INTERLOCUTORIA 743/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 545/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima la excepción de inconstitucionalidad promovida, de artículo 69 de la Ley 18.308 con la modificación dada por el artículo 235 de la Ley 19.996. Considera que no se viola el derecho al debido proceso, la etapa procedimental para plantear defensas está prevista frente al planteo de la Administración Departamental.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 548/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

Defensa de imputado por delito de copamiento, lesiones graves y violación de domicilio se agravia por la valoración probatoria realizada por los anteriores decisores, solicitando que se tenga por liberado al mismo al haber cumplido el tiempo que le corresponde en prisión preventiva, esto es, por cómplice de rapiña. La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, habrá de confirmar el fallo, en tanto del cúmulo probatorio se desprende con claridad lo tipificado en primera instancia. En efecto, la Defensa no realizó el adecuado distingo entre valoración de la prueba (para denunciar una hipótesis que fuere corregible en casación) y el estándar probatorio requerido para tener por acreditada las proposiciones fácticas. Además, ni siquiera se alegó un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o evidente en grado manifiesto. En otras palabras, no se cumplió con la primera para ingresar en casación. La referencia al estándar de prueba como agravio autónomo incumple con el artículo 273 del CGP en virtud de la remisión expresa prevista en el artículo 369 del CPP. Por otro lado, a juicio del Dr. Sosa, la única hipótesis de que el agravio pueda ser admisible, y por ende analizar el mérito, es si se hubiera denunciado una vulneración al artículo 86 del Código Penal ( individualización de la pena). Como ello no aconteció, concluye el redactor que corresponde desestimar el mismo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 550/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de Casación interpuesto. En primer lugar observa que el escrito de Casación es prácticamente una copia exacta del recurso de apelación. Sostiene que el recurso de autos incumple todas las exigencias formales (arts. 270 y 273 del CGP).

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 571/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

En el caso de autos el imputado, no efectuaba la cesión de créditos a GG de las facturas que emitían, luego eran cobrados al Estado y no a GG. (que ya había abonado por ellas). El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 23er. Turno, condeno al imputado como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de diecinueve (19) meses de prisión con descuento de la preventiva cumplida. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto Turno, confirmo la sentencia de primera instancia en relación al imputado recurrente. La Suprema Corte de Justicia desestimó recurso de casación interpuesto por el imputado. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Pérez y Morales, en materia de casación penal (al amparo del CPP 1980) no es posible ingresar a la revalorización de los hechos en ningún supuesto, incluso en aquellas hipótesis en las que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria. La función de la Corte, al entender de dichos Sres. Ministros, consiste en tomar el hecho narrado por el Tribunal y reexaminar si la calificación jurídica es o no apropiada a los hechos que fueron tenidos por probados, nada más. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, en hipótesis de ilogicidad, arbitrariedad o absurdo evidente, este Colegiado puede revalorizar el material probatorio al amparo efectuado por el “Ad Quem”. Estima que en nuestro derecho procesal penal el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del derecho, ya sea en el fondo o en la forma. En cuanto a la plataforma fáctica a la hora de analizar la calificación efectuada, los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez, surge con claridad que el accionar del recurrente fue clave para el funcionamiento de la estructura montada, siendo determinantes las facturas falsas libradas por AA a la hora de que se cumpliera con éxito la estratagema pergeñada. A igual decisión desestimatoria arriba el Sr. Ministro Tabare Sosa Aguirre.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 566/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023

La Corporación ampara parcialmente la demanda de regulación de los honorarios profesionales de los curiales patrocinantes en el proceso de revisión, interpuesta, condenando a los demandados al pago de la suma de $ 100.000 más IVA, con reajustes e interés legal desde la fecha de la demanda y hasta el pago efectivo. La Corporación entiende que el caso por el cual se reclaman los honorarios no reviste de especial complejidad, en cuanto el recurso de revisión fue desestimado por no haber sido presentado en plazo. Asimismo se entiende que el letrado solo participó en la elaboración del escrito de contestación del recurso, así como en el seguimiento y la procuración por el período de aproximadamente seis meses. La labor del profesional interviniente fue exitosa en tanto el recurso fue desestimado, confirmando la condena a favor de sus patrocinados. Por todo esto se toma, para la fijación de los honorarios correspondientes, como guía estimativa el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, teniendo especial consideración el precio de costumbre.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

DEFINITIVA 560/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 552/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

El caso de autos la parte actora, promovió demanda de indemnización de los daños y perjuicios generados como consecuencia de la resolución de la DGI Nº 517/2011, que fuera anulada por el TCA mediante sentencia definitiva Nº 391/2014. Pretende la reparación integral del daño sufrido, derivado de la actuación ilícita de la Administración. Reclamó el daño emergente, consistente en el pago de honorarios que la actora debe afrontar por la tarea realizada en el ámbito administrativo y ante el TCA, así como la pérdida de créditos contra la Intendencia de Montevideo. Reclamó también lucro cesante, en virtud de la pérdida del negocio por imposibilidad de continuar con la actividad, causada por la medida cautelar de inhabilitación para obtener el certificado único dispuesto por la DGI. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4to. Turno, falló: “Desestimando la demanda. Con costas a cargo de la perdidosa”. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, Confirmó parcialmente la sentencia definitiva impugnada, revocándosela únicamente en dos aspectos: i) la condena en costas a la parte actora; y ii) la desestimatoria del daño emergente por honorarios generados en la vía administrativa y en la vía anulatoria iniciada ante el TCA, rubro que fue amparado por el Tribunal, condenándose a la demandada a pagar a la parte actora la suma de $10.135.124 más IVA, reajuste e intereses desde el dictado de la sentencia anulatoria por parte del TCA y hasta su efectivo pago. La Suprema Corte de Justicia, en decisión adoptada por mayoría de sus integrantes naturales, conformada por la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre, Doris Morales y John Pérez , acogerá parcialmente el recurso de casación interpuesto por vía principal por la parte demandada y, en su mérito, anulará la sentencia atacada en cuanto condenó a la accionada a abonar a la parte actora el daño emergente por honorarios generados en la vía administrativa y en la vía anulatoria iniciada ante el TCA. A su vez, con el voto unánime de sus integrantes, desestimará el recurso de casación introducido por vía adhesiva por la parte actora. Estiman los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Morales y Pérez que el Tribunal de Apelaciones no vulneró el instituto de la cosa juzgada por el hecho de haber condenado a la demandada a abonar a la parte actora los honorarios generados por la actuación de sus abogados ante el TCA. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre considera que el agravio en examen, relativo a la vulneración de la cosa juzgada de la sentencia del TCA, resulta de recibo. A su vez, la Corte, con la voluntad concurrente de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Sosa Aguirre, Morales y el Pérez, consideran que la Sala ha incurrido en una valoración probatoria evidentemente absurda, al haber acogido el rubro en examen pese a la total ausencia de prueba sobre el daño alegado. En obrados, pesaba sobre la actora la carga de acreditar el daño emergente reclamado (por los honorarios profesionales). No produjo la prueba necesaria para ello, a pesar de que se encontraba en condiciones de hacerlo. El incumplimiento de dicha carga no puede suplirse invocando las máximas de la experiencia; éstas no sustituyen la prueba, sino que determinan cómo debe analizarse. MINISTRA DRA. BERNARDETTE MINVIELLE DISCORDE PARCIALMENTE: por cuanto desestimo el agravio de la parte demandada respecto de la condena al pago de honorarios profesionales dispuesta por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno por concepto de daño emergente.

DEFINITIVA 558/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. El primer lugar cabe destacar que el mismo no cumple con los requisitos formales necesarios, puesto que se trata de una “propuesta impugnativa genérica”. En cuanto al agravio referente a la errónea valoración de la prueba, y a pesar de las diferentes posiciones que tienen los Ministros sobre este tema, todos llegan a la conclusión de que el agravio no es de recibo. Por último, los agravios relativos a aspectos procesales , se advierte que buena parte de los reproches no pertenecen a la presente causa.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 546/2023 · Suprema Corte de Justicia · 15 de junio de 2023Importancia alta

En el caso de autos la parte actora, Dirección General Impositiva, promovió juicio ejecutivo tributario contra los demandados acompañando título ejecutivo, en el cual el aspecto central a resolver, consiste en la delimitación de las causales de ampliación del plazo de prescripción previstas en el art. 38 del Código Tributario. El Juzgado Letrado Civil de 10º Turno, falló: “Acogiendo el excepcionamiento opuesto y en su mérito declarándose la prescripción de todos los créditos por tributos, reajustes y sanciones correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 reclamados, manteniéndose en lo demás el auto liminar 1406/2019..” El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, falló “Revocase parcialmente la Sentencia Definitiva impugnada, con costas y costos a cargo de la vencida y en su lugar desestímase la excepción de prescripción opuesta...” Para la Sala, en el caso a estudio el plazo de prescripción es de 10 años. A criterio de la Sala, hubo omisión de realizar las declaraciones y no declaración tardía por parte del contribuyente, hipótesis esta última en la que se podría considerar las diferentes tesis propuestas en doctrina sobre la ampliación del plazo de prescripción y el conocimiento de la Administración. Finalmente la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de segunda instancia. A juicio de la Corte, la interpretación propuesta por el Tribunal del art. 38 inciso 2º del Codigo Tributario, resulta acertada y acorde al texto legal. En el caso, la demandada fue omisa en el cumplimiento del deber formal de presentar las declaraciones juradas a las que estaba obligada, lo que conlleva a que sea aplicable la causal de ampliación del plazo de prescripción a 10 años.

