DEFINITIVA 92/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMANSE LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. La Corporación no advierte error jurídico alguno en el razonamiento de la Sala, conforme el cual el efecto interruptivo de la solicitud de conciliación solo alcanza a los rubros por los cuales se efectuó la solicitud y no comprende aquellos que no fueron objeto de solicitud de citación a audiencia de conciliación ante el MTSS. No asiste razón a Manteo SA cuando afirma que la Sala se contradice al aceptar la concatenación de citaciones a conciliación y, a la vez, niega la posibilidad de interrupción sucesiva de la prescripción. Resulta claro que, para la Sala, el acto que interrumpe la prescripción –en el caso de autos, la solicitud de audiencia de conciliación– es uno y procede por única vez. Respecto al agravio por la transaccion, advierte la Suprema Corte de Justicia que de los dos argumentos que sustentan la decisión impugnada, el recurrente cuestionó uno solo de ellos, lo que sella negativamente la suerte del agravio. En efecto, en su libelo de casación, la DGC intenta conmover la valoración de la prueba que llevó a la Sala a concluir que el letrado que asistió a los trabajadores en la celebración de las transacciones no era un abogado independiente de la empresa empleadora, que velara por los intereses exclusivos de sus asistidos.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 94/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, se dedujo demanda de nulidad respecto a una resolución de BPS por la cual se le denegó a la parte actora una pensión por invalidez, entre otros fundamentos, por no reunir las condiciones previstas para acceder al derecho al amparo del artículo 171 de la Ley Nº 20.130; en particular, por no contar con un mínimo de diez años de residencia en el país. Conjuntamente con la demanda de nulidad, la accionante opuso excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 171 de la Ley Nº 20.130. La Corporación procedió a desestimar el excepcionamiento deducido, por cuanto a juicio de la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Morales, Minvielle y el redactor Sosa, el planteo incumple ostensiblemente con lo dispuesto en el artículo 512 del CGP, extremo que lo torna inadmisible. A entender de los referidos Ministros lo único que sostiene la excepcionante, es que el requisito de residencia previa es discriminatorio y por ello violaría el artículo 8 de la Carta, pero lejos esta de explicar por qué la norma legal atacada vulnera, a su juicio, el principio constitucional de igualdad. En una posición diversa se encuentra el Sr. Ministro Dr. Posada Xavier; quien si bien comparte con la mayoría que el planteo incumple con el artículo 512 del CGP; estima que la vulneración al principio de igualdad, mínimamente se encuentra desarrollada y, en consecuencia corresponde su análisis sustancial, más allá que se concluirá que el planteo no puede ser acogido.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 91/2026 · Suprema Corte de Justicia · 18 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. La Defensa del encausado, condenado en primera instancia y confirmado en segunda instancia, como autor penalmente responsable de la comisión de varios delitos de abuso sexual agravados deduce casación, esgrimiendo varios agravios. Respecto de agravio referido a la valoración probatoria de la Sala, se hace notar que gran parte del escrito recursivo es una reiteración de lo expresado en el recurso de apelación, no cumpliendo con el análisis requerido de la sentencia impugnada. Asimismo, según criterio de la mayoría de la Corte integrada (Ministros Dres.Minvielle, Morales, Larrieu y Pérez), la plataforma fáctica solamente puede ser revisada en esta etapa procesal en las hipótesis de violación de tasas legales o cuando corresponda aplicar el sistema de la sana crítica y se incurra en absurdo evidente. Quien recurre en casación debe denunciar un error o vicio en el razonamiento probatorio que amerite la calificación de absurdo o arbitrario, y debe ser demostrado. Para la mayoría la Defensa no ha dado cumplimiento a los mismos. Por otro lado, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre considera que la cuestión relativa a la errónea valoración de la prueba no debe interpretarse en forma restrictiva, la infracción a las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la normativa procesal y puede su infracción ser alegada en el recuso de casación. A juicio del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, compartido por la Sra. Ministra Dra. Larrieu, los planteos desarrollados por la parte recurrente no logran demostrar un error que merezca su corrección en casación. El agravio relativo a la vulneración del principio de inocencia tampoco es de recibo. También se desestima el planteo de la parte recurrente relativo a una supuesta vulneración del principio “ non bis in ídem ”. En el caso, los hechos que conforman la plataforma fáctica ocurrieron tanto antes como después de la reforma del artículo 272 bis del Código Penal. Por ello, ya que parte de los hechos son posteriores a la entrada en vigencia de la nueva redacción de la norma, dada por la Ley Nº 19.889, la pena mínima para el delito es siempre de dos años de penitenciaría. En otro orden,respecto a la aplicación conjunta del artículo 54 del Código Penal y de la agravante prevista en el literal I) del artículo 279 del mismo cuerpo normativo, la Corte ratifica su postura respecto a que nada impide que dichas normas se apliquen conjuntamente. Asimismo, y por lo expuesto, se desestima el planteo referido al abatimiento de la cuantía de la pena.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 79/2026 · Suprema Corte de Justicia · 13 de febrero de 2026

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 76/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026

Proceso incidental

Proceso incidental · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 68/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 78/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 67/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 26/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso penal, la decisora de primera instancia condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancia estupefaciente agravado por la participación de un grupo delictivo organizado, por la utilización de un hogar como lugar de venta, y por ser la sustancia pasta base de cocaína, a la pena de cuatro años y tres meses de penitenciaria. El Tribunal de alzada ratificó la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada, la calificación jurídica y la pena, ante lo cual la defensa interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que la estrategia de la Defensa falla al intentar aislar determinados medios de prueba que entienden que favorecen su posición, pero omite realizar el análisis en conjunto que ofrece un panorama abrumador en el sentido de que el acusado efectivamente cometió los hechos delictivos que se le imputan. En definitiva, la valoración de la prueba en su conjunto apunta de manera decisiva a la responsabilidad del imputado por el delito de negociación de estupefacientes y la participación en la organización delictiva. La coartada de la defensa relativa a que el acusado se “olvidaba” del celular en las bocas de drogas y que los mensajes y llamadas las realizaban otras personas aprovechándose de esta circunstancia, además de no resultar verosímil, no cuenta con respaldo alguno en la prueba rendida.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 25/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026Importancia alta

El actor reclama rubros laborales contra UBER TECHNOLOGIES URUGUAY SA y UBER BV afirmando que entre ambas partes de desarrolló un vínculo de naturaleza laboral, bajo subordinación jurídica de forma ininterrumpida hasta su egreso por despido, ocurrido el 20 de noviembre de 2023. Asimismo, afirma que tras haber promovido contra las demandadas un proceso laboral, le fue bloqueada la aplicación de UBER, lo que interpreta como un claro despido abusivo. La Corporación en mayoría desestima el recurso de casación con discordia del Dr. John Perez Brignani. Los Sres. Ministros Dres. Minvielle Sánchez, Morales Martínez y el redactor entienden que, si bien apunta la demandada que, en la sentencia dictada en el proceso previo entre las mismas partes, la Corte se pronunció en el sentido opuesto, esto es, declarando la falta de jurisdicción para decidir acerca de los rubros allí reclamados (rubros laborales devengados en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2023), en el presente juicio (en el que se persigue el cobro de créditos laborales generados en un período posterior) existe una variante jurídica, introducida por la entrada en vigencia de la Ley No. 20369, promulgada el 13 de febrero de 2025 que modifica la posición en el presente caso. En el proceso anterior, al momento de analizar el presupuesto de jurisdicción, y sin que hubiera entrado en vigencia la referida ley, la Corte –en la multicitada sentencia Nº 536/2025, de 8 de mayo de 2025– entendió que correspondía relevar de oficio la falta de jurisdicción, pues las partes habían convenido una cláusula arbitral para dirimir cuestiones en las que no está prohibida la transacción (art. 476 del CGP), ni respecto de las cuales existía previsión legal que vedara la posibilidad de resolver en arbitraje (art. 472 del CGP). Así, se entendió que, tratándose de un conflicto individual de trabajo, la transacción resulta admisible y las partes tienen pleno poder de disposición de sus derechos. La Corte ha sostenido que, en materia laboral, no está prohibido acudir al arbitraje, en la medida en que se trata de una materia de libre disposición de las partes y que admite transacción. Ahora bien, en el caso de autos existe una norma que expresamente veda la posibilidad de dilucidar las contiendas en proceso arbitral (art. 9 inc. final Ley Nº 20.396). En efecto, la reciente ley obtura la posibilidad de acudir a la justicia arbitral para dirimir las controversias originadas en el contrato entre un trabajador y una empresa titular de una plataforma digital, siempre que el reclamante sea el trabajador y se domicilie en nuestro país, requisitos que se verifican en obrados. Al respecto el Dr. john Pererz discorde concluye que corresponde relevar de oficio la ausencia de jurisdicción del Poder Judicial en la presente causa y, en su mérito, anular la sentencia impugnada.Afirma que la norma legal en estudio (ley 20.396) no prohíbe la posibilidad de someter a arbitraje las controversias que se susciten entre un trabajador de una plataforma digital y la empresa titular de la misma.

DEFINITIVA 27/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso penal, la decisora de primera instancia condenó al imputado como autor de dos delitos de abuso sexual agravados en régimen de reiteración real a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría, además de otras accesorias que detalló en el fallo. Ante la apelación formulada por la Defensa del imputado y la adhesión deducida por Fiscalía, el Tribunal de alzada ratificó la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada, la calificación jurídica y la pena. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la defensa. Señala la Corte que en ningún momento el recurrente denuncia la existencia de absurdo evidente en el razonamiento probatorio efectuado por la Sala, ni mucho menos lo funda adecuadamente. No se advierte, en el escrito recursivo, la narración concisa y concreta de la irracionalidad de la valoración desplegada por el Tribunal. En este sentido el recurrente no ha cumplido con la exigencia de alegar y argumentar debidamente la verificación de un supuesto de arbitrariedad o irracionalidad manifiesta en el razonamiento probatorio del Órgano de alzada.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 77/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 29/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026Importancia alta

El A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor, a la pena de cinco años de penitenciaria. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en el monto de la pena, que fijó en tres años y seis meses de penitenciaría; y en la inscripción del mismo en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores sexuales. La Defensa del ahora condenado interpone recurso de casación, y plantea tres grandes agravios. El primero busca cuestionar la valoración de la prueba realizada por el Órgano de segunda instancia; el segundo refiere a la prescripción del delito; y el último, pretende cuestionar el quantum punitivo impuesto por el Órgano de alzada. La Corporación desestima el recurso. Habiendo desestimado el agravio relativo a la valoración de la prueba, la plataforma tenida en cuenta por la Sala permanece inmutable, y los hechos tenidos por probado determinan que la prescripción del delito alegado no haya operado.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 28/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, en mayoría procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º por la cual se amparó el rubro daño moral transmitido iure hereditatis y el daño moral reclamado por los padres; así como también se aumentó la cuantificación del daño moral reclamado por los hermanos de la víctima. Este Colegiado entendió que para el amparo del daño moral premuerte, resulta irrelevante determinar si la víctima estuvo o no consciente durante el período de la internación que precedió a su deceso; siendo jurídicamente correcto el acogimiento del rubro indemnizatorio reclamado por los herederos del fallecido. Respecto al agravio relativo a la suma indemnizatoria fijada a favor de los hermanos de la víctima; aun cuando se demostare en casación que la Sala incurrió en un error de valoración de la prueba al concluir que todos los hermanos convivían con la víctima, tal dato es irrelevante para la cuantificación del daño moral condenado. Por su parte las Sras. Ministras Dras. DORIS MORALES y BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ expresaron discordia ; por considerar que corresponde amparar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en su mérito, anular la sentencia de segunda instancia únicamente en cuanto condena al pago del daño moral premuerte iure hereditatis , punto en el que se desestima la demanda. La solución a la que arriban las Ministras discordes se debe a que de la única prueba hábil de autos (historia clínica) no surge ningún aspecto que permita determinar la consciencia de la víctima luego del accidente o el padecimiento de algún dolor desde que se produjo el accidente hasta su deceso.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 30/2026 · Suprema Corte de Justicia · 12 de febrero de 2026Importancia alta

El A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual a la pena de dieciseis meses de prisión, con descuento de la cautelar padecida que se sustituye por libertad a prueba. Condena, asimismo, al pago de 12 mínimos nacionales, conforme al art. 80 de la ley 19.580. Y, por último, suspende e inhabilita al condenado para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, tenencia de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia y la suspensión del ejercicio de funciones publicas o privadas en las áreas educativas, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con estos por el plazo de diez años. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, la que fijó en tres años de penitenciaría de cumplimiento efectivo; y en cuanto a que dispone la pérdida de la patria potestad del condenado. La Defensa interpone recurso de casación; peticionó que se absuelva a su defendido o, en subsidio, se reduzca la pena aplicada y se sustituya el cumplimiento efectivo por el régimen de libertad a prueba. L a Corporación desestima el recurso planteado. Concluye que el agravio referido a la valoración probatoria debe ser desestimado, en tanto no se ha logrado demostrar, en absoluto, que el razonamiento probatorio desarrollado por la Sala sea absurdo, arbitrario o vulneratorio del límite de la razonabilidad.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 24/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, la parte actora presentó demanda de cumplimiento forzado de contrato y, subsidiariamente, de resolución contractual más daños y perjuicios. Argumentaron estar vinculados con la demandada mediante un contrato de asistencia médica para grupos, suscrito el 4 de octubre de 1996. Relataron que el 23 de enero de 2020, la demandada les notificó su decisión de rescindir unilateralmente el contrato de seguro, dando por finalizada la cobertura a partir del 31 de enero de ese año. La razón aducida para la rescisión fue la no residencia de los actores en Uruguay. En primera instancia desestimó la demanda y en segunda instancia, revocó dicha decisión, amparando la pretensión de ejecución forzada, condenando a la demandada a abonar las facturas por los servicios médicos que los actores recibieron en Estados Unidos. Finalmente la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales, hizo lugar al recurso de casación interpuesto y anuló la sentencia de segunda instancia impugnada, manteniendo firme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda en todos sus términos. Para la Corte resulta evidente que, si se contrata un seguro diseñado para los costos de Uruguay y luego se pretende utilizarlo en un sistema asistencial diferente, con otros costos, se desnaturaliza la operación económica considerada al pactar el contrato. Así, si los beneficiarios residen permanentemente en Estados Unidos, utilizarán servicios de salud allí de forma habitual, no en Uruguay. Estas consideraciones sobre la operación económica subyacente, instrumentada a través del contrato, sumadas a los elementos textuales previamente referidos, llevan a la Corte a concluir que la cobertura se mantiene siempre que los beneficiarios del seguro continúen residiendo en nuestro país, lo que habilita la rescisión del contrato si estos pasan a residir en el extranjero. En cuanto a la residencia habitual de los actores, para la Suprema Corte de Justicia, si en el expediente no se reunió prueba suficiente para acreditar dónde residen los actores (si en Uruguay o en el extranjero), la consecuencia debe ser tener por no probada la proposición fáctica planteada por la actora en su demanda. Es decir, tener por no acreditado que tienen su residencia habitual en Uruguay. Sin perjuicio de la aplicación de la regla sobre la carga de la prueba, considera la Corte que la prueba obrante en el expediente acredita justamente lo contrario a lo afirmado por los actores.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 23/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. La Sra. Ministra Dra. Minvielle comparte lo expresado por la mayoría de los integrantes de la Corporación, en cuanto a que el recurso ha sido interpuesto respecto de cuestiones que han sido objeto de doble confirmatoria. Ahora bien, la Sra. Ministra Dra. Minvielle discrepa en cuanto a que tales cuestiones queden exiliadas de ser revisadas en casación, pues sobre este tópico procesal, ha mantenido una posición discrepante con el temperamento que ha sostenido en mayoría la Corporación. La referida Sra. Ministra, coincide con la posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 20/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026

En el caso de autos, el accionante interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva (y pasada en autoridad de cosa juzgada) recaída en el expediente de investigación de paternidad y pensión alimenticia, en el que resultó condenado. Sostuvo que el domicilio denunciado por la actora no era su domicilio real (ni al inicio, ni al final del proceso); por lo cual nunca fue notificado y en consecuencia, se ha violado el derecho a la defensa y al debido proceso. El traslado fue evacuado por la contraparte, quien abogó por el mantenimiento de la recurrida. La Corporación debidamente integrada y por mayoría, procedió a desestimar el recurso de revisión movilizado; ya que si bien cumple con los requisitos impuestos por los artículos 281, 284 y 285 del CGP, no ha logrado el actor cumplir con la carga de la prueba respecto a la proposición sobre los hechos por él alegados (artículo 139.1 del CGP) en cuanto que el domicilio en el cual se efectuó la notificación no era el real. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ expresó discordia por entender que corresponde hacer lugar al recurso, en tanto el recurrente logró acreditar que el domicilio denunciado por la actora en la demanda presentada en los autos IUE: 461-548/2021, y en el cual se efectuó su emplazamiento como demandado (ahora recurrente), no era su domicilio real, lo que generó su indefensión.

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 42/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 45/2026 · Suprema Corte de Justicia · 5 de febrero de 2026

LA CORPORACIÓN DECLARA COMPETENTE PARA CONTINUAR CONOCIENDO EN ESTA CAUSA AL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 7º TURNO. En autos se plantea contienda de competencia negativa entre los titulares de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de 15º y 7º Turno. Anteriormente a estas actuaciones, AA promovió diligencia preparatoria ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno, a efectos de salvaguardar elementos de prueba con miras a la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual que iniciará, relacionada con el hecho ocurrido el 5 de febrero de 2025 cuando caminaba por la vereda de la calle Paraguay y cayó sobre su cabeza una reja, produciendo su desvanecimiento en el acto. Posteriormente se presenta la demanda por daños y perjuicios, resultando aleatoriamente designado el Juzgado Letrado de Primera Instanc ia en lo Civil de 15º Turno. Éste considera que se verifica la prevención y remite los autos al Homólogo de 7º turno. En definitiva, la Corte considera que estando la diligencia preparatoria promovida originariamente ante Civil 7º, claramente conectada con la demanda posteriormente presentada, es claro que, al haberse tramitado y dispuesto aquella diligencia por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 7º Turno, ello importó prevención y fijó irrevocablemente el turno, sellando ello la suerte de la presente contienda.

Contienda de competencia · Derecho procesal