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DEFINITIVA 1482/2026 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2026Importancia alta

Antecedentes: El defensor del acusado interpuso excepción de inconstitucionalidad contra el art. 59 inciso 2º del CPP, alegando que vulnera la libertad ambulatoria y de circulación (arts. 7 y 10 de la Constitución) al permitir registros policiales arbitrarios sin tipicidad estricta ni sospecha fundada. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción por unanimidad, señalando que la norma es perfectamente constitucional mediante una interpretación conforme y sistemática. Destacó que el precepto persigue un fin de interés general legítimo (seguridad pública y prevención del delito) y no autoriza registros caprichosos, existiendo controles legales y penales contra posibles abusos. Resolutivo: La Suprema Corte de Justicia resolvió desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta, declarando la plena constitucionalidad de la norma impugnada.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 124/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 27 de agosto de 2026

Sentencia

Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 458/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 27 de agosto de 2026

Se confirma formalización y se dispone el arresto domiciliario.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 290/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 27 de agosto de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia recurrida por la cual se acogió la falta de legitimación pasiva del FNR y se condenó al M SP a proporcionar al actor (diagnosticado con obstrucción severa del flujo sanguíneo hacia miembros inferiores) el procedimiento de REVASCULARIZACIÓN ENDOVASCULAR mediante litotricia intravascular, balones liberadores de fármaco, stents periféricos y técnicas avanzadas de recanalización, en plazo máximo de 5 días y demás prestaciones solicitadas no incluidas en el PIAS.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 265/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 27 de agosto de 2026

En el marco de un proceso iniciado por la Intendencia de Montevideo al amparo de los arts. 68 y 69.3 de la ley 18.308, contra varias familias que ocupan el padrón de su propiedad, y en el cual existen construcciones realizadas sin su autorización y aprobación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto revocó la providencia liminar en todos sus términos, y en su mérito, se dispone la inmediata suspensión de cualquier obra o construcción irregular en el padrón de autos, así como la prohibición de realizarlas en el futuro sin la debida autorización. Señala la Sala que en el caso de autos no estamos en presencia de intrusos, ocupación clandestina o sorpresiva, situación que amerita actuar de forma inmediata en el marco que dispuso el legislador (ley 18.308), sino ante familias que viven en el bien desde hace muchos años, donde han construido su hogar, su centro de vida; aparentando desproporcionado que pueda lograrse por la vía sumarísima del art. 69.3, la demolición y desocupación del padrón, pudiendo la Intendencia iniciar otros procesos para lograr el fin que persigue, de acuerdo a los derechos alegados, y donde los demandados podrán ejercer su defensa en debida forma. No obstante lo expuesto, entiende el Tribunal que la Intendencia luego de las actuaciones administrativas realizadas (inspección ocular e intimaciones) tiene derecho por esta vía a solicitar la suspensión del avance de cualquier construcción u obra que pudiese existir en la actualidad en el padrón objeto de autos, en la medida que las mismas carecen de la autorización previa correspondiente.

Otros · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 156/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 27 de agosto de 2026

En el marco de un proceso concursal, en el cual la compareciente se presentó a impugnar la lista de acreedores, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la impugnación deducida en autos manteniendo la exclusión del crédito de la verificación efectuada. Señala la Sala que del informe de la Sindicatura resulta que la recurrente se presentó el 23 de junio de 2025 pidiendo la verificación de créditos derivados de adeudos, adjuntando 10 facturas emitidas entre el 31/07/2024 al 21/08/2024 por un total de $ 939.218,08. Al no figurar en ellas su naturaleza, la Síndica entendió que eran facturas contado y, consecuentemente, excluyó el crédito insinuado. Se desprende de lo antedicho, que el compareciente no aportó toda la documentación que entendía necesaria para probar su crédito. En consecuencia, a criterio de las integrantes de esta Sala, el certificado contable aportado no acredita debidamente la existencia del crédito invocado.

Proceso concursal · Derecho concursal

INTERLOCUTORIA 163/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 27 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó las impugnaciones promovidas por los acreedores laborales y mantuvo su exclusión de la nómina de acreedores de la concursada, por entender que, aun admitida la existencia de un conjunto económico entre las sociedades concursadas, ello no determina en sede concursal confusión de masas ni comunicación de deudas, debiendo cada crédito verificarse contra la masa pasiva de su respectivo deudor. Señala la Sala que en el caso de autos, el objeto de controversia consiste en que debe determinarse si el reconocimiento de la existencia de un grupo económico trae aparejado como lo consideran los promotores, la confusión de las obligaciones de las distintas sociedades y autoriza a los trabajadores de una de ellas a verificar sus créditos indistintamente en los concursos de las restantes integrantes del grupo. En consecuencia, la Sala concluye que una cosa es reconocer que diversas sociedades integran un conjunto económico y otra, diferente, concluir que esa circunstancia determina por sí sola la confusión de sus respectivos patrimonios, la desaparición de su individualidad jurídica o la comunicación general de las obligaciones asumidas por cada una. La sola configuración del conjunto económico no produce, en el régimen de la Ley n.o 18.387, una consolidación patrimonial automática que autorice a verificar indistintamente la totalidad de los créditos contra cada una de las sociedades concursadas. En definitiva, el art. 9 de la citada ley habilita y ordena procesalmente el tratamiento coordinado de los concursos de integrantes de un grupo, pero no consagra una responsabilidad solidaria general entre ellos ni autoriza la comunicación automática de sus pasivos.

Proceso concursal · Derecho concursal

INTERLOCUTORIA 162/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 27 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó las impugnaciones promovidas por los acreedores laborales y mantuvo su exclusión de la nómina de acreedores de la concursada por entender que, aun admitida la existencia de un conjunto económico entre las sociedades concursadas, ello no determina en sede concursal confusión de masas ni comunicación de deudas, debiendo cada crédito verificarse contra la masa pasiva de su respectivo deudor. Señala la Sala que una cosa es reconocer que diversas sociedades integran un conjunto económico y otra, diferente, concluir que esa circunstancia determina por si sola la confusión de sus respectivos patrimonios, la desaparición de su individualidad jurídica o la comunicación general de las obligaciones asumidas por cada una. Precisamente, el art. 9 de la Ley No.18.387 contempla las solicitudes conjuntas de declaración de concurso, permitiendo que dos o más deudores integrantes de un mismo grupo comparezcan conjuntamente, así como que un acreedor promueva el concurso de varios de sus deudores cuando se configuren las circunstancias previstas legalmente. La disposición procura facilitar el tratamiento coordinado de situaciones de insolvencia vinculadas, pero no erige al grupo empresarial en un nuevo sujeto concursable ni dispone la consolidación sustancial de los patrimonios de sus integrantes.

Proceso concursal · Derecho concursal

DEFINITIVA 267/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 27 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual fijó el precio definitivo de la superficie expropiada en la suma de UR 2.460,06. Estableció los honorarios del Perito Tasador Rematador en 21,10 UR más IVA y dispuso que oportunamente se proceda a la escrituración correspondiente. Señala la Sala que considerando que la parte actora recurrente no ofreció prueba idónea en sustento de la impugnación del Dictamen Pericial en cuestión, y no explicitó las razones que conducirían a desvirtuar las conclusiones del referido Dictamen (limitándose a discrepar genéricamente con el mismo), corresponde confirmar la decisión de primera instancia que adoptó las conclusiones del dictamen pericial recaído en la causa.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 138/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 27 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 271/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 27 de agosto de 2026Importancia alta

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a proporcionar a la actora, de 68 años de edad, quien padece de cáncer de pulmón diseminado; el fármaco ENTRECTINIB, a través de los procedimientos y canales administrativos que correspondan. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 947/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 27 de agosto de 2026

El Tribunal confirmó la impugnada por la cual se dispuso mantener como medidas de protección la prohibición de comunicación, relacionamiento, acercamiento y contacto entre la denunciante, ampliándose respecto de su menor hijo CC y el denunciado en forma directa o a través de terceras personas y por cualquier medio con expresa prohibición de hacerse presente en su domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio y lugares que frecuente, señalándose un radio de exclusión de 500 metros, por el plazo de 180 días, venciendo las mismas el 19/11/2026. No obstante ello, este Colegiado entiende que dado el plazo por el que se determinaron las medidas y el perjuicio que ello puede acarrear en el niño, teniendo en cuenta los deseos del mismo de ver a su padre, deberá convocarse audiencia evaluatoria a la brevedad a fin de considerar la situación actual y la posibilidad de que se modifique dicha medida, en atención a lo dispuesto por el art. 67 lit. C) de la ley 19.580.

Proceso cautelar · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 949/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 27 de agosto de 2026

El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia que no hizo lugar a la reinserción provisional de la niña de auyos (de 18 meses de edad) en una familia del RUA, manteniendo la situación de la niña en régimen de amparo en INAU, disponiendo un régimen de licencia de la misma para con progenitora para afianzar y fortalecer vínculos parentales; ordenando a INAU trabajar en el afianzamiento y relacionamiento también con el progenitor.

Proceso cautelar · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 139/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 27 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 126/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 27 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 266/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 27 de agosto de 2026

La Sala entiende que considerando que las demandadas introdujeron mercadería en territorio nacional que no estaba amparada a ningún beneficio arancelario (debiendo por tanto tributar como toda importación) y la ensamblaron a una máquina liofilizadora en un predio que no estaba autorizado como depósito aduanero, se coincide con la calificación jurídica realizada por la Fiscalía, en cuanto a que la conducta de los imputados ingresa en la hipótesis infraccional aduanera de contrabando, de acuerdo con lo previsto por el art. 209 del CAROU. Se hará lugar a la acusación Fiscal formulada (fs. 432) salvo en cuanto solicitó que se imputara la infracción a título de dolo pues, a criterio del Tribunal, corresponde imputar la infracción de contrabando a título de culpa, reduciéndose la multa peticionada por la Fiscalía en un 50% (art. 213. 2 CAROU).

Proceso civil ordinario · Derecho aduanero

INTERLOCUTORIA 127/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 27 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 946/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 27 de agosto de 2026

La Sala confirma la sentencia interlocutoria de primera instancia, considerando que las medidas dispuestas de prohibición de acercamiento y comunicación con la utilización de dispositivo de monitoreo electrónico, resultan acertadas.

Proceso cautelar · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 125/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 27 de agosto de 2026

Sentencia

Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 948/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 27 de agosto de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la cual se dispuso mantener como medidas de protección la prohibición de comunicación, relacionamiento, acercamiento y/o contacto del denunciado para con la denunciante, fijándose un radio de exclusión de 1000 metros; venciendo las mismas con fecha 25/11/2026. Asimismo, para el caso que la pericia del ETEC informase que es de alto riesgo, dispónese desde ya el ingreso de las partes al SME. La Sala entiende que los agravios del denunciado respecto al radio de exclusión y el ingreso de las partes al SME no son de recibo; ya que la A Quo aplicó a cabalidad el principio precautorio.

Proceso cautelar · Derecho de familia