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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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88.400 sentencias

INTERLOCUTORIA 373/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 16 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó las decisiones recurridas y, en su lugar, autorizó a la parte demandada el depósito de la suma por ella liquidada y declaró que el interés aplicable al capital objeto de condena es del 6% anual. A juicio del Tribunal, asiste razón a la demandada en cuanto a que tiene derecho a depositar la suma que considera adeudar, a efectos de limitar la generación de intereses, que continúan devengándose mientras se discute si la tasa que corresponde aplicar es del 6 o el 12 % anual, coincidiendo las contendientes con respecto al capital adeudado. En cuanto a la tasa de interés aplicable, la Sala considera que también en el punto relativo a la tasa de interés aplicable a la suma objeto de condena asiste razón a la parte demandada, dado que el interés legal en el caso es del 6% anual, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Ley No. 14.500.
Proceso de ejecución · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 618/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 16 de junio de 2026
la Sala entiende que las medidas de no acercamiento y comunicación, así como la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, son necesarias, adecuadas y racionales, en el marco de la Ley Nro. 19.580, y de la violencia denunciada.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 176/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 16 de junio de 2026
Se confirma la recurrida que desestimó la demanda. El actor, funcionario de BPS, reclama el pago de las diferencias salariales derivadas de la remuneración de su cargo y de la del cargo que desempeña efectivamente, así como que se le otorgue al actor el cargo que de hecho ha venido ejerciendo. El Dr. Fernando Tovagliare sostiene que el derecho al cobro o crédito por diferencia de haberes no surge si no ha mediado designación expresa del jerarca, ya que todo funcionario tiene la obligación de sustituir al titular superior en caso de ausencia temporaria o en caso de acefalía del cargo, debiendo el jerarca disponer la sustitución entre los funcionarios que, de acuerdo con las pautas normativas reguladoras del ascenso, tengan vocación al cargo. Por su parte, la Dra. Claudia Kelland y el Dr. Gustavo Iribarren, arribarán a la solución confirmatoria por diversos fundamentos. Entienden que a partir de los principios constitucionales puede afirmarse que, por regla, el funcionario público al que le son encomendadas en forma permanente tareas propias de un cargo superior al suyo, tiene derecho a la remuneración respectiva. No obstante, a pesar de esta opinión, concluyen que en el caso de autos no existe prueba suficiente que permita concluir, con grado de razonada certeza, que el accionante desempeñaba tareas de superior jerarquía a las que corresponden a su cargo.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 175/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 16 de junio de 2026
Revócase la Sentencia interlocutoria No 684/2023 y, en su lugar, admítese el hecho nuevo invocado por la parte actora, así como la prueba documental propuesta a su respecto. Confírmase la Sentencia interlocutoria No 3376/2023. "Revócase la Sentencia definitiva No 48/2025 y, en su lugar, ampárase parcialmente la demanda y, en su mérito, condénase a la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO a abonar los accionantes las diferencias salariales e incidencias generadas en el período no prescripto, entre sus cargos de Práctico de Mantenimiento y el cargo correspondiente a Utilero de Orquesta; (...)" Los actores ratifican que cumplen las tareas propias de su cargo (Carrera 1213 Práctico de Mantenimiento) pero señalan, y este es el núcleo de la cuestión jurídica que motiva el debate judicial de autos, que esas tareas que realizan como utileros en la Banda Sinfónica resultan idénticas a las que otros funcionarios (con cargo Carrera 3226 Utilero de Orquesta) cumplen como utileros en la Orquesta Filarmónica. La Sala integrada concluye que todos los elementos obrantes en autos indican que pese a la existencia de cargos distintos con remuneración distinta, los utileros de ambos grupos musicales realizaban tareas equiparables. Corolario de lo anterior es que el reclamo de los cinco accionantes resulte ajustado a derecho, resultado que deriva de tener por acreditadas diferencias salariales generadas por no haber observado la Intendencia de Montevideo el principio constitucional de justa remuneración, principio del cual deriva, en una racional organización administrativa respetuosa del principio de igualdad, que a igual trabajo corresponde igual remuneración.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 187/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 16 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la cual se condenó al MSP a otorgarle a la actora (portadora de mieloma múltiple) el fármaco CARFILZOMIB , con plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule su equipo médico tratante, durante todo el tiempo que éste lo indique, bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones económicas previstas en el art. 9 lit. C de la Ley Nº 16.011. Ello por cuanto el Estado Uruguayo está constitucionalmente obligado a proteger el derecho a la salud más allá de los términos que surgen de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado, debido a que, conforme dispone el art.44 de la Constitución Nacional en su parte final está obligado a proporcionar “gratuitamente los medios de prevención y asistencia a los indigentes o carentes de recursos”
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 619/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 16 de junio de 2026
La Sala confirma la sentencia interlocutoria que comfirma la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 200/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 16 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados, MSP y FNR y se desestimó la demanda de amparo (solicitud de cirugía de resescción, por ser la accionante portadora de angioma cavernoso localizado en el tronco encefálico) en todos sus términos. La Sala ha arribado a la conclusión de que no se encuentra acreditada en autos, la existencia de ilegitimidad manifiesta en el accionar de los codemandados.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 198/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 16 de junio de 2026
El Tribunal acogió la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el FNR y condenó al MSP a financiar a la parte actora (la cual padece fibrilación auricular) el costo total del procedimiento de ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA de acuerdo con las indicaciones que formule su médico tratante en plazo de 24 horas. Entiende este Colegiado que corresponde considerar el accionar del MSP como manifiestamente ilegítimo en cuanto el mismo, sin haber acreditado en autos el fundamento científico para ello, le niega al actor el suministro del medicamento peticionado, el cual es el único que puede otorgarle la posibilidad de una vida con una supresión significativa de la progresión de la grave enfermedad que padece. Es decir se ha vulnerado respecto de la parte actora los derechos constitucionales a la vida y a la salud, los que son protegidos por la Carta Magna en sus Art. 7 y 44, siendo asimismo derechos inherentes a la personalidad humana recogidos por el Art. 72 de la misma.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 199/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 16 de junio de 2026
En el marco de una demanda, en la cual la Intendencia Departamental de Rocha solicitó, al amparo de lo previsto en el art. 69 de la ley 18.308, la suspensión de obras, el desapoderamiento y la demolición de construcciones consideradas irregulares existentes en el padrón de autos, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó la demolición de las construcciones existentes en el padrón de autos, con plazo improrrogable de 10 días, a costo de la demandada. A juicio del Tribunal, surge claro que la construcción objeto de esta controversia se realizó en zona no habilitada para ello (por la extensión del padrón, inferior a 5 hectáreas) y sin previa autorización de la autoridad departamental, motivo por el cual corresponde ordenar su demolición.
Otros · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 102/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 16 de junio de 2026
Citación en garantía de la coparte.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 194/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 15 de junio de 2026
En el marco de una demanda de indemnización por los daños y perjuicios invocados como consecuencia de accidente de tránsito, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, coincide con el A Quo en cuanto a que la causalidad en el accidente es compartida siendo razonable fijar la coparticipación en el 50 % a cada uno de los involucrados. La Sala comparte con el decisor de primer grado en cuanto a que de conformidad con la presunción de culpa que pesa sobre el conductor del vehículo en atención a lo establecido en el art. 1324 del Código Civil, corresponde atribuirle al conductor parte de responsabilidad en el siniestro y no la totalidad, en atención a que en el caso también procede el eximente de responsabilidad parcial “hecho de la víctima”.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 181/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la condena impuesta al MSP en el grado anterior, a proporcionar al actor (quien padece cáncer de PÁNCREAS), el fármaco ERDAFITINIB , en el plazo de 24 horas, de acuerdo con las indicaciones de su médico tratante, y durante todo el tiempo que éste lo indique. Este Colegiado entendió que la omisión del MSP en otorgar el fármaco al actor lesiona, con ilegitimidad manifiesta, el derecho a la vida y a la salud.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 182/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se condenó al MSP a cubrir el D ISPOSITIVO DE ESTIMULACIÓN MEDULAR , así como los componentes para su implantación, conforme a lo requerido por el médico tratante, y demás prestaciones solicitadas no incluidas en el PIAS, en plazo no mayor a 5 días, a través de los procedimientos y canales administrativos que correspondan. Ello por cuanto a entender de este Colegiado, la negativa del MSP comporta por sí sola una manifiesta ilegitimidad por afectación del derecho constitucional de la accionante (diagnosticada con escoliosis e hiperlaxituda) la salud, a la asistencia sanitaria integral y de calidad.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 668/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 1 T · 15 de junio de 2026Importancia alta
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia.No resulta procesalmente posible acceder a la revocatorio de la resolucion y tomar medidas cautelares, cuando no se consideró al hijo de la apelante como objeto de protección a consecuencia de la pretensión expresa de su progenitora. La Sala considera que, dada la particularidad de caso, donde los niños involucrados tienen tan solo 8 y 10 años de edad, y que lo denunciado se centra en un exclusivo episodio de comportamiento inapropiado del niño respecto de otro en un centro escolar, la solución finalmente adoptada por el decisor de primer grado aparece como razonable.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 172/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia salvo en cuanto no hizo lugar a la pretensión de suspensión de obras peticionada y, en su lugar, se decreta la inmediata suspensión de cualquier obra o construcción en el padrón de autos. Si bien la Sala no desconoce que la normativa departamental vigente a partir del año 2011 (art. 9 del Decreto legislativo departamental No 1/2011 y Decreto legislativo departamental No 3/2014) prohíbe en la zona en cuestión la realización de construcciones en predios con una superficie inferior a las 5 hectáreas. En el subexámine, la Intendencia accionante, no logró acreditar (ni en el expediente administrativo, ni en este expediente jurisdiccional) que las construcciones existentes y erigidas en el padrón en cuestión se hubiesen realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la referida prohibición. A criterio del Tribunal las circunstancias fácticas que habilitan a disponer la más grave medida prevista por la normativa vigente (demolición de construcciones) debieron ser acreditadas con certeza por la Intendencia accionante, ello por cuanto, la adopción de tan drástica medida (demolición de construcciones) implica la limitación o restricción del derecho constitucional a la vivienda, a la propiedad, y en cierta medida a la libertad.
Otros · Derecho administrativo
DEFINITIVA 193/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 15 de junio de 2026
En el marco de un juicio en el cual la parte actora pretende indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, desviación de poder y daño moral por acoso laboral contra la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda en todos sus términos. La Sala comparte las conclusiones a las que arribó la Sra. Jueza A Quo en cuanto a que el actor no logró acreditar (independientemente de si los testimonios aportados al proceso pueden ser calificados o no de “sospechosos”), la situación de acoso laboral denunciada y que motivaba el litigio. En el caso, se coincide con lo resuelto en primera instancia en cuanto a que la parte actora no cumplió con la carga de probar los hechos específicos articulados en la demanda que comprobaban el acoso y hostigamiento que ejercía el Encargado contra su persona. El actor no logró probar las inasistencias que le habría contado el Encargado en días que habría ido a trabajar y que habrían provocado el cese del vínculo, tampoco probó que en forma voluntaria el Encargado haya provocado que se le cayera bitumen encima en una de las tareas que estaba desarrollando, no acreditó que lo haya dejado trabajando solo en determinado lugar y que debiera haber vuelto caminando, tampoco probó que lo hayan acusado de haber robado una herramienta de trabajo en forma infundada. Lo que sí probó es el mal trato verbal del Encargado para con su persona, pero dicho mal trato no era particular y específico contra él, sino más bien era una forma de proceder para con la casi totalidad de sus subordinados.
Proceso civil ordinario · Derecho laboral
DEFINITIVA 192/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. El rechazo de la demanda, que se comparte por este Tribunal, no tiene que ver en el caso de la parte actora con un tema de financiación sino por el hecho de no integrar un Equipo de Salud Mental en la UE 082. Por lo tanto conforme a ello la jurisprudencia que menciona en sus agravios no se considera aplicable al caso de autos. El Tribunal entiende que la actora no ha probado que haya cumplido en forma efectiva la función como para que tenga derecho al incentivo.
Proceso civil ordinario · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 138/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia Interlocutoria No 4910/2024 por la cual se declaró la perención de la instancia y confirmó la sentencia Interlocutoria No 2389/2025 por la cual la decisora de primer grado resolvió que en atención a que la acción instaurada configura entre los codemandados un Litisconsorcio Necesario Pasivo, correspondía ampliar el contenido de la providencia No 4910/2024 que declaró la Perención de la Instancia, a todos los codemandados. La Sala no comparte con el recurrente en cuanto a que no le corre el plazo del año en virtud que la providencia interlocutoria No 4559/2023 que suspendió el proceso no le fue notificada personalmente, ya que si bien es cierto que el artículo 87 del CGP consigna que las sentencias interlocutorias deben ser notificadas personalmente, no menos cierto es que el artículo 235 del referido cuerpo normativo es claro en cuanto a que la Perención únicamente no opera cuando la paralización del proceso sea debido a causa de fuerza mayor y siempre y cuando los litigantes no hayan podido superar la misma con los medios procesales a su alcance. El Tribunal considera que en el caso la omisión de la sede judicial de no dar noticia personal de la suspensión del proceso, no determina existencia de causa de fuerza mayor y menos aún que no haya podido ser superada por la parte actora a quien precisamente se le estaba requiriendo el cumplimiento del requisito de Conciliación Previa respecto de todos los accionados conforme lo dispuesto en el art. 298 del CGP.
Proceso incidental · Derecho civil
DEFINITIVA 173/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se condenó al MSP . a financiar al actor el tratamiento y DISPOSITIVO DE ESTIMULACIÓN MEDULAR y componentes para su implantación, de conformidad con las indicaciones del equipo médico tratante; en plazo de 24 horas. Este Colegiado considera que la ilegitimidad manifiesta surge de la propia conducta del MSP cuando deniega al paciente, el tratamiento que según la prueba aportada, resulta claramente beneficioso, bajo pretexto de la aplicación de normas legales o reglamentarias, pero omite la aplicación de normas de rango superior, y de múltiples Tratados universales y regionales de Derechos Humanos.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 306/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 15 de junio de 2026
Se confirman formalización y prisión preventiva.
Proceso penal ordinario · Derecho penal

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