Buscar · Legalsite UY

Legislación Jurisprudencia Tribunales Parlamento Calculadoras Modelos Abogado Virtual

Buscando…

Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

La información de este sitio no constituye asesoramiento jurídico.

Instalar la app y usar sin internet

LegislaciónJurisprudencia

Desde Hasta

Ingresá para recibir avisos de novedades sobre esta búsqueda.

88.400 sentencias

DEFINITIVA 180/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la Sentencia de primera instancia y condenó al Ministerio de Defensa a pagar al actor, en concepto de daño emergente, la suma de $ 519.724 más reajuste e intereses desde el hecho ilícito hasta la fecha de efectivo pago. La Sala no concuerda con lo resuelto en la impugnada en cuanto a que corresponde el rechazo de la demanda en atención al denominado eximente de responsabilidad “hecho de la víctima”. En efecto, en la recurrida se entendió en breve síntesis que de las resultancias probatorias surge que el accidente fue causado por una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria del actor, quien frenó en forma abrupta delante del camión militar, lo que el Tribunal no comparte. Corresponde considerar que surge debidamente probado que el accidente ocurre cuando el vehículo conducido por el actor se detiene frente al semáforo que lo inhabilitaba en el cruce, y ello determinó que el camión militar conducido por funcionarios de la demandada lo embistiera en su parte trasera, es decir se trató del denominado “choque de atrás”. No fue acreditada en debida forma la supuesta maniobra antirreglamentaria de adelantamiento del automotor del actor, la supuesta colocación abrupta del mismo delante del camión militar y la frenada repentina inmediata como consecuencia de la puesta en rojo del semáforo. Existió culpa del vehículo zaguero quien no guardó una distancia prudente y razonable sobre el automotor que circulaba delante suyo.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 183/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de una demanda de daños y perjuicios contra una Cooperativa Medica y socios, en virtud de la expulsión del actor por parte de la Cooperativa, por comisión de falta grave, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la demanda la que se ampara parcialmente y se hace lugar parcialmente a la demanda condenándose a la Cooperativa demandada la devolución de una parte social en la forma establecida en el considerando VII literal C de la presente. Señala la Sala que la expulsión dispuesta conforme al estatuto tiene como consecuencia en el caso que le asista razón al actora a la devolución de un porcentaje de la o las partes sociales que tuviera al momento de disponerla. Cabe entonces discrepar con la recurrida que consideró que al actor nada debían devolverle. La Sala comparte con el recurrente que resulta de aplicación el artículo 14 del estatuto que regula la devolución de las partes sociales y que en el caso el porcentaje que corresponde al reembolso es del 70% conforme el literal b. En cuanto al valor de la parte, entiende el Tribunal que no puede estarse a lo estimado en la demanda en la medida que existe fundada oposición a ello y no queda otra alternativa que diferir la determinación de su monto al incidente de liquidación del artículo 378 del CGP.
Proceso civil ordinario · Derecho cooperativo
DEFINITIVA 179/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al M. del Interior a abonar a los actores (salvo a los dos funcionarios a quienes se los tuvo por desistidos de la pretensión), las diferencias en sus respectivos jornales de licencia cobrados desde el 22 de mayo de 2020 hasta el día de la fecha (6 de octubre de 2025) derivados de no haber incluido en su cálculo lo percibido en concepto de servicios 222, más el reajuste desde la exigibilidad de cada uno de los montos adeudados hasta su efectivo pago y el interés legal correspondiente desde la fecha de presentación de la demanda hasta su efectivo pago, debiendo realizarse los descuentos de IRPF, sanidad policial y aportes de seguridad social, todo lo cual se difiere a la vía incidental. El Tribunal no concuerda con la demandada en cuanto a que el servicio 222 no genere licencia en virtud, que no hay norma que lo ampare. En efecto, lo percibido por los funcionarios policiales en concepto del denominado “222”, es una contraprestación por el trabajo efectuado y por tanto de naturaleza salarial. La Sala de este modo, considera que el denominado “servicio 222” es prestado por el funcionario por orden de la Administración en cumplimiento de una obligación asumida por el Ministerio del Interior con el tercero contratante. Lo que obtiene el funcionario como contraprestación es un ingreso salarial obtenido en ocasión del trabajo, y por tanto debe computarse a los efectos de determinar el jornal de licencia, resultando irrelevante que tales prestaciones con anterioridad al dictado de la ley 18405 no resultaren materia gravada para la seguridad social. El funcionario carece de vínculo laboral con el particular contratante, no está bajo su dependencia ni recibe de éste prestaciones en dinero, sólo son mínimas las pautas que se le imparten y ello es lógico ya que despliega el trabajo en un lugar físico diverso a las dependencias del Ministerio del Interior.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 180/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la condena impuesta al MSP a cubrir a la actora (quien padece arteriopatía obstructiva crónica) los costos del procedimiento de ANGIOPLASTÍA DE MIEBRO INFERIOR CON COLOCACIÓN DE STENT (intervención quirúrgica, costos de materiales y posoperatorio -internación-), coordinando con su mutualista con el plazo de hasta 24 horas desde la notificación, a través de los procedimientos administrativos correspondientes, de acuerdo a sugerencia de sus médicos tratantes así como también por el tiempo que insuma la superación de la patología que convoca a la presente. Este Colegiado entiende que el MSP incurre en ilegitimidad manifiesta al negar la prestación solicitada; lesionando derechos constitucionales como la Salud y la Vida.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 181/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal procedió a revocar parcialmente la recurrida en cuanto desestimó la acción contra el MSP , y, en su lugar, se condenó a dicho codemandado a suministrar a la actora (portadora de nefropatía lúpica proliferativa Clase III asociada a Lupus eritematoso sistémico) el fármaco OBINUTUZUMAB , conforme a la indicaciones de su médico tratante, en plazo de 24 horas y teniendo presente el copago dispuesto en el Considerando III (30% a cargo de la accionante y 70% a cargo del MSP). En cuanto a la la falta de legitimación pasiva del FNR, esta Sala tiene jurisprudencia constante en hipótesis de pretensiones de suministro de medicamentos no incluidos en el FTM; donde no se configura ilegitimidad manifiesta alguna (artículo 1º de la Ley Nº 16.011) en la negativa de dicho organismo. Sin embargo, no son de recibo los agravios esgrimidos por el MSP respecto a la situación económica de la accionante en relación a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución; por cuanto la Sala tiene posición respecto a que la valoración de la capacidad económica no debe basarse únicamente en el ingreso o bienes del amparista y/o su núcleo familiar, sino que debe analizarse en directa relación con el costo del medicamento. Y en virtud de ello, si bien los ingresos de la actora no son suficientes a los efectos de brindar cobertura total al tratamiento objeto de amparo; si posee recursos para contribuir en parte a la adquisición del fármaco requerido.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 181/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de una demanda por daños y perjuicios por prisión indebida contra el Poder Judicial, el cual contestó el accionamiento y solicitó emplazamiento del tercero Fiscalía General de la Nación, en primera instancia, condenó al Poder Judicial en un 50%, y a la Fiscalía General de la Nación en un 50%, al pago de la suma de U$S 25.480 por concepto de daño moral, con intereses desde la fecha que se dispuso la medida cautelar privativa de libertad. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó parcialmente la Sentencia Definitiva impugnada, revocándose únicamente la condena a la Fiscalía General de la Nación y debiendo asumir el Poder Judicial el pago de la totalidad de la indemnización fijada. El Tribunal no comparte tal decisión por mantener jurisprudencia en cuanto a que en este tipo de litigios donde se reclama indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de privación de libertad indebida, la FGN carece de legitimación pasiva en la causa. De la normativa no surge de ningún modo que el pedido del Ministerio Público sea vinculante para el Juez interviniente. Es exclusivamente el Poder Judicial a través del titular de la Sede que lleva adelante el proceso, quien puede o no decretar las peticiones fiscales ya que las mismas no son vinculantes. Es claro que la decisión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no pertenece a la esfera de ningún Fiscal, sino que en nuestro sistema democrático republicano de gobierno, esa esfera es resorte exclusivo, privativo y excluyente del Poder Judicial (resorte de los Jueces), y que si bien es cierto que el Fiscal actúa en el proceso y formula peticiones de diversa índole, no juzga y no decide, y por tanto no hay nexo causal entre el obrar de la FGN y el daño reclamado por el actor en estas actuaciones basadas en la privación de libertad referida.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 82/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
El Tribunal desestimó los agravios de las recurrentes (parte actora y Defensora de la niña) y procedió a confirmar la sentencia impugnada por la cual se desestimó la demanda de pérdida de patria potestad. La decisión adoptada por este Colegiado se debe, a que de autos no surgen acreditados actos de violencia que directamente afecten la seguridad o moralidad de la niña, ni el abandono argumentado.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 164/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 8 de junio de 2026
Revócase la sentencia definitiva de primera instancia y, en su lugar: condénase al BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO a abonar a la parte actora la indemnización prevista en la Ley 18.412, con más intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda. Es opinión del Tribunal que un vehículo estacionado en la vía pública (pasible incluso de multas administrativas según la forma en la que se encuentre aparcado) debe considerarse como integrante del elenco de automotores destinados a la circulación vial; y su estacionamiento en una vía de tránsito (incluso si realizado en forma reglamentaria) conlleva, en alguna medida, cierto riesgo para el tránsito; consideraciones que imponen que el caso de autos deba retenerse como una de las hipótesis alcanzadas por el art. 2 de la Ley 18.412. Pretensión indemnizatoria deducida con fundamento en el régimen establecido por la Ley 18.412 (SOA) La aseguradora demandada rechazó la solicitud bajo el argumento de que la camioneta se encontraba correctamente estacionada, por lo cual el vehículo asegurado no tuvo incidencia causal en la producción del evento.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 163/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, salvo en cuanto estableció la condena por concepto de multa en la suma de USD 16.000, en cuya parte se revoca, fijándola en la suma de USD 8.000. En opinión de la Sala no deben abrigarse dudas respecto a que el demandado incumplió con sus obligaciones contractuales, lo que habilita el reclamo de los daños y perjuicios correspondientes, tal y como los mismos quedaron determinados en la recurrida. Si bien el incumplimiento del accionado activa la aplicación de la multa pactada en el contrato, la Sala entiende que aun cuando resulte jurídicamente irreprochable la decisión de imponer una pena por el incumplimiento ya que aquella fue pactada expresamente por las partes, una recta aplicación del art. 1370 del C. Civil permite morigerar la misma en función de la entidad del incumplimiento, apreciando la conjugación de ambos extremos con criterio de razonabilidad.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 95/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 8 de junio de 2026
La Sala revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia, acogiendo el incidente de acumulación de autos.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 568/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria por la cual se prorrogaron las medidas de prohibición de comunicación y acercamiento de parte de AA hacia BB con radio de exclusión de 800 metros y por el plazo de 90 días con monitoreo electrónico, medidas que vencerán el día 13/08/2026. Este Colegiado entiende que la resolución del A quo es por demás adecuada y razonable; debiendo contar con todos los informes ya dispuestos a fin de evaluar el retiro del dispositivo electrónico, en la audiencia evaluatoria ya convocada.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 570/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
La Sala revoca el régimen de visitas provisorio fijado en primera instancia, atendiendo a la voluntad de la niña.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 571/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
La Sala coincide totalmente con lo resuelto por el Sr. Juez a quo en cuanto a que por la propia estructura del proceso no es posible dar trámite a las acciones subsidiarias planteadas, por lo que no hace lugar a la acumulación de pretensiones planteada.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 132/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la liquidación del adeudo establecido en la impugnada, y en su mérito dispuso liquidar la suma dineraria a abonar por la parte demandada en los montos que surgen de la planilla adjunta por parte actora de fs 109 a 113 vto más reajuste e intereses desde el mes de junio de 2024 hasta la fecha de efectivo pago. La Sala comparte los agravios de la parte actora en cuanto a que no corresponde la introducción en esta etapa procesal de cuestiones relativas al “an debeatur”, no corresponde detracción alguna a las sumas adeudadas en concepto de Fonasa ni descuentos legales por Montepío, IRPF, etc, ya que en este proceso únicamente debe estarse a lo resuelto en la Sentencia Definitiva de conocimiento.
Proceso incidental · Derecho procesal
DEFINITIVA 182/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de una acción reivindicatoria respecto de un bien inmueble, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto entendió que la actora carecía de la legitimación activa la que se tiene por configurada y en su mérito remitió las actuaciones a la sede de origen a los efectos de que el actual titular de la misma se expida en relación al mérito en su integralidad de conformidad al objeto del proceso oportunamente fijado. Respecto de dicho inmueble la actora acompañó el primer testimonio de escritura de compraventa inscripta, documento que no fue objeto de impugnación en cuanto a su materialidad, ni se invocó que el mismo adoleciera de falsedad ideológica (Art. 172 del C.G.P). A ello es procedente agregar que no se requirió a la actora por parte de la sede, que se agregaran los antecedentes dominiales, ni información registral, ni la demandada diligenció la prueba por informe ofrecida en relación al inmueble de autos. Como se refiere en la recurrida se trataría de una prueba diabólica solicitar a la actora que probara de manera prácticamente indefinida hacia el pasado que quien le trasmitió el bien a la actora era propietario y que quien se lo trasmitió al mismo era dueño y así llegar a quien lo adquirió en forma originaria.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 573/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026Importancia alta
La Sala ratifica la condición de adoptabilidad de la niña de autos, debiendo tener presente INAU la voluntad de su progenitora y abuela materna de mantener relacionamiento con la niña por lo que se le comete en tal sentido siempre y cuando se den las condiciones necesarias para garantizar su integridad física y psicoemocional.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 83/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026Importancia alta
La Sala revoca parcialmente la sentencia definitiva de primera instancia, que había desestimado la demanda de enriquecimiento sin causa, y condena a la demandada a pagar al actor la suma de $ 182.801 por concepto de pagos realizados, con los reajustes e intereses legales desde la interposición de la demanda.
Proceso civil ordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 130/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 5 de junio de 2026
CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO A LA LIQUIDACIÓN DE LAS DIFERENCIAS POR ANTIGÜEDAD, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR, ESTÉSE A LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA PARTE ACTORA EN EL RECURSO DE APELACIÓN. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. La Sala concluye que no le asiste razón a la actora. Es decir, que la antigüedad que debía percibir la trabajadora no debía calcularse como se liquidó en la demanda sobre la base del salario real o efectivamente percibido, sino tal como lo determinó la sentencia, sobre el salario mínimo fijado por laudo. Y a ello debe entenderse que refirió justamente la recurrida al priorizar la liquidación de la demandada, entre otras cosas porque tomó en cuenta “el salario mínimo que marcaba el laudo para la categoría”
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 91/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 5 de junio de 2026
La Sala amparó la excepción de cosa juzgada y cosa juzgada eventual, y declaró carente de objeto el reclamo de cobro de pesos y daños y perjuicios fundado en responsabilidad contractual; con costas de la instancia al perdidoso y sin especial condena en costos. Ello porque conforme al instituto de la cosa juzgada eventual no puede formularse un nuevo reclamo con la misma base fáctica, cuando pudo y debió ser incluido en una única demanda.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 162/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 5 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la la sentencia definitiva apelada salvo: (i) En cuanto dispuso el reajuste de la suma de condena por daño moral, en cuya parte se revoca; ya que tratándose de una condena en moneda extranjera no corresponde que la misma quede sujeta a la actualización prevista en el Decreto Ley 14.500. (ii) En cuanto dispuso el reajuste de la suma percibida por SOA que debe descontarse de la condena por daño moral, en cuya parte se revoca, disponiéndose en su lugar que el descuento respectivo debe realizarse mediante el procedimiento establecido en el Considerando III.3. (iii) En cuanto condenó por concepto de daño emergente derivado de los daños materiales de la moto que participó en el siniestro, en cuya parte se revoca, desestimándose el reclamo por dicho rubro.
Proceso civil ordinario · Derecho civil

← AnteriorPágina 53 de 4420Siguiente →