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LegislaciónJurisprudencia

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18.033 sentencias

INTERLOCUTORIA 1457/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
DECLÁRASE COMPETENTE PARA CONTINUAR CONOCIENDO EN EL PRESENTE PROCESO, AL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA DE 1º TURNO, CON NOTICIA DE SU CONTENDIENTE. Se concluye que de conformidad con el artículo 40 del CNA, el competente es el Juez que fijó dicho régimen.
Contienda de competencia
DEFINITIVA 1186/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO ASÍ COMO SU ADHESIÓN En el caso concreto, la parte recurrente pretende imputar la figura de empresario (constructor) al BHU, cuando surge de obrados que tal figura recae en INGENIERO APUD CONSTRUCCIONES SA que fue la empresa constructora contratada para la realización del edificio en cuestión. La imputación de responsabilidad buscada por la parte actora, no puede enmarcarse en el ámbito de la responsabilidad decenal. Lo que resulta indiscutible es que el BHU no puede ser considerado constructor desde el momento que se trató lisa y llanamente del comitente de la obra. La eventual responsabilidad del BHU no puede ser analizada bajo lo dispuesto en el artículo 1.844 del Código Civil, planteo efectuado por el recurrente, ya que el BHU no ingresa en ninguna de las dos categorías de personas llamadas a responsabilidad por dicha norma. Tampoco es posible en el caso atribuir al BHU otro tipo de responsabilidad distinta a la postulada por el demandante, so pena de violentar el principio dispositivo y el contradictorio en el cual se encuentra enmarcado el proceso. En definitiva y en atención a lo antes expuesto, esta Corporación entiende que corresponde desestimar el presente agravio.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 1464/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
En autos, la parte actora promueve excepción de inconstitucionalidad de los arts. 370, 371, 372 y 377 del CGP por vulnerar el art. 8 de la Constitución de la República y el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Sostiene que la limitación del recurso de revisión únicamente a “ condenados ” como prevé la norma contradice las citadas normas constitucionales y convencionales, en tanto ella se encuentra sometida a un proceso de extradición. La Corporación desestimó la excepción de inconstitucionalidad promovida, con costas a cargo de la parte actora (Art. 523 CGP). Ello en virtud de que la inconstitucionalidad solamente puede declarar inaplicable para el caso concreto una norma legal, pero no puede legislar en lugar del Parlamento sobre cómo debería estar regulado el aspecto cuestionado. Por lo tanto, la inconstitucionalidad promovida tampoco beneficiaría a la compareciente.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1455/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 1055/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026Importancia alta
Antecedentes: Andrea Siboney Correa Cedrés promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 56 literal b) y 59 literales a) y b) de la Ley N° 20.130, alegando que vulneran los principios de igualdad, seguridad social, no retroactividad, proporcionalidad y razonabilidad al limitar su pensión de viudez a 5 años por tener 37 años al momento del fallecimiento de su cónyuge. El Banco de Previsión Social contestó solicitando el rechazo de la acción. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia desestimó el agravio sobre el art. 56 por falta de legitimación activa (su matrimonio duró más de dos años). Respecto al art. 59, consideró que gran parte de los planteos carecían de fundamentación suficiente según el CGP. En cuanto a la alegada vulneración de la igualdad y razonabilidad por la franja etaria, concluyó que el legislador puede regular las prestaciones previsionales y establecer plazos diferenciados de acuerdo a la edad sin incurrir en arbitrariedad inconstitucional. Resolutivos: La Suprema Corte de Justicia resolvió, por unanimidad, desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1446/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1431/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
Contienda de competencia
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1051/2026 · Suprema Corte de Justicia · 23 de julio de 2026
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1019/2026 · Suprema Corte de Justicia · 30 de junio de 2026Importancia alta
Antecedentes: La Universidad de Montevideo promovió acción de inconstitucionalidad contra el art. 180 de la Ley Nº 19.438 (redactado por el art. 224 de la Ley Nº 20.075), que condiciona la exoneración tributaria a la importación de bienes a que no sean competitivos con la industria nacional. Argumentó que vulnera la inmunidad impositiva consagrada en el art. 69 de la Constitución para centros educativos. El MEF y el MIEM contestaron solicitando el rechazo de la acción por colisión con los arts. 36 y 50 de la Constitución (protección de la industria nacional). Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia determinó que la actora posee legitimación activa, pero desestimó el fondo de la acción por unanimidad. Razonó que los derechos y garantías constitucionales no son absolutos y deben armonizarse mediante un juicio de proporcionalidad. La norma cuestionada supera el test de idoneidad y necesidad al proteger la industria nacional y el comercio exterior (arts. 6, 36 y 50), delimitando de manera razonable el alcance de la exoneración sin desvirtuar su núcleo esencial. Resolutivo: La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, falló desestimando la acción de inconstitucionalidad promovida por la Universidad de Montevideo.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 696/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 698/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026Importancia alta
Antecedentes: Marisa Duran Berges, funcionaria de la Junta Departamental de Flores en pase en comisión en el Palacio Legislativo, promovió acción de inconstitucionalidad contra el art. 38 del Decreto Departamental Nº 01037. La norma motivó la resolución de la Junta que le retiró el cobro de una partida especial (art. 7, Dec. Nº 0888) percibida anualmente en agosto. La actora alegó afectación a la seguridad jurídica, sueldo, estatuto del funcionario y pases en comisión. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia (por mayoría de los Dres. Morales, Posada Xavier, Tovagliare y Pérez Brignani) consideró que la actora y la Junta poseen legitimaciones activa y pasiva, respectivamente. Sin embargo, desestimó la acción por incumplimiento del art. 512 del CGP: la accionante no fundamentó con la claridad y precisión requeridas de qué manera la norma impugnada vulnera las disposiciones constitucionales, limitándose a realizar meras enunciaciones. Resolutivo: Desestimar la acción de inconstitucionalidad, imponiendo las costas a la accionante, costos por su orden (art. 523 CGP) y fijando honorarios fictos en 20 BPC. Discordia: La Ministra Dra. Bernadette Minvielle sienta discordia al entender que el escrito cumplía mínimamente los requisitos del art. 512 del CGP, citando normas concretas (arts. 7, 8, 54, 59, 62, 63, 91, 107 y 204 constitucionales), lo cual permitiría a la demandada ejercer su defensa.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 704/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 898/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026
DECLÁRASE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. En opinión de la mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Morales, Posada Xavier, Fernández Lembo y este redactor, sin perjuicio de la falta de sustancia del planteo, el recurso de la parte actora es inadmisible por dirigirse a cuestiones que recibieron dos pronunciamientos coincidentes, sin discordias, en un expediente en el que no fue demandado un organismo estatal.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 893/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026Importancia alta
El a quo condena al imputado como coautor de Reiterados Delitos de Abuso de autoridad contra los detenidos y éstos en concurso formal con Reiterados Delitos de Lesiones Graves a la pena de diez años de penitenciaría. El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, que fija en nueve años de penitenciaría. La Defensa interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. La Corporación desestima el recurso interpuesto. En primer lugar, en cuanto al agravio relativo a la prescripción, los señores Ministros consideran que la Defensa omitió controvertir, tal como era su carga al recurrir en casación, la totalidad de los fundamentos desarrollados por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno para desestimar la prescripción. En cuanto al agravio referente a la inadmisibilidad y valoración de la prueba, para los Sres. Ministros Dres. Morales, Posada Xavier, Gómez Ferreyra y Pérez, teniendo presente que el proceso penal sigue la ritualidad del CPP 1980, no resulta admisible reexaminar los hechos fijados por los Tribunales de mérito, ni siquiera cuando se invoque una supuesta valoración probatoria absurda o arbitraria. Los demás agravios, también son desestimados.
Recurso de casación · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 1367/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026
Antecedentes: N. Delgado demandó rubros laborales a una cooperativa y a la Intendencia de Montevideo ante el Juzgado de Trabajo de 15° Turno. Este declinó competencia hacia el Juzgado de Paz de 27° Turno invocando el art. 341 de la Ley 18.172 (fuero estatal), la Sede de Paz rechazó el caso y elevó la contienda a la Suprema Corte de Justicia. Fundamentos (Mayoría): La SCJ declaró competente al Juzgado de Trabajo. Falló que la acumulación de pretensiones (art. 120 CGP) habilita al actor a elegir el fuero, fijando la competencia al interponer la demanda. Se aclara que el Estado interviene como mero garante de tercerización y no como empleador directo. Discordia (Dra. Morales): Votó por asignar el caso al Juzgado de Paz. Sostuvo que el art. 341 de la Ley 18.172 es una norma especial y privativa que otorga competencia exclusiva al fuero contencioso-administrativo cuando se demanda al Estado, lo que veda la libre elección del actor por acumulación.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 897/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026Importancia alta
El a quo condena al imputado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales en régimen de reiteración real con un delito de daño a las instalaciones del INR a la pena de siete años de penitenciaría. El Ad quem confirmó en todo lo dispuesto en primera instancia. La Defensa del ahora condenado interpuso recurso de casación, agraviándose por la valoración de la prueba realizada y por la pena fijada, que considera excesiva. La Corporación desestima el recurso interpuesto, afirmando que “...a cada uno de los planteos formulados por la Defensa al apelar, la Sala ensayó una respuesta específica y fundada. Y, justamente, estos fundamentos brindados por el Tribunal no resultaron cuestionados dado que el recurrente se limitó a volver sobre lo ya expuesto en su anterior recurso de apelación sin atacar en debida forma cada uno de los argumentos de la Sala.”
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 899/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. Para que la Corte pudiera atender los agravios atinentes a la prueba, era menester, en primer lugar, derribar la conclusión de la Sala según la cual la legitimación pasiva corresponde a la demandada por imperio de la cosa juzgada. Recién anulada dicha decisión, es que la Corporación podría estudiar los agravios propuestos. En cambio, se encuentra vedada de hacerlo, por cuanto el argumento determinante del fallo no ha sido cuestionado en casación. En consecuencia, se impone desestimar el recurso interpuesto.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 887/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA, ASÍ COMO EL RECURSO DE CASACIÓN OPUESTO POR LA PARTE ACTORA EN VÍA ADHESIVA. El BPS denegó la jubilación al actor porque figuraba como socio de una empresa. No obstante una vez que el actor acreditó el cese ante el organismo previsional, el mismo volvió a negarle la jubilación. La sentencia impugnada concluyó que fue ilegítima la actuación de la Administración al denegar por segunda vez la jubilación. La Corporación entiende que no cabe más que concluir, con el Tribunal, que corresponde la condena al pago de las pasividades no abonadas desde la solicitud del actor hasta octubre de 2024, fecha en la que se liquidó el primer haber jubilatorio, tal como fuera dispuesto por la Sala. En definitiva, por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación del demandado BPS.
Recurso de casación · Derecho administrativo
DEFINITIVA 894/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026Importancia alta
En el caso de autos la parte actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Estado (Poder Ejecutivo - URSEC). El reclamo surge a raíz de la anulación por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo —en mayoría y por razones formales— de los actos administrativos que convocaron y adjudicaron frecuencias del espectro radioeléctrico en la banda de 2600 MHz para servicios de telefonía móvil. El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, desestimó la demanda en todos sus términos. La Sede consideró que la existencia de interferencias era un hecho técnico que requería una pericia idónea, la cual no fue solicitada por la actora. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno confirmó la sentencia apelada. El Tribunal profundizó en que la sentencia del TCA anula el acto administrativo, pero para obtener la reparación de los eventuales daños, el accionante debe probar su existencia, la cuantía y el nexo causal. Contra dicha sentencia la parte acotra interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que el recurrente omite realizar una crítica frontal a los aspectos de hecho, es decir, a la valoración de la prueba por parte del Tribunal. En particular, sobre las conclusiones que la Sala extrae de la prueba documental y testimonial, no se observa en el recurso en examen un cuestionamiento en forma; menos aún la denuncia de errores absurdos o arbitrarios en el razonamiento probatorio del Tribunal. Más allá de lo expresado anteriormente, se comparte con la Sala que, efectivamente la actora estaba en conocimiento de que la banda que le fue asignada se afectaría en el futuro al servicio de telefonía IMT. Sin perjuicio de lo anterior, existe otra razón excluyente para desestimar el recurso de casación de la parte actora, consistente en la ausencia de un cuestionamiento efectivo a la conclusión del Tribunal relativa a la necesidad de prueba técnica sobre el nexo causal. Finalmente, aun pasando por alto lo anterior, también corresponde señalar la ausencia de toda prueba tendiente a demostrar la existencia y cuantía de los daños reclamados.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
INTERLOCUTORIA 1371/2026 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2026
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal

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