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DEFINITIVA 37/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 18 de febrero de 2026

Se confirma la sentencia recurrida que condenó a PRODOMUS SRL y a la codemandada ANTEL, esta última en carácter solidario al pago al actor, de la suma de $ 241.889 por los rubros salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios preceptivos y multa, con actualización e intereses que se generen hasta el efectivo pago, sin perjuicio de las deducciones legales que pudieren corresponder por concepto de tributos y cargas sociales. No se hace lugar a los agravios de la demandada Antel. La sentencia analiza la documentación presentada y concluye que ANTEL no realizó un control efectivo. No basta con pedir la documentación para archivarla, sino que el control debe ser efectivo, en el caso no había control del horario de trabajo. Tampoco tomó en cuenta ANTEL que la empresa desapareció de un día para el otro y ésta no hizo uso del derecho de retención para el pago al actor, el cual continuó trabajando en su beneficio. Las leyes 18.099 y 18.251 implantaron un sistema de responsabilidad que abarca todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que comprende tanto a las obligaciones salariales como indemnizatorias, entre las que se encuentra la indemnización por despido.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 38/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 18 de febrero de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA DE AUTOS, SALVO EN CUANTO: NO HACE LUGAR A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL SR. RICARDO LENA, EN QUE SE LA REVOCA Y SE ABSUELVE AL CO-DEMANDADO DE LA CONDENA DISPUESTA. Ante el agravio por no hacerse lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta. la Sala considera que el hecho que un hijo colabore con su madre, no lo convierte en legitimado pasivo o sea en el empleador, aún en el marco de que firmara recibos, que no corresponde que sean firmados por quien paga, sino que debe serlo por quien recibe. El hijo no vivía en el mismo domicilio que su madre, por tanto no se beneficiaba con el trabajo que prestaba la actora. La sentencia recurrida analiza que la renuncia presentada por la actora fue libre y valida expresando en sus fundamentos que si bien estaba redactada por el testigo RL y que la actora firmo, no es menos cierto que previamente a firmar esa carta a la actora le fue exhibido un video que la filmaba cometiendo uan inconducta. La omisión de la actora de mencionar ese hecho como elemento previo a la firma es por demás sugerente… y tampoco negó que hubiera suministrado la medicación indebida que ha señalado la demandada” “y que la inconducta anterior de la trabajadora coloca a la renuncia en libre y valida”. La Sala confirmara la recurrida en tanto considera que las conclusiones arribadas no han sido conmovidas por los agravios, en tanto el actuar de la actora son elementos probatorios que surgen acreditados en autos.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 16/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 18 de febrero de 2026

Se confirma la sentencia recurrida que desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva, entendiendo que existe un conjunto económico integrado por la totalidad de la parte demandada. Por lo que condenó a los restantes integrantes de la demandada al pago de los rubros y montos objeto de la sentencia definitiva parcial No. 10/2025. Y condenó a todos los demandados al pago de horas extras, salarios impagos, diferencias salariales, diferencias en licencia no gozada, salario vacacional y sueldo anual complementario, presentismo, diferencia en indemnización por despido, más 10 % en concepto de daños y perjuicios preceptivos sobre los rubros de naturaleza salarial y 10 % en concepto de multa, más reajustes e intereses legales desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago, lo que totaliza la suma de $ 8.518.698. La Sala concluye que no es posible constatar la configuración, en el desempeño del actor, de los indiciosde personal superior. Por lo que, pese a encargarse de tareas administrativas relativas al funcionamiento del servicio, en calidad de encargado, no puede pretenderse que fuera personal superior o de confianza.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 34/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 18 de febrero de 2026

Se confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda. Para el Tribunal, surge claro que el trabajador se presentó en dos oportunidades ante el MTSS a efectos de solicitar conciliación, la primera comparecencia fue en agosto de 2023 y no compareció a la audiencia, según constancia a fs. 102. Y luego nuevamente realizó el mismo trámite, es decir, pretendió interrumpir nuevamente la prescripción dos veces por el mismo medio, lo que tanto doctrina como jurisprudencia entienden que no corresponde.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 40/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 18 de febrero de 2026

Se confirma la recurrida que condenó a la demandada a abonar al actor las sumas pretendidas por concepto de horas extras, descanso intermedio trabajado y prima “Premio de fin de año”, más daños y perjuicios preceptivos, multa, reajustes e intereses legales desde la fecha de su exigibilidad hasta la fecha de su efectivo pago. A entender de la Sala, no cabe sino confirmar la sentencia recurrida, y ello porque la argumentación que la demandada alegó al contestar y que ahora repite en la apelación, una serie de argumentos absolutamente insuficientes e inadecuados a derecho, además de imprecisos en aspectos fácticos, para rebatir los reclamos. Invoca la teoría del acto propio aplicada al trabajador, la cual no aplica al trabajador en estas hipótesis.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 27/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

En el marco de un proceso en el cual la parte actora pretende indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, en la cual se reclama el pago de la suma de U$S 20.414 por concepto de daño moral, en virtud de un accidente de tránsito ocurrido, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la pretensión. La Sala coincide plenamente con el A Quo en cuanto a que si bien la parte actora indica que el vehículo no se movió, no resulta razonable que “se lleve puesto” al vehículo un ómnibus que ya había transitado casi todo su largo, puesto que la colisión fue en la parte lateral trasera de aquel, casi finalizando la totalidad de la longitud de este”.

Proceso civil extraordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 24/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026

En el marco de un proceso, en el cual comparecieron funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, promoviendo juicio ordinario reclamando el pago de diferencias salariales, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual declaró la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía y Finanzas, y desestimó igual excepción opuesta por el TCA, condenando a este último a abonar a la parte actora, el incremento porcentual del 26,03% correspondiente al enganche impetrado y su incidencia en el aguinaldo. Señala la Sala que tratándose el presente caso de una cuestión relativa a reclamo por diferencias en la remuneración de los promotores resulta claro que el emplazamiento del Estado por medio del órgano Tribunal de lo Contencioso Administrativo resulta adecuada a Derecho, máxime si se tienen presentes las potestades presupuestales conferidas al mismo por la norma del art. 321 de la Constitución Nacional.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 26/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la cual se dispuso condenar al M SP a suministrar al actor (quien padece cáncer gástrico) el medicamento TRASTUZUMAB DERUXTECAN , en el plazo de veinticuatro horas contadas desde la notificación de esta sentencia, en la forma, dosis y modalidad que determine su médico tratante. La decisión adopta se debe a que la negativa del MSP a suministrar a la parte actora la medicación que reclama comporta por sí sola una manifiesta ilegitimidad por afectación de su derecho constitucional a la vida, a la salud, a la asistencia sanitaria integral y de calidad.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 94/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, se dedujo demanda de nulidad respecto a una resolución de BPS por la cual se le denegó a la parte actora una pensión por invalidez, entre otros fundamentos, por no reunir las condiciones previstas para acceder al derecho al amparo del artículo 171 de la Ley Nº 20.130; en particular, por no contar con un mínimo de diez años de residencia en el país. Conjuntamente con la demanda de nulidad, la accionante opuso excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 171 de la Ley Nº 20.130. La Corporación procedió a desestimar el excepcionamiento deducido, por cuanto a juicio de la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Morales, Minvielle y el redactor Sosa, el planteo incumple ostensiblemente con lo dispuesto en el artículo 512 del CGP, extremo que lo torna inadmisible. A entender de los referidos Ministros lo único que sostiene la excepcionante, es que el requisito de residencia previa es discriminatorio y por ello violaría el artículo 8 de la Carta, pero lejos esta de explicar por qué la norma legal atacada vulnera, a su juicio, el principio constitucional de igualdad. En una posición diversa se encuentra el Sr. Ministro Dr. Posada Xavier; quien si bien comparte con la mayoría que el planteo incumple con el artículo 512 del CGP; estima que la vulneración al principio de igualdad, mínimamente se encuentra desarrollada y, en consecuencia corresponde su análisis sustancial, más allá que se concluirá que el planteo no puede ser acogido.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 30/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar al accionante, de 75 años de edad, portador de leucemia linfoide crónica (LLC); los fármacos VENETOCLAX y OBINUTUZUMAB de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 88/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación desestima la casación incoada . En autos, la Defensa presenta recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Sostuvo que el Tribunal violó las reglas de valoración de la prueba. Según el criterio de la mayoría de la Corte integrada, conformada por las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales, Míguez y Pérez, hay límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los Tribunales de mérito en la etapa de casación. Solamente puede ser revisado en esta etapa en casos en que se incurra en absurdo evidente. Para que se configure la mentada violación de valoración de la prueba, se debe denunciar y demostrar la misma, lo que no ocurrió en el presente caso. Por su parte, el Ministro Dr. Sosa, considera que la valoración, en causas tramitadas ante el nuevo Código del Proceso Penal, no puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, en el caso en estudio, la Corte, debidamente integrada y por unanimidad, considera que el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Apelaciones no se aparta en absoluto de las normas legales que disciplinan tal tarea judicial. Por otro lado, la Defensa denunció error en la aplicación de los arts. 272 TER y 54 del Código Penal. Al respecto, expresó que estamos frente a una única resolución criminal en el tiempo y que el delito de lesiones quedaría subsumido en el delito principal. Sin embargo, la parte recurrente no satisface la exigencia relativa a plantear en debida forma el agravio, tal como lo requiere el artículo 273 del CGP, aplicable en la materia. A su vez, respecto al delito previsto en la Ley Nº 17.815 en la modalidad de almacenamiento de material pornográfico con menores de edad, se agravió por un error en la valoración de la prueba, por cuanto no se habría respetado la cadena de custodia del celular periciado que contenía dicho material. Sobre este aspecto, en primer lugar cabe destacar que la parte recurrente reitera el agravio esgrimido en el recurso de apelación, sin hacer un análisis concienzudo, lo que es inadmisible. Por último, se agravia por la pena impuesta, la que consideró razonablemente excesiva, evidenciándose una vulneración del límite de razonabilidad por fuera de los parámetros jurisprudenciales. El planteo carece de fundamentación suficiente, lo que determina su rechazo, por incumplimiento de las exigencias previstas en el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 89/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. En el presente caso, la Defensa del condenado por varios delitos de abuso sexual agravados, presenta recurso de casación, solicitando la revocación de la sentencia y la absolución, sin perjuicio de plantear que la pena es exagerada. Ahora bien, a juicio de la Corporación, el recurso interpuesto debe de ser desestimado por razones de índole formal, ya que coincide plenamente con el escrito de apelación, reiterando los agravios allí esgrimidos y sellando la suerte del recurso.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 23/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026Importancia alta

Nota: Para el ingreso de la presente sentencia en la Base de Jurisprudencia Nacional, dado el gran número de comparecientes se procedió a ingresar el primer compareciente y los demás como otros. Resumen: En el marco de un proceso, en el cual los actores promovieron demanda por cumplimiento de contrato, cobro de pesos y daños y perjuicios moratorios, contra el Banco de la República Oriental del Uruguay; se tuvo por desistidos de la pretensión a los accionantes que no comparecieron a la audiencia preliminar y se desestimó la demanda con relación a los demás comparecientes. Señala la Sala, que de los propios términos de la demanda en algún caso y de la prueba recibida en la causa se extrae nítidamente la existencia de hechos de las víctimas que por ser sujetos pasivos de maniobras de phishing o de la utilización de software malicioso (malware) accedieron a proporcionar sus claves de acceso al sistema a terceras personas, lo cual desplaza la responsabilidad de la demandada en relación a los reclamantes. Además, puede plantearse juiciosamente que el phishing o la instalación del “malware” pudo no deberse a descuido o negligencia del cliente, sino por la conducta de terceros. Como ya es sabido, el hecho del tercero resulta admisible como excusa liberatoria en materia de responsabilidad civil contractual, como ha especificado la doctrina.

Proceso civil ordinario · Derecho bancario

DEFINITIVA 23/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 18 de febrero de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO SE AMPARA LA CONDENA POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE CATEGORÍA, EN LO QUE SE REVOCA. Y EN SU MERITO SE ABSUELVE DE LA CONDENA IMPUESTA A LA DEMANDADA. La Sala concluye que surge probado que la relación laboral del actor no puede seguir la suerte del contrato acordado cuando se verificó que en los hechos la actividad cumplida por el actor excede el marco contractual. Es claro que la labor de este como suplente de los cirujanos generales hace inferir que cuando desempeña dichas funciones lo hace en calidad de suplente para cumplir determinadas tareas en determinada empresa. Si bien es cierto que se trató de un contrato sujeto a condición, no es menos cierto, como bien analiza y concluye la Sra. Juez a quo, en correcta aplicación de los principios de primacía de la realidad, continuidad y protector que el marco en que se dio las suplencias del actor exceden el marco contractual que limita al accionante en funciones de medico residente y por ende su egreso no puede estar vinculado a dicho contrato, en tanto quedó demostrado que ejercía funciones bajo dos regímenes contractuales.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 33/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 18 de febrero de 2026

Se confirma la recurrida que condenó a la demandada, Cooperativa Nacional de Productores de Leche- a pagar a los actores el premio por egreso pretendido en la demanda más la multa estatuida por el artículo 29 de la Ley 18.572, de acuerdo a lo expresado en los Considerandos que anteceden. La suma resultante deberá reajustarse de acuerdo al decreto ley 14.500 y llevará intereses legales hasta la fecha del efectivo pago. Costas de la demandada de su cargo; mientras que las de los actores son de oficio. Sin especial condenación en costos. La Sala entiende que la obligatoriedad del beneficio deriva no solo de la reiteración del pago a todos quienes cumplieron las condiciones y lo solicitaron desde el año 1959 al 2020, existiendo décadas de pagos sostenidos, incluso contra la propia decisión de Conaprole, que confirman el uso patronal y la convicción de obligatoriedad. Sino también al principio de buena fe que debe regir la relación contractual entre las partes.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 75/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 18 de febrero de 2026

Se confirma formalización y se revoca la prisión preventiva.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 27/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 18 de febrero de 2026

La sentencia de primera instancia amparó la demanda y condenó en forma solidaria a los demandados, a pagar a la parte actora la suma de U$S 210.000 con descuento de lo percibido reajustado por concepto del SOA más intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda. El Tribunal confirma parcialmente la sentencia impugnada, revocándola en cuanto condenó al pago del daño moral de una de las nietas de la victima (nacida dos días antes del siniestro), sus nueras y yernos; y en cuanto a los intereses legales, debiéndose los mismos desde la fecha del accidente de transito.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 26/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

En el marco de un proceso en el cual el actor promovió demanda de desalojo por ocupante precario, Art. 36 de la Ley 14.384, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual resolvió desestimar las excepciones opuestas (falta de legitimación pasiva, falta de legitimación activa e inadecuación del trámite) y mantuvo lo decidido por Resolución Interlocutoria No 262/2024, la cual decretó el desalojo del inmueble de autos por el plazo de 30 días. Entiende el Tribunal que en la impugnada se efectuó un correcto y completo análisis de la prueba allegada a la causa y se fundó ampliamente y en forma correcta el fallo que mantuvo firme al decreto liminar de desalojo, en mérito a que se ha acreditado en autos que los demandados, ocupan el inmueble de autos por mera tolerancia de la parte actora, no habiendo acreditado la invocada calidad de poseedores.

Proceso monitorio · Derecho civil

DEFINITIVA 90/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso, en el cual compareció el Ministerio del Interior, a efectos de promover demanda de regulación y cobro de honorarios contra los recurrentes y su abogado patrocinante, la Suprema Corte de Justicia, declaró la falta de legitimación pasiva al abogado patrocinante de los recurrentes y amparó parcialmente la demanda instaurada y; en su mérito, fijó los honorarios profesionales en la suma de 77 UR, más IVA e interés legal desde la fecha de presentación de la demanda regulatoria hasta su efectivo pago. En cuanto a la falta de legitimación pasiva del abogado patrocinante, a juicio de la Corte, el intento del actor de hacerlo responsable por los costos que pretende cobrar carece de fundamento. El abogado patrocinante, que firmó junto al resto de los demandados en el proceso donde se tramitó el recurso de revisión, compareció en su calidad de asistente técnico de los afectados por las sentencias impugnadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del CGP. Sin su asistencia, los actos procesales de los interesados serían nulos. En este sentido, la falta de legitimación del abogado patrocinante es manifiesta por cuanto no es titular del perjuicio invocado oportunamente por los impugnantes en el recurso de revisión ni tiene interés directo en la causa. El profesional no tenía la calidad de parte, ni tampoco la calidad de apoderado, por cuanto no litigó con poder. Por ende, no fue condenado solidariamente con su representado (único caso de responsabilidad del apoderado). Y la condena tuvo lugar por disposición del artículo 292 del CGP que prevé que las costas y los costos de la revisión desestimada serán de cargo de la parte recurrente.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

DEFINITIVA 29/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 18 de febrero de 2026

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a suministrar a la parte actora, de 67 años de edad, quien padece de CÁNCER DE PULMÓN NO A CÉLULAS PEQUEÑAS; el medicamento ATEZOLIZUMAB conforme las indicaciones del médico tratante. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El FNR manifiesta que el medicamento pedido se encuentra fuera de la cobertura. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil