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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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88.400 sentencias

INTERLOCUTORIA 658/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 27 de noviembre de 2025
Se confirma la formalizacion de la investigación.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 654/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 27 de noviembre de 2025
Se deniega redención de pena.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 652/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 27 de noviembre de 2025
Se revoca régimen de libertad vigilada.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 659/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 27 de noviembre de 2025
Se mantiene medida cautelar
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 664/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 27 de noviembre de 2025Importancia alta
Se confirma medida de no innovar
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 663/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 27 de noviembre de 2025
Se confirma formalizacion de la investigación
Proceso penal ordinario · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 662/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 27 de noviembre de 2025
Se confirma la imposicion de prisión preventiva.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 271/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 27 de noviembre de 2025Importancia alta
La sentencia de primera instancia desestima el presente proceso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos para que le proporcionen al accionante, de 61 años de edad, quien padece de incontinencia urinaria severa y de disfunción eréctil refractaria; la cobertura de un esfínter urinario artificial y de una prótesis de pene maleable. El Tribunal confirma la sentencia impugnada por el actor.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 233/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 26 de noviembre de 2025Importancia alta
Confírmase la resolución impugnada -Nº 554/2025 de fecha 16/7/2025 (fs. 100 y ss.)-, exclusivamente en cuanto ampara la excepción de cosa juzgada respecto a los daños y perjuicios reclamados ocasionados por la rescisión del contrato de trabajo y por la pérdida del Seguro de Paro. Revócase la misma con relación a los daños y perjuicios derivados del juicio promovido por la hoy demandada contra la actora (IUE: 341-255/2020) y los derivados de la denuncia penal, desestimándose la excepción de cosa juzgada a su respecto. Sin especiales sanciones causídicas en la instancia. En el caso sometido a estudio, la demandada funda la excepción de cosa juzgada en que con el cumplimiento de la sentencia Nº 240/2024 dictada por el T.A.T. de 1º Turno, se abonó la condena en concepto de indemnización por despido común y que con ello, de acuerdo a la previsión legal, se cubren todos los daños ocasionados con motivo de la rescisión del contrato laboral por decisión del empleador. Ya existe cosa juzgada al respecto. Asimismo, sostiene que existe cosa juzgada respecto de los daños pretendidos por la angustia que le ocasionó el proceso por daños y perjuicios promovido por la demandada en el similar de 3er. Turno de Rocha, IUE: 341-255/2020, en el cual hay sentencia firme. El Tribunal comparte lo resuelto por la a quo con respecto a los daños y perjuicios reclamados derivados de la rescisión del contrato laboral y del Seguro de Desempleo. Respecto a los daños ocasionados por la rescisión del contrato laboral, le asiste razón a la demandada en que ya fueron resueltos en el expediente laboral IUE: 525-113/2021. En dicha oportunidad debió reclamar despido abusivo. Si bien se hace mención al mismo (en el referido expediente I.U.E: 525-113/2021), en realidad no lo reclamó porque 3 mensualidades como liquida le correspondían por IPD común, considerando su antigüedad. Distinta es la solución con relación a los daños y perjuicios que le pudo ocasionar el proceso por daños y perjuicios promovido por la accionada (IUE: 341-255/2020) y los derivados de la denuncia penal. Los daños y perjuicios producidos a la accionante por el proceso civil promovido por la hoy demandada en su contra, pueden entonces reclamarse en esta instancia y por esta vía.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 329/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 26 de noviembre de 2025
La sentencia de primera instancia condenó al Fondo Nacional de Recursos a brindar cobertura al actor, para la colocación del implante valvular aórtico por acceso vascular periférico (TAVI), incluyendo el dispositivo y sus accesorios, más todos los materiales e insumos necesarios para su implantación (acto quirúrgico, uso de sala, días de internación) así como cualquier otro gasto asociado al procedimiento que su prestador no esté obligado a financiarle, de acuerdo a las indicaciones que formule su equipo médico tratante, debiendo el amparista abonar $80.000 por la prestación solicitada. El FNR interpuso recurso de apelación, manifestando que la situación clínica del actor no está comprendida dentro de los criterios de inclusión. El Tribunal revoca la sentencia impugnada, declarando la falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 331/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 26 de noviembre de 2025
La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda y condenó al Estado-Ministerio del Interior-Dirección Nacional de Bomberos a pagarle a la actora las sumas de $91.605 por concepto de diferencias de retribución; y la suma de $300.000 por daño moral, con reajustes hasta el efectivo pago y el interés legal desde la presentación de la demanda; desestimándola en lo demás. La parte demandada interpone recurso de apelación. Entiende que el monto pretendido por diferencias salariales carece de sustento probatorio y que el monto de daño moral es excesivo. El Tribunal confirma la sentencia apelada, salvo en cuanto al monto del daño moral, el que fija en la suma de $ 150.000 con mas reajuste legal.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 330/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 26 de noviembre de 2025
La Sala revoca la sentencia impugnada, que desestimó la demanda, condenado a la demandada a abonar a los actores las sumas correspondientes a horas extras reclamadas e incidencias en licencia y aguinaldo.
Otros · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 232/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 26 de noviembre de 2025Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, revocó la providencia Nº 1170/2025, y desestimó la excepción de cosa juzgada interpuesta. En el caso de autos, el Tribunal no comparte que exista cosa juzgada. La causa de pedir en el juicio ejecutivo no es la misma que en el juicio ordinario. En el juicio ejecutivo la causa de pedir es el título ejecutivo en base al cual se promueve el proceso (el que debe contener todos los requisitos exigidos en la ley) y en el proceso ordinario la causa de pedir es el documento privado del cual emana una obligación que se considera incumplida. No se da en la especie, el requisito exigido por la doctrina, de que la estructura del nuevo proceso sea de igual o menores garantías que la del anterior proceso en donde se obtuvo la cosa juzgada, ya que ella se habría obtenido en un juicio ejecutivo y las presentes actuaciones tramitan por la estructura del proceso ordinario, el que da mayores garantías a las partes.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 274/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de noviembre de 2025
CONFIRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA, SALVO EN CUANTO AL PORCENTAJE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS, ESTÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO NUMERO 8) DE LA PRESENTE SENTENCIA. La Sala concluye que la notoria mala conducta queda probada al formar una sociedad que hacía competencia desleal a la empresa familiar a la que pertenecía el actor y a la que debía el nivel de vida que llevaba. En autos, con la notoria mala conducta se vulneró el principio de buena fe, durante la ejecución del contrato de trabajo. De modo significativo por el nivel de organización que estructuró el hijo dentro de la empresa del padre. Pero más allá del vínculo familiar, la conducta de un Gerente que crea un negocio paralelo para su beneficio, con funcionarios de la empresa de la que también es dependiente, y utilizando recursos, clientes y máquinas de la empresa, es claramente un incumplimiento grave del deber de lealtad y de la buena fe. Respecto a la excepción por falta de legitimación pasiva, se comparte la solución de la Sede en cuanto a la legitimación pasiva de los codemandados personas físicas en cuanto expresó: “…la solicitud de condena solidaria de las personas físicas que se reclama no giraron exclusivamente en su mera calidad de Directores y/o accionistas de Pergol, sino también del vínculo sanguíneo estrecho entre las partes, de los actos y decisiones concretas que tomaron. “…y acorde a los principios, de la primacía de la realidad, protector y de razonabilidad que rigen en el derecho laboral, se considera que los codemandados Ruben Pérez y María Pérez, tienen legitimación pasiva…”.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 275/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de noviembre de 2025
En el caso de autos se condenó en forma solidaria y subsidiaria a las demandadas al pago de los rubros salariales: despido indirecto, licencia, salario vacacional, aguinaldo, daños y perjuicios preceptivos y multa Ley 18572.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 270/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 26 de noviembre de 2025
Se desestiman excepciones de falta de legitimacion pasiva
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 276/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de noviembre de 2025
Se confirma condena al pago de créditos laborales.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 277/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de noviembre de 2025
CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL MONTO DE CONDENA POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO ESPECIAL, EN QUE SE LA REVOCA, Y SE ESTABLECE EN LA SUMA, TERMINOS Y ALCANCE DISPUESTOS EN EL CONSIDERANDO N°4 DE ESTA SENTENCIA. El art. 11 de la ley 18.561 establece la indemnización del daño que el trabajador víctima de acoso sexual tiene derecho a reclamar al responsable, una indemnización por daño moral mínima de seis mensualidades. Si el trabajador se considera indirectamente despedido, la ley indica que el despido reviste el carácter de abusivo, y le otorga el derecho a una “indemnización especial tarifada” de seis mensualidades, de acuerdo a la última remuneración del trabajador, que se acumula a la indemnización por despido común. En el caso la parte actora reclama despido especial y lo establece en 12 unidades indemnizatorias, que la sentencia de primera instancia fijó en 8 sueldos nominales. Aplicando lo establecido en la norma referida al caso, art. 11 de la ley 18.561, se fijará el despido especial o abusivo reclamado en el equivalente a seis mensualidades. En relación a la inexistencia de nexo causal con el daño psíquico, de acuerdo a lo que surge del informe psicológico agregado, hay elementos probatorios para valorar la existencia de nexo causal entre las condiciones de trabajo y las afecciones a la salud psíquica de la trabajadora.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 319/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 26 de noviembre de 2025
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda de daños y perjuicios con costas para el actor, atento a que no ha cumplido con la teoría de la sustanciación.-
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 322/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 26 de noviembre de 2025
En el caso de autos, el actor promueve proceso ejecutivo, en el que invocó como título un cheque de pago diferido; cheque que, presentado al cobro el 8 de mayo de 2025, fue devuelto por falta de fondos. El ejecutado, opuso las excepciones de inhabilidad de título, de falsedad material y de caducidad. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó las excepciones opuestas por el demandado y mantuvo firme la sentencia de condena liminar de ejecución No 1569/2024, con costas y costos a cargo del ejecutado. El Tribunal señala que el título de ejecución que se ha presentado en autos es un cheque diferido válido y que el elemento omitido (por el librador) admite ser completado por el legítimo tenedor.
Proceso ejecutivo · Derecho comercial

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