DEFINITIVA 725/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado. El caso de autos, el encausado, desempeñandose como entrenador o utilero al fútbol infantil, en distintos momentos y lugares, ejecutó sobre distintas personas menores de edad actos de naturaleza sexual diferentes a la conjunción carnal. Del mismo modo, en distintos momentos, prometió u ofreció dinero o golosinas a cambio de tales actos. La defensa argumenta error en la valoración de la prueba. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, John Pérez y Morales, en los procesos regidos por el nuevo Código del Proceso Penal, la causal de errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente. Por su parte, para el Sr. Ministro Dr. Sosa, el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en el proceso de casación. A juicio de las Sras. Ministras Dras. Martínez, Minvielle y Morales, en el presente caso, la Defensa no alegó un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en grado manifiesto. El cuestionamiento se limitó a una mera disconformidad con la valoración practicada por la Sala. El agravio no prospera, ya que el planteo no satisface las exigencias formales en la materia. Por otra parte, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez (en subsidio, aún de entenderse que se cumplió con la primera condición) y Pérez, si bien resulta dudoso que se haya dado cumplimiento a la primera condición de exigibilidad para el progreso del agravio, esto es, que se haya fundado adecuadamente la existencia de una valoración notoriamente absurda por el Tribunal, con criterio flexible, puede llegar a darse por cumplido tal extremo. Sin embargo consideran que el agravio no es de recibo. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa entiende que la valoración realizada por la Sala lejos está de plasmar una hipótesis vulneratoria del límite de la razonabilidad. El recurrente cuestionó la motivación del quantum punitivo fijado, la inclusión como circunstancia alteratoria de la minoridad de 12 años de edad y la inclusión de la agravante genérica de abuso de confianza y la específica prevista en el artículo 273.3 del Código Penal. A juicio de la Corporación, no le asiste razón al recurrente, por cuanto el monto de la pena sí se encuentra debidamente fundado y es jurisprudencia constante de este Cuerpo que la determinación de su monto no es materia revisable en casación, siempre que se haya realizado dentro de los parámetros legales y en correcto ejercicio de la potestad discrecional con la que cuentan, al efecto, los órganos de mérito. Asimismo, tampoco resulta de recibo el planteo de que correspondería abatir el monto de la pena fijado.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 647/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

Por sentencia definitiva de primera instancia se acogió parcial mente la demanda y se condeno a la parte demandada a pagarle a la actora, la suma de $ 1.000 y $ 190.000 por concepto de daño emergente, la suma de $ 1.254.755 por lucro cesante, con reajustes hasta el efectivo pago e intereses desde la presentación de la demanda. Por sentencia definitiva de segunda instancia se falló: “ Confírmase parcialmente la recurrida salvo en cuanto amparó la condena por $ 1.000 por concepto del pago del Costo del Pliego licitatorio la cual se revoca y en cuanto fijó la suma de $ 190.000 por concepto de daño emergente (Honorarios profesionales generados en la instancia previa a la instancia anulatoria) la que se deja sin efecto y se aumenta a $ 276.384 en los mismos términos de la sentencia del primer grado que no fueron objeto de agravio. Manteniéndosela en lo demás todo ello sin especial condena en la instancia (...)”. La parte demandada interpuso recurso de casación expresando como agravios: la violación a lo dispuesto en el artículo 219 del CGP. En efecto, el artículo 688 del Código Civil dispone que será el juez del asunto el que imponga la condena en costas y costos. Por otra parte, alegó que la Sala valoró en forma absurda la prueba diligenciada en la causa y finalmente, se agravió por entender que no existe nexo causal acreditado respecto al lucro cesante reclamado. Se confirió el traslado a la parte actora, quien lo evacuó abogando por el rechazo del recurso deducido; y el Tribunal dispuso amparar parcialmente el recurso y anular la sentencia en cuanto condenó a la accionada a abonar a la parte actora el daño emergente por honorarios generados en la vía administrativa, desestimándose el rubro. Existió discordia parcial por parte de la Sra. Ministra BERNADETTE MINVIELLE: Por cuanto desestimo el agravio de la parte demandada respecto de la condena al pago de honorarios profesionales. Es criterio de esta Corporación que tanto los honorarios devengados en vía administrativa como en vía jurisdiccional ante el TCA constituyen un perjuicio indemnizable. La deuda por honorarios existe y constituye un perjuicio para la empresa; en consecuencia, su reparación procede aun cuando no se haya pagado.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 724/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

