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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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88.400 sentencias

INTERLOCUTORIA 61/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 2º Tº · 11 de febrero de 2026Importancia alta
Se hace lugar a diligencia de reconocimiento por imágenes
Proceso penal ordinario
INTERLOCUTORIA 83/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 1 T · 11 de febrero de 2026
El Tribunal revoca la sentencia de primera instancia y declara inadmisible la demanda de observaciones al inventario por extemporánea. Los plazos para interponer demanda de observación de inventario se encuentran expresamente legislados en el art. 418 del CGP, los cuales son de orden público (art. 18 de la Constitución y 16 del CGP), es así que el art. 418.5 CGP establece que realizado el inventario se pondrá durante 8 días de manifiesto dicho inventario, vencido el mismo comienzan a correr 15 días para realizar observaciones al inventario (art. 418.6). Como sostiene destacada doctrina, el plazo para deducir las observaciones al inventario es procesal, legal, perentorio e improrrogable y su vencimiento determina la preclusión definitiva “para formular una pretensión meramente declarativa destinada a excluir o incluir un bien en el inventario sucesorio”.
Proceso incidental · Derecho procesal
DEFINITIVA 11/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 11 de febrero de 2026
CONFIRMÁSE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO A LAS LIQUIDACIONES DE LAS CONDENAS POR DIFERENCIAS DE SALARIOS, EN LO QUE SE REVOCA, ESTABLECIÉNDOLAS EN SU LUGAR EN LO QUE RESULTA DEL CONSIDERANDO II.-d. Como se aprecia el título de la actora y las tareas que efectivamente desempeñaba para la demandada en el INOT, determinan su inclusión en la categoría Técnico Instrumentista Quirúrgico. Por tanto le correspondía la remuneración o salario mínimo de esta categoría, existiendo diferencias con los valores que le eran abonados. Sobre la procedencia de la inclusión de los tickets alimentación para determinar el salario mínimo de la categoría, el Tribunal entiende que corresponde computar lo percibido en tickets alimentación, no resultando de recibo en consecuencia el agravio formulado. en función de esta posicion, concluye la Sala que corresponde el abatimiento de la condena, pues considerando lo percibido mediante tickets alimentación subsisten diferencias entre lo abonado y el mínimo laudado para la categoría de instrumentista quirúrgico.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 24/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 11 de febrero de 2026Importancia alta
REVÓCASE LA SENTENCIA APELADA Y, EN SU LUGAR, DESESTÍMASE LA DEMANDA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. Con respecto a los créditos no alcanzados por la caducidad el Tribunal considera de recibo el memorial de agravios articulado por el demandado, por lo que revocará la decisión recurrida. La cuestión debatida radica en la obligación de las empresas navieras de realizar el aporte patronal de los prácticos de puertos y ríos, por los servicios de practicaje que necesariamente deben contratar para realizar las diferentes operativas de los buques en puertos. Dicho aporte constituye una contribución de seguridad social establecida originariamente por el artículo 3 de la Ley No. 12.059, que dispuso: “Fíjase en un 12% de las retribuciones efectivas que perciban los Prácticos de Puertos y Ríos, la contribución patronal que las empresas deben abonar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio.” Y si bien la norma fue modificada en varias oportunidades, la Sala concluye que hasta la entrada en vigencia de la Ley No. 19.996, las empresas navieras estaban obligadas a pagar la contribución patronal fijada por el artículo 3 de la Ley No. 12.059 en un 12% de las retribuciones efectivas percibidas por los prácticos de puertos y ríos. Esta última norma no efectuó distinción alguna con respecto a la modalidad de actividad prestada por los prácticos, imponiendo el pago de la contribución especial de seguridad social independientemente de la existencia de un régimen de subordinación laboral o de un contrato de arrendamiento de servicios.
Otros · Derecho civil
DEFINITIVA 5/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 10 de febrero de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se establecieron los honorarios a servir por el demandado a los actores. La Sala desestimó los agravios de ambas partes en cuanto a los parámetros utilizados por la sentenciante para la regulación de los honorarios profesionales; ya que las bases para la regulación de los honorarios no concertados previamente se encuentran en el art. 144 de la LOT. Es así, que este Colegiado entendió que si bien el asunto en este caso desde el punto de vista jurídico no revistió mayor complejidad, sí resultó probado que existió un periodo prolongado de tratativas extrajudiciales para llegar al referido acuerdo; por lo cual corresponde adoptar la decisión confirmatoria antes referida, manteniendo el monto fijado en primera instancia.
Regulacion de honorarios · Derecho de familia
DEFINITIVA 5/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 2º Tº · 10 de febrero de 2026
Se confirma la condena reduciéndose la pena de primera instancia
Proceso penal ordinario
DEFINITIVA 9/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 10 de febrero de 2026Importancia alta
La sentencia de primera instancia condenó al Fondo Nacional de Recursos a proporcionar-suministrar a la parte actora, de 63 años de edad, quien padece de cáncer de pulmón a células pequeñas; la cobertura del medicamento ATEZOLIZUMAB en el plazo de 24 horas, a través de los procedimientos y los canales administrativos que correspondan. El FNR interpone recurso de apelación, manifestando que el medicamento solicitado no se encuentra incluido en el FTM bajo su cobertura para la patología del accionante. El actor también interpone recurso de apelación, planteando como agravio eventual la desestimación de la acción promovida contra el Ministerio de Salud Pública. El Tribunal revoca la sentencia impugnada, y en su lugar, condena al Ministerio de Salud Pública a suministrar al actor el fármaco ATEZOLIZUMAB, de acuerdo a las indicaciones del médico tratante y por todo el tiempo que éste lo determine.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 10/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 10 de febrero de 2026Importancia alta
Reseña BNJ: Amparo medicamento Radium 223 registrado ante el MSP, pero no incluido en el FTM de Medicamentos. Se condena al MSP a propocionar al actor (portador de cáncer de próstata) el medicamento RADIUM 223 , en tanto ha incurrido en ilegitimidad manifiesta al no suministrar un fármaco registrado, habiéndose declarado inconstitucionales por la SCJ el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y por ende inaplicables al accionante, por limitar en forma indebida el artículo 44 de la Constitución, que impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 10/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 10 de febrero de 2026
El Tribunal procedió a revocar la sentencia apelada por la cual se condenó al FNR, y, en su lugar se ampararan los agravios esgrimidos tanto por el codemandado FNR, como por la parte actora, haciendo lugar a la falta de legitimación pasiva del FNR, y condenando al MSP , a otorgar el fármaco PEMBROLIZUMAB , a la actora (quien padece un cáncer de mama triple negativo), de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique, en un plazo de 24 horas. La Sala como ya se adelantó, considera que el FNR carece de legitimación pasiva; por cuanto la prestación solicitada se encuentra incluida en el FTM, pero para otras patologías y/o estadio de la enfermedad que no comprende el de la accionante. En cambio, la conducta del MSP sí conforma una conducta ilegitima, pues la misma se funda en razones administrativas y/o económicas, sin atender a criterios científicos, ni del individuo peticionante en particular.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 14/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 10 de febrero de 2026
La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar a la actora, de 47 años de edad, portadora de ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE; el medicamento SIPONIMOD de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que este lo indique. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 11/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 10 de febrero de 2026
El Tribunal procedió a confirmar la sentencia apelada por la cual se condenó al MSP a suministrar a la actora (quien padece Amiloidosis ATTR) el medicamento TAFAMIDIS de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante el tiempo que el mismo lo estime necesario, en el plazo máximo de 24 hs. Asimismo se amparó la excepción de falta de legitimación pasiva del FNR. La decisión adoptada se debe a que este Colegiado entiende que la negativa del MSP a suministrar a la parte actora la medicación que reclama comporta por sí sola una manifiesta ilegitimidad por afectación de su derecho constitucional a la vida, a la salud, a la asistencia sanitaria integral y de calidad
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 16/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 10 de febrero de 2026
La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar a la actora, de 53 años de edad, quien padece Poliquistosis Renal Autosómica Dominante; el fármaco TOLVAPTAN de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que este lo indique. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 8/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 10 de febrero de 2026
En el marco de un proceso, en el cual la actora pretende se condene a las personas jurídicas codemandadas y al Estado en la persona del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de la URSEC, al pago de los daños y perjuicios que invoca le fueron provocados, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia impugnada en cuanto acogió las respectivas excepciones de caducidad planteadas por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo y declaró de oficio que operó la caducidad respecto de la codemandada URSEC; y dispuso que la excepción de litispendencia opuesta por la URSEC ha quedado sin objeto. Entiende la Sala que es a partir de la promulgación de la Ley de Medios (29/12/2014) y del dictado del Decreto reglamentario No 160/2019 (de fecha 5 de junio de 2019), que la actora estuvo en condiciones de haber promovido las acciones respectivas contra el Estado, habiendo presentado la demanda de autos recién con fecha 27/8/2024. En este sentido, entiende la Sala que la conducta dañosa debe ser calificada como ilícito instantáneo con efectos permanentes. Es a partir de la promulgación de la citada Ley de Medios y de la publicación de su Decreto reglamentario, que la actora estuvo en conocimiento de lo dispuesto por las citadas normas y que ello le era lesivo, momento a partir del cual estuvo en condiciones de accionar contra el Estado y no lo hizo, habiendo dejado transcurrir el tiempo sin accionar, habiendo operado la caducidad, no habiendo sido la misma interrumpida, en tanto la actora no acreditó que hubiera promovido ante el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo acción o gestión administrativa alguna a esos efectos, ni tampoco acción judicial alguna contra los mismos.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 46/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 10 de febrero de 2026
Se recibe prueba.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 4/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 2º Tº · 10 de febrero de 2026Importancia alta
Se confirma condena.
Proceso penal ordinario
INTERLOCUTORIA 12/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 10 de febrero de 2026
En el marco de una acción de cesación de condominio, promovido por la actora contra su hermana, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, declaró la incompetencia por razón de materia de la Sala y en su mérito, declinó competencia a favor del Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno corresponda. Señala la Sala que tratándose de un proceso en el que se persigue el cese de una indivisión de origen sucesorio, de competencia material de los Juzgados Letrados de Familia (arts. 6 y 69 bis de la LOT), la competencia para decidir el presente asunto en segunda instancia corresponde a los Tribunales de Apelaciones de Familia (art. 120, Ley 16.002).
Proceso monitorio · Derecho procesal
DEFINITIVA 12/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 10 de febrero de 2026Importancia alta
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se amparó la falta de legitimación pasiva del FNR y se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de carcinoma de células renales metastásico) el fármaco CABOZANTINIB . La decisión adoptada se debe a que este Colegiado considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 50/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 2º Tº · 10 de febrero de 2026
Se amplia el plazo de duración de la prisión preventiva.
Proceso penal ordinario
DEFINITIVA 11/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 9 de febrero de 2026
La sentencia de primera instancia interlocutoria desestimó la excepción de transacción opuesta por la demandada; y la definitiva condenó a COME S.A. a pagar a la actora la suma de U$S 15.000 en concepto de daño moral, con descuento de lo percibido por SOA, actualizado por IPC desde que se pagó. La demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria impugnada y la sentencia definitiva, salvo en cuanto al mecanismo de descuento de lo abonado por SOA.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 14/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 9 de febrero de 2026
La sentencia de primera instancia amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el M.S.P., y condenó al F.N.R. a suministrar o proporcionar a la amparista, de 41 años de edad, quien padece diabetes mellitus tipo 1; el DISPOSITIVO DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA SUBCUTÁNEA, también denominado "Bomba de Insulina", así como los insumos mensuales que requiera para su uso, durante el tiempo que su equipo médico lo indique, en un plazo de 24 hs., y limitado estrictamente a los costos no incluidos en el PIAS. Contra la misma el FNR interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo, dado que a la actora no le corresponda cobertura por exceder el límite de edad previsto en la normativa de cobertura aprobada en diciembre de 2022 (21 años de edad). El Tribunal confirma la sentencia impugnada, salvo en cuando amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el M.S.P., desestimando el excepcionamiento opuesto, y en su mérito, condenando al M.S.P. a suministrar o proporcionar a la amparista en forma conjunta con el F.N.R., el dispositivo de infusión contínua de insulina subcutánea.
Proceso de amparo · Derecho civil

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