Recurso de casación · Derecho tributario

INTERLOCUTORIA 716/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 512/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 689/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 519/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

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Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 691/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 529/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

La Corporación por unanimidad de sus integrantes naturales desestima la excepción de inconstitucionalidad promovida. En el caso de autos, la Sra. Garese presentó demanda laboral contra la UNESCO, por diferencias salariales, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, despido abusivo, incidencias, multa, daños y perjuicios preceptivos y por no afiliación al BPS. La Ley No. 14.715, de 14 de octubre de 1977, establece que será de aplicación para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de la ONU de 21 de noviembre de 1947,artículo III (“Bienes, fondos y haberes”). La accionante promueve por vía de excepción la declaración de la inconstitucionalidad de la citada norma. La Corporación desestima los agravios esgrimidos por la accionante, invocando el interés general, el debido proceso así como el principio de igualdad. Tanto la inmunidad de jurisdicción, como la inmunidad de ejecución, son prerrogativas básicas del sistema internacional, cuyos fundamentos yacen en asentados principios del Derecho Internacional Público, a través de las cuales se le adjudica a los Estados y organismos internacionales facultades para que actúen en territorio extranjero, sin encontrarse sometidos a la jurisdicción o medidas de coerción del Estado receptor. Estas soluciones de inmunidad y privilegios, son aplicadas y respetadas por todos los Estados de Derecho moderno insertos en la comunidad internacional, y las razones de su existencia radican en los principios de soberanía, independencia, e igualdad entre los Estados, no existe otra solución en el Derecho Internacional Público. Por lo tanto, la inmunidad de ejecución aquí cuestionada cumple con los requisitos de ser idónea para el fin que persigue y también el de ser necesaria, puesto que no existe una alternativa menos lesiva, por ello para la Corte corresponde desestimar el planteo.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho internacional público

INTERLOCUTORIA 744/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 515/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

En primera instancia el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones de 4to. Turno, falló “Condénase a AA como autor penalmente responsable de un delito de homicidio culpable calificado por el resultado de pluralidad de muertes a la pena de 5 (cinco) años de penitenciaría, con descuento del tiempo de medidas cautelares cumplido, imponiéndosele las prestaciones accesorias previstas en el art. 105 literal E del Código Penal”. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno confirmó la sentencia de primera instancia. La defensa del imputado interpuso recurso de casación agraviándose por una errónea valoración de la prueba y por la no aplicación del régimen de libertad a prueba. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. En opinión de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Doris Morales y John Pérez, la causal de errónea valoración de la prueba, en los casos en que corresponde aplicar el sistema de la sana crítica, requiere la alegación y demostración por el recurrente de un supuesto de absurdo evidente en el razonamiento probatorio del tribunal actuante. Por su parte el régimen de valoración de la prueba, como causal de casación que rige las causas tramitadas bajo el nuevo CPP, es el mismo que rige para las causas civiles. En consecuencia consideran los Ministros que la impugnación intentada por la Defensa, dirigida a cuestionar la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Apelaciones, no puede prosperar, pues el recurso no cumple con la exigencia de alegar en forma la causal de nulidad en cuestión. Por su parte, a juicio del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y, por ende, su infracción puede alegarse en el recurso de casación. Concluye el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre que la valoración en causas tramitadas ante el nuevo Código del Proceso Penal no puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta, en tanto la solución básicamente es idéntica tratándose de recursos movilizados ya sea al amparo del CGP, CPP (1980) o nuevo CPP (2017). En el caso de autos sostiene el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, que la adscripción de responsabilidad realizada por la Sala al imputado por haber obrado en forma culposa, resulta jurídicamente irreprochable. Por último, en relación al agravio relativo a la no aplicación del régimen de libertad a prueba, el argumento central no resultó controvertido. Si el impugnante pretendía tener éxito en su recurrencia, debía alegar y demostrar que era incorrecta la apreciación del órgano de alzada (artículo 270 del CGP). Sin embargo, nada de ello hizo.

DEFINITIVA 504/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023

La Corporación desestima el recurso de revisión interpuesto, considera que la sentencia Nº 177/2021 no es contradictoria dado que confirmó la sentencia Nº 34/2020 dictada por la magistrada de primer grado, y esta refiere al cese de la medida cautelar de inscripción preventiva de la Litis.

Recurso de revision · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 717/2023 · Suprema Corte de Justicia · 8 de junio de 2023Importancia alta

En el caso de autos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 3º Turno y promovió juicio ejecutivo. Presentó como título ejecutivo el testimonio de la resolución dictada por el Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social de fecha 22 de agosto de 2022. El Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 3º Turno, consideró que dicha Sede no era competente. Señaló que conforme a lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley Nº 14.911 y 71 de la Ley Nº 15.750, resulta competente el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado que por turno correspondiere. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Letrado de Maldonado de 7º Turno, el cual declinó competencia en estos autos, en mérito a considerar que no se trata en autos de un conflicto individual de trabajo. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 6º Turno. La Corte entiende que en este tipo de procesos, resultan competentes, por razón de materia y grado, los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil.

Contienda de competencia · Derecho procesal