En el caso de autos, tras haber protagonizado un accidente de tránsito con resultado muerte, se condena al imputado a 24 meses de prisión, a cumplirse los primeros 12 meses en régimen de cumplimiento efectivo y los restantes 12 meses en régimen de libertad a prueba, lo que se mantiene en las dos primeras instancias. Se presenta recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia, por mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Doris Morales y Dr. Pérez, acoge parcialmente el recurso de casación interpuesto y anula la sentencia impugnada exclusivamente en cuanto al monto de la pena y a la forma de cumplimiento, disponiéndose en el grado la condena al imputado a la pena de 18 meses de prisión, a cumplirse de la siguiente manera: 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de las medidas cautelares cumplidas; y los restantes 12 meses en régimen de libertad a prueba, bajo las obligaciones indicadas en la sentencia de primera instancia. No se hace lugar a los argumentos en los cuales faltó individualizar debidamente el agravio. En cuanto a los agravios relativos a la graduación de la pena, la Corte actualmente considera que es controlable en el recurso de casación la individualización de la pena. En el caso de autos, la Jueza de primera instancia únicamente computó como atenuante -por vía analógica- a la primariedad, temperamento que fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones. La Defensa reclama, en su recurso de casación, el cómputo de las circunstancias atenuantes previstas en los numerales 7, 8, 9, 12 y 13 del art. 46 del Código Penal. A juicio de la Corte, el planteo resulta parcialmente de recibo. En primer término, se aborda el agravio relativo a la alteratoria prevista en el numeral 8 del art. 46 del Código Penal. Sobre el punto, la Defensa recurrente esgrime que la Sala, al momento de fijar el monto de la pena, no consideró que el imputado ha realizado la reparación del daño, al haber abonado la suma de U$S66.000 a la familia de la víctima. Respecto a la atenuante de la “reparación del mal”, cabe consignar que, si bien la indemnización no devolverá a la vida a la víctima, igualmente, la reparación civil que existió por parte del ofensor a sus deudos es un elemento a considerar. Los tribunales de mérito no valoraron como circunstancia atenuante el hecho del resarcimiento patrimonial, que perfectamente puede ser subsumido en la alteratoria regulada en el numeral 8 del art. 46 del Código Penal. El cómputo de esta atenuante determina, a juicio de la Corte, la reducción de la pena. En lo que respecta a los restantes agravios de la Defensa, considera este Colegiado –en un caso por mayoría y en el resto por unanimidad- que los planteos no pueden prosperar. (D) SRA. MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE DISCORDE PARCIAL: por cuanto considera que corresponde acoger el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anular la sentencia de segunda instancia únicamente en cuanto a la modalidad de la pena impuesta. Y en su lugar, imponer una pena de veinticuatro (24) meses de prisión, en régimen de libertad a prueba (art. 295 BIS CPP), bajo las obligaciones impuestas en primera instancia. En el caso, nos encontramos ante la determinación de una pena arbitraria o irrazonable en cuanto a la modalidad impuesta de ejecución, extremo que habilita su corrección en casación, toda vez que se impone una sanción penal de prisión efectiva -reclusión- ante un delito culposo (homicidio culpable simple). En efecto, el delito imputado, las características del acusado, y las alteratorias computadas, encartan plásticamente en el instituto de la libertad a prueba regulado en el art.295 bis del CPP. Es absolutamente desproporcionado, en mi criterio, que en el caso, por una pena tan corta se prive al acusado de dicho beneficio, careciendo su reclusión de toda ajenidad al principio del art. 26 de la Constitución. (D) SR. MINISTRO DR. TABARÉ SOSA DISCORDE EN PARTE: por cuanto estima que corresponde condenar al encausado a la pena de dieciocho (18) meses de prisión a cumplirse su totalidad bajo el régimen de libertad a prueba, atento a que la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, concluye que corresponde computar la atenuante del numeral 8 del artículo 46 del Código Penal. En cuanto a la forma de cumplimiento, sabido es que en nuestro país la normativa y la jurisprudencia práctica frente a este tipo de delitos culposos no impone pena privativa de libertad, por tanto corresponde en este caso cumplir la pena bajo libertad a prueba.

INTERLOCUTORIA 803/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia declaró competente para seguir conociendo en la presente causa, al Juzgado Letrado de Salto de 4º Turno. Señala la Corporación que le asiste razón en lo sustancial a la Sede contendiente de Paysandú de 4º Turno, en cuanto señala el error en la remisión “sin más” del expediente para su acumulación en el Juzgado de Paysandú de 4º Turno. Los artículos 324.2 del CGP y 7 de la Ley Nº 15.750 son claros respecto a que es competente para tramitar el incidente de acumulación de autos el tribunal que hubiere prevenido en primer término.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 686/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 644/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

En primera instancia absolvió al imputado del delito previsto en el art. 31 del Decreto-Ley No. 14.294, en la modalidad de exportación de sustancias estupefacientes, en reiteración real con la comisión de un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de violación al art. 31 del decreto ley Nº 14.294 en la modalidad de ‘exportación de sustancias estupefacientes’ en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de ‘conversión y transferencia de bienes’ a la pena de quince (15) años de penitenciaría, siendo de su cargo las obligaciones establecidas en el art. 105 literales c) y d) del C. Penal… La Defensa del imputado interpuso recurso de casación agraviándose por: a) la valoración de los elementos probatorios en los que se fundamentó la condena del imputado; b) la calificación jurídica, en cuanto aplicó el art. 31 del Decreto-Ley Nº 14.294 y el art. 30 de la Ley Nº 19.574; y c) la pena, en cuanto no individualizó el guarismo punitivo para cada delito e impuso una pena única. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto a la valoración del material probatorio en materia de casación penal, para la unanimidad de los Sres. Ministros no se logró demostrar la existencia de un razonamiento notoriamente ilógico o apartado de las reglas de la sana crítica (en palabras de la mayoría), o vulneratorio del límite de la razonabilidad (en expresiones del Dr. Sosa Aguirre). A juicio de la Corte, la Sala efectuó una valoración de la prueba en conjunto indicando los medios de prueba que constituyen el fundamento de su decisión, conforme lo exige el artículo 143 del CPP. Por lo tanto, concluye la Corte que el razonamiento de la Sala en lo penal, para adscribir responsabilidad penal al imputado como autor responsable de los delitos que se le imputan, resulta racionalmente inobjetable. En cuanto a la calificación jurídica efectuada por cuanto se aplicaron los artículos 31 del Decreto-Ley Nº 14.294 y 30 de la Ley Nº 19.574. Señala la Corporación que la hipótesis acusatoria quedó debidamente probada mediante elementos plurales, coincidentes y concordantes, que unen lógica y racionalmente el punto de partida y la conclusión probatoria. En cuanto al agravio de que la Sala incurrió en el error inexcusable de no individualizar la pena correspondiente a cada delito imputado, en los términos requeridos por el artículo 127 lit f) del CPP. No advierte la Corte en la imposición de la pena que hace la Sala, la existencia de infracción o errónea aplicación de normas de derecho, exigidas como fundamentos de la casación por el artículo 270 del CPP. La pena se encuentra dentro de los límites legales, y es conforme con la valoración probatoria efectuada.

INTERLOCUTORIA 795/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto. Señala la Corporación que en varios pasajes del escrito recursivo no son más que una reiteración textual de lo ya expresado en el escrito del recurso de apelación. Por otro lado, la recurrente no hace mención a la norma de derecho infringida por el Tribunal, tal como lo exige el artículo 273 del C.G.P., en la remisión dada por el artículo 369 del C.P.P.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 645/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

El a quo condenó a la demandada como autora de una infracción aduanera de defraudación; mientras que el Ad quem revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la acusación fiscal. El Sr. Fiscal de lo Civil, Aduana y Hacienda de Montevideo interpuso recurso de casación. L a Corporación desestima el recurso de casación interpuesto afirmando que no le asiste razón al Ministerio Público.

Recurso de casación · Derecho aduanero

DEFINITIVA 651/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales acoge el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, anulando la sentencia de segunda instancia, y en su lugar, manteniendo firme el pronunciamiento de primera instancia. Se trata el presente caso de un proceso de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, iniciado por FORTYLEX S.A. empresa distribuidora de encendedores marca RONSON en Uruguay contra la empresa ENKO LTDA., quien le proveía la mercadería, según contrato de distribución verbal sin plazo. La actora afirmó que ejecutó el contrato cumpliendo con todas las obligaciones asumidas por su parte, no así la demandada, quien el 14 de diciembre de 2018 le comunicó por mail la decisión de rescindir el contrato en forma unilateral sin pre aviso alguno. Agravia a la recurrente la conclusión del Tribunal en cuanto consideró que no existió justa causa para la rescisión del contrato de distribución, a partir de una errónea aplicación del derecho y valoración de la prueba rendida. Para la Corporación, lo expuesto en el recurso de casación resulta suficiente para modificar lo resuelto por el Tribunal y concluir que se configuró justa causa para la rescisión del contrato. En el seno de la Suprema Corte de Justicia existen dos posturas gradualmente distintas respecto al alcance de la causal “error en la valoración de la prueba” como motivo de casación. Para el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, la valoración probatoria realizada por el órgano de alzada no resulta, en principio, excluida del control casatorio y es posible su corrección cuando se vulnera el límite de razonabilidad en la valoración de la prueba. En cambio, para los restantes integrantes naturales de la Suprema Corte de Justicia, Sres. Ministros Dres. Pérez, Martínez, Minvielle y Morales, el razonamiento probatorio del Tribunal de segunda instancia solo es revisable en circunstancias excepcionales, cuando se verifica una infracción a las reglas de valoración de la prueba, un supuesto de absurdo evidente. En el presente caso, más allá de las diferentes posturas sobre la causal por infracción a las reglas legales sobre la valoración de la prueba, la unanimidad de la Suprema Corte de Justicia coincide que, efectivamente, se comprobó el error denunciado, en grado de absurdo evidente (para la mayoría) o vulneratorio del límite de la razonabilidad ( para el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre). Es de señalar que cualquiera de las partes de un contrato de distribución de duración indeterminada tiene el derecho de obtener la rescisión en forma unilateral, sin que ello implique la obligación de indemnizar a su contraparte, siempre que al ejercer este derecho no incurra en abuso.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 703/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 847/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

La Sede Letrada de San José de 3º Turno declinó competencia (en audiencia) por considerar que, en virtud de la modificación operada en el domicilio de la niña, correspondía remitir los autos a la Sede territorialmente competente en el nuevo domicilio, esto es, Montevideo. Los autos fueron recibidos por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia de 22º Turno, quien por sentencia interlocutoria resolvió no asumir competencia y planteó contienda negativa de competencia ante la Suprema Corte de Justicia, bajo el argumento de que el cambio de domicilio resultaba intrascendente para modificar la competencia asumida, atento al principio perpetuatio jurisdictionis La Suprema Corte de Justicia, entendió que la modificación del domicilio de la niña, ocurrido con posterioridad a la presentación de la demanda, no resulta suficiente para que, a posteriori , se modifique el fuero competencial. En virtud de lo establecido procedió a declarar competente para continuar conociendo en el proceso al Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 3º Turno.

Contienda de competencia · Derecho de familia

DEFINITIVA 643/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

L a Corporación entiende que corresponde acoger el recurso interpuesto, por cuanto el emplazamiento realizado en el proceso de prescripción adquisitiva no fue realizado acorde a derecho. P or lo tanto ampara el recurso de revisión interpuesto, anulando la sentencia definitiva Nº 6/2019, con costas y costos a cargo de la parte perdidosa (art. 292 del CGP).

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 648/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

El a quo desestimó la demanda de daños y perjuicios que padeció como consecuencia de la indebida incautación de un ómnibus de su propiedad y su restitución más de ocho años después, en pésimas condiciones; interpuesta contra el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Aduanas. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. El actor interpuso recurso de casación, agraviándose respecto de la desestimación de la demanda. La parte demandada adhirió a la casación, fundando nuevamente su impugnación contra la interlocutoria Nº 607/2021, en cuanto desestimó la excepción de prescripción. En primer lugar la Corporación entiende que no existió prescripción en cuanto la norma a aplicarse es la referida a responsabilidad del Estado y no a las reclamaciones por operaciones aduaneras. En cuanto al recurso interpuesto por el actor, la Corporación estima de rechazo del mismo, por ausencia de descripción del elemento subjetivo de la responsabilidad civil que se pretende atribuir a la parte demandada.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 846/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 841/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 797/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024Importancia alta

El caso de autos trata de una contienda negativa de competencia trabada entre el Tribunal de Apelaciones en lo Civil 6° Turno y el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno. Finalmente la Suprema Corte de Justicia declaró competente para entender en el recurso de apelación interpuesto al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno. Concluye la Corporación que, si bien es cierto que existen vínculos de familia entre los litigantes, la relación patrimonial alegada que da origen al presente proceso no se encuentra fundada en la calidad de familiares entre actora y demandados, sino en un negocio jurídico civil puntual y concreto. La sola circunstancia de que las partes sean familiares no resulta suficiente para que el caso se vea alcanzado por lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 15.750, ya que, en el caso, no se verifica el requisito de que la relación patrimonial debatida lo sea “fundada en su calidad de tales”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 816/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 840/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 801/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

DECLÁRASE COMPETENTE PARA RESOLVER LA APELACIÓN PENDIENTE CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 1.334/2023, AL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 3° TURNO, CON NOTICIA DE SU CONTENDIEN-TE. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Doris Morales la cuestión a resolver en este estado del proceso, estrictamente, es determinar qué Tribunal debe resolver en segunda instancia la excepción de inmunidad de jurisdicción opuesta por la demandada CARU. La Corporación concluye que corresponde que en segunda instancia resuelva la apelación pendiente respecto a la excepción de inmunidad de jurisdicción opuesta por la parte demandada el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º Turno, sin que sea necesario por el momento ahondar en otros aspectos. Surge de las presentes actua-ciones que, con fecha 22 de setiembre de 2022, la Sra. Letti Fallini promovió demanda por rubros laborales e indemnizatorios contra la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), originados en la relación de trabajo que las vinculó. En concreto, reclamó diferencia de salarios, aguinaldo y salario vacacional sobre diferencias de salarios, daños y perjuicios preceptivos que estimó en 10% al amparo de la Ley Nº 10.449 y el pago de 10% en concepto de multa legal, en virtud del art. 29 de la Ley Nº 18.572 (fs. 91/98). El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno, que se declaró incompetente para tramitar el proceso de autos en virtud de que, según expresó, se sustancia un litigio originado en un conflicto individual de trabajo, promovido ante una Organización Internacional. Planteó contienda negativa de competencia, atento a que el trámite de conciliación previa y el tracto procesal seguido en primera instancia no fue acorde al exigido por la ley laboral, que pese a que la actora utilizó la expresión “laboral” en su demanda ello es equívoco, que la vinculación alegada es de carácter estatutario y que el demandado es un organismo que ejerce funciones regidas por el derecho público en tutela de un interés estatal (fs. 268/290).

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 805/2024 · Suprema Corte de Justicia · 20 de junio de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal