DEFINITIVA 112/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada y, por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. En agosto de 2018 comparecieron Gustavo SALLE LORIER y Enrique VIANA ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2° Turno a promover demanda de acceso a la información pública contra el Estado-Poder Ejecutivo. El Estado-Poder Ejecutivo informó que se dio inicio al procedimiento arbitral ante la Comisión Permanente de Arbitraje de La Haya, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CUMDMI). En cuanto a la solicitud de acceso a la demanda y sus anexos, expresó el Poder Ejecutivo que el Tribunal Arbitral ordenó la condidencialidad del caso, por lo cual se denegó el acceso a la información requerida en vía administrativa. En la sentencia de primera instancia se amparó el accionamiento y, en consecuencia, se condenó al Estado a brindar acceso a la demanda y sus anexos; así como a los documentos referidos a las negociaciones previas al contrato, con dos excepciones: la información declarada como reservada y la referida a la evaluación de impacto ambiental. En segunda instancia, en cambio, se desestimó la demanda. El Tribunal sostuvo que el Reglamento de la CNUDMI sobre Transparencia de los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados no rige en el caso. Y que la información requerida se encuentra comprendida dentro del ámbito de jurisdicción del Tribunal arbitral y no de los órganos estatales. A juicio de la Corte, el recurso de casación interpuesto no cumple con los requisitos de alegación mínimos para su consideración, ya que se aparta de lo establecido en el art. 273 del C.G.P., no explicitándose, de forma clara y concisa, los motivos que fundan la casación. En el caso, el Tribunal consideró que la publicidad de la información requerida se encuentra dentro del ámbito de competencia del Tribunal Arbitral y que, por tanto, se encuentran alcanzadas por las órdenes procesales que dispusieron su reserva respecto de terceros. La parte recurrente no dedicó sus agravios a cuestionar los fundamentos de derecho de esa solución, sino a criticar la sentencia desde el punto de vista político y de organización del Estado. En cuanto al relevamiento de la excepción de falta de jurisdicción, no existe el pretendido límite preclusivo que sostiene la parte recurrente para relevar el presupuesto procesal de la ausencia de jurisdicción. Simplemente se agravió la parte por considerar que la solución es incongruente, lo cual, como se dijo, no es correcto. En suma, en la sentencia de primera instancia se obliga al Poder Ejecutivo a brindar acceso a la información referida a las negociaciones tendientes a contratar con Zamín Ferrus o Aratirí con la excepción de aquella información declarada como reservada por las resoluciones nro. 234 y 236 de 2017, no existe en autos elemento alguno que dé cuenta de la existencia de información en poder del demandado diversa a la contenida en los expedientes declarados como reservados. Resulta claro que no existe información referida a las negociaciones que no esté alcanzada por la reserva dispuesta por las resoluciones de 2017. En la motivación de ambas resoluciones se expresa que la promoción del arbitraje internacional hace conveniente disponer la reserva de los trámites llevados ante el Estado por las reclamantes. Por tanto, queda claro que los documentos que están en poder del Estado-Poder Ejecutivo están contenidos en los expedientes declarados como reservados. La parte recurrente no expresó agravio alguno referido a la regularidad de la calificación de la información como reservada. De ese modo, no apeló la sentencia de primera instancia y no dedujo agravios referidos al punto en su recurso de casación. Resulta un hecho notorio que el proceso arbitral en el que se encuentran agregados los documentos requeridos ha finalizado. Sin embargo, el recurso de casación refiere exclusivamente a los eventuales errores de derecho en los cuales pueda haber incurrido la sentencia cuya anulación se pretende. Al concluir el arbitraje esto puede, eventualmente, permitir la recalificación de la información, pero no produce cambios en cuanto al análisis de la aplicación del derecho que debe hacer la Corporación en su sentencia. Esta conclusión se ve reforzada en la estructura sumarísima del proceso de acceso a la información pública.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 111/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa. De autos surge que con fecha mayo del año 2019, un incendio arrasó con una precaria vivienda la cual era habitada por el núcleo familiar compuesto por una Sra. y sus tres hijos.El incendio produjo el fallecimiento del más pequeño de los hijos. A raíz del suceso, hubo dos procesamientos con prisión, produciéndose la desintegración de la familia. Los niños pasaron a vivir a diferentes lugares. Las niñas relataron a su abuelo haber sido abusadas sexualmente por un adolescente. Se alega en autos infracción al art. 76 del C.N.A., lo que llevaría a que las presentes actuaciones se encuentren viciadas de nulidad. Atento a que las disposiciones regidas por el código de referencia no cuenta con una regulación específica sobre nulidades, dicho vacío debe ser integrada por normas diversas al C.N.A. El claro tenor del artículo 75 del C.N.A., nos indica que en caso de vacío legal este debe ser colmado conforme a la normativa que surge del Nuevo Código de Proceso Penal (art. 75 del C.N.A.). Al determinarse que la nulidad alegada no reviste la calidad de insubsanable debemos dirigirnos a las normas del C.G.P. que regulan este instituto. En consonancia con ello, se observa que las nulidades que la Defensa denuncia en su libelo impugnativo se subsanaron, porque este no las reclamó en la oportunidad hábil a tal efecto (art. 112 del C.G.P.). El principio de subsanación de las nulidades opera para evitar que corresponda invalidar todo lo actuado. Como segundo agravio, la Defensa sostiene que el adolescente infractor es inimputable por tener trece años al momento de cometerse el reato. Tal agravio se desestima por la Corporación. En tercer lugar, la Defensa esgrime que el Tribunal de Apelaciones omitió diligenciar prueba que fuera solicitada por la Defensa al interponer el recurso de apelación. El C.N.A. no contiene norma alguna que haga referencia a la proposición de prueba en segunda instancia. Las hipótesis establecidas en la norma son de carácter taxativas y restrictivas, por lo que al no ingresar la prueba peticionada dentro de las hipótesis descriptas en la norma, no corresponde diligenciarla, y se desestima el agravio. Sobre el agravio relativo a la valoración del material probatorio alegado por el recurrente, a partir de la vigencia del Nuevo Código del Proceso Penal (al que se remite el C.N.A.), en opinión de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Martínez, Tosi y el redactor, en el C.P.P. vigente a partir del año 2017, Ley No. 19.293, se está a lo dispuesto en su artículo 142. A partir del marco normativo descrito, el régimen de valoración de la prueba como causal de casación que rige las causas tramitadas bajo el nuevo CPP es el mismo que rige para las causas civiles. Por su parte, para el Sr. Ministro Dr. Sosa, el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en el proceso de casación. A juicio del Ministro Dr. Sosa, se coloca a la sana crítica como una regla legal. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia desestima el presente agravio en el presente caso. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Martínez, Tosi y el redactor, de la lectura del libelo en ese punto, surge que no se denunció un error de valoración de la entidad requerida para hacer atendible el agravio en casación. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa, arriba a la misma conclusión que la mayoría pero por distintos fundamentos. Se aduce asimismo ilegitimidad en la medida socioeducativa privativa de libertad dispuesta, agravio que es desestimado por la Corte.

DEFINITIVA 110/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación incoado por la Defensa. Se alega una errónea valoración probatoria por parte del Tribunal. Sobre el particular, deviene oportuno indicar cuál es alcance del recurso de casación penal a partir de la vigencia del Nuevo Código del Proceso Penal. En opinión de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Martínez, Tosi y el redactor, en el C.P.P. vigente a partir del año 2017, Ley No. 19.293, en su artículo 142 se prescribe acerca de la valoración de la prueba. Por tanto, el régimen de valoración de la prueba como causal de casación que rige las causas tramitadas bajo el nuevo C.P.P. es el mismo que rige para las causas civiles. Sobre la valoración de la prueba en materia casatoria penal al amparo del C.P.P. (1980), el Ministro Dr. Sosa emitió pronunciamiento al respecto, el que quedó plasmado en Sentencias Nos. 1405/2019 y 1406/2019 de esta Corporación, entre otras del mismo tenor. En el caso concreto, la Corte desestima el agravio articulado por la parte, pero desde dos ópticas. En posición de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y el redactor, surge que no se denunció un error de valoración de la entidad requerida para hacer atendible el agravio en casación, no se han satisfecho las exigencias formales en la materia.Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa entiende que la decisión a la cual arribó el “ Ad Quem” no vulneró el límite de razonabilidad en la valoración de la prueba ni surgen dudas insuperables que ameriten una solución diversa a la adoptada. En la presente causa el relato de la menor resulta creíble, es persistente en el tiempo y tiene verosimilitud. Además de los informes agregados a la causa y de las declaraciones brindadas por los especialistas, los argumentos que dio la Defensa como prueba de descargo son meras manifestaciones carentes de sustento. Como segundo agravio, la Defensa postuló una violación al principio de “non bis in idem” así como alegó que haber la figura delictiva del atentado violento al pudor quedó subsumido en el delito de abuso sexual a partir de las regulaciones normativas vigentes. En opinión de la Suprema Corte de Justicia el razonamiento realizado por el recurrente resulta sumamente errático, a su vez, el Ad Quem con claridad meridiana diferenció las conductas que el imputado realizó con anterioridad a la vigencia de la Ley No. 19.580 de aquellas que realizó con posterioridad. Asimismo, tratándose de episodios diversos, los cuales se cometieron en forma reiterada, tanto antes como después de la Ley No. 19.580, no puede hablarse de vulneración del referido principio.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 106/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación. En la causa se aplicó el inciso segundo del artículo 314 del Código Penal por entender que resultó acreditada la muerte de una persona y la lesión de varias.La recurrente cuestionó que el caso no encuadra dentro de la mencionada hipótesis, lo cual se desestima. Respecto de los agravios referidos a la valoración de la prueba, a juicio de los Dres. Bernadette Minvielle, Luis Tosi, John Pérez Brignani y la redactora, para que prospere una recurrencia como la de autos, debe verificarse un caso de absurdo o arbitrariedad en la decisión judicial. Por ello, la presente impugnación no puede recibir el amparo jurídico que reclama el enjuiciado ya que el razonamiento probatorio de la Sala no resulta absurdo, ni arbitrario. En el caso se encuentra plenamente acreditada la existencia de culpa del imputado por haber conducido el vehículo estando alcoholizado y por circular de forma imprudente en una zona urbana transitada por peatones. Su conducta provocó la muerte de un bebé de nueve meses de edad y la lesión de otras dos personas. Esos hechos resultan más que suficientes para justificar la tipificación del delito culposo Por su parte, el Dr. Tabaré Sosa no comparte el criterio teórico de la mayoría, en cuanto considera que la errónea valoración de la prueba como causal de casación puede existir, sin estar condicionada a que se alegue y demuestre un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta. Considera que es posible proceder al análisis de la hipotética infracción a las reglas legales de la sana crítica, sin concretarse un supuesto de absurdo evidente. Realizada dicha precisión, en el caso de autos, el Dr. Sosa estima que la valoración de la prueba no vulneró el límite de razonabilidad, ni surgen dudas insuperables que ameriten una solución diversa a la adoptada. El recurrente entendió que debieron computarse las siguientes atenuantes, lo que se desestima. Los agravios referidos a la individualización de la pena tampoco pueden prosperar, ya que no fue vulnerado el art. 86 del Código Penal.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 376/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente en ésta causa a efectos de continuar conociendo en autos al Juzgado Letrado Laboral de Maldonado de 7º Turno. La cuestión a estudio se resuelve por las reglas que regulan la asignación de competencia por razón “de turnos”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 105/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad anuló la sentencia recurrida. Respecto a los agravios referidos al acogimiento de la pretensión de pago de lo indebido. La Corporación consideró que las bases de las cuales parte el Tribunal son equivocadas, ya que el banco no pagó por error una deuda ajena creyéndose deudor. Por el contrario, pagó una deuda ajena, asumida por el librador del cheque, con conciencia de estar cumpliendo con la obligación de otro sujeto, con quien lo vinculaba un contrato de cuenta corriente. El hecho de que la orden de pago estuviera sujeta a determinada condición suspensiva (la existencia de fondos suficientes en la cuenta corriente del cliente) y que el banco, por no advertir la ausencia de fondos, realizara igualmente el pago del cheque, lo habilita a efectuar los reclamos que entienda correspondiente contra su co-contratante, que lo es el librador del cheque. Pero esa circunstancia no puede afectar al tercero que recibió el pago de la suma de dinero que figuraba en el título valor.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 104/2021 · Suprema Corte de Justicia · 18 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada con la intervención de los Sres. Jueces Militares y por unanimidad, desestima el recurso de casación incoado. Respecto a si el encausado incurrió en la figura delictiva de la “desobediencia”, la modalidad delictiva que se le imputó al encausado está regulada en el Capítulo I de la Parte Especial del Libro I del Código Penal Militar, referido a los delitos que afectan la “Disciplina”. La recurrente busca cuestionar la calificación jurídica practicada en el grado anterior. Consideran los Sres. Ministros Dra. Martínez, Dra. Minvielle, Cnel. Dr. Aranco Gil, Cnel. Dr. Prieto, Dr. Míguez y el redactor, que la impugnación resulta de rechazo por una razón formal.Si la crítica a la calificación jurídica no fue propuesta como objeto de análisis y decisión en segunda instancia, ahora tal extremo tampoco puede ingresar como agravio en casación, por tanto. la calificación de los hechos practicada en segundo grado no puede ser objeto de revisión en esta etapa, por no haber sido propuesta en la instancia anterior. Sin perjuicio de lo anterior, agrega el Sr. Ministro Cnel. (R) Dr. Fredy Prieto, en lo que respecta al fondo del agravio planteado, que la disciplina se ve afectada como uno de los pilares básicos en que reposa la institución armada si se procede con conciencia y voluntad, por ello considera el Cnel. (R) Dr. Prieto que corresponde rechazar el agravio ensayado por la recurrente. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Ricardo Miguez, agrega que no le accede razón a la Defensa en cuanto pretende desvincular del engaño al Superior a su defendido, pues la maniobra la hacía para evitar ser descubierto. En distinta postura, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre discrepa con la tesis sustentada por la mayoría de la Corporación respecto al hecho de que la Defensa no apeló la adecuación típica realizada en primera instancia, considera el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre que no resultan trasladables las normas del Código General del Proceso que prevén tal exigencia a la Defensa en una causa penal. Despejado lo anterior, estima el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre que la subsunción de los hechos en el delito de desobediencia resulta correcta. En segundo lugar, la Defensa del enjuiciado invoca la transgresión del principio “non bis in idem”, afirma, en lo sustancial, que por un mismo hecho se le aplican dos penas, una en la justicia penal ordinaria y otra en la justicia militar A criterio de esta Corporación, es perfectamente admisible que un mismo hecho dé lugar a distintas consecuencias En el caso, la conducta ilícita desplegada por el encausado está contemplada como delito en el Código Penal (arts. 236 y 351: falsificación de documentos privados con el fin de apropiarse de dinero de cuentas bancarias) y en función de ello fue juzgada por el Poder Judicial, mientras que, a la par, está prevista como infracción al Código Penal Militar (art. 37 numeral 4º: “Desobediencia”) y en razón de ello fue dilucidada en el ámbito de los Tribunales militares. Para que prospere la defensa fundada en el principio “non bis in idem”, tiene que haber identidad subjetiva, fáctica y causal. En la especie, es evidente la falta de identidad causal, pues el fundamento o naturaleza de la sanción difieren en uno y otro caso.

INTERLOCUTORIA 373/2021 · Suprema Corte de Justicia · 18 de mayo de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 103/2021 · Suprema Corte de Justicia · 18 de mayo de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 101/2021 · Suprema Corte de Justicia · 18 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. El plazo para apelar que tienen tanto el Defensor como el imputado es particular. Habiendo sido la Defensa del imputado notificada de la sentencia definitiva de autos el 17 de octubre de 2019, el recurso de apelación interpuesto por esa misma Defensa el 5 de noviembre es extemporáneo, por haber trascurrido largamente, el plazo de tres días previsto legalmente para realizar tal acto procesal.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 368/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación dispone la devolución de las presentes actuaciones a la Sede Letrada de Tacuarembó 5to. turno.A los efectos de la resolución de la presente cuestión, resulta aplicable el artículo 331 del C.G.P. sito en la Sección III, del Capítulo III (incidentes especiales), Título III (procesos incidentales) del Libro II (desarrollo de los procesos), del referido código en virtud de la expresa remisión consagrada en el artículo 283 del N.C.P.P.II). El Sr. Ministro Dr. Luis Tosi Boeri, señala como argumento determinante para el fallo al que se arriba que la Dra. Carla Gómez no explicó porque obvió remitir la causa al homólogo por materia.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 95/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes ampara el recurso de casación movilizado por la demandada por vía principal, anulándose la sentencia condenatoria de segunda instancia, en su lugar, desestimando la demanda. Asimismo se desestima el recurso movilizado por vía adhesiva. Las actoras NILCO S.A. y Top Systems S.A. son, respectivamente, titular de los derechos patrimoniales del sistema informático, core bancario, Topaz y licenciataria exclusiva de su explotación y comercialización para todo el país. Por su parte, Sinapsis S.R.L, co-demandada junto con sus socios administradores, es una empresa que brinda servicios informáticos (en particular al sistema bancario y financiero). Resultó acreditado en obrados que Sinapsis presta servicios informáticos al Banco Santander quien, a su vez, es titular de una licencia de uso del sistema Topaz a perpetuidad (licencia que adquirió del Banco Holandés, quien, a su vez, la hubo de las actoras el 14 de diciembre de 1992). En el marco de esas relaciones contractuales, la actora alegó que la demandada vulneró sus derechos de autor y marcarios .Al contestar la demanda, los socios administradores co-demandados, Martín Rubio y Fernando Ogara, opusieron excepción de falta de legitimación pasiva. En sustancia, las tres codemandadas explicaron que entre Top Systems S.A. y Sinapsis SRL existe una relación comercial de larga data, pues ambas giran en un mercado muy reducido y negaron haber incurrido en práctica ilícita alguna. En primera instancia se desestimó la demanda. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, con discordia total de la Dra. Cabrera, revocó la recurrida; hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y condenó a Sinapsis SRL a cesar en el uso del sistema Topaz en sus computadoras, salvo lo necesario para cumplir el contrato con Banco Santander, a abonar a la actora el precio de la licencia para el uso de Topaz, cuya cuantificación se difirió a la vía del art. 378 del CGP y, al amparo del art. 51 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, impuso una multa igual a una vez el valor en plaza del sistema Topaz. Para la mayoría de la Corporación, compuesta por los Sres. Ministros Dres. Patricia Hernández, Tabaré Sosa, Luis Tosi Boeri y la redactora, la casación de la sentencia se justifica fundamentalmente en virtud de que se verifica un supuesto de valoración absurda del material probatorio por parte de la Sala y en que la sentencia incurre en un vicio de incongruencia (arts. 197 y 198 del CGP). En tanto, para la Sra. Ministro Dra. Elena Martínez, basta con examinar el agravio concerniente a la incongruencia, para llegar a la conclusión de que corresponde casar la sentencia y mantener la decisión de primera instancia.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 96/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad, desestimó la impugnación movilizada por la co-demandada. En cuanto al agravio sobre la errónea valoración de la prueba. Juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Tosi, Ettlin y Venturini, la valoración probatoria realizada por el Tribunal , podrá ser más o menos compartible, pero no configura un supuesto de irracionalidad o arbitrariedad en el ejercicio del razonamiento probatorio y menos aún con la nota de evidente. Surge de autos que el diagnóstico primario realizado por el dependiente de la co-demandada como “síndrome febril”, ante la sintomatología descripta y probada conlleva a concluir que aquel incurrió en culpa médica y en error de diagnóstico inexcusable. En cuanto a la improcedencia de condenar por “pérdida de chance”, cuando el rubro no fue objeto de reclamo en la demanda. La Corte no advierte incorrección del fallo de segunda instancia al condenar por “pérdida de chance”, pese a que en la demanda se había solicitado la condena por el resultado final (muerte de la paciente).

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 367/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en el caso de autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 2º Turno (Montevideo). Se ejecuta, en el caso, una sentencia dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º Turno que impuso una pena que debe cumplirse en la capital. Al tenor de lo dispuesto en el art. 289.3 CPP, la función de ejecución y vigilancia debe ser ejercida por el Juez de Ejecución y Vigilancia del lugar donde debe cumplirse la pena (Montevideo) que estuviere de turno a la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 93/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada, desestima el recurso de casación incoado por la parte actora. En autos se inicia un proceso por daños y perjuicios por Agroevo-lución S.A. y Paul Lucas entablado contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Ley 19.046 declaró “habilitada” la instalación de un puerto de aguas profundas en la décima sección catastral de Rocha. Para llevar adelante dicha obra, el Poder Ejecutivo designó para expropiar una serie de predios, entre los que se encuentran cinco padrones propiedad de Agroevolución S.A. y uno de Paul Lucas, según la parte actora se frustró un emprendimiento que proyectaban en ese lugar. Ambos órganos de mérito consideraron, en lo medular, que de acuerdo con la Ley de expropiación, la designación caducó tras un año sin actividad del expropiante y que ninguno de los daños reclamados resultó acreditado, motivos suficientes para desestimar la demanda. El escrito que consigna el recurso a estudio no se adecua técnicamente al concepto normativo de recurso de casación, no mencionando ninguna norma de derecho infringida ni hace referencia a los argumentos de la sentencia que impugna.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

INTERLOCUTORIA 366/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos de casación interpuestos por ambas partes. La parte demandada alegó que la sentencia adolece de una incongruencia y ello en mérito a que arriba a un monto de condena que no se corresponde con el criterio de cálculo que ella determina. A juicio de la Corporación, la pérdida de ingresos por clientes que se desafiliaron de las actoras y pasaron a otra empresa se extiende, por todo el período en que ésta empresa continúe actuando y apropiándose de una parte del mercado de TV cable. Por su parte la actora, denunció una errónea valoración de la prueba. La Corte consideró que resulta extemporáneo pretender dar a “período reclamado” un sentido diverso del que recibió en primera instancia, pues tal cuestión debió haberse definido antes de la etapa actual, a través de los recursos correspondientes. NOTA: SE INTERPUSO RECURSO DE AMPLIACIÓN, SE DESESTIMA (VER SENTENCIA 624/2021)

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 94/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. Del recurso movilizado por Fiscalía emerge que todos sus cuestionamientos se centraron en señalar que el Tribunal valoró la prueba en forma errónea. A juicio de la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y Tosi el recurso no puede prosperar debido a que el razonamiento probatorio realizado por el Tribunal no configura una hipótesis de absurdo o ilogicidad manifiestos en la valoración de la prueba. Por su parte el Sr. Ministro Dr. Sosa estima que la Sentencia del Tribunal encuentra sólido respaldo en el cúmulo probatorio obrante en la causa. A juicio del Ministro Dr. Sosa, no surge plena prueba que permita concluir en la participación del imputado en los hechos de autos. Por tanto corresponde mantener firme la absolución.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 97/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad desestimó los recursos de casación interpuestos. En autos se discutió la responsabilidad en un incendio ocurrido en diciembre de 2008 en un galpón arrendado, que produjo masivos daños, cuya reparación reclamó la parte actora. Además del incumplimiento del contrato de arrendamiento, solicitaron la indemnización de los daños. De acuerdo a los informes periciales, el incendio se originó en una defectuosa instalación eléctrica realizada por el inquilino y sin autorización del arrendador. La presunción de origen fortuito quedó desvirtuada por la prueba de la culpa del arrendatario, lo que justifica su condena. (D) Ministra Dra. Martínez. Por cuanto estimó que uno de los recursos de casación interpuestos resulta inadmisible.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 369/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda de recusación. El Defensor actuante fundó su pretensión en que la Sala, a su juicio, habría adelantado opinión con relación a la prórroga de medida cautelar pendiente de resolución. La Corte consideró que los Sres. Ministros no emitieron pronunciamiento en la causa por la cual se tramita recurso de apelación contra la prórroga a la medida cautelar de prisión preventiva dictada por la Sra. Juez de primera instancia.

Proceso incidental · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 363/2021 · Suprema Corte de Justicia · 11 de mayo de 2021Importancia alta

Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur)

Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur) · Derecho procesal