Buscar · Legalsite UY

Legislación Jurisprudencia Tribunales Parlamento Calculadoras Modelos Abogado Virtual

Buscando…

Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

La información de este sitio no constituye asesoramiento jurídico.

Instalar la app y usar sin internet

LegislaciónJurisprudencia

Desde Hasta

Ingresá para recibir avisos de novedades sobre esta búsqueda.

5.155 sentencias

DEFINITIVA 320/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima los agravios deducidos. Asimismo, anula la recurrida exclusivamente en cuanto confirmó la remisión de la liquidación al procedimiento previsto por el art. 400 del C.G.P. y, en su lugar, dispone la remisión de la liquidación al procedimiento incidental previsto por el art. 378 del C.G.P. La parte actora es titular de explotaciones agropecuarias. Lo sustancial de su activo patrimonial está compuesto por bosques forestales que fueron implantados al amparo del régimen jurídico-tributario de la ley 15.939, la que exoneró a las empresas con determinadas características de los impuestos a las rentas y al patrimonio. La referida ley aseguraba un plazo de estabilidad de 12 años contados a partir de la implantación de los bosques, en el que estos no serían alcanzados por impuestos nacionales. En junio del año 2013 se sancionó la ley 19.088, la que creó un tributo llamado “Sobretasa del Impuesto del Patrimonio”, para cuyo cálculo también deben considerarse aquellos activos afectados a la explotación agropecuaria que se encuentran exentos, excluidos, o que son no computables para el IPAT. Tal es el caso de los bosques plantados al amparo de la ley 15.939, como los que tiene la reclamante en su patrimonio. La actora plantea la responsabilidad por acto legislativo. El art. 42 del Código Tributario, prevé que el Estado puede dejar sin efecto una exoneración o modificar sus alcances, pero esa acción está permitida sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir. La pretensión fue acogida en las dos instancias de mérito. En cuanto a la responsabilidad del Estado por acto legislativo, la Suprema Corte de Justicia comparte la postura adoptada por la Sala en la sentencia recurrida. A criterio de la Corporación, el daño sufrido por la actora es resarcible y resulta injusto, directamente causado por la acción legislativa estatal y cierto, entre los que se comprenden tanto los daños presentes como futuros. A criterio de los Ministros Dres. Tosi, Sosa, Minvielle y la redactora, corresponde anular la recurrida en cuanto dispuso la remisión de la liquidación de la condena ilíquida al procedimiento de ejecución previsto por el art. 400 del C.G.P. Si bien, como se consignó, se ha acreditado en autos que el daño existe, no así su cuantía, por lo cual corresponde su remisión a la vía incidental del art. 378 del C.G.P. La sentencia fue confirmada en segunda instancia.Sin embargo, en este punto ambos pronunciamientos incurren en una transgresión de las reglas del debido proceso que debe ser relevada por la Corte en este grado. Se está remitiendo a la etapa de ejecución un sector del pronunciamiento que debe ser objeto del proceso de conocimiento.Como se desprende del claro texto de la ley, el procedimiento de ejecución no tiene por objeto la determinación del quantum debeatur , sino que, por el contrario, éste ya debe haber sido fijado en la etapa de conocimiento. Por tanto, la exigencia del requisito de la liquidez para la promoción de la ejecución contra el Estado hace necesaria la remisión de la condena de este caso al incidente de liquidación previsto por el art. 378 del C.G.P. SR. MINISTRO DR. EDUARDO TURELL DISCORDE PARCIALMENTE: Por cuanto corresponde, desestimar el recurso de casación interpuesto.A diferencia de lo sostenido por la mayoría, considera que no corresponde remitir la liquidación del perjuicio al procedimiento incidental previsto en el art. 378 del C.G.P.
Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal
DEFINITIVA 333/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. En autos tramita la acción promovida por el Estado contra el demandado por la cual se ejerció una acción de repetición para el reintegro de la suma que el Estado debió sufragar para indemnizar a un particular por un acto ilícito atribuido al demandado. Al contestar la demanda además de controvertir las alegaciones del actor, el demandado dedujo reconvención, por la que pretendió el resarcimiento de los daños y perjuicios que invocó haber padecido a causa del procedimiento administrativo y por la propia acción de repetición instaurada en su contra. Respecto al agravio relativo al rechazo de la pretensión de resarcimiento de los pretendidos daños por no habérselo citado en sede Jurisdiccional al amparo de lo dispuesto por el art. 53 del C.G.P. La Corporación consideró que el agravio no es de recibo. El art. 25 de la Constitución no exige al Estado que pretende repetir contra el funcionario, que preceptivamente deba llamarlo al juicio original. En cuanto a los agravios sobre el rechazo de la prescripción y de la caducidad tampoco son de recibo. Corresponde la aplicación del art. 1261 del C.C. y el término comienza a correr desde el momento en que el Estado paga la condena que pretende repetir. Finalmente, el recurrente cuestionó la valoración de la prueba trasladada de la causa penal. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia coinciden en que la valoración probatoria efectuada por los órganos de mérito se adecua a la impuesta por las reglas de la sana crítica.
Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal
DEFINITIVA 331/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, desestima la impugnación presentada por el encausado. La Corte, en postura contraria a la sustentada por la Fiscalía, considera la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el enjuiciado, en concordancia a lo sostenido en sentencia nro.1.488/2019. A criterio de la Corte, ninguno de los agravios contenidos en el recurso de casación interpuesto por el encausado pueden recibir el amparo jurídico que reclama. En primer lugar, afirma el impugnante que la decisión de la Sala infringe el art. 117 del Código Penal patrio al no hacer lugar a la prescripción del delito por el cual fue condenado en la órbita del Estado requirente, lo que de haberse relevado hubiera conducido a desestimar la solicitud de extradición. La extradición del encausado fue solicitada en base al Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay. El recurrente señaló que hoy en día su sentencia aún no está firme ; esto es, no hay pena ejecutoriada, por lo que el régimen aplicable es el de la prescripción del delito y no de la pena. En suma, como el imputado ha sido condenado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no es posible considerar al plazo de prescripción del delito, sino que lo correcto es ponderar el plazo de prescripción de la pena, lo que será objeto del análisis siguiente. En subsidio, para el caso de que la defensa anterior no fuera amparada, el requerido esgrime que la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones aplica erróneamente los arts. 129 y 130 del Código Penal doméstico, al rechazar la prescripción de la pena (art. 10.1 “in fine” del Tratado). De acuerdo al art. 133 del Código Penal español, las penas de prisión por más de cinco años y que no excedan de diez, prescriben a los quince años. En la especie, la condena había comenzado a cumplirse, por lo que el plazo de quince años se cuenta desde la fecha de su quebrantamiento, esto es, desde el 9 de noviembre de 2005, por lo que la prescripción recién habría de operar en noviembre de 2020.Entonces, de acuerdo a la legislación española, la pena no ha prescripto. Por su parte, en lo que respecta al derecho positivo uruguayo, la cuestión está regulada en el art. 129 del Código Penal. Sucede que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, la Corte entiende que es evidente que, cuando existe una hipótesis de quebrantamiento de la condena, el plazo se cuenta desde dicho evento y no desde la sentencia ejecutoriada. Conforme a la legislación uruguaya, cuando el 21 de febrero de 2019 se produjo la detención del requerido, aún no había operado el plazo de prescripción de la pena.
Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho internacional público
DEFINITIVA 312/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho laboral
DEFINITIVA 304/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia no hizo lugar al recurso de revisión movilizado. Los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Martínez, Turell y Tosi, estiman que el recurso resulta inadmisible. Por su parte el Ministro Dr. Sosa entiende que la acción impugnativa entablada resulta admisible, pero corresponde su desestimatoria por razones de fondo. El compareciente argumentó que se configuró fraude procesal del art. 283 numeral 6 del C.G.P. A su juicio, la colusión quedó acreditada en virtud de que los testigos ofrecidos por la parte actora en el proceso de desalojo mintieron al declarar sobre el estado de ocupación del bien. Para el Ministro Dr. Sosa el planteo no es de recibo por no haberse acreditado en obrados maniobra fraudulenta o colusión por parte del actor en el proceso de desalojo y los testigos que declararon en el referido expediente.
Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 318/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. Respecto al agravio relativo a la aplicación de la agravante muy especial prevista por el art. 312 num. 3 del C.P. La Corporación consideró que no corresponde hacer lugar al pedido de la Fiscal recurrente de tipificar la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 3 del C.P., dado que la conducta típica desarrollada por el procesado no es creadora de un peligro común o general. En cuanto al agravio relativo a la aplicación de la agravante muy especial prevista por el art. 312 num. 5 del C.P. La Corte entendió que la solución a la que arriba la Sala resulta irreprochable. No se asiste, en la especie a un supuesto de homicidio muy especialmente agravado por haber sido cometido inmediatamente después de haber cometido otro delito. El resultado muerte se produjo como resultado de una misma resolución criminal (de dar muerte), la cual se materializó mediante dos actos.
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 324/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Corporación desestima el planteo de inconstitucionalidad. Los accionantes impugnan el literal B art. 102 de la Ley Nº 19.121 denominada “Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central” , pero, de la lectura de su escrito surge que su interés se centra exclusivamente en la exclusión de la D.N.A. de lo dispuesto por el art. 64 de la ley que se encuentra incluido en el Capítulo VI del Título II. De toda la regulación de la cual fueron excluidos los funcionarios de la D.N.A. por el lit. B del art. 102, los promotores cuestionan exclusivamente la necesaria aplicación de la regla referida a la forma de designación de trabajadores que cumplan funciones de supervisión, conducción y alta conducción. El vicio constitucional denunciado, estaría dado por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo regulara la cuestión de modo contrario a la Constitución. En cuanto a la legitimación de la Asociación de Funcionarios de Aduana (AFA), la Corte entiende que carece de un interés que se pueda calificar como “personal”, ya que con ese término se entiende el propio, no ajeno ni popular. En cuanto a la legitimación de Manuel Valdivieso y Basilio Pintos, los mismos no han fundado tener un interés directo en el accionamiento planteado, ya que ninguno de ellos alego ni acredita estar en condiciones de acceder a cargos de supervisión, conducción y alta conducción.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal
DEFINITIVA 330/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Corporación por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. En segunda instancia se revocó la sentencia de primera instancia, absolviendo a “Aerolíneas Argentinas S.A.” de pagar diferencias de salario y rubros solicitados por la parte actora. La Suprema Corte de Justicia estima que el sector de la impugnación que refiere a que el actor no cumplió con la debida sustanciación del art. 8 de la Ley Nº 18.572, es de recibo, ya que considera que la Sala incurrió en un exceso formal. Es decir, que el actor, a partir de una descripción, lo que buscó fue perfilar las notas propias que definiría la categoría “supervisor”; a fin de diferenciar y apartarse de la de “auxiliar I”, ciertas potestades de dirección, decisión, y asumir roles propios de personal de jerarquía y confianza, que afirma haber cumplido. Ahora bien, la solución revocatoria a la que llegó la sala, se fundó no solamente en el incumplimiento de la carga de la debida alegación, sino en que el actor no probó la base fáctica de su reclamo. El accionante cuestiona la valoración de la prueba practicada en segunda instancia, pero, lo hace en términos no atendibles en casación, no denunció un razonamiento arbitrario o ilógico. Por su parte el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa, entiende precisar que sin perjuicio de que es partidario de una “postura amplia” por la cual el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe limitarse exclusivamente a hipótesis de arbitrariedad o absurdo evidente, el recurrente debe indicar en su memorial de agravios en dónde se encontró vulnerado el límite de razonabilidad en la ponderación probatoria. Sin perjuicio de lo dicho, por si solo suficiente para repeler el agravio, los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Luis Tosi y el redactor, precisan que la Sala descartó la base fáctica articulada en la demanda, a partir del análisis de declaraciones testimoniales, así como de los documentos agregados.
Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.306/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Contienda de competencia
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 314/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. En el caso de autos la actora promovió reconocimiento judicial de unión concubinaria. Narró que la convivencia fue de carácter exclusivo, singular, estable y permanente. Que la misma se inició en el 2003 y finalizó con el fallecimiento de su concubino. Ante la inexistencia de descendencia, compareció el hermano del concubino fallecido, evacuó el traslado se opuso al reconocimiento solicitado. Del conjunto probatorio alegado a la causa, a juicio del Ad quem quedó configurado un concubinato “en sentido amplio”, pero no la comunidad de vida exigida por la norma. La Corporación consideró que la comunidad de vida exigida por nuestro legislador se compone por el propio hecho de convivir (aspecto objetivo) y el ánimo de vivir en compañía de otro (aspecto subjetivo). El encuadre desarrollado por el Tribunal, resulta irreprochable.
Recurso de casación · Derecho de familia
DEFINITIVA 305/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad acogió el recurso de casación interpuesto. La recurrente invocó la causal de revisión prevista en el artículo 283 numeral 4 del C.G.P. Las sentencias impugnadas resultan contradictorias, en lo que respecta a las personas físicas con una sentencia anterior que tenía autoridad de cosa juzgada entre las partes. La Corporación consideró que correspondía acoger el recurso interpuesto y anular las sentencias recurridas.
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.279/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 310/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal penal · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1.280/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.278/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Recurso de aclaracion y ampliacion
Recurso de aclaracion y ampliacion · Derecho procesal
DEFINITIVA 313/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia acogió parcialmente los recursos interpuestos. Falló por mayoría en lo que refiere a la confirmación de la condena al pago de la indemnización por despido abusivo y por unanimidad en los restantes puntos sometidos a decisión. En cuanto al agravio por la condena al pago de horas extras. Los recurrentes se agraviaron por entender que el actor ingresa en la categoría de personal superior o de confianza o de personal idóneo de alta especialización, lo que lo excluye del derecho a percibir horas extras. La Corporación consideró que el agravio es de recibo. El argumento de la Sala determinante de la condena en éste caso fue el haber considerado probado que el actor no era “personal superior con las características exigidas por el Decreto 611/1980. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Turell y Tosi la Sala incurrió en un error de calificación. Para el Sr. Ministro Dr. Sosa la prueba de autos permite concluir que el actor ingresa tanto en la categoría de personal de confianza como en la de personal superior. Respecto al agravio por la condena al pago de a indemnización por despido abusivo. A juicio de los Dres. Martínez, Minvielle, Turell y Tosi el agravio no es de recibo. Los demandados no acreditaron hechos impeditivos de los hechos fundantes del carácter abusivo del despido. (D) Ministro Dr. Sosa. Entendió que correspondía acoger el agravio relativo al despido abusivo, y en su mérito, anular la sentencia en ese extremo.
Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal
DEFINITIVA 316/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, anuló la recurrida y condenó a la actualización de la indemnización del rubro que consiste en el pago del equivalente a 24 veces el haber de retiro correspondiente al mes de julio 2005, previsto en el art. 6 de la ley 17.949, desde que el rubro dejó de ser percibido y hasta su efectivo pago. Asimismo por mayoría legalmente requerida, condenó al pago de los intereses legales correspondientes desde esa misma fecha. El actor es un oficial naval que en dictadura militar recibió bajas calificaciones por motivos espurios que determinaron su pase a retiro obligatorio. En el 2006 se aprobó la ley 17.949, con el propósito de reparar la situación del personal militar destituido por motivos políticos o ideológicos. Dicha ley previó el resarcimiento de las personas en esa situación. Por la demanda que da inicio a éste proceso, el actor reclamó los daños que le causó la demora de la Administración en resolver el petitorio por el que solicitó el amparo a los beneficios de la Ley 17.949. En cuanto al recurso de casación interpuesto por la demandada, se desestimó el agravio referido a la ausencia de falta de servicio. La Corporación consideró que la Administración tramitó la petición del actor en un lapso que no solo superó la duración máxima legal y reglamentaria, sino que traspasó los límites de lo razonable. La Administración pagó años después y a valores históricos, por tal motivo corresponde acceder al reclamo de la actualización del referido rubro. Asimismo a criterio de los Dres. Turell, Minvielle y Sosa, debe condenarse al pago del interés legal desde las mismas fechas que las previstas para el reajuste. (D) Ministros Dres. Martínez y Tosi. En cuanto entienden que los intereses del rubro deben correr desde la demanda.
Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho laboral
DEFINITIVA 329/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal
DEFINITIVA 323/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal
DEFINITIVA 332/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. La parte recurrente cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal. A juicio de los Dres. Minvielle y Tosi en la especie no se advierte que el razonamiento probatorio de la Sala resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en que se justificaría su corrección en casación. A criterio de los Dres. Turel y Martínez no corresponde ingresar a la revalorización de los hechos aun en aquellos supuestos en que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria. Para el Dr. Sosa la valoración probatoria realizada por el órgano de alzada, no resulta excluida del control casatorio. En el caso consideró que las conclusiones a las que arribó el Tribunal cuentan con total respaldo probatorio. Como señaló la Sala el relato de abuso fue recibido por la abuela de la víctima y luego por los profesionales intervinientes.
Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

Página 1 de 258Siguiente →