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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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88.400 sentencias

DEFINITIVA 23/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 21 de mayo de 2026
Se confirma condena por tenencia no para consumo.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 142/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 21 de mayo de 2026
Se desestima excepción de posesión en segunda instancia.
Proceso civil ordinario
INTERLOCUTORIA 272/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 21 de mayo de 2026
Se confirma traba de embargo genérico sobre la imputada.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 269/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 21 de mayo de 2026
Se deja sin efecto el régimen de libertad a prueba.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 192/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 21 de mayo de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, amparando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En este sentido, el único agravio movilizado por el demandado es el relativo a la falta de detracción del IRPF sobre el monto de la condena por daño moral. Entiende el Tribunal que el agravio es de recibo. El daño moral se originó por las expresiones inadecuadas de los jerarcas del Ministerio del Interior, respecto al desempeño de los funcionarios policiales en el ejercicio de la función y el traslado de unidad en forma inmediata. Y la vinculación que unió a los actores con la demandada es una relación de dependencia.
Proceso incidental · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 73/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 21 de mayo de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, declaró incompetente por razón de materia, declinando competencia en favor del Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno corresponda. Señala la Sala que la competencia para conocer en primera instancia en las presentes actuaciones quedó fijada para un Juzgado Letrado del Interior con competencia en materia de familia, determinando con ello también la competencia material de los Tribunales de Apelaciones de Familia para conocer en el presente proceso (art. 8 LOT, art. 120 Ley 16.002).
Regulacion de honorarios · Derecho procesal
DEFINITIVA 143/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 21 de mayo de 2026
En el marco de una una acción reparatoria patrimonial iniciada por la víctima directa y familiares (daño rebote), contra el Ministerio del Interior y un funcionario policial, para que sean condenados en forma solidaria al pago del daño extrapatrimonial pretendido, a causa de hechos ilícitos ocurridos durante la reclusión de la victima, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, salvo en cuanto desestimó la pretensión de daño moral a favor de las tres hijas de la víctima, en lo que se revoca, condenándose a los codemandados en forma solidaria a pagar la suma de $ 390.000 a cada una de ellas, más reajustes (DL 14.500) e interés legal desde el hecho ilícito y hasta su efectivo pago. A diferencia de lo que entendió la Magistrada actuante, el Colegiado comparte con el apelante que la situación vivida por la víctima directa, alcanza a las niñas, a pesar de su edad (11, 7 y 6 años). Tal afirmación no queda en el campo de la suposición, sino que tal como releva el impugnante, hay prueba que avala que las niñas tuvieron conocimiento de los hechos de autos.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 273/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 21 de mayo de 2026
Se mantiene la prisión preventiva.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 270/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 21 de mayo de 2026
Se declara inadmisible el recurso de queja.
Recurso de queja · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 205/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 20 de mayo de 2026
La parte actora promovió acción declarativa de prescripción adquisitiva respecto del inmueble padrón Nº 2460, sito en la localidad catastral Minas, departamento de Lavalleja; manifestando se poseedora del inmueble referido desde 1989, con ánimo de dueña, de forma pública, continua, no interrumpida, pacífica, no equívoca y en concepto de propietaria. La Sala por su parte procedió a revocar parcialmente la sentencia interlocutoria apelada, sólo en cuanto se requiere que la actora acredite si se tramitó la sucesión de PETRONA GUADALUPE APARICIO (abuela) y del RAÚL RUBI GUADALUPE (padre de la accionante) y en su caso quien o quienes fueron declararos herederos de los referidos; manteniéndose la impugnada en lo demás.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 186/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 20 de mayo de 2026Importancia alta
En el caso de autos la Intendencia de Montevideo promovió demanda contra los sucesores de la causante, a fin de obtener la rescisión de la adjudicación de la unidad de autos, en virtud del incumplimiento de la obligación de escriturar derivada de la relación jurídica originada en la Resolución No. 26.827 del 2 de julio de 1969. Fundó su pretensión en el incumplimiento de la obligación de escriturar prevista en el Decreto No. 13.298, que regula la adjudicación de viviendas sociales, sosteniendo que la incomparecencia a escriturar configura causal de resolución del compromiso sin derecho a indemnización, de acuerdo con su artículo 14, así como también en el artículo 16 del Decreto No. 18.488. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. Señala la Sala que de la exposición de la actora surge que lo solicitado es la rescisión de la adjudicación, que es un acto administrativo, por lo que la pretensión resulta improponible ante la Sede civil, por ser materia reservada a la esfera de la Administración, lo que sella la suerte adversa de la demanda y la apelación formulada.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 187/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 20 de mayo de 2026Importancia alta
En el caso de autos la parte actora promovió demanda solicitando la resolución del contrato de compraventa de vehículo automotor, celebrado el 4 de agosto de 2020, dado que habiéndose pactado como condición resolutoria la existencia de gravámenes o embargos sobre el bien o el vendedor, extremo que se verificó al constatarse registralmente la existencia de un embargo, pidió que se declare resuelto el contrato celebrado y se condene al accionado a abonar la multa pactada, indemnizar los daños y perjuicios y pagar costas y costos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual declaró resuelto el contrato celebrado entre la parte vendedora y el comprador, con fecha 04 de agosto 2020, con motivo de la compraventa del vehículo de autos, y condenó al demandado a abonar al actor la suma de U$S 3.475 dólares en concepto de cláusula penal, e interés legal, desestimando íntegramente el reclamo por daños y perjuicios.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 290/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 20 de mayo de 2026
En el caso de autos, la parte actora promovió medida provisional solicitando la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas en la asamblea de copropietarios de fecha 26 de marzo de 2024 y la imposición de una medida de no innovar respecto de los copropietarios y del administrador, hasta el dictado de sentencia firme en el proceso principal de impugnación de asamblea. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda provisional de no innovar en todos sus términos. La Sala coincide con el Sr. Juez a quo en el sentido de que no se han acreditado en autos los extremos exigidos por la normativa aplicable (artículo 312 del Código General del Proceso), para el progreso de la medida peticionada. Nno surge acreditado que las decisiones cuestionadas impliquen una alteración ilegítima de derechos consolidados de la accionante, ni que las resoluciones adoptadas resulten ostensiblemente contrarias al reglamento de copropiedad o al régimen legal aplicable. Por el contrario, de los elementos incorporados a la causa, en esta etapa, emerge que las decisiones fueron adoptadas en el ámbito de la asamblea de copropietarios, órgano competente para resolver sobre aspectos relativos a la administración y funcionamiento de la copropiedad. En igual sentido, lo concerniente a las multas y a la reliquidación de gastos comunes, la discusión planteada por la actora remite a cuestiones cuya dilucidación exige necesariamente un examen de fondo respecto de la legitimidad de las decisiones asamblearias, del alcance del reglamento de copropiedad y de las obligaciones emergentes del régimen de propiedad horizontal, extremos que no pueden tenerse por suficientemente esclarecidos en esta instancia liminar. La parte actora no logró demostrar la configuración del peligro en la demora exigido por el art. 312 del C.G.P. El mero transcurso del tiempo que pudiera insumir el eventual proceso principal de impugnación de las resoluciones asamblearias (que por otra parte no acreditó aún siquiera haber iniciado) no determina, por sí solo, la necesidad de adoptar las medidas requeridas.
Proceso cautelar · Derecho civil
DEFINITIVA 184/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 20 de mayo de 2026Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir de la audiencia preliminar inclusive. Señala la Sala que de autos surgen graves apartamientos del orden procesal, más allá de irregularidades subsanables, ya que se violentaron las normas sobre los requisitos para la representación en juicio, para la comparecencia a la audiencia preliminar, el poder de disposición necesario para la concreción de un acuerdo transaccional, se omitió efectuar los contralores necesarios para la validez del acuerdo y se homologó pese a sus graves carencias, confusas e indefinidas estipulaciones, se omitió la necesaria decisión sobre las cuestiones suscitadas por las partes, sin que se produjeran pronunciamientos que pudieran ser objeto de recursos y eventual contralor en segunda instancia violentándose el derecho de defensa, para culminar con una indebida ejecución “de sentencia” absolutamente alejada de las pretensiones iniciales de las partes o de sentencia alguna que se hubiere pronunciado. Se estableció una “ejecución de sentencia” con limitadas defensas para culminar en la ratificación de un proveimiento anterior que no puede calificarse de otra forma que de improcedente. Conforme a lo dispuesto por el artículo 116 del C.G.P., cabe declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia preliminar inclusive, sin que exista acto procesal realizado en primera instancia que sea aprovechable a partir de dicha actuación.
Proceso de ejecución · Derecho civil
DEFINITIVA 119/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 20 de mayo de 2026
Se confirma la condena al pago de rubros salariales.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 154/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 20 de mayo de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó a los demandados como autores responsables de la infracción aduanera de CONTRABANDO a título de dolo, disponiéndose la confiscación de la mercadería, al pago del doble de los tributos que hubieren correspondido, al pago de la multa del 20 % del valor en aduana, conforme a lo previsto en el art.211 C.A.R.O.U. Señala la Sala que surge plenamente acreditado que los condenados transportaban mercadería sin la documentación correspondiente. Ha quedado acreditado que la conducta de los infractores quedó subsumida en el tipo infraccional “contrabando”; dándose todos los elementos configurativos de éste.
Proceso aduanero · Derecho aduanero
DEFINITIVA 153/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 20 de mayo de 2026
En el marco de una demanda de cobro de pesos, multa y daños y perjuicios, por incumplimiento de la demandada en el pago de la cesión de derechos posesorios, celebrada entre las partes, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó a la demandada a pagar a los actores la suma total de U$S 41.842, con más los intereses legales del 6% anual desde la interposición de la demanda (04/04/2022) y hasta su efectivo pago. Señala la Sala, dado que los intereses pactados resultan usurarios, el acreedor sólo podrá exigir el pago del capital y lo que hubiere percibido por intereses u otros conceptos debe imputarse al capital (Art. 21 de la Ley 18.212). En consecuencia, únicamente es exigible a la demandada el pago de la diferencia entre el precio de la cesión U$S 190.358 (capital) y el monto total de las entregas por ella realizadas (U$S 148.516).
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 152/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 20 de mayo de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la demandada, y desestimó la demanda. El Tribunal comparte lo entendido en sentencia del TAC 1º N.º 10/2009 de 16/02/2009 trasladable al caso: “...no hay en nuestro derecho una regla general que habilite a las asociaciones civiles a actuar en la gestión de cualesquiera intereses de sus asociados. En el caso de autos, los alegados daños “sustanciales” refieren a dos personas y nada más. Asimismo y por otra parte, no obra una resolución de la Asociación para que se actúe, no se entiende porque si ello, no existía, no reclamó cada asociado, no puede irrogarse un interés que no logró probar que se detentara.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 163/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 20 de mayo de 2026
En el caso de autos, los actores promovieron juicio ordinario por responsabilidad contractual con acumulación inicial objetiva de las pretensiones siguientes: (a) pretensión de condena a pagar la multa pactada por incumplimiento del contrato; (b) pretensión de condena a pagar la suma de $ 176.322 por concepto de indemnización de daño emergente; y (c) pretensión de condena a pagar por concepto de indemnización por lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. Señala la Sala que en autos se verificó el presupuesto previsto por las partes en ejercicio de la autonomía contractual de que gozaban al tiempo de celebrar el contrato de arrendamiento de servicios del 19/XII/2019 para el ejercicio por parte de la demandada del derecho de receso unilateral. Y es en base a ello, que la parte demandada lo ejercitó lícitamente y no incurrió en incumplimiento contractual.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 164/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 20 de mayo de 2026
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia que desestima la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. La Sala considera que, examinado el programa televisivo en cuestión, no emergen elementos que permitan concluir que los demandados hubieren incurrido en un ejercicio abusivo del derecho a informar.
Proceso civil ordinario · Derecho civil

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