DEFINITIVA 606/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

Por sentencia definitiva de primera instancia se condenó al denunciado como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica agravaada, a la pena de 14 meses de prisión, con descuento de la preventiva cumplida En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada respecto del encausado, salvo en cuanto computó la agravante genérica del art. 47 num 6 del Código Penal que se revoca. La defensa del imputado interpuso recurso de casación, alegando que se infringieron normas respecto a la valoración de los informes agregados en los expedientes acordonados, así como respecto a la valoración de la declaración de la víctima y de los testigos. Otro agravio expresado por la Defensa es que la Sala infringe el artículo 86 del Código Penal, ya que al desestimar la agravante por el abuso de la fuerza (artículo 47 num. 6), en forma consecuente, debió abatir la condena. La SCJ procedió a desestimar el recurso; sosteniendo respecto al primer agravio que en el caso concreto, sobre la valoración del testimonio de la víctima, los testigos y los certificados de las lesiones, el recurrente omite identificar la norma de derecho erróneamente aplicada por la Sala. Además no es posible ingresar a la revalorización de los hechos en ningún supuesto, incluso en aquellas hipótesis en las que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria. En cuanto al segundo agravo, la pena dispuesta es legal, y no se advierte (ni fue alegado) que la determinación de los tribunales de mérito luzca desproporcionada, irracional o arbitraria, lo que sella la suerte del planteo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 557/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

Surge plenamente probado que el enjuiciado, en tres oportunidades mantuvo relaciones sexuales con penetración vaginal con su hija menor de edad, mediante violencia y amenazas, dentro del domicilio en el que ambos cohabitaban. Tras efectuarse la denuncia, comienza la intervención de la Jueza de Familia que otorga a la adolescente a su abuela materna, con prohibición de acercamiento por parte del imputado, se ralizan los exámenes por el equipo multidisciplinario del HPL, se comunica a Fiscalía y se inicia el proceso penal; por el cual se condenó al denunciado como autor penalmente responsable de tres delitos de abuso sexual especialmente agravados en régimen de reiteración real, a la pena de nueve años de penitenciaría en primera instancia; siendo dicha resolución confirmada en segunda instancia. A posteriri compareció la Defensa del encausado e interpuso, recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia, expresando como agravios: 1-los relativos a la nulidad por indefensión (entendiendo la Corte que dichas cuestiones se resuelven en etapa previa al juicio, siendo la esencia del juicio oral no es volver sobre dichos pasos) 2-la exclusión de medios probatorios ofrecidos por la Defensa y el rechazo de “prueba nueva” ofrecida durante el juicio, la errónea valoración de la prueba (entendió la Corte que la misma no fue demostrada por la defensa) 3-la violación de los principios de debido proceso, garantías del justiciable, inocencia, igualdad y proporcionalidad entre las partes (sostuvo la Corte que el agravio no puede ser amparado en tanto fue introducido en forma dependiente de los planteos anteriores, que fueron previamente desestimados). La SCJ procedió a desestimar el recurso de casación, dispuso la remsión de los autos al Jdo Ltdo de Primera Instancia a efectos de librar orden de detención respecto del imputado a fin de proceder al cumplimiento de la sentencia; notificandose a la Fiscalía, al Defensor y al condenado.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 728/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 578/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus integrantes naturales, desestima la inconstitucionalidad de oficio deducida. En autos, en un proceso de ejecución de sentencia contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, se presentó el representante del Estado – Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando a la Sede la rectificación de un oficio por el cual se le comunicaba que debía de depositar la suma retenida por el MEF por concepto de IRPF, al tiempo de dar cumplimiento al depósito ordenado por la Sede, correspondiente a una condena de daño moral. Seguidamente, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, a cargo del Dr. Gabriel Ohanian, dictó la sentencia interlocutoria Nº 2358/2023 de fecha 1 de noviembre de 2023, por la cual resolvió promover de oficio la inconstitucionalidad del art. 165 inciso 1º de la Ley Nº 20.075, afirmando el Magistrado que la norma de referencia atenta contra la cosa juzgada, instituyendo a esa cartera ministerial las potestades para requerir a las Sedes la rectificación o ratificación de oficios. Precisó que, por la vía de alegar una omisión al orden público, se estaría cuestionando por el Ministerio de Economía y Finanzas la propia decisión judicial. La Corte, en mayoría conformada con la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa Agurire, Doris Morales y John Pérez, considera que la norma impugnada ha sido definitivamente aplicada. Por su parte, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, se verifica un supuesto de falta de interés en la declaración de inconstitucionalidad solicitada. La norma legal atacada, en la interpretación que se postula como correcta, no es de aplicación ineludible en el proceso en trámite.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 671/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

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Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 553/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación incoado. En autos, se generó un incidente en la vía pública, en medio de la calle frente al domicilio de la encausada, a consecuencia del cual la víctima resultó herido de gravedad, con múltiples heridas por impacto de arma de fuego, las que le ocasionaran lesiones de tal entidad que pusieran en riesgo su vida y generaran secuelas permanentes. Durante el transcurso de dichos incidentes la imputada realizó varios disparos al cuerpo de la víctima con su arma de reglamento, no habiendo recibido ningún disparo de parte de la víctima. El agravio esgrimido por la Defensa es que se padeció error en la valoración de la prueba respecto a la causa de justificación por legítima defensa. A juicio de la Corte, la parte recurrente omitió atacar en su recurso los argumentos determinantes del fallo de segunda instancia, lo que sella la suerte del recurso. No se probó que la víctima le hubiera provocado desde una agresión ilegítima, ni tampoco se dio la racionalidad del medio defensivo utilizado por la encausada.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 674/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

El caso de autos, trata de un proceso regulado por los arts. 117 y siguientes del CNA, el cual fue seguido originalmente ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 4º Turno. En marzo de 2024, se verificó el cambio de domicilio de los menores de autos, quienes pasaron a residir en el departamento de Rivera. La causa fue remitida sucesivamente a los Juzgados Letrados de Rivera de 4º y 5º Turno, habiéndose declarado ambos incompetentes por razón de turno, planteándose contienda de competencia por los motivos que surgen de la sentencia. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para seguir conociendo en el presente proceso al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 6º Turno, al que se le remitirán las actuaciones, con noticia de los contendientes, debiendo tener presente el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 5º turno que deberá remitir el expediente original al homólogo de 6º turno. Señala la Corporación que respecto a la distribución de competencia por turnos, no corresponde la asignación mediante el Sistema de Distribución de Expedientes Judiciales (SIDEJU) regulado por Circular Nº 80/2022, por tratarse de un asunto de Familia Especializado, materia excluida expresamente de dicho sistema. En este caso debe realizarse de acuerdo a la planilla de turnos, conforme al régimen general y residual de distribución de turnos.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 743/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 710/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

DECLÁRASE INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. El recurso en vista no cumple con los requerimientos establecidos por el art. 273 del C.G.P., en virtud de la remisión que efectúa el art. 369 del C.P.P. El art. 273 del C.G.P. establece que “El escrito introductorio, que deberá presentarse ante el tribunal que dictó el fallo cuya casación se pretende, deberá contener necesariamente: 1) La mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas; y 2) La expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa”.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 564/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

En el caso de autos los accionantes promovieron la inconstitucionalidad por vía de acción contra la Ley Nº 20.125, que derogó la Ley nº 20.096 y que dio redacción al art. 14 de la Ley Nº 19.043. Fundaron la legitimación activa por su condición de docentes y estudiantes de la UTEC, considerando tener un interés legítimo, personal y directo a ser dirigidos en la actividad docente, académica y de aprendizaje por un Consejo Directivo Autónomo respecto del Poder Ejecutivo. La demanda fue entablada contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Universidad Tecnológica. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, declaró la falta de legitimación activa de los promotores y desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida, por otra parte, en forma unánime, declaró la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. En el caso de autos, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa, John Pérez y Doris Morales, los accionantes carecen de legitimación en la causa, el interés al que hacen referencia los accionantes no reviste las notas exigidas para su consideración en este tipo de procesos. No se trata de un interés personal ni directo, los accionantes no indican haber sido integrantes del órgano de gobierno, ni ser tampoco elegibles para ello. Su planteo, es una especie de acción popular en representación de todos los docentes y estudiantes para mantener la misma estructura de gobierno previa a la promulgación de la ley. Tampoco es directo, ya que, al no ser actuales integrantes del órgano de gobierno de la UTEC, podrían llegar a tener un interés eventual o futuro, pero esa situación los excluye de tener legitimación activa en la presente causa. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez - Ministra de la Suprema Corte de Justicia - DISCORDE PARCIALMENTE: por cuanto, a mi juicio, corresponde reconocerles a los actores la titularidad de un interés directo, personal y legítimo para contender en vía de acción en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 708/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 551/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

Se desestima el recurso de casación interpuesto. El recurrente vuelve sobre cuestiones que escaso aporte pueden brindarnos en la resolución del caso. El hecho de que se hayan alejado juntos de la mano no implica en lo más mínimo que haya existido consentimiento en un momento posterior. Véase que este Colegiado ha dicho en otros casos que incluso el acto sexual puede comenzar consentido y luego, en su desarrollo, manifestar la víctima su negativa a continuar y que para el caso de haberse compelido su voluntad, se configuraría el hecho ilícito (más allá de su consentimiento inicial). En tal sentido, véase sentencia N° 1171/2022 de este Colegiado. Asimismo, el hecho de que en un comienzo se hayan ido de la mano, del cual pretende hacer caudal la Defensa, ni siquiera fue cuestionado por la Sala. En efecto, para el Tribunal –criterio que este Sr. Ministro comparte luego de leer el escrito de casación- la Defensa se pronuncia sobre un sólo momento del acto sin tener presente que primeramente se dirigieron a un árbol a escasos metros y, luego, a un lugar más apartado. Tal cuestión no puede ser amparada dado que: a) la Sala en ningún momento señaló que existió violencia o falta de consentimiento desde el comienzo, cuando se fueron juntos y; b) el mero hecho de que hayan ido de la mano no implica que la víctima haya prestado su consentimiento para tener relaciones sexuales. En autos, se alcanzó la plena prueba requerida para condenar.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 554/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

En el caso de autos se solicita el reconocimiento de un laudo arbitral dictado por un Tribunal Arbitral con sede en Inglaterra, por el cual se impuso a una sociedad comercial domiciliada en Uruguay, la obligación de pagar una suma de dinero por incumplimiento de contrato de compraventa de mercadería a una sociedad comercial domiciliada en Argentina. La Suprema Corte de Justicia amparó la pretensión de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral extranjero; y en su mérito, dispuso remitir las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil que por turno corresponda. Señala la Corporación que en el caso de autos, resultará de aplicación la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de Nueva York, 1958. Finalmente concluye la Corporación que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la normativa aplicable, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento de laudo arbitral extranjero formulado por la parte actora, para su posterior ejecución en nuestro país.

Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur) · Derecho internacional privado

INTERLOCUTORIA 673/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 585/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN EL GRADO. La parte demandada presenta recurso de casación alegando que la Sala del Trabajo de 4º Turno incurrió en un error en la valoración de la prueba, lo que provocó un enriquecimiento sin causa a favor del actor, al hacer lugar al reclamo por lucro cesante. Para la mayoría de la Corporación, la aseveración aislada en el sentido de que “Absurda valoración de la prueba no se probó la frustración de toda posibilidad de obtener una retribución mayor y la pérdida de su trabajo debido a la inferioridad física en la que quedó [el trabajador]” (sic), resulta totalmente insuficiente para tener por cumplida la carga procesal de alegar en forma el agravio (arts. 270 y 273 del CGP). Por su parte, el resto del discurso impugnativo se limita a ofrecer una valoración alternativa de la prueba, tan posible y aceptable como la realizada por el Tribunal, pero no por ello, ésta última, resulta contraria a la ley en la materia. En definitiva, el agravio no cumple con las exigencias formales en la materia para ser admitido en casación. Desde otra perspectiva, pero arribando a la misma conclusión desestimatoria, se encuentra el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre. A su juicio, el Tribunal, al igual que en la primera instancia, dio por probado que la víctima padece incapacidad total y permanente para el trabajo habitual de peón rural, las dos pericias son coincidentes respecto a la incapacidad específica o laborativa, habiendo sido muy gráfica la peritación del Dr. López cuando dijo que no puede desplazarse por la tierra al ser ésta irregular, lo que le causaría caídas al no tener tobillo por la prótesis. Procesalmente, cabe relevar que sólo median agravios de la parte demandada, no así del actor quien ha visto disminuido el porcentaje salarial que reclamó por lucro cesante tanto pasado como futuro, al fijársele un guarismo inferior al 100% (con más la disminución por imputación de la renta que le sirve el BSE). Entonces es aplicable el principio de la prohibición de la reformatio in peius que significa que no puede modificarse el fallo en perjuicio del propio impugnante si la contraparte, a su vez, no se alzó también contra el decisorio.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 541/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la excepción de inadecuación del trámite opuesta por ambas demandadas, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co-demandada Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y desestimó las excepcio-nes de prescripción y caducidad opuestas por la co-demandada ANCAP, desestimando la demanda. Su pretensión principal se basa en atribuir a ANCAP el carácter de empleador en una relación de trabajo de Derecho privado, a partir de la invocación de una serie de indicios (conforme a la Recomendación Nº 198 de la OIT) que, aseguran, dan cuenta de la relación de dependencia que alegan. Con relación a la co-demandada Asociación Española, fundaron su reclamo en la sucesión del empleador. Esto por cuanto la referida Asociación absorbió los pacientes y parte del personal del servicio médico de ANCAP tras su cierre (ampliación de demanda, fs. 1064 y ss.). En ambas instancias, se amparó la excepción de falta de legitimación pasiva de la Asociación Española y la demanda fue desestimada. Sobre la situación proce-sal de la Asociación Española, los actores no esgri-mieron agravios en casación, habiendo, entonces, quedado firme su ajenidad al pleito. Ambos órganos de mérito coincidieron en descartar la existencia de la invocada relación laboral encubierta y concluyeron que las partes se vincularon bajo la modalidad contractual del arrendamiento de servicios, conclusión que el recurrente no logra conmover. La Sala, respecto a la subordinación concluye que la recurrente no acreditó que ANCAP hubiera ejercido el alegado poder disciplinario. Acerca del poder de dirección y de la inserción de los actores en la organización, la Sala, en apreciación que la Corte comparte, expresó que no son incompatibles con una prestación de tareas en modalidad de arriendo de servicios, la coordinación y la organización de las guardias y actos quirúrgicos, pues se trata de los ajustes necesarios para que el servicio se brinde en forma adecuada y efectiva. Asimismo, retomando el argumento relativo al poder de negociación de los reclamantes en tanto profesionales de alta calificación, circunstancia que disminuye la asimetría de poder negocial, la Sala puntualizó que las partes negociaron a la par las condiciones del servicio y el monto de la remuneración.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 672/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho penal

DEFINITIVA 542/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO El Tribuanl de Apelaciones se apartó de la interpretación del a quo y afirmó en la impugnada que, en realidad, la actora estuvo casi siete años desempeñando el cargo de jefa, resultando evidente que no fue cesada en función del plazo y que, salvo la denuncia y la investigación por acoso laboral, nada hacía prever que fuera a ser removida de su puesto de trabajo. La cuestionada afirma que existió incumplimiento del protocolo de acoso del CASMU y que, en la instrucción de la investigación, se afectó el derecho de defensa de la actora. La Sala concluyó que la demandada, tras una investigación irregular, sin haber adoptado medidas sustanciales ni controles oportunos en el lugar de trabajo, sancionó a la actora, degradándola en sus funciones, todo lo cual configura un despido indirecto. La actora vio modificadas las condiciones del contrato de trabajo en cuanto a la categoría funcional y la remuneración, sin justificación alguna, pues el acoso laboral no resultó demostrado, tratándose de cambios sustanciales de la relación de trabajo que la habilitaban a considerarse indirectamente despedida. Desestimó, en cambio, la pretensión de despido abusivo. Contra la decisión del ad quem interpuso recurso de casación CASMU, en el que expresó tres clases de agravios. Por un lado, cuestionó la condena por concepto de indemnización por despido y, al respecto, criticó la interpretación que la Sala efectuó de las bases del llamado a concurso por medio del cual la actora accedió a sus funciones de jefa y del reglamento de técnicos. Por el otro, discutió la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal, que lo llevó a concluir que existieron irregularidades en la instrucción de la investigación administrativa, así como a tener por no demostrado el acoso laboral denunciado por los subordinados de la actora. Finalmente, denunció una errónea valoración de la prueba que determinó que el Tribunal soslayara que los rubros licencia y salario vacacional 2021-2022 ya fueron abonados y así se demostró. La Corporación entiende correcto el razonamiento de la Sala, según el cual, luego de vencido el plazo inicial de cuatro años, la relación laboral permaneció ejecutándose en idénticas condiciones, por lo que, en aplicación del principio de continuidad, se verifica un supuesto de contrato de duración indeter-minada. De los términos del agravio emerge que el recurrente interpreta el contrato en cuestión de conformidad con las normas sobre inter-pretación de los contratos civiles, cuando, en puridad, el de autos es un contrato de naturaleza laboral, al que corresponden otras reglas interpretativas. Respecto al despido indirecto, la Sala entendió que el cese de la relación se fundó en una causa ilegítima, esto es, en la verificación de un supuesto de acoso laboral reprochable a la actora, conclusión a la que se arribó al cabo de una investigación administrativa que no le permitió el ejercicio adecuado de su derecho de defensa. No obstante CASMU alegar en casación que la valoración que el Tribunal realizó de la prueba resultó absurda, la Suprema Corte de Justicia no advierte que se haya verificado en autos un supuesto de tal magnitud (en la opinión mayoritaria acerca de la valoración de la prueba como causal de casación) ni tampoco uno de menor entidad (en la opinión del Sr. Ministro redactor sobre el tema). La desestimatoria de los agravios hasta aquí analizados deja huérfanas las críticas relativas al ejercicio abusivo del ius variandi que supuso cesar a la actora en sus cargos de jefatura y retrotraerla a su función de anestesista grado 2 titular, con la consiguiente degradación funcional y salarial. En efecto, en tanto la Suprema Corte de Justicia ratifica las conclusiones de la Sala, según las cuales el contrato de trabajo era de duración indeterminada, la investigación realizada padeció vicios procedimentales que dejaron a la actora en situación de indefensión y, además, no quedó acreditada la existencia de acoso laboral infligido por la accionante, resulta evidente que fue ilegítimo, por infundado, su cese del cargo de jefa de anestesiología y block quirúrgico, verificándose, entonces, un supuesto de ius variandi abusivo por parte del empleador, que habilita a la actora a considerarse indirectamente despedida y reclamar la indemnización por despido correspondiente. Por último, en lo relativo a la condena por los rubros licencia no gozada y salario vacacional generados en el período 2021-2022, la recurrente también denuncia una valoración absurda y arbitraria de la prueba rendida. La Suprema Corte de Justicia no comparte la interpretación propuesta por la demandada.

INTERLOCUTORIA 753/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 539/2024 · Suprema Corte de Justicia · 30 de mayo de 2024Importancia alta

La demanda de daños y perjuicios fue desestimada en primera instancia y luego revocada en alzada. La Sala condenó a las demandadas a indemnizar solidariamente, el daño moral padecido por la accionante (madre del fallecido) el que se estimó en U$S30.000. Contra dicha decisión interpusieron recursos de casación las demandadas. La SCJ procedió a amparar los recursos de casación interpuestos y en su mérito, se condena in solidum a las demandadas a pagar el 40% de la condena dispuesta en segundo grado; entiendiendo que existió una contribución causal de la demandada Asociación Española y de su auxiliar de cumplimiento Xikos SA, en la verificación del resultado dañoso, sin perjuicio de la concurrencia causal atribuible a la víctima.

Recurso de casación · Derecho civil