DEFINITIVA 45/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

Se confirma la sentencia recurrida que condenó en forma solidaria a Nin y Ramos SRL y a OF a abonar a la actora la suma de monto total de $ 497.547 por los siguientes rubros: salarios impagos, horas extras, descansos intermedios, licencia, salario vacacional, aguinaldo, multa. Condenase a Nin y Ramos SRL a abonar a la actora la suma de monto total $ 105.092 por concepto de indemnización por despido más la multa legal.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 129/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por unanimidad desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta por el demandado. En autos la actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas, reclamando la indemnización de los perjuicios ocasionados por el accionar del demandado, al impedir a la actora ejercer el cargo de Subcoordinador de la División Sector Público de la Auditoría Interna de la Nación. Conferido el traslado de la demanda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opuso excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 51 de la Ley Nº 20.333 por vía de excepción. En primer lugar, el Poder Ejecutivo- MEF tiene legitimación activa para promover la declaración de inconstitucionalidad de una ley, por vía de acción o excepción. En segundo lugar, el demandado impugna la norma que establece que, en los casos en que se haya optado por promover la acción de nulidad, no se podrá plantear la acción reparatoria hasta tanto el proceso anulatorio concluya por el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso sin decidir sobre su objeto principal (norma contenida en el art. 51, inc. 3, lit. c) de la Ley Nº 20.333). Respecto de esta norma, la Corporación considera que el MEF carece de interés directo afectado por la misma, no contando con legitimación activa para impugnarla. En autos el demandado solicita la declaración de inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad en el caso concreto de la norma prevista en el art. 51 inc. 3 lit. c) de la Ley Nº 20.333, pero, al mismo tiempo, asevera que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso, lo que resulta contradictorio. En el caso, no solo el demandado no ha explicado suficientemente el punto, sino que ha argumentado que la norma atacada no resulta de aplicación al caso. Se analizan los argumentos del demandado respecto a la norma contenida en el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 20.333, esto es, aquella que declara, en vía de interpretación de la Constitución que, salvo para la acción de nulidad, el agotamiento de la vía administrativa previsto en el artículo 319 de la Carta no es presupuesto previo de ninguna acción referida a un acto administrativo o sus efectos. De los argumentos presentados, el único fundado es el que sostiene que la norma implica una modificación del texto constitucional, aunque se la califique como interpretativa. Para la Corte, no le asiste razón en el planteo. En el presente caso, la ley interpretativa impugnada no vulnera lo dispuesto en la normativa constitucional por ella interpretada. En conclusión, corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad deducida.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 135/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores promovieron juicio por cobro de haberes salariales impagos contra UTE. Alegaron que son todos funcionarios presupuestados de la demandada y hasta el 30 de agosto de 2014 pertenecían al cargo presupuestal de Encargado Técnico Comercial, pero a partir del 1º de setiembre de 2014 pasaron a ocupar el cargo Encargado de Instalaciones, cambio que se produjo en el marco de una reestructura llevada adelante por UTE, que fuera aprobada por resolución Nº 13-1711 del Directorio de UTE, que fuera anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia dictada en el expediente Nº 630/2015 de dicho Tribunal. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda, ante lo cual la parte actora interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que lo resuelto por el TCA en la sentencia Nº 763/2019 no tiene como consecuencia directa y necesaria la obligación de UTE de pagar a los actores las diferencias salariales reclamadas. El hecho de que se haya anulado la resolución de UTE que aprobó la mencionada reestructura no implica que deba colocarse a los Encargados Instalaciones en el grado 8 y/o abonarles las remuneraciones correspondientes a ese grado. No se advierte que el Tribunal de Apelaciones haya soslayado o contradicho lo resuelto por el TCA; simplemente ocurrió que la Sala desestimó la presente demanda por considerar que de lo fallado por el TCA no se derivaba automáticamente el amparo de la pretensión incoada, cuyo éxito dependía de acreditar el derecho a percibir las diferencias salariales reclamadas. Con relación al agravio sobre la valoracion de la prueba, señala la Corte que en el presente caso para la unanimidad de los Sres. Ministros, la recurrente no ha denunciado ni mucho menos fundado la existencia de una valoración probatoria por parte del Tribunal de alzada que pueda ser tachada de manifiestamente absurda y arbitraria, o vulneratoria del límite de la razonabilidad. Con relación al agravio por errónea aplicación de los arts. 53 a 57 de la Constitución, señala la Corte que el planteo debe ser desestimado de plano, en cuanto no ataca un argumento que sea determinante del fallo.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 99/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN POR MAYORÍA DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA Y DESESTIMA LA ACCIÓN DE LESIÓN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL PROMOVIDA. En autos compareció el Sr. Intendente del Departamento de Salto, entablando una Acción por lesión de Autonomía Departamental contra el Poder Legislativo con respecto a la norma contenida en el art. 289 de la Ley Nº 20.212, de 6 de noviembre de 2023, aseverando que vulnera el art. 297 de la Constitución. Conferido el traslado, el Poder Legislativo expresó que el promotor carece de legitimación activa formal y sustancial. La Corte considera que el art. 283 de la Constitución reconoce tanto al Intendente como a las Juntas Departamentales la posibilidad de perseguir la tutela de la autonomía departamental. Con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Morales Martínez, Scavone Bernadet y Tabaré Sosa, la Suprema Corte de Justicia desestima la acción promovida. El art. 289 de la Ley Nº 20.212, agregó el art. 26 TER a la Ley Nº 19.824. Hasta la promulgación de este inciso, las Intendencias podían condicionar el cobro de la patente de rodados a que se pagaran las multas de infracciones de tránsito, en cambio la norma impugnada viene a prohibir dicha práctica, lo que la Intendencia promotora reputa lesivo de la autonomía departamental protegida por el art. 297 num. 6 de la Constitución de la República. La Suprema Corte de Justicia, integrada y en mayoría entiende que, en puridad, lo que la Intendencia promotora estima lesivo de su autonomía es la prohibición legal que le impide exigir el cobro simultáneo de deudas de distinta naturaleza. Ello, a juicio de la Suprema Corte de Justicia en mayoría, no constituye una invasión de la autonomía departamental referida a la materia imponible, sino a una concreta modalidad de la reglamentación de la extinción de la obligación tributaria. (D) SRES. MINISTROS DOCTORES BERNADETTE MINVIELLE Y JOHN PÉREZ DISCORDES: Consideran que corresponde hacer lugar al accionamiento entablado, por los fundamentos expresados en sentencia nro. 101/2026 de la Corporación.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 138/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN ACOGE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE ESPECIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PENAL, LA CUAL CORRESPONDE REVOCAR, MANTENIÉNDOSE LA PENA FIJADA EN SEGUNDA INSTANCIA, CON DISCORDIA. En cuanto a la plataforma fáctica, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante un año aproximadamente, caracterizada por incidentes de violencia física, psicológica, económica y sexual, siendo ambos consumidores de sustancias estupefacientes. Como consecuencia de una discusión, el encausado le dio muerte a la víctima estrangulándola, e intentó ocultar el cuerpo enterrándolo en una fosa, en el piso de la habitación, siendo denunciado por sus hermanos. En cuanto a la calificación, en primera instancia se condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP) y se le impuso la pena de 24 años de penitenciaría. En segunda instancia, el Tribunal consideró que correspondía computar la agravante especial del art. 311 num. 1 del Código Penal, además de la agravante muy especial del art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A su vez, elevó la pena impuesta en primer grado y condenó al imputado a cumplir la pena de 28 años de penitenciaría. Con discordia parcial de la Sra. Ministra Merialdo. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Un agravio que interpone se dirige a controvertir la aplicación conjunta de la agravante especial del homicidio prevista en el art. 311 num. 1 del Código Penal con la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A juicio de la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, corresponde acoger el agravio ensayado por la Defensa. La Corte ha estudiado el punto en debate en sentencia Nº 187/2022, en la que consideró que no corresponde computar la agravante especial del homicidio dispuesta en el numeral 1 del artículo 311 del Código Penal cuando se computa alguna de las agravantes muy especiales previstas en el art. 312 del mismo Código. En conclusión, la calificación jurídica correcta, en el presente caso, es la autoría por parte del encausado de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP). Asimismo, la Defensa solicitó que se abata la pena impuesta, que fuera fijada por la Sala en 28 años de penitenciaría, no construyendo un agravio en forma. Tomando en cuenta las circunstancias alteratorias computadas, la personalidad y peligrosidad del agente, la pena fijada por el Tribunal en 28 años de penitenciaría resulta no sólo legal, sino también razonablemente adecuada a la entidad del delito y las demás circunstancias previstas en el art. 86 del Código Penal. (D) SRA. MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU DE LAS CARRERAS: Por cuanto desestima el recurso de casación interpuesto y adhiere a la posición en mayoría del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno integrado y entiende que es admisible el cómputo conjunto de las dos circunstancias agravantes referidas.

INTERLOCUTORIA 177/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 134/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores hermanos entre sí, impugnaron tres negocios, por considerarlos simulados, celebrados por sus padres, con los tres nietos de éstos. La sentencia de segunda instancia amparó parcialmente la demanda, declarando la nulidad por simulación de los negocios de compraventa de autos y la consecuente validez de las donaciones que encubren, haciendo lugar a la pretensión de reducción de donaciones, condenando en costas y costos. La parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio sobre la infracción a las reglas legales de valoración de la prueba, para la Corte, no surge probada una hipótesis de valoración absurda o arbitraria por parte de la Sala (en criterio de la mayoría de los Sres. Ministros), o que vulnere el límite de la razonabilidad (en criterio del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre), lo que conduce a la desestimación del agravio. Con relación al agravio sobre la reducción de las donaciones inoficiosas, para la Corte, lo que la Sala dispone con su fallo es que las donaciones practicadas deben ser analizadas para determinar si existió o no una vulneración de la legitima rigorosa de las accionantes. Pero esto no significa que el acogimiento de la pretensión en forma condicional asegure un crédito en favor de las mismas, extremo que deberá probarse en el marco del proceso correspondiente. (D) DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE - MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE EN PARTE: En cuanto entiende que corresponde hacer lugar al agravio relativo a las condenas causídicas impuestas en ambas instancias a las accionadas y, en su lugar, anular tal condenación.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 100/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN POR MAYORÍA DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA Y DESESTIMA LA ACCIÓN DE LESIÓN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL PROMOVIDA. En autos compareció el Sr. Intendente del Departamento de Canelones, entablando una Acción por lesión de Autonomía Departamental contra el Poder Legislativo con respecto a la norma contenida en el art. 289 de la Ley Nº 20.212, de 6 de noviembre de 2023, aseverando que vulnera el art. 297 de la Constitución. Conferido el traslado, el Poder Legislativo expresó que el promotor carece de legitimación activa formal y sustancial. La Corte considera que el art. 283 de la Constitución reconoce tanto al Intendente como a las Juntas Departamentales la posibilidad de perseguir la tutela de la autonomía departamental. Con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Morales Martínez, Mónica Pereira y Tabaré Sosa, la Suprema Corte de Justicia desestima la acción promovida. El art. 289 de la Ley Nº 20.212, agregó el art. 26 TER a la Ley Nº 19.824. Hasta la promulgación de este inciso, las Intendencias podían condicionar el cobro de la patente de rodados a que se pagaran las multas de infracciones de tránsito, en cambio la norma impugnada viene a prohibir dicha práctica, lo que la Intendencia promotora reputa lesivo de la autonomía departamental protegida por el art. 297 num. 6 de la Constitución de la República. La Suprema Corte de Justicia, integrada y en mayoría entiende que, en puridad, lo que la Intendencia promotora estima lesivo de su autonomía es la prohibición legal que le impide exigir el cobro simultáneo de deudas de distinta naturaleza. Ello, a juicio de la Suprema Corte de Justicia en mayoría, no constituye una invasión de la autonomía departamental referida a la materia imponible, sino a una concreta modalidad de la reglamentación de la extinción de la obligación tributaria. (D) SRES. MINISTROS DOCTORES BERNADETTE MINVIELLE Y JOHN PÉREZ DISCORDES: Consideran que corresponde hacer lugar al accionamiento entablado, por los fundamentos expresados en sentencia nro. 101/2026 de la Corporación.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 133/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación integrada y por unanimidad desestima el recurso de casación incoado. En autos la plataforma fáctica refiere a reiterados delitos de abuso sexual agravados perpetrados por el encausado contra su sobrina política desde que ella tenía ocho años de edad. En primera instancia se le condenó : “... como autor penalmente responsable de REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ, a la pena de cinco (5) años de penitenciaría, con descuento del tiempo de la preventiva sufrida si lo hubiere ( ... ) ” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, falló: “ CONFÍRMASE LA SENTENCIA Nº 97 DE 16 DE OCTUBRE DE 2024….. , SALVO EN CUANTO A LA PENA QUE SE LA ESTABLECE EN EL GRADO EN CUATRO (4) AÑOS Y SEIS MESES (6) DE PENITENCIARÍA. (...) ” En tiempo y forma, la Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Sostuvo que el Tribunal incurrió en absurdo evidente en la valoración de la prueba. En el seno de la Corporación existen dos posturas respecto al alcance de la causal “ error en la valoración de la prueba” como motivo de casación penal, sus fundamentos se encuentran desarrollados en sentencia nro. 576/2023 de la Corte, entre otras del mismo tenor. Sin embargo, desde cualquiera de las dos posturas sobre el error en la valoración de la prueba como causal de casación, es claro que no le asiste razón al recurrente en sus críticas, ya que el Tribunal “ad quem” ha tomado en cuenta las reglas de la valoración probatoria al realizar su análisis. Asimismo, se advierten deficiencias argumentales en el planteo de la recurrente, que obstan a su progreso. No hay fundamentación en el escrito recursivo respecto a la existencia de irracionalidad o absurdo evidente en la valoración probatoria practicada por el Tribunal respecto a los medios que vienen de mencionarse, lo que lleva a desestimar de plano el agravio. Sin perjuicio de ello, la recurrente realiza también un breve planteo sobre una cuestión de calificación delictual, el cual no prospera. En base a todo lo expuesto, se sella la suerte del recurso, desestimándolo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 131/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA ASÍ COMO LA ADHESIÓN FORMULADA POR LA ACTORA. La demandada se agravia en lo sustancial por la condena al pago de horas extra por superar el límite de 26 horas de trabajo en policlínica y por la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 ante el pago con atraso de los salarios. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia sobre la interpretación del límite de horas de trabajo en policlínica de acuerdo al convenio de 1965, que se revalida en esta oportunidad. (SENTENCIA Nº 666/2018) La Corporación concluye que está fuera de controversia que se sobrepasó el límite de trabajo previsto convencionalmente incluido dicho margen, lo que implica la realización de trabajo extraordinario en policlínica.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 105/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores promovieron demanda de devolución de pago de lo indebido contra el Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional – Prefectura Nacional Naval. En lo medular, sostuvieron que el “impuesto al practicaje” regulado por el decreto Nº 308/985 constituye un tributo creado sin ley que grava los servicios realizados por los prácticos y respecto de los cuales la Corporación de prácticos actúa en calidad de responsable de retenerles el 10% del total recaudado, que luego vierte al Estado. Por sentencias de primera y segunda instancia se desestimó la demanda, por haber entendido los órganos de mérito que la exacción debatida no reviste naturaleza de tributo y, en consecuencia, su percepción por parte de la Administración ha sido legítima. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. La Suprema Corte de Justicia, por reciente sentencia Nº 1.396 del 20 de noviembre de 2025, se pronunció sobre un planteo idéntico al presente, presentado por la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y un conjunto de prácticos marítimos. En esa oportunidad, la Corte estableció las bases interpretativas respecto de la naturaleza jurídica de la tarifa de practicaje. Estas consideraciones dan una respuesta adecuada a cada uno de los agravios formulados en el recurso de casación en examen, por lo que corresponde revalidarlos “mutatis mutandi” al presente caso.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 125/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

En el presente, la parte actora reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) que manifiesta haber padecido como consecuencia de la omisión en la que incurrió la Intendencia de Colonia en dictar la aprobación definitiva del fraccionamiento realizado en dos padrones. El a quo acogió la demanda, condenando a la Intendencia de Colonia; mientras que el Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar, desestimó la demanda. La actora interpuso recurso de casación, manifestando que la Sala aplicó incorrectamente la norma de Derecho (art. 29 del decreto dictado por la Junta Departamental de Colonia el 19 de diciembre de 1997, sobre ordenamiento territorial). La Corporación desestima el recurso planteado. A su juicio, las críticas no han sido articuladas de acuerdo con las exigencias impuestas por el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 127/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENA. el recurrente no solo no invoca un supuesto de absurdo evidente, sino que tampoco invoca y justifica los errores de valoración que reprocha a la Sala. La Corporación comparte las conclusiones arribadas por la Sala en cuanto a la existencia de la configuración de la reticencia imputable a JS y las consecuencias jurídicas que se derivan de ella, a saber: la nulidad absoluta parcial del contrato de seguro, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 666 del Código de Comercio.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 58/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de MIELOMA MÚLTIPLE) el fármaco CARFILZOMIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 59/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se desestimó la demanda respecto del FNR atento a su falta de legitimación pasiva y se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de EICH CRÓNICA) el fármaco RUXOLITINIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 111/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados a la pena de tres años y tres meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto al monto de la pena, que fija en cuatro años de penitenciaría. La Defensa interpone recurso de casación; agraviándose por considerar que la Fiscalía no logró acreditar con plena certeza (artículo 142 del CPP) la comisión de los reiterados delitos de abuso sexual agravados. La Corporación desestima el recurso interpuesto, considerando que la Defensa no logró describir errores concretos en la valoración de la prueba por parte del Tribunal, en grado de absurdo o arbitrariedad.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 104/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 103/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 102/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 101/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo