defensa, además de agraviarse por la pérdida de la patria potestad como pena accesoria. La Corporción desestimará la recurrencia. En lo que refiere a la pérdida de la patria potestad, la misma no es una pena accesoria, sino que es opera ipso iure. La Sala cometió error al pronunciar dicha pena como accesoria. En lo referente a los alegatos antes mencionados, los mismos fueron presentados, se hizo lugar a la apertura de juicio y todas las instancia que dice no haber podido ejercer. En lo procesal, el recurrente omitió identificar cuáles son las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas por el Tribunal, como lo expresa el artículo 272 del Código del Proceso Penal 1980. A su vez, si lo que quiso era decir que se realizó una incorrecta valoración probatoria, como se menciona en los mentados alegatos, tampoco puede prosperar. El escrito presentado es una copia íntegra de los alegatos, ya que ni siquiera menciona lo ventilado en segunda instancia. No puede prosperar la recurrencia.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1397/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

Se ventila en autos una cuestión de contienda de competencia en donde contienden dos Juzgados con turnos en materia de familia y uno en materia civil. El asunto refiere respecto a la presentación ante la sede en materia civil de una acción de simulación relativa subjetiva por interposición de personas y, en subsidio, intestación a nombre ajeno con afectación directa de las porciones legítimas correspondientes a los herederos forzosos. Al referirse a una vinculación directa con la materia familia, es que se remitieron las actuaciones a sede familia de 1º turno, quien a su vez, por cuestión de turno, lo remitió a 3 er turno, planteando así la contienda negativa. La Corporación, por unanimidad habrá de declarar competente para entender en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de Tercer Turno (materia familia). Vemos la aplicación de la disposición prevista en el artículo 69 de la ley Nº 15.750, la que dispone que los Juzgados Letrados de Familia entenderán, en primera instancia, en aquellos asuntos atinentes a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la familia, fundada en su calidad de tales. Si bien la pretensión principal es la simulación, el origen se encuentra en el vínculo familiar.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 1081/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

El Juzgado a quo condenó al recurrente como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de veintitrés años de penitenciaría, más las accesorias de rigor. El Tribunal ad quem confirma la sentencia de primera instancia en su totalidad. Contra esta, el encausado interpone recurso de casación, expresando que se agravia en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Apelaciones, la que considera errónea y vulneratoria del principio de inocencia. También le agravia que no se le haya computado la atenuante de “imputabilidad disminuida”, de acuerdo a la pericia psiquiátrica efectuada; y en la calificación y monto de la pena. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. A juicio de la mayoría, la parte recurrente no planteó el agravio de conformidad con la normativa vigente. En cuanto al segundo agravio, el Tribunal entendió que el imputado actuó con plena conciencia y voluntad en sus actos, lo que es compartido por la Corporación. El tercer agravio incumple con la carga de la debida alegación, por lo que es rechazado.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1084/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

En el caso de autos los actores reclamaron la indemnización de los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito en el cual falleció el hijo, esposo, padre, hermano y nieto, de los diferentes actores. Reclamaron la indemnización del daño emergente, daño moral y lucro cesante. Demandaron a la empresa propietaria del rodado involucrado (y empleadora de su conductor), al conductor del vehículo, y a la vendedora originaria de las mercancías transportadas en el vehículo en cuestión. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, condenó solidariamente a la empresa propietaria del rodado involucrado y al conductor del vehículo al pago de $ 29.230 (pesos uruguayos veintinueve mil doscientos treinta) con reajuste e intereses, y al de U$S 215.000 (U$S 60.000 + U$S 50.000 + U$S 40.000 + U$S 35.000 + U$S 30.000), con intereses computables, así como al pago del lucro cesante reclamado. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia: a) en cuanto a la incidencia causal, estableciendo un 90 % para los codemandados y un 10 % a la víctima; b) en cuanto al lucro cesante futuro, que se liquidará de acuerdo a las indicaciones establecidas en el Considerando VI, y c) en cuanto no descontó el SOA; procediéndose de acuerdo a lo indicado en el Considerando VII) y los montos del daño moral fijándolos en U$S 145.000 (U$S 40.000 + U$S 30.000 + U$S 30.000 + U$S 20.000 + U$S 25.000). La empresa propietaria del rodado involucrado interpuso recurso de casación agraviándose por falta de motivación de la sentencia; por el monto del daño moral por incurrir en absurdo evidente; por absurdo evidente en la valoración del no uso del casco y su incidencia; y por vicio de incongruencia. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. En cuanto al agravio en la falta de motivación de la sentencia, la recurrencia no resulta admisible, conforme a la interpretación que, la mayoría de la Corte realiza del art. 268 inc. 2 del CGP. Sin perjuicio de lo anterior los Sres. Ministros Dres. Doris MORALES y John PÉREZ entienden que no se cumplió con explicitar los motivos por los cuales la recurrente entiende que existe nulidad de la sentencia, ni tampoco expresó concretamente en qué forma se afectó el debido proceso. Por otro lado, en cuanto a los agravios relativos al monto por daño moral, al porcentaje de responsabilidad y la violación del principio de congruencia, conforme a la mayoría, los agravios no pueden prosperar, habida cuenta de que, al respecto, existen dos pronunciamientos coincidentes (artículo 268 inc. 2 CGP).

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1083/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

La Sra. Juez a quo hizo lugar parcialmente a la demanda promovida en obrados, declarando judicialmente la disolución de la unión concubinaria existente entre l as partes. Asimismo fijó el quantum del crédito de la actora en el 50 % de los bienes adquiridos por el demandado durante el período concubinario: 1 de abril del año 1995 al 13 de julio del año 2016; bienes que han sido detallados por parte actora. No se hace lugar a la pensión alimenticia solicitada. El Tribunal ad quem confirma parcialmente la sentencia apelada, revocándola en cuanto: a) otorga derecho de crédito a la actora respecto de los bienes adquiridos durante la vigencia de la unión concubinaria; b) desestima la pensión alimenticia, condenando al demandado al pago a la actora de una pensión alimenticia equivalente a 1 BPC mensual, disponiendo la permanencia de la actora en la finca que fuera el hogar familiar. La parte actora interpuso recurso de casación, agraviándose en la revocación del crédito a su favor y el rechazo de otro tipos de derechos reales devengados de la disolución de la sociedad de bienes, por la condena a pensión alimenticia de “necesidad” y no congrua, por la denegatoria a la condena de daño moral producido por la infidelidad. La Corporación desestima el recurso de casación. En cuanto al primer agravio, considera que ambas sentencias coinciden al rechazar la existencia de una sociedad de bienes; asimismo de la lectura de la demanda así como del recurso de apelación surge que la accionante efectivamente no peticionó, en ningún sentido posible, el reconocimiento de un derecho de crédito. Los demás agravios no son de recibo, por existir dos sentencias coincidentes.

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 1414/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1087/2023 · Suprema Corte de Justicia · 12 de octubre de 2023Importancia alta

En el proceso de autos, el acusado de un delito de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados por ser cometidos contra una menor de edad, interpuso por vía de excepción, recurso de inconstitucionalidad contra el último inciso del artículo 119 del Código Penal, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley Nº 19.580. Expresó que la norma impugnada viola varios principios y disposiciones constitucionales en detrimento de las garantías del debido proceso, como la seguridad jurídica y el principio de igualdad en cuanto se da un trato calificado si la presunta víctima es menor de edad. Entiende que la norma cuya inconstitucionalidad promueve es violatoria del Artículo 72 de la Constitución de la República en cuanto atenta contra el derecho al debido proceso, inherente a la personalidad humana y a la forma republicana de gobierno. La Corporación desestima la excepción de inconstitucionalidad deducida. Para la mayoría compuesta por los Ministros Dres. Pérez, Martínez y Morales “resulta lógico el motivo por el cual, el legislador determinó un plazo y cómputo especial para los delitos sexuales cuando la víctima resulta ser menor de edad. El tiempo necesario para que se materialice el develamiento de la situación, justifica que se establezca un régimen especial de prescripción, ya que dicho proceso no suele darse de manera inmediata, sino gradual. En muchos supuestos el menor de edad no denuncia el hecho hasta la edad adulta por encontrarse sometido a la presión del autor, por no atreverse a hablar por encontrarse bajo su dependencia o por inmadurez o por no ser consciente de la naturaleza de la conducta sufrida.” En definitiva, la distinción que realizó el legislador entre de los diversos tipos de delitos y tipos de víctimas, a los efectos de establecer un plazo de prescripción y su cómputo, no resulta arbitraria. En efecto, aparece como razonable. Tampoco se viola el principio de seguridad jurídica, en cuanto existe una predeterminación normativa detallada y comprensible que permite a los particulares prever cuál es la consecuencia jurídica ante la verificación del supuesto de hecho.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional