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DEFINITIVA 20/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 18 de febrero de 2026

TÉNGASE POR DESISTIDO AL APELANTE, CONFÍRMANDOSE LA SENTENCIA APELADA. Lo que el demandado devenido en recurrente debió cuestionar era la ocurrencia de esos incumplimientos que el trabajador le atribuye y que lo llevaron a considerarse indirectamente despedido, y la sentencia de primera instancia tiene por acreditados, lo que no hizo. De los incumplimientos que la apelada establece el único al que hace referencia el apelante es al de la no registración en el BPS. Pero no para cuestionarlo o demostrar que no era así. Lo que el apelante hace es admitirlo, pero justificándolo en el contexto socio económico en que está inserto el negocio e incluso en el incumplimiento de otras normas, como las de bromatología, concluyendo que a pesar de todo esto “el negocio funciona y funciona bien.. es un auténtico dinamizador de la economía y deja conformes y felices a sus clientes” (fs. 210 vto.). Pues bien las razones invocadas, entendemos para minimizar la gravedad del incumplimiento, no resultan de recibo en tanto son ajenas al trabajador, no pudiendo justificar el incumplimiento reseñado. Allende que tampoco existe prueba de todo lo afirmado, no siendo más que un ejercicio discursivo, que más que favorecer a la parte demandada, pone en evidencia un patrón de incumplimientos.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 27/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026

La sentencia de primera instancia amparó la demanda y condenó en forma solidaria a los demandados, a pagar a la parte actora la suma de U$S 210.000 con descuento de lo percibido reajustado por concepto del SOA más intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda. El Tribunal confirma parcialmente la sentencia impugnada, revocándola en cuanto condenó al pago del daño moral de una de las nietas de la victima (nacida dos días antes del siniestro), sus nueras y yernos; y en cuanto a los intereses legales, debiéndose los mismos desde la fecha del accidente de transito.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 40/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 18 de febrero de 2026

Se confirma la recurrida que condenó a la demandada a abonar al actor las sumas pretendidas por concepto de horas extras, descanso intermedio trabajado y prima “Premio de fin de año”, más daños y perjuicios preceptivos, multa, reajustes e intereses legales desde la fecha de su exigibilidad hasta la fecha de su efectivo pago. A entender de la Sala, no cabe sino confirmar la sentencia recurrida, y ello porque la argumentación que la demandada alegó al contestar y que ahora repite en la apelación, una serie de argumentos absolutamente insuficientes e inadecuados a derecho, además de imprecisos en aspectos fácticos, para rebatir los reclamos. Invoca la teoría del acto propio aplicada al trabajador, la cual no aplica al trabajador en estas hipótesis.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 60/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 18 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 14/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó las sentencias de primera instancia.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 31/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026

Incidente de liquidación de sentencia

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA 88/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación desestima la casación incoada . En autos, la Defensa presenta recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Sostuvo que el Tribunal violó las reglas de valoración de la prueba. Según el criterio de la mayoría de la Corte integrada, conformada por las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales, Míguez y Pérez, hay límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los Tribunales de mérito en la etapa de casación. Solamente puede ser revisado en esta etapa en casos en que se incurra en absurdo evidente. Para que se configure la mentada violación de valoración de la prueba, se debe denunciar y demostrar la misma, lo que no ocurrió en el presente caso. Por su parte, el Ministro Dr. Sosa, considera que la valoración, en causas tramitadas ante el nuevo Código del Proceso Penal, no puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, en el caso en estudio, la Corte, debidamente integrada y por unanimidad, considera que el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Apelaciones no se aparta en absoluto de las normas legales que disciplinan tal tarea judicial. Por otro lado, la Defensa denunció error en la aplicación de los arts. 272 TER y 54 del Código Penal. Al respecto, expresó que estamos frente a una única resolución criminal en el tiempo y que el delito de lesiones quedaría subsumido en el delito principal. Sin embargo, la parte recurrente no satisface la exigencia relativa a plantear en debida forma el agravio, tal como lo requiere el artículo 273 del CGP, aplicable en la materia. A su vez, respecto al delito previsto en la Ley Nº 17.815 en la modalidad de almacenamiento de material pornográfico con menores de edad, se agravió por un error en la valoración de la prueba, por cuanto no se habría respetado la cadena de custodia del celular periciado que contenía dicho material. Sobre este aspecto, en primer lugar cabe destacar que la parte recurrente reitera el agravio esgrimido en el recurso de apelación, sin hacer un análisis concienzudo, lo que es inadmisible. Por último, se agravia por la pena impuesta, la que consideró razonablemente excesiva, evidenciándose una vulneración del límite de razonabilidad por fuera de los parámetros jurisprudenciales. El planteo carece de fundamentación suficiente, lo que determina su rechazo, por incumplimiento de las exigencias previstas en el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 29/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a suministrar a la parte actora, de 67 años de edad, quien padece de CÁNCER DE PULMÓN NO A CÉLULAS PEQUEÑAS; el medicamento ATEZOLIZUMAB conforme las indicaciones del médico tratante. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El FNR manifiesta que el medicamento pedido se encuentra fuera de la cobertura. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 30/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar al accionante, de 75 años de edad, portador de leucemia linfoide crónica (LLC); los fármacos VENETOCLAX y OBINUTUZUMAB de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 89/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. En el presente caso, la Defensa del condenado por varios delitos de abuso sexual agravados, presenta recurso de casación, solicitando la revocación de la sentencia y la absolución, sin perjuicio de plantear que la pena es exagerada. Ahora bien, a juicio de la Corporación, el recurso interpuesto debe de ser desestimado por razones de índole formal, ya que coincide plenamente con el escrito de apelación, reiterando los agravios allí esgrimidos y sellando la suerte del recurso.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 23/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 18 de febrero de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO SE AMPARA LA CONDENA POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE CATEGORÍA, EN LO QUE SE REVOCA. Y EN SU MERITO SE ABSUELVE DE LA CONDENA IMPUESTA A LA DEMANDADA. La Sala concluye que surge probado que la relación laboral del actor no puede seguir la suerte del contrato acordado cuando se verificó que en los hechos la actividad cumplida por el actor excede el marco contractual. Es claro que la labor de este como suplente de los cirujanos generales hace inferir que cuando desempeña dichas funciones lo hace en calidad de suplente para cumplir determinadas tareas en determinada empresa. Si bien es cierto que se trató de un contrato sujeto a condición, no es menos cierto, como bien analiza y concluye la Sra. Juez a quo, en correcta aplicación de los principios de primacía de la realidad, continuidad y protector que el marco en que se dio las suplencias del actor exceden el marco contractual que limita al accionante en funciones de medico residente y por ende su egreso no puede estar vinculado a dicho contrato, en tanto quedó demostrado que ejercía funciones bajo dos regímenes contractuales.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 26/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

En el marco de un proceso en el cual el actor promovió demanda de desalojo por ocupante precario, Art. 36 de la Ley 14.384, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual resolvió desestimar las excepciones opuestas (falta de legitimación pasiva, falta de legitimación activa e inadecuación del trámite) y mantuvo lo decidido por Resolución Interlocutoria No 262/2024, la cual decretó el desalojo del inmueble de autos por el plazo de 30 días. Entiende el Tribunal que en la impugnada se efectuó un correcto y completo análisis de la prueba allegada a la causa y se fundó ampliamente y en forma correcta el fallo que mantuvo firme al decreto liminar de desalojo, en mérito a que se ha acreditado en autos que los demandados, ocupan el inmueble de autos por mera tolerancia de la parte actora, no habiendo acreditado la invocada calidad de poseedores.

Proceso monitorio · Derecho civil

DEFINITIVA 90/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso, en el cual compareció el Ministerio del Interior, a efectos de promover demanda de regulación y cobro de honorarios contra los recurrentes y su abogado patrocinante, la Suprema Corte de Justicia, declaró la falta de legitimación pasiva al abogado patrocinante de los recurrentes y amparó parcialmente la demanda instaurada y; en su mérito, fijó los honorarios profesionales en la suma de 77 UR, más IVA e interés legal desde la fecha de presentación de la demanda regulatoria hasta su efectivo pago. En cuanto a la falta de legitimación pasiva del abogado patrocinante, a juicio de la Corte, el intento del actor de hacerlo responsable por los costos que pretende cobrar carece de fundamento. El abogado patrocinante, que firmó junto al resto de los demandados en el proceso donde se tramitó el recurso de revisión, compareció en su calidad de asistente técnico de los afectados por las sentencias impugnadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del CGP. Sin su asistencia, los actos procesales de los interesados serían nulos. En este sentido, la falta de legitimación del abogado patrocinante es manifiesta por cuanto no es titular del perjuicio invocado oportunamente por los impugnantes en el recurso de revisión ni tiene interés directo en la causa. El profesional no tenía la calidad de parte, ni tampoco la calidad de apoderado, por cuanto no litigó con poder. Por ende, no fue condenado solidariamente con su representado (único caso de responsabilidad del apoderado). Y la condena tuvo lugar por disposición del artículo 292 del CGP que prevé que las costas y los costos de la revisión desestimada serán de cargo de la parte recurrente.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

DEFINITIVA 23/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026Importancia alta

Nota: Para el ingreso de la presente sentencia en la Base de Jurisprudencia Nacional, dado el gran número de comparecientes se procedió a ingresar el primer compareciente y los demás como otros. Resumen: En el marco de un proceso, en el cual los actores promovieron demanda por cumplimiento de contrato, cobro de pesos y daños y perjuicios moratorios, contra el Banco de la República Oriental del Uruguay; se tuvo por desistidos de la pretensión a los accionantes que no comparecieron a la audiencia preliminar y se desestimó la demanda con relación a los demás comparecientes. Señala la Sala, que de los propios términos de la demanda en algún caso y de la prueba recibida en la causa se extrae nítidamente la existencia de hechos de las víctimas que por ser sujetos pasivos de maniobras de phishing o de la utilización de software malicioso (malware) accedieron a proporcionar sus claves de acceso al sistema a terceras personas, lo cual desplaza la responsabilidad de la demandada en relación a los reclamantes. Además, puede plantearse juiciosamente que el phishing o la instalación del “malware” pudo no deberse a descuido o negligencia del cliente, sino por la conducta de terceros. Como ya es sabido, el hecho del tercero resulta admisible como excusa liberatoria en materia de responsabilidad civil contractual, como ha especificado la doctrina.

Proceso civil ordinario · Derecho bancario

DEFINITIVA 42/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 18 de febrero de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado FNR, desestimándose la demanda a su respecto; y se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de linfoma del manto) el medicamento ACALABRUNITIB , dentro del plazo de 24 horas continuas a partir de la notificación de la sentencia y de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante y durante todo el tiempo que indique. La Sala entiende que el MSP incurre en ilegitimidad manifiesta al negar la prestación solicitada, vulnerando derechos como la Vida y la Salud.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 24/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

En el caso de autos, el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO presentó acción de repetición por el régimen del Seguro Obligatorio de Automotores. En primera instancia, condenó a AA al pago de $ 985.702 más reajustes desde el efectivo desembolso e intereses legales desde la interposición de la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la Sentencia de primera instancia y condenó a la codemandada BB in solidum al igual que lo fue el codemandado AA, al pago de $ 985.702 más actualizaciones en la forma dispuesta en primera instancia. Señala la Sala que la codemandada BB tiene legitimación pasiva en la causa y debe ser condenada in solidum al igual que el otro codemandado. Se considera por parte del Tribunal, que la demandada no controvirtió su calidad de propietaria del vehículo ni tomadora del seguro conforme la regla de la contradicción establecida en el art. 130.2 del CGP, sino que lo que hizo fue mencionar que no se había aportado prueba adjunta a la demanda que acreditara tales condiciones. Es decir, no dijo que no era la propietaria del vehículo o tomadora del seguro al momento del siniestro, tampoco informó quien sería entonces el propietario y quien sería entonces el asegurado, solo se refirió a que la contraria no lo probaba con documentos que había adjuntado en la demanda. Por otro lado, las conductas desplegadas por BB ante el BSE al momento de denunciar el siniestro en su calidad de asegurada, y al momento de dar cumplimiento a cada una de las actuaciones administrativas en dicha calidad que le fueron requeridas por el BSE, determina que sea de aplicación a su respecto la Teoría del Acto Propio.

Proceso civil extraordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 40/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 18 de febrero de 2026

Por sentencia definitiva de primera instancia se hizo lugar a la pretensión y se condenó al FNR y al MSP a proporcionar a la actora (portadora de cáncer de pulmón metastásico) la financiación necesaria para cubrir los gastos totales que insuma el tratamiento con el medicamento ATEZOLIZUMAB , conforme las indicaciones del médico tratante, dentro de un plazo no mayor a las 48 horas. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el FNR, agraviándose por cuanto el medicamento solicitado no se encuentra incluido en el FTM para la situación clínica de la actora. La Sala entiende que no se configura ilegitimidad manifiesta alguna (artículo 1º de la Ley Nº 16.011) en la negativa del FNR a proporcionar el medicamento a la actora, ya que el mencionado no es un organismo asistencial y en base al principio de especialidad no puede realizar sino las actividades derivadas de su marco competencial; por lo cual se procederá a revocar la sentencia de primera instancia en cuanto condenó al FNR y, en su lugar, se declarará su falta de legitimación pasiva, confirmándola en lo demás.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 41/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 18 de febrero de 2026

El Tribunal procedió a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva respecto al FNR, desestimando la demanda a su respecto y confirmar la demanda en cuanto condena al M SP a proporcionar a la actora la cobertura y financiación necesaria para la ARTOPLASTIA DE HOMBRO DERECHO CON PRÓTESIS REVERSA , cubriéndose el procedimiento y materiales necesarios dentro de un plazo no mayor a 48 horas, bajo apercibimiento legal. La Sala tiene jurisprudencia constante en cuanto sostiene la posición que el FNR carece de legitimación pasiva en las reclamaciones vertidas en acciones de amparo donde se solicitan tratamientos no incluidos en el PÍAS para la situación clínica de la amparista, como es el caso de autos.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 86/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 25/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

En el marco de un proceso, en el cual la parte actora pretende indemnización por daños y perjuicios, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la Sentencia Definitiva impugnada y desestimó la demanda en todos sus términos. La Sala considera al respecto que la actora no sustanció en debida forma la pretensión. El incumplimiento a la Teoría de la Sustanciación de la parte actora quien no articuló su pretensión en base a la responsabilidad contractual que debía definir el litigio, y sí en base a un tipo de responsabilidad extracontractual inexistente. En consecuencia, el caso debe dilucidarse por las reglas de la Responsabilidad Contractual (como bien sostuvo la Sra. Jueza A Quo en aplicación del Principio Iura Novit Curia) en función del vínculo preexistente que unió a las partes, para lo cual es necesario acudir a las reglas de interpretación del acuerdo celebrado entre los litigantes. Finalmente, la Sala entendió en base a la interpretación del contrato, que no se acreditó incumplimiento contractual de la demandada. La actora no cumplió con la carga probatoria de acreditar el incumplimiento contractual de la demandada ni en su carácter de vendedor, ni en su carácter de administrador (tipo de responsabilidad que no invocó al momento de articular su pretensión).

Proceso civil ordinario · Derecho civil