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88.400 sentencias

DEFINITIVA 323/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 26 de noviembre de 2025
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se desestimó la demanda de cobro de pesos; ello porque no puede menos que compartirse con el A Quo que el derecho a la compensación respectiva, así como la carga horaria respectiva, se encontraban condicionados al efectivo ejercicio de dicha encargatura, y nunca más allá de ella, puesto que la asignación de tareas a la accionante en cargo superior presentaba el carácter de revocable.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 288/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO ACOGIÓ LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO COMÚN, EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, SE CONDENA AL PAGO DEL DESPIDO ESPECIAL POR ENFERMEDAD, EL QUE SE LIQUIDA EN LA SUMA DE $ 481.780, MÁS LA MULTA, ACTUALIZACIÓN E INTERESES. Resepecto al reclamo de horas extras, la Sala entiende que más allá del horario que luce en el contrato de trabajo y los recibos de salario, una interpretación integral de aquel y su ejecución, permite concluir que el actor no tenía limitada la jornada de trabajo, de hecho la misma era flexible y disponible. Por lo tanto, la calidad de personal superior del actor, determina que se encuentre excluido del régimen de las horas extras. En relación al despido, se concluye que surge acreditada la enfermedad del trabajador y la consecuente certificación médica, y que el despido se verificó una vez dispuesto el alta médica y en el plazo de estabilidad de 30 días. Por lo que, el actor cumplió los requisitos necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el art. 23 del Decreto-Ley 14.407. Asimismo, el demandado no logró probar que el egreso por despido, no se encuentra relacionado directa o indirectamente con la enfermedad.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 324/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 26 de noviembre de 2025
Es opinión de este Tribunal que, antes de ingresar en consideraciones sobre los agravios articulados por las partes, corresponde declarar de oficio la nulidad de las actuaciones cumplidas contra el codemandado conductor del taxi que participó en el siniestro de tránsito. Asimismo, la Sala revoca la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda, condenando a la codemandada (propietaria del vehículo responsable del siniestro) a pagar a la actora los daños y perjuicios ocasionados (daño moral, daño emergente y lucro cesante).
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 283/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
Se desestima la demanda
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 285/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
Se confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda. La Sala concluye que no hubo una errónea aplicación del decreto 611/980, compartiéndose la calificación como personal superior y hasta de confianza que le atribuyó la sentencia recurrida a fs. 1114 a 1118, lo que importa entender que la actora no tenía limitada la jornada diaria de trabajo, y por ello no le asiste razón en el reclamo de las horas extras pretendidas.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 335/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 26 de noviembre de 2025
DESESTÍMASE EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Nº 1908/2024. REVÓCASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 9/2025, DEL 24 DE FEBRERO DE 2025, SOLO EN CUANTO CONDENÓ AL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, LO QUE SE DEJA SIN EFECTO. DESESTÍMASE LA ADHESIÓN AL RECURSO DE APELACIÒN PROMOVIDO POR LA ACCIONANTE. La Sede analiza que la accionante no invoca en su demanda que el BROU tuviere conocimiento de la situación de acoso en tiempo previo a la denuncia, así como tampoco alega la demandante que la institución bancaria accionada hubiere incurrido en inacción frente a los hechos denunciados y no hubiere hecho nada al respecto. En criterio de la Sala, resulta incorrecta la fundamentación empleada por el Sr. Juez a quo de la apelada en cuanto adjudica al BROU responsabilidad por incumplimiento en el “...seguimiento de la persona que sufrió una clara situación de acoso sexual en el trabajo...” (fs. 257) y ello por cuanto no se ajusta a los hechos alegados por la demandante y, en definitiva, se funda la condena en base a un argumento de hecho no utilizado por la interesada, lo cual claramente desdibuja los límites de la contienda en perjuicio de la demandada recurrente, al modificar o alterar los términos de la pretensión resarcitoria. Pero aún si se dejara de lado la falta de alegación referida en el párrafo precedente, corresponde tener presente que ocurridos los hechos de acoso los mismos fueron denunciados por la actora y el BROU actuó inmediatamente, trasladando al denunciado, dando cuenta de los hechos a la “Comisión Asesora Bipartita en Acoso Laboral” (y disponiendo la instrucción de investigación administrativa “...a efectos de determinar la existencia de actos o hechos irregulares, y en su caso la individualización de los responsables.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 287/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
Se desestima la demanda.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 286/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
Se desestima la demanda en todos sus términos.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 1292/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 26 de noviembre de 2025
En autos, donde se tramita demanda de cese y reducción de pensión alimenticia se dispuso “Previo a todo trámite emplácese al codemandado BB en el domicilio informado a fojas 42 párrafo segundo, por el plazo legal de 30 días.” Contra dicha providencia interpuso recurso de reposición y apelación la parte actora; expresando que siendo un procedimiento con una estructura especialísima prevista en el CNA, el emplazamiento previsto debe ser por 20 días de plazo y no 30, además de la existencia de un decreto por el cual se tuvo por no evacuado el traslado de BB. Evacuado el traslado por el codemandado CC, éste manifestó que es carga del actor proporcionar el domicilio de su contraparte, no del compareciente. El Tribunal confirmó la sentencia apelada, ya que dado que se han planteado tres pretensiones (el cese de la pensión a dos beneficiarios y la reducción respecto de otro) en forma acumulativa, corresponde que se siga el proceso extraordinario para todas ellas, por ser el más garantista.
Proceso civil extraordinario · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1272/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 1 T · 26 de noviembre de 2025Importancia alta
En autos (Observaciones al Inventario) el Tribunal desestimó la apelación con efecto diferido; confirmándose parcialmente la recurrida, y en su mérito se dispuso modificar la misma sólo en cuanto a que las recompensas debidas por la sociedad conyugal al demandado son solamente los pagos realizados por éste de deudas gananciales con ingresos obtenidos luego del 01/08/2016 (es decir fuera de la vigencia de la sociedad conyugal), según resulta del Considerando VI in fine.
Proceso incidental · Derecho de familia
DEFINITIVA 282/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
Por sentencia definitiva de primera instancia se condenó a CORSUR SA y a la UDELAR a pagar en forma solidaria a la actora, por los conceptos detallados en esta sentencia, la suma de $223.026 (pesos uruguayos) más los reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, 10% sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicios, y un 10% en concepto de multa legal. Asimismo se condenó a CORSUR SA y al MINISTERIO DEL INTERIOR a pagar en forma solidaria a la actora, por los conceptos detalladas en esta sentencia, la suma de $ 143.700 (pesos uruguayos) más reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, un 10% sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicios, y un 10% en concepto de multa legal. La Sala desestimó el agravio de la UDELAR, respecto a la condena solidaria, ya que resulta de autos, que la misma no ha realizado el control de la documentación con la debida diligencia exigida por la ley. Tampoco es de recibo el agravio referido a la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios preceptivos; ya que éstos encartan en el concepto de “obligaciones laborales” previsto en las leyes de descentralización empresarial Nos. 18.099 y 18.251. Los agravios respecto a que la liquidación de los rubros objeto de condena se estableció en montos nominales, tampoco son de recibo, ya que no existe incongruencia en la resistida en cuanto a los montos amparados en la misma cuando los establece remitiéndose a la liquidación de la demandada por cuanto toma los montos nominales. Si asiste razón a la apelante acerca de que el número de jornales de indemnización por despido es inexacto, por lo cual el Tribunal procedió a confirmar la recurrida, salvo en cuanto a la liquidadción de la IPD en lo que refiere a las codemandadas CORSUR SA y UDELAR; la que se revoca y en su lugar se está a la realizada en la presente, más reajustes e interese desde su exigibilidad hasta su efectivo pago.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 315/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 26 de noviembre de 2025
Deniégase la queja impetrada, con costas a cargo de la parte recurrente.
Proceso concursal · Derecho comercial
INTERLOCUTORIA 786/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de noviembre de 2025
Por sentencia interlocutoria de primera instancia se ordenó la instrucción de sumario respecto de AA por haber incurrido en la comisión de una infracción aduanera de contrabando. Asimismo se dispuso mantener la medida cautelar de incautación de las mercaderías. La Sala entiende que surgen de autos elementos de convicción suficientes para juzgar, en un examen inicial y sin perjuicio de ulterioridades, que la denunciada impugnante habría incurrido en una presunta infracción aduanera de contrabando.
Proceso aduanero · Derecho aduanero
DEFINITIVA 284/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de noviembre de 2025
En el caso de autos se condenó a la parte demandada a abonar: antigüedad; presentismo; diferencias de salario; más los daños y perjuicios preceptivos (10% sobre los rubros de naturaleza salarial) y más la multa legal (10%) y se condenó a futuro a la parte demandada, mientras se mantenga incambiada la relación laboral que une a las partes, al pago de los rubros condenados.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 464/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 26 de noviembre de 2025
El Tribunal confirma la sentencia intelocutoria de primera instancia que desestima la medida cautelar solicitada (prótesis reversa de hombro), en tanto se trata de una medida autosatisfactiva que implica el cumplimiento del 100% de lo pretendido en la demanda, no existiendo urgencia ni peligro de vida.
Proceso cautelar · Derecho civil
DEFINITIVA 276/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de noviembre de 2025
Se confirma condena al pago de créditos laborales.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 232/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 26 de noviembre de 2025Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, revocó la providencia Nº 1170/2025, y desestimó la excepción de cosa juzgada interpuesta. En el caso de autos, el Tribunal no comparte que exista cosa juzgada. La causa de pedir en el juicio ejecutivo no es la misma que en el juicio ordinario. En el juicio ejecutivo la causa de pedir es el título ejecutivo en base al cual se promueve el proceso (el que debe contener todos los requisitos exigidos en la ley) y en el proceso ordinario la causa de pedir es el documento privado del cual emana una obligación que se considera incumplida. No se da en la especie, el requisito exigido por la doctrina, de que la estructura del nuevo proceso sea de igual o menores garantías que la del anterior proceso en donde se obtuvo la cosa juzgada, ya que ella se habría obtenido en un juicio ejecutivo y las presentes actuaciones tramitan por la estructura del proceso ordinario, el que da mayores garantías a las partes.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 329/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 26 de noviembre de 2025
La sentencia de primera instancia condenó al Fondo Nacional de Recursos a brindar cobertura al actor, para la colocación del implante valvular aórtico por acceso vascular periférico (TAVI), incluyendo el dispositivo y sus accesorios, más todos los materiales e insumos necesarios para su implantación (acto quirúrgico, uso de sala, días de internación) así como cualquier otro gasto asociado al procedimiento que su prestador no esté obligado a financiarle, de acuerdo a las indicaciones que formule su equipo médico tratante, debiendo el amparista abonar $80.000 por la prestación solicitada. El FNR interpuso recurso de apelación, manifestando que la situación clínica del actor no está comprendida dentro de los criterios de inclusión. El Tribunal revoca la sentencia impugnada, declarando la falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 233/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 26 de noviembre de 2025Importancia alta
Confírmase la resolución impugnada -Nº 554/2025 de fecha 16/7/2025 (fs. 100 y ss.)-, exclusivamente en cuanto ampara la excepción de cosa juzgada respecto a los daños y perjuicios reclamados ocasionados por la rescisión del contrato de trabajo y por la pérdida del Seguro de Paro. Revócase la misma con relación a los daños y perjuicios derivados del juicio promovido por la hoy demandada contra la actora (IUE: 341-255/2020) y los derivados de la denuncia penal, desestimándose la excepción de cosa juzgada a su respecto. Sin especiales sanciones causídicas en la instancia. En el caso sometido a estudio, la demandada funda la excepción de cosa juzgada en que con el cumplimiento de la sentencia Nº 240/2024 dictada por el T.A.T. de 1º Turno, se abonó la condena en concepto de indemnización por despido común y que con ello, de acuerdo a la previsión legal, se cubren todos los daños ocasionados con motivo de la rescisión del contrato laboral por decisión del empleador. Ya existe cosa juzgada al respecto. Asimismo, sostiene que existe cosa juzgada respecto de los daños pretendidos por la angustia que le ocasionó el proceso por daños y perjuicios promovido por la demandada en el similar de 3er. Turno de Rocha, IUE: 341-255/2020, en el cual hay sentencia firme. El Tribunal comparte lo resuelto por la a quo con respecto a los daños y perjuicios reclamados derivados de la rescisión del contrato laboral y del Seguro de Desempleo. Respecto a los daños ocasionados por la rescisión del contrato laboral, le asiste razón a la demandada en que ya fueron resueltos en el expediente laboral IUE: 525-113/2021. En dicha oportunidad debió reclamar despido abusivo. Si bien se hace mención al mismo (en el referido expediente I.U.E: 525-113/2021), en realidad no lo reclamó porque 3 mensualidades como liquida le correspondían por IPD común, considerando su antigüedad. Distinta es la solución con relación a los daños y perjuicios que le pudo ocasionar el proceso por daños y perjuicios promovido por la accionada (IUE: 341-255/2020) y los derivados de la denuncia penal. Los daños y perjuicios producidos a la accionante por el proceso civil promovido por la hoy demandada en su contra, pueden entonces reclamarse en esta instancia y por esta vía.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 331/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 26 de noviembre de 2025
La sentencia de primera instancia acogió parcialmente la demanda y condenó al Estado-Ministerio del Interior-Dirección Nacional de Bomberos a pagarle a la actora las sumas de $91.605 por concepto de diferencias de retribución; y la suma de $300.000 por daño moral, con reajustes hasta el efectivo pago y el interés legal desde la presentación de la demanda; desestimándola en lo demás. La parte demandada interpone recurso de apelación. Entiende que el monto pretendido por diferencias salariales carece de sustento probatorio y que el monto de daño moral es excesivo. El Tribunal confirma la sentencia apelada, salvo en cuanto al monto del daño moral, el que fija en la suma de $ 150.000 con mas reajuste legal.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